Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero-abril / Año. 2024 / pp. 80-102
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
LOS PRINCIPIOS LIMITADORES DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD: UN ANÁLISIS
DESDE EL SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO
THE LIMITING PRINCIPLES OF THE DEPRIVATION OF LIBERTY: AN ANALYSIS
FROM THE ECUADORIAN LEGAL SYSTEM
Vera Vite, Patricia Fernanda;
abpatyvera@hotmail.com;
Analista de asesoría jurídica de la secretaría de gestión de riesgos,
Quito, Pichincha, Ecuador;
https://orcid.org/0009-0007-3563-1370
Triviño Estrada, Gabriela Fernanda;
trivinogabby20@gmail.com;
Analista de asesoría jurídica de la secretaría de gestión de riesgos,
Quito, Pichincha, Ecuador;
https://orcid.org/0009-0003-8497-6413
Guacho Quishpi, Martha Cecilia;
abmarthaguacho@hotmail.com;
Asesora jurídica en libre ejercicio,
Quito, Pichincha, Ecuador;
https://orcid.org/0000-0002-7131-6286
https://doi.org/10.61154/dje.v7i1.3346
Recibido: 12/08/2023
Revisado: 09/09/2023
Aprobado: 26/10/2023
Publicado: 01/01/2024
RESUMEN
Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero-abril / Año. 2024 / pp. 80-102
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La libertad es uno de los valores más importantes para el ser humano, el cual ha constituido
la bandera de lucha de muchos pueblos. Sin embargo, en los últimos años, el sistema penal
ecuatoriano refleja problemas sistémicos y estructurales en relación a la privación de libertad.
En este sentido el objetivo de esta investigación es analizar la aplicación de los principios
limitadores como instrumentos fundamentales para garantizar que la privación de libertad se
realice de manera equitativa y en cumplimiento de los derechos humanos internacionales. La
metodología propuesta combina el enfoque doctrinal, dogmático y descriptivo, a través de la
aplicación del método exegético, con la finalidad de abordar a fondo la Privación de Libertad
en el contexto ecuatoriano. Como resultado se evidencia que los principios limitadores
representan un nexo esencial para el cumplimiento de las normativas vigentes
correspondientes a las garantías del debido proceso y el derecho a la libertad.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: principio jurídico; libertad; derecho penal.
ABSTRACT
Freedom is one of the most important values for human beings, which has constituted the flag
of struggle of many peoples. However, in recent years, the Ecuadorian penal system reflects
systemic and structural problems in relation to the deprivation of liberty. In this sense, the
objective of this research is to analyze the application of limiting principles as fundamental
instruments to guarantee that the deprivation of liberty is carried out equitably and in
compliance with international human rights. The proposed methodology combines the
doctrinal, dogmatic and descriptive approach, through the application of the exegetical method,
with the purpose of thoroughly addressing the Deprivation of Liberty in the Ecuadorian context.
As a result, it is evident that the limiting principles represent an essential link for compliance
with current regulations corresponding to the guarantees of due process and the right to
freedom.
CONTENT DESCRIPTORS: Legal principle; freedom, criminal law.
INTRODUCCIÓN
La libertad es un valor esencial en la sociedad y un principio jurídico fundamental que ha sido
motivo de lucha y protección en sistemas democráticos de todo el mundo, representando la
capacidad de las personas para gozar de sus derechos y convirtiéndose en un componente
esencial de una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, la privación de libertad emerge
como componente intrínseco de la dinámica jurídica, la cual ha sido objeto de profundos
análisis en diversos escenarios legales y culturales, adquiriendo especial atención en el
contexto actual y posicionándose como un tema central en las discusiones globales sobre
justicia, derechos humanos y equidad.
Vera Vite; Triviño Estrada; Guacho Quishpi
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Ciertamente, la privación de la libertad se refiere a la acción de restringir la libertad de una
persona, generalmente mediante su detención o encarcelamiento. Puede ocurrir en
situaciones legales, como la detención de un sospechoso de un delito, o en contextos más
amplios, como la privación de la libertad en un sistema penitenciario (Fuentes y Castellanos,
2019). No obstante, en la era contemporánea, la relevancia del estudio de esta figura jurídica
se fundamenta en diversos principios legales y éticos que buscan equilibrar la seguridad
pública con la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales en un entorno global que
exige mayor transparencia, justicia y respeto a la dignidad de los individuos.
Una dinámica jurídica que no ha sido diferente en los países latinoamericanos, donde a pesar
de que la libertad y la privación de libertad se han tratado de entrelazar en un dialogo
constante, esta se ha convertido en un tema crítico que refleja la consecuencia de constantes
crisis humanitarias, flujos migratorios, desafíos de Seguridad y Terrorismo, entre otros
factores que intervienen en la seguridad ciudadana.
De acuerdo a González y Armijos (2021), en el caso ecuatoriano no ha sido la excepción. Esta
dinámica refleja un escenario complejo y sensible en el contexto jurídico y social. La libertad,
arraigada en la historia y cultura del país, se percibe como un valor esencial, destacando la
capacidad de los individuos para gozar de sus derechos fundamentales y tomar decisiones
autónomas. Pero por su parte, la privación de libertad se manifiesta como una herramienta
legal que se utiliza en diversos procesos, desde la detención preventiva hasta el
encarcelamiento en el sistema penitenciario (Cedeño et al. 2022).
En base a lo mencionado, este estudio transitará desde la conceptualización general de la
libertad como un valor esencial hasta la especificidad de los principios limitadores de la
privación de libertad establecidos en el sistema jurídico ecuatoriano. Se abordarán aspectos
fundamentales que conforman las bases normativas que sustentan este estudio, desglosando
elementos que van desde el análisis doctrinal y jurídico.
Bajo estas consideraciones, la importancia de este análisis radica en la necesidad de entender
los fundamentos que orientan las decisiones judiciales relacionadas con la privación de la
libertad. En el marco de las demandas contemporáneas de una sociedad en constante
evolución, es crucial examinar críticamente los principios que moldean estas decisiones para
garantizar una justicia equitativa y respetuosa de los derechos individuales.
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En este sentido, este artículo tiene como objetivo examinar y analizar los principios jurídicos
que limitan la privación de libertad en el contexto del sistema jurídico ecuatoriano. A través de
un enfoque crítico, se busca identificar los fundamentos legales que restringen la privación de
libertad, evaluando su aplicación en casos específicos. Se espera a proporcionar una
comprensión detallada de los principios limitadores y su impacto en la protección de los
derechos individuales, contribuyendo así a la discusión académica y jurídica sobre la
salvaguarda de la libertad en el marco legal ecuatoriano.
Por lo tanto, a través de este análisis, se busca destacar la importancia de equilibrar la
necesidad de proteger a la sociedad y garantizar la comparecencia de los acusados con el
respeto y la protección de los derechos individuales. La privación de la libertad es una medida
poderosa que requiere un escrutinio cuidadoso y una aplicación justa, y estos principios
limitadores son esenciales para lograr ese equilibrio en el sistema jurídico.
MÉTODOS
La presente investigación se clasifica como exploratoria y descriptiva. La naturaleza
exploratoria permite abordar un tema poco explorado en la literatura jurídica ecuatoriana,
como lo son los principios limitadores de la privación de libertad. Además, se adopta un
enfoque descriptivo para proporcionar una comprensión detallada y estructurada de la
legislación, la jurisprudencia y la aplicación práctica de estos principios en el sistema legal de
Ecuador.
En el ámbito de las Ciencias Jurídicas, esta investigación se sitúa como doctrinal y dogmática.
La clasificación doctrinal implica la revisión sistemática de la legislación y jurisprudencia
relacionada con los principios limitadores. Además, el enfoque dogmático se emplea para
analizar críticamente los fundamentos teóricos que subyacen en la interpretación y aplicación
de estos principios en el contexto jurídico ecuatoriano.
De la misma manera, se empleó el método exegético con la finalidad de llevar a cabo un
análisis profundo y detallado de textos legales, jurisprudencia y tratados internacionales
relevantes al tema de los principios limitadores de la privación de libertad en el contexto del
sistema jurídico ecuatoriano, permitiendo identificar y comprender cómo los principios
limitadores de la privación de libertad están incorporados y desarrollados en la normativa legal
ecuatoriana, así como su interpretación y aplicación por parte de los tribunales.
Finalmente, la población objeto de estudio incluyó la legislación ecuatoriana pertinente, las
bases doctrinales y bibliográficas que sustentaron el análisis propuesto, permitiendo así una
extrapolación más precisa de los resultados a nivel general.
Vera Vite; Triviño Estrada; Guacho Quishpi
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RESULTADOS
La libertad es uno de los valores más apreciados por la humanidad y un derecho fundamental
reconocido en prácticamente todas las constituciones y declaraciones de derechos humanos
a nivel global. Su significado va más allá de la ausencia de restricciones físicas; se trata de la
capacidad de las personas para tomar decisiones, actuar de acuerdo con sus propias
convicciones y vivir sus vidas de manera autónoma. La importancia del valor de la libertad en
cualquier sociedad es innegable, esta representa un pilar fundamental sobre el cual se
construyen los principios de justicia, derechos humanos y democracia.
La libertad, como principio jurídico, desempeña un papel fundamental en la formulación de
normas legales a lo largo de la historia, aunque su importancia se ha destacado especialmente
en la época contemporánea, en particular después de la Revolución Francesa. Algunos
expertos, como Javier Muguerza, argumentan que la libertad es esencial para la disidencia y
la consideran como el primer derecho fundamental de las personas. Esta noción de libertad
puede entenderse de diversas maneras, que incluyen:
La autonomía o la ausencia de presión externa por parte del Estado u otros actores.
La capacidad de realizar actividades por iniciativa propia y participar en la elección y
supervisión de gobernantes.
Las interacciones sociales que involucran aspectos materiales o reales de la libertad.
Si bien las diversas concepciones de la libertad hacen hincapié en la voluntad individual, es
importante destacar que este no es el único componente de este valor y principio jurídico. La
libertad también abarca otros aspectos y está intrínsecamente relacionada con valores éticos
y morales, como la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad,
entre otros.
Para respaldar teóricamente la idea de que la voluntad humana no es el único factor
determinante en la concepción de la libertad, se puede recurrir a la perspectiva filosófica de
Luque (2020), el cual argumenta que el concepto de libertad, como el bien más preciado de
la humanidad, trasciende la mera voluntad y se basa en las ideas de otros pensadores, como
se observa en la tabla 1:
Tabla 1. Concepción de Libertad
Autor
Concepción
David
Friedrich
Enfatiza la idea de que la libertad no se puede reducir únicamente a la
voluntad humana se basa en la noción de que la libertad es un concepto
mucho más complejo y profundo que simplemente actuar según el deseo
individual en un momento dado. Esta perspectiva argumenta que la
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verdadera libertad implica una deliberación más profunda y un sentido de
responsabilidad moral.
La libertad está influenciada por la valoración moral y las acciones del
pensamiento humano. Esto significa que nuestras elecciones y acciones no
deben ser impulsivas o caprichosas, sino que deben estar en consonancia
con un marco ético y moral más amplio.
Herbert
Spencer
Herbert Spencer sostenía que la libertad individual era un principio
fundamental y que las restricciones a esa libertad debían justificarse de
manera sólida. En su obra "Principios de Ética", defendió la idea de que las
personas tienen derecho a vivir sus vidas de acuerdo con sus propias
creencias y deseos, siempre y cuando no interfieran con la libertad y los
derechos de los demás.
Uno de los conceptos más destacados de Spencer en relación con la
libertad es su énfasis en la no interferencia. Argumentaba que la sociedad y
el Estado debían abstenerse de interferir en la vida de los individuos tanto
como fuera posible, siempre y cuando no se dañara a otros. Esta idea se
conoce como el "principio de no interferencia" y se asemeja a la noción de
que las personas tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca,
siempre y cuando no perjudiquen a terceros.
Baruch
Spinoza
Spinoza sostiene que todo lo que existe y actúa en la naturaleza es "libre"
en el sentido de que sigue las leyes y determinaciones de la naturaleza
misma. Para él, el universo, incluyendo a los seres humanos, está sujeto a
una serie de leyes naturales que gobiernan todas las cosas. Estas leyes
naturales determinan cómo todo en la naturaleza se comporta y evoluciona.
En el contexto de la filosofía de Spinoza, la libertad no se entiende en
términos de libre albedrío en el sentido tradicional, donde los individuos
tienen la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción de manera
completamente libre. En cambio, argumenta que la verdadera libertad se
encuentra en la comprensión y aceptación de las leyes de la naturaleza que
gobiernan nuestras acciones y emociones.
Von
Hartmann
Plantea una visión de la voluntad humana y la libertad que sugiere que
nuestras acciones y decisiones están condicionadas por una serie de
factores. Aunque su enfoque tiende a tener matices deterministas, no niega
completamente la existencia de la libertad, pero argumenta que la
percepción de la libertad puede ser ilusoria debido a las influencias internas
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y externas en nuestra voluntad y toma de decisiones. Su perspectiva
destaca la complejidad de estos conceptos en la filosofía y la psicología.
Descritas las concepciones de la libertad en términos generales, orientados al ámbito filosófico
y considerando también el punto de vista jurídico, se procedió a determinar la afectación a
este principio trascendental para el Derecho y la Jurisprudencia, a partir de la revisión
bibliográfica y extrayendo los criterios de juristas destacados sobre esta problemática de la
privación de la libertad.
Desde las perspectivas de Díaz (2022) la "privación" se refiere a la condición en la que a una
persona se le quita o se le niega algo que normalmente se considera un derecho, un bien,
una necesidad o una oportunidad. Implica la ausencia o la restricción de ciertas condiciones,
recursos o libertades que se consideran esenciales para el bienestar y la calidad de vida de
un individuo.
La privación puede manifestarse en diversas formas, como la privación de la libertad, que
implica la restricción o la pérdida de la capacidad de moverse y actuar de manera
independiente debido a factores como el encarcelamiento o la detención. También puede
referirse a la privación económica, que se relaciona con la falta de recursos financieros para
satisfacer las necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y la atención médica.
Además, la privación puede estar relacionada con la exclusión social, donde las personas son
excluidas o marginadas de la participación plena en la sociedad debido a factores como la
discriminación, la pobreza o la discapacidad (Muñoz, 2019).
Queda claro, que, la privación de libertad es un tema multifacético que abarca aspectos
legales, éticos, filosóficos y políticos. Por lo que, para diversos autores, como es el caso de
Bermúdez (2021) su justificación y aplicación plantean preguntas fundamentales que buscan
un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto de los derechos y la dignidad de
los individuos.
Desde el contexto jurídico, Santillán et al. (2022) destacan que la privación de libertad se
refiere a la detención o restricción de una persona por parte de las autoridades
gubernamentales, lo que generalmente implica la pérdida de su libertad de movimiento y la
limitación de sus derechos personales. La privación de la libertad suele estar sujeta a normas
legales y garantías procesales para proteger los derechos de los individuos detenidos.
La privación de libertad es un tema importante en la sociedad, ya que involucra cuestiones de
derechos humanos y justicia. Las leyes y regulaciones varían según la jurisdicción y el
contexto, y en muchos casos, se requieren salvaguardias para garantizar que la privación de
libertad se aplique de manera justa y equitativa, y que se respeten los derechos fundamentales
de las personas privadas de su libertad.
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Es importante destacar que el sistema jurídico ecuatoriano ante los cambios y
transformaciones que se han dado en aras de la protección de los derechos humanos y en
fusión de la aplicación de una justicia más restaurativa ha incorporado en su legislación una
serie de medidas cautelares que presentan 4 alternativas a la prisión preventiva en Ecuador.
Según Lynch, et al. (2021) estas opciones se utilizan de manera excepcional y son
determinadas por el juez:
Prohibición de ausentarse del país: El acusado no tiene permiso para salir del país
mientras se lleva a cabo el proceso penal.
Obligación de presentarse periódicamente ante el juez o una autoridad designada: El
acusado está obligado a comparecer regularmente ante el juez o ante una autoridad
específica, lo que garantiza su presencia en el proceso legal.
Arresto domiciliario: El acusado es confinado a su residencia y no puede abandonarla
mientras se desarrolla el proceso penal. Esta medida se utiliza como una forma de
restringir la libertad del acusado sin enviarlo a la cárcel.
Dispositivo de vigilancia electrónica: El acusado lleva un dispositivo de vigilancia
electrónica que permite a las autoridades supervisar su ubicación y actividades. Esto se
utiliza para asegurarse de que el acusado cumple con las restricciones impuestas por el
tribunal. (COIP, Art. 522)
Estas alternativas a la prisión preventiva se consideran cuando son adecuadas para los
objetivos del sistema de justicia, como garantizar la comparecencia del acusado y proteger la
investigación, pero sin la necesidad de privar a la persona de su libertad en una prisión. La
elección de la alternativa adecuada depende de las circunstancias específicas del caso y de
la evaluación del juez.
Desde este enfoque, ante la imposibilidad de aplicar las alternativas a la prisión preventiva, la
legislación ecuatoriana presenta una serie de requisitos para dictar la prisión preventiva, cuyo
procedimiento se da cuando el trámite procesal penal reúne diversos requisitos que se
encuentran establecidos en la legislación en materia penal.
En este sentido la privación de libertad se identifica a través de la detención preventiva, la
cual se rige por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normativas legales. De
manera específica en el Art. 534 del COIP (2023) señala que:
Con el fin de asegurar la comparecencia del individuo bajo proceso y garantizar el
cumplimiento de la pena, el fiscal puede solicitar al juez, de manera debidamente
fundamentada, la imposición de la prisión preventiva, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos: existencia de elementos de convicción suficientes que respalden la
presunción de la comisión de un delito de ejercicio público de la acción, presencia de
elementos de convicción claros, precisos y debidamente justificados que indiquen que el
individuo en proceso es autor o cómplice de la infracción. Es importante señalar que la mera
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existencia de indicios de responsabilidad no constituye motivo suficiente para ordenar la
prisión preventiva y presencia de indicios que sugieran que las medidas cautelares no
privativas de la libertad son insuficientes y que la prisión preventiva es necesaria para
garantizar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. (p. 161)
Es importante mencionar, que esta figura se encuentra clasificada dentro de las medidas
cautelares que son aplicadas dentro del sistema penal del Ecuador, con el objetivo de
garantizar que las personas que enfrentan procesos por presunta comisión de delitos cumplan
con los requisitos fundamentales del debido proceso, se busca asegurar su participación
activa en el desarrollo de los procedimientos penales. Estas medidas cautelares se clasifican
en dos categorías: aquellas que implican la privación de libertad y las que no. “Se subraya
que la imposición de medidas cautelares que privan de libertad debe ser una excepción, dada
la significativa restricción que implica sobre un derecho constitucional”. (Arandia et al, 2022,
p.558)
Estas medidas tienen como finalidad: proteger los derechos de las víctimas y de todos los
involucrados en el proceso penal; garantizar la presencia de la persona procesada en el
proceso penal, asegurando el cumplimiento de la pena impuesta y la reparación integral de
los daños causados; prevenir que se destruyan pruebas o se obstaculice la recolección de
elementos de convicción necesarios para el caso y asegurar la reparación integral de las
víctimas, en línea con los principios de justicia y restitución de derechos. (COIP, 2023, Art.
519, p. 158)
De acuerdo con Haro (2021), esta figura se establece como una medida cautelar dentro del
sistema de justicia penal con el propósito de garantizar la presencia del acusado ante el
tribunal a lo largo del desarrollo del proceso penal y prevenir que pueda constituir un riesgo
tanto para la sociedad como para la investigación en curso.
Si bien es evidente que la determinación de imponer la prisión preventiva como medida
cautelar resulta de la labor previa realizada por las fuerzas policiales en el correspondiente
peritaje durante la fase inicial del proceso penal, y posterior al análisis llevado a cabo en la
instrucción fiscal, que precede a la solicitud de la prisión preventiva, es crucial destacar que
esta medida puede afectar el derecho a la libertad del imputado. Este último, según la
Constitución de la República, es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario,
constituyendo esta premisa uno de los pilares fundamentales del debido proceso, como
establecen los Artículos 76 y 77 de la Carta Magna. La vulneración de estas garantías básicas
puede materializarse si el imputado resulta absuelto de la presunta acción delictiva que se le
imputa. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Sin embargo, a criterio de distintos juristas en el área, es evidente que la prisión preventiva
no ha resultado ser un mecanismo efectivo para asegurar la comparecencia del acusado en
el proceso judicial. La imposición de esta medida ha generado miedo, lo que a su vez ha
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obstaculizado la consecución de los objetivos del proceso penal, específicamente en lo que
respecta a la búsqueda de la verdad histórica relacionada con el incidente bajo investigación
y la determinación de la responsabilidad de la persona sometida al proceso o bajo
investigación (Gallegos, 2019).
De la misma manera, Lara et al. (2022) expresa que la realidad de la prisión preventiva en el
Ecuador es temerosa; ya que, por un lado, ante la privación de la libertad de la persona que
está siendo investigada o procesada, se encuentra en un estado de desigualdad frente a
la presunta víctima del bien jurídico vulnerado, debido a esta tendrá la ventaja de “defenderse
en libertad con la finalidad de destruir el estado de inocencia que cobija al procesado; sin
embargo, la persona que está siendo procesada se encuentra privado de su libertad, en un
mundo hostil como es el sistema carcelario”. (p. 362)
La prisión preventiva es estrechamente restrictiva y vulnera los principios inherentes al ser
humano, constituyendo el cimiento de muchas legislaciones en materia penal a nivel mundial.
Con el objetivo de alcanzar armonía entre las diferentes normas, se ha realizado un
tratamiento adecuado a los derechos de presunción de inocencia, libertad personal, necesidad
y proporcionalidad, los cuales son aplicables para que el juez decida la medida privativa de
libertad. La concentración de las medidas cautelares sucedáneas en contraposición con la
privación judicial preventiva de libertad, denotan una gama de beneficios que pueden
contribuir con quienes intervienen en el proceso penal, en especial el inculpado y el Estado,
especialmente los procesados, donde destacan una serie de principios que se especifican en
la tabla 2:
Tabla 2. Principios que rigen la prisión preventiva en Ecuador
Principios
Elementos jurídicos que lo configuran
Principio de
legalidad
Esta figura jurídica dio paso para la elaboración de Constituciones de
muchos Estados, evidentemente el Ecuador no es una excepción, por
lo que resulta preciso citar el Art. 76 de la Carta Magna, en el que
establece en sus numerales 2 y 3:
2. Toda persona se considerará inocente, disfrutando de esta
presunción, hasta que su culpabilidad sea declarada por medio de una
resolución firme o una sentencia ejecutoriada;
3. Nadie será sometido a juicio ni condenado por un acto u omisión
que, en el momento de su comisión, no esté definido como una
infracción penal, administrativa, o de cualquier otra naturaleza, según
lo establecido por la ley. Además, no se podrá imponer una sentencia
sin cumplir con los requisitos establecidos por escrito en la
Constitución o la ley. Las personas solo podrán ser enjuiciadas por un
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juez o una autoridad competente, siguiendo el procedimiento
adecuado para cada tipo de proceso (Constitución de la República del
Ecuador. Quito, 2008, p. 33).
En los numerales anteriores se puede analizar que la Constitución
promueve esta garantía del debido proceso, donde los civiles tienen el
derecho de que su inocencia sea presumida mientras su culpabilidad
no sea demostrada, esto quiere decir que no se encuentra
exclusivamente reservada para el proceso penal, sino que percibe
disímiles procesos, ya sea administrativo o de otra naturaleza.
Ahora bien, cuando un sujeto comete una infracción, que de acuerdo
con la ley se necesita suministrar una debida sanción, se necesitará
que se inicie un debido proceso, e inmediatamente las disposiciones
de la ley debe contener y personificar una respectiva sentencia para
sancionar al imputado, independientemente de la perspectiva material
o sustancial, el suceso cometido debe estar redactado y tipificado de
modo claro y preciso en la ley penal, por lo tanto, valga la redundancia,
únicamente un hecho que se atribuye a una infracción penal y que se
encuentre preliminarmente predicho en la ley penal puede ser centro
de un proceso penal.
En conformidad con Muñoz (2004), inmerso a la obra denominada
Derecho Penal Parte General, abarcó la estructura de la norma penal
donde determinó que: “…en un proceso legal, intervienen dos
elementos esenciales: un supuesto de hecho y una consecuencia
jurídica. El supuesto de hecho se refiere a los hechos o circunstancias
que se alegan en un caso, mientras que la consecuencia jurídica es la
respuesta legal o la acción que se toma en función de esos hechos.
En esencia, el supuesto de hecho es lo que sucedió y la consecuencia
jurídica es la decisión o medida que se toma en base a esos hechos,
de acuerdo con las normas y leyes aplicables. Estos dos elementos
son fundamentales para el funcionamiento del sistema legal y la
administración de justicia.
Sin embargo, la privación de la libertad únicamente debe proceder en
conformidad con lo establecido en la ley, siempre y cuando se incurra
en los supuestos, condiciones y requerimientos que san señaladas en
la misma. La finalidad del principio de legalidad se reduce en garantizar
y promover los derechos y libertades de las personas, extinguiendo la
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arbitrariedad del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a la vez que
pretende proporcionar la entera y completa seguridad jurídica y la
limitada potestad del Estado a castigar al imputado. Esta potestad se
podrá ejercer exclusivamente si la conducta de una persona se adhiere
en una figura penal que se encuentre tipificada como delito por el
Poder Legislativo.
Principio de
Inocencia
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
establece que: La presunción de inocencia protege tanto los derechos
de los presuntos infractores de la ley como los de la sociedad en su
conjunto, que busca la imposición de sanciones a quienes hayan
cometido una infracción. Este principio se basa en la necesidad de
contar con pruebas sólidas y concluyentes de conformidad con el
derecho, antes de declarar a alguien como culpable de un delito. La
presunción de inocencia es un pilar fundamental del sistema de justicia
y se ajusta a los principios del derecho internacional, que abogan por
el respeto a los derechos humanos universales (2018).
La garantía constitucional de inocencia, se desarrolla básicamente
sobre los paradigmas modernos como preservador de la libertad
personal de los derechos inherentes en las personas, el cual para que
no surta efecto sería necesario someterse a una valorización
demostrativa de los elementos y componentes que se encuentra
adjuntados durante el proceso penal que está siguiendo, las cuales
servirán como un factor potencial para determinar la existencia física
del hecho suscitado y la culpabilidad del sujeto al que se le está
gestionando el proceso penal, por lo tanto, durante este período goza
de su condición de inocencia como lo establece la ley, una vez que
esos elementos sean presentados como una prueba contundente, se
realizará la valoración por parte del juzgador, lo que procederá a dictar
sentencia según los resultados de la valoración.
Inmerso en este apartado, es importante conocer que la materia
procesal actual, proporciona una definición general del estado de
inocencia, finiquitando la presunción, determinándola como excluida
de la misma, agregándola como un principio regulador del
procedimiento penal, otorgándole así otro punto de vista que renace a
partir de dos hipótesis que se encuentran injertadas a todo trámite
procesal, de los cuales se citan las siguientes:
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1. La carga y la valoración de las pruebas, instrumentos y elementos
indispensables para plantear el esquema que se intenta presentar al
juez, para que atienda conforme a los elementos emitidos
2. La sentencia fundada o motivada, que le obliga a valerse con
razonamientos o declaraciones tanto en lo concerniente al lugar de los
hechos mediante los medios probatorios existentes en el proceso
como en la solicitación de la diligencia al caso de aplicar las normas
decisoria litis.
Por lo tanto, el lugar donde se suscitaron los hechos, en esencia la
presencia del hecho punible, la intervención como autor, cómplice o
participante; las condiciones eximentes, agravantes o atenuantes y el
nivel de consumación componen las pruebas que facilitarán dar lugar
a la sentencia en el proceso mediante las resoluciones anexas en su
justificación.
Otra tarea prioritaria, es que los hechos reales se basen no solamente
en presunciones, la cual posterior a ser calificada mediante los
peritajes y practicas pertinentes para su valoración sobre los
fundamentos justicia, equidad e imparcialidad, además la formulación
de los argumentos jurídicos hacia el juzgador para la conclusión del
proceso penal mediante una sentencia condenatoria por autoría o
complicidad en el hecho analizado, y verificar que este procedimiento
se haya manejado bajo las directrices constitucionales del debido
proceso, para así poder acaparar lo que tipifica la Constitución en el
Art. 76 numeral 2 y el Código Orgánico Integral Penal en su Art 5
numeral 4, sobre el principio de presunción de inocencia.
Principio de
libertad personal
Sin duda alguna, los continuos cambios de la sociedad han impulsado
a la elaboración de herramientas que promuevan los principios
esenciales de libertad personal, fortaleciéndola y garantizándola en la
mayoría de las legislaciones del mundo, sobrellevando la noción de
independencia, a le vez que nuestra Carta Magna recopila todos estos
preceptos básicos, para asegurar las libertades de los civiles,
promulgados por la misma.
Dentro de ese contexto, se adjuntan un legado de Derecho
comparado, al citar a la Corte Constitucional de Colombia, la cual
señala que las políticas constitucionales surgen de la libertad y esta se
desplaza en los fundamentos de la constitución política y jurídica del
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Estado constituyéndose como derecho fundamental, y que son
pequeñas las restricciones que determinan el carácter excepcional de
la limitación a la libertad individual. Deduciendo así, que la efectividad
y alcance de este derecho se concentra en los convenios y acuerdos
de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, legalizados
por Colombia a través de los cuales se organiza su reconocimiento y
patrocinio a la vez que se coloca una estricta limitación a beneficio de
la seguridad social del Estado (Corte Constitucional de Colombia,
Sentencia T-595/17, 2017)
Para una mejor apreciación sobre las garantías constitucionales al
derecho de libertad personal, las encontramos plasmada en el artículo
66 numerales 14 y 29 literales a) y b) de la Constitución del Ecuador,
en las cuales hace referencia al derecho a transitar libremente por el
territorio nacional, esto debidamente provoca una disyuntiva sobre el
tópico a tratar, como a la vez que el estado reconoce que todas las
personas nacen libres.
Principio de
necesidad
En efecto, el principio de necesidad en el proceso penal se muestra
como un requerimiento adicional al de la infracción, lo que significa
otorgar una condena adecuada al grado de delito que cometió, sin el
menor interés de sustituir al de culpabilidad sino más bien, adjuntar en
el momento de argumentar los fundamentos la pena justa para el
implicado (Proaño et al. 2021).
Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
concebida en 1948 como promotor y defensor de los derechos
inherentes a las personas de la población mundial, en el Art. 9
establece que nadie puede ser detenido ni privado de su libertad, salvo
en el caso de que ya haya recibido una condena que lo haga merecer
de adquirir esa condición. No obstante, la prisión preventiva
hábilmente se ha convertido en una condena anticipada, aun cuando
este no es el objetivo de su creación, pues la intención de esta medida
es generar una forma de coerción penal que produce como
primordiales repercusiones la privación de la libertad al individuo que
se encuentra involucrado en una actividad ilícita, con la finalidad de
comprobar mediante hechos reales si este ha cometido o no alguna
fechoría previamente si se encuentra constituido como delito como
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también que tenga vigencia y se encuentre tipificada en la ley
(Naciones Unidas, 1948).
En el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 534 numeral 3, hace
mención de la facultad que tiene el o la fiscal de solicitar al juez, con el
debido respaldo, que ordene la prisión preventiva, siempre que existan
los elementos de convicción y los indicios que fundamenten esta
resolución, como a la vez que recomienda ofrecer medidas cautelares
tanto para el o los victimarios, como para el procesado en el transcurso
de la privación preventiva de libertad.
Principio de
Proporcionalidad
Para Angulo (2020) la proporcionalidad es un mecanismo potencial del
contorno estacional de la medida cautelar privativa de la libertad,
indicando que mientras el procesado se encuentre en prisión
preventiva, su integridad física e integral sean resguardadas, gozando
del derechos de principio de inocencia, sin que surtan los mismos
efectos que el de una persona que haya sido encarcelada por
comparecer al acto delictivo, ya que el investigado al momento no tiene
un sentencia ejecutoriada y se encuentra en la condición de inocencia
presuntiva, o a su vez, el trato desproporcional entre el bien jurídico
lisiado ante la infracción del actor del hecho y la condena imputable en
materia penal.
Entonces, debido a estas causas de arbitrariedad y detención
anticipada dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica de
manera concreta lo concerniente al ámbito temporal de duración de la
prisión preventiva, cuyo fin es brindar la proporcionalidad debida
durante todo el proceso. De igual manera, el Código Orgánico Integral
Penal en el Art. 541 establece la caducidad de la prisión preventiva, la
cual se deberá regir por las siguientes reglas, entre las más relevantes:
1. El período de prisión preventiva no puede superar los seis meses si
el delito conlleva una pena privativa de libertad de hasta cinco años.
2. Si el delito sancionado implica una pena privativa de libertad de más
de cinco años, el plazo máximo para la prisión preventiva no puede
exceder de un año.
3. El cálculo de la caducidad de la prisión preventiva comienza desde
el momento en que se emite la orden de prisión preventiva. Sin
embargo, estos plazos se detendrán una vez que se pronuncie una
sentencia en el caso.
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4. La disposición de la prisión preventiva se volverá nula y se cancelará
tan pronto como se superen los plazos establecidos por el juez. En tal
caso, el juez ordenará la liberación inmediata de la persona procesada
y notificará esta decisión al Consejo de la Judicatura.
El principio de proporcionalidad conlleva una analogía inconmovible
con el principio de inocencia, ya que éste demanda que los imputados
perciban el trato de inocentes o a su vez, que no sean tratados como
los imputados que tienen una sentencia ejecutoriada.
En este escenario, resulta indispensable un análisis más exhaustivo
sobre el trato que reciben los imputados que están detenidos
preventivamente sin recibir una sentencia o que se compruebe las
causas que lo eximan de su libertad, para ello Naranjo et al. (2022).
mencionan a importancia de los plazos y a las posibles inconsistencias
en su aplicación. Más que anticipar una sentencia, la razón detrás de
establecer plazos es garantizar que los procesos legales avancen sin
demoras que puedan perjudicar los derechos fundamentales, como el
derecho a la presunción de inocencia y a la libertad. Esto enfatiza la
importancia de llevar a cabo procesos judiciales de manera oportuna
y justa para evitar que la prisión preventiva se convierta en una pena
anticipada sin una resolución judicial adecuada.
Los principios limitadores de la privación de libertad en Ecuador son esenciales para
garantizar un sistema de justicia que sea justo, equitativo y respetuoso de los derechos
humanos. Estos principios buscan evitar la detención arbitraria, las condenas anticipadas y
promover la presunción de inocencia, al tiempo que garantizan la protección de la sociedad y
las víctimas. La discusión de su importancia radica en encontrar un equilibrio adecuado entre
estos objetivos.
Es crucial destacar que estos principios son importantes para resguardar la protección de los
derechos fundamentales de las personas en el sistema de justicia penal por las siguientes
razones:
1. La prisión preventiva prolongada y la falta de aplicación de los principios limitadores pueden
contribuir a la sobrepoblación carcelaria, lo que a su vez conlleva a problemas relacionados
con la violación de derechos humanos, condiciones inhumanas y degradantes en las cárceles,
y dificultades en la rehabilitación de los reclusos.
2. Los principios limitadores de la privación de libertad establecen una base para
responsabilizar al Estado por abusos de los derechos de las personas detenidas. Cuando se
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aplican de manera incorrecta o excesiva, los principios limitadores pueden dar lugar a
demandas legales y la obligación de indemnizar a las personas detenidas de manera injusta.
3. La aplicación adecuada de estos principios fortalece el sistema de justicia penal al
garantizar que las detenciones se realicen de manera justa y basada en pruebas sólidas. Esto
fomenta la confianza en el sistema de justicia y asegura que las personas tengan acceso a un
juicio justo e imparcial.
4. Ecuador, al igual que otros países, está sujeto a normas internacionales de derechos
humanos que establecen límites a la privación de libertad. La aplicación de los principios
limitadores asegura que el país cumpla con sus obligaciones en este sentido y respete los
derechos fundamentales de las personas.
5. Al enfocarse en la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas sólidas para justificar
la prisión preventiva, se promueve la búsqueda de alternativas más efectivas para asegurar
la comparecencia de los acusados y la seguridad pública. Esto puede incluir la
implementación de medidas no privativas de libertad que sean igualmente efectivas y menos
perjudiciales para los derechos individuales.
Además de lo anterior, se enfatiza la relevancia de la tutela judicial efectiva, la cual forma
parte de la disposición del Art. 75 de la Constitución de la República del 2008, que contiene
lo siguiente: “Cada individuo tiene el derecho fundamental de acceder de manera gratuita al
sistema judicial y recibir protección efectiva, imparcial y rápida de sus derechos e intereses.
Estos procesos deben regirse por los principios de inmediatez y celeridad, garantizando en
todo momento que nadie se vea desamparado”.
Sobre esto, La Constitución de 2008 estableció los cimientos de un modelo fundamentado en
el neoconstitucionalismo y en la garantía de derechos y justicia social. Dentro de sus
disposiciones, se destaca la consagración del principio de tutela judicial efectiva de los
derechos, la cual debe ser imparcial y expedita. Estos principios son imperativos y deben ser
rigurosamente observados por el juzgador competente, quien no debe ordenar la prisión
preventiva a menos que existan pruebas suficientes que incriminen al procesado en el delito,
demostrando de manera fehaciente su responsabilidad penal.
A pesar de la existencia de pautas y estándares en Ecuador destinados a guiar la
determinación de cuándo es justificada la prisión preventiva, en la actualidad persisten casos
donde los tribunales o autoridades pueden no seguir adecuadamente estos principios. Esta
falta de seguimiento adecuado puede resultar en la detención preventiva de individuos cuando
podría haberse optado por medidas menos restrictivas o cuando la privación de la libertad no
es proporcional a la situación específica. Como consecuencia, se genera una congestión
carcelaria innecesaria, afectando el sistema penitenciario y dando lugar a la violación de los
derechos fundamentales de los acusados.
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La detención preventiva sin una justificación sólida y proporcional puede resultar en la
privación indebida de la libertad de personas que podrían haber sido sujetas a medidas
cautelares menos restrictivas, como la prohibición de ausentarse del país, la presentación
periódica ante autoridades o el arresto domiciliario. Este escenario no solo contribuye a la
sobrepoblación carcelaria, sino que también infringe los derechos consagrados en la
legislación y tratados internacionales, incluyendo el derecho a un juicio justo y el derecho a la
libertad personal.
En última instancia, el incumplimiento de los principios y estándares establecidos para la
prisión preventiva en Ecuador ha tenido consecuencias perjudiciales tanto para el sistema de
justicia como para los individuos afectados, comprometiendo la integridad del proceso penal
y generando situaciones que requieren una revisión crítica de las prácticas judiciales y legales
para garantizar el respeto pleno de los derechos individuales.
Ante las debilidades detectadas de la revisión doctrinal y jurídica realizada, se presentan
algunas propuestas relacionadas:
Presunción de inocencia: Reforzar y proteger el principio de presunción de inocencia,
asegurando que toda persona acusada de un delito se considere inocente hasta que se
demuestre su culpabilidad en un juicio justo. Esto implica que la prisión preventiva no debe
utilizarse como una anticipación de la condena.
Proporcionalidad y necesidad: Establecer un principio de proporcionalidad en la imposición
de la prisión preventiva, lo que significa que esta medida solo debe aplicarse cuando sea
estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos legales, como garantizar la
comparecencia del acusado o proteger la integridad del proceso.
Evaluación individualizada: Asegurar que la decisión de imponer prisión preventiva se base
en una evaluación individualizada de cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias
específicas del acusado, la naturaleza del delito y el riesgo real que pueda representar.
Plazos razonables: Establecer límites de tiempo para la duración de la prisión preventiva,
de modo que no se prolongue de manera indefinida. Esto garantizará que la detención no se
convierta en una pena anticipada.
Alternativas a la prisión preventiva: Fomentar la utilización de alternativas a la prisión
preventiva, como la libertad condicional, la vigilancia electrónica, el pago de fianzas u otras
medidas menos restrictivas cuando sea posible y adecuado.
Derecho a la defensa: Garantizar el derecho del acusado a la defensa adecuada y a ser
oído en audiencias judiciales relacionadas con la prisión preventiva. Esto implica que la
persona tenga la oportunidad de presentar argumentos y pruebas en su favor.
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Revisión periódica: Establecer mecanismos de revisión periódica de la prisión preventiva
para evaluar si la continuidad de esta medida sigue siendo necesaria, especialmente en casos
de duración prolongada.
Derechos humanos y condiciones de detención: Asegurar que las personas en prisión
preventiva gocen de condiciones de detención que respeten los derechos humanos,
incluyendo el acceso a atención médica, alimentación adecuada y visitas familiares.
Transparencia y supervisión: Fomentar la transparencia en el proceso de decisión de la
prisión preventiva y permitir la supervisión de organizaciones de derechos humanos y
organismos independientes para garantizar su adecuado cumplimiento.
Estas propuestas se alinean con estándares internacionales de derechos humanos y buscan
equilibrar la necesidad de garantizar la justicia y la seguridad pública con el respeto de los
derechos fundamentales de las personas acusadas de delitos en Ecuador.
DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación enfatizan la importancia de los principios limitadores de
la privación de libertad en Ecuador, sustentados a través de diversas bases jurídicas y
normativas que han sido diseñadas para equilibrar eficazmente la protección de la sociedad
con el respeto a los derechos individuales y promover así un entorno jurídico más justo y
equitativo.
Sin embargo, al analizar la doctrina e investigaciones recientes, Ecuador a pesar de contar
con pautas y estándares destinados a guiar el uso apropiado de la prisión preventiva, algunos
tribunales y autoridades no han seguido de manera consistente estos principios. En
concordancia Arriaz y Intriago (2020) destacan que ciertamente el sistema jurídico ecuatoriano
ha establecido los lineamientos necesarios para aplicar proporcionalmente la privación de
libertad, pero constantemente se ha dado el incumplimiento de los principios limitadores
establecidos, lo que se traduce en casos en los cuales las personas son detenidas
preventivamente sin una justificación suficiente, y en situaciones donde se podría haber
recurrido a medidas menos restrictivas. La práctica inconsistente y en ocasiones injusta de la
prisión preventiva ha contribuido significativamente a la crisis carcelaria en Ecuador.
De la misma manera, el estudio realizado por Arandia et al. 2022, coinciden con estos
planteamientos, señalando que la utilización excesiva de la prisión preventiva resulta
contraproducente, dado que su agravamiento se ve exacerbado por la falta de rapidez en la
resolución de los procesos legales. Asimismo, la generalización y automatización de esta
medida cautelar en los procedimientos penales conduce al fenómeno del hacinamiento,
caracterizado por la sobrepoblación en un espacio específico. Es evidente que estos desafíos
son directamente atribuibles a la negligencia de los jueces, quienes no tienen en cuenta el
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carácter excepcional y los principios establecidos que deben guiar la motivación de la prisión
preventiva como medida cautelar de última instancia.
Por su parte, los resultados alcanzados por Díaz (2022) enfatizan la situación descrita,
afirmando que Ecuador enfrenta desafíos relacionados con la prisión preventiva, incluyendo
su uso excesivo y en ocasiones indebido. Se observaba una aplicación rutinaria de esta
medida cautelar sin una evaluación adecuada de su necesidad y proporcionalidad,
contribuyendo a la sobrepoblación carcelaria y a demoras prolongadas en los procesos
judiciales. Este problema genera hacinamiento en las cárceles, con consecuencias negativas
para la salud pública y desafíos en la gestión de la seguridad dentro del territorio nacional.
En conjunto, estos estudios señalan la existencia de una crisis carcelaria en Ecuador,
evidenciando la indebida utilización de la prisión preventiva como último recurso. La
investigación actual respalda la conclusión de que la práctica inconsistente y, en ocasiones,
injusta de esta medida cautelar ha contribuido significativamente al problema de la
sobrepoblación carcelaria en el país. Los hallazgos coinciden en poner de relieve la falta de
aplicación efectiva de los principios rectores de la prisión preventiva, lo que subraya la
urgencia de reformas y ajustes en el sistema legal para garantizar un equilibrio más justo y
coherente entre la protección de la sociedad y los derechos fundamentales de los acusados
CONCLUSIONES
Desde las diversas perspectivas teóricas que han sido analizadas en esta investigación la
libertad se revela como un valor jurídico de profunda relevancia, no limitándose únicamente a
la capacidad de llevar a cabo acciones voluntarias, sino abarcando dimensiones éticas y
reflexivas. Incluye la valoración moral de las acciones y la capacidad reflexiva para elegir la
mejor opción. Este concepto implica no solo el motivo detrás de una acción, sino también el
carácter del individuo que la ejecuta. La privación de libertad, por otro lado, constituye la
restricción o la pérdida de la capacidad de moverse y actuar de manera independiente debido
a factores como el encarcelamiento o la detención.
En cuanto al diagnóstico realizado, se pudo establecer que, en el marco jurídico ecuatoriano,
la privación de la libertad se manifiesta a través de medidas cautelares, principalmente la
prisión preventiva, siendo esta considerada como una de las principales causas de
vulneración a los derechos inalienables del individuo procesado por un delito penal. Este
escenario genera una preocupación legítima entre aquellos sometidos a procesos penales, ya
que a pesar de que se han establecido principios limitadores de esta acción penal, persiste la
restricción de su libertad sin haber demostrado fehacientemente la culpabilidad, una medida
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cautelar que, cuando se utiliza de manera excesiva o indebida, puede contravenir los
principios fundamentales asociados a la libertad individual.
Para abordar estos desafíos, es imperativo fortalecer la aplicación de los principios jurídicos
que regulan las medidas cautelares personales. A pesar de no poseer estatus de leyes, estos
principios son esenciales para el cumplimiento de las normativas vinculadas al debido proceso
y al derecho a la libertad. La relación intrínseca entre los principios de inocencia y libertad
personal debe ser resaltada, junto con la importancia de la legalidad en la imposición de
medidas cautelares. Además, la aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad
de la pena debe ser prioritaria para asegurar la equidad y justicia en los procesos legales. La
administración de justicia en Ecuador debe tomar medidas concretas para garantizar el
respeto y cumplimiento de estos principios jurídicos, en consonancia con las normativas del
debido proceso y los estándares internacionales de derechos humanos. La promoción de
estas acciones no solo estaría alineada con el Estado de Derecho, sino que también
contribuiría al bienestar político, económico y social de la sociedad ecuatoriana.
REFERENCIAS
Angulo, M. Á. (2020). La prisión preventiva, su uso proporcional y racional en el ecuador bajo
estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Derecho Penal
Central, 2(2), 169-214.
https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/derechopenal/article/view/2755
Arandia Zambrano, J.C., Robles Zambrano, G.K., Moreno Arvelo, P.M. y Macias Cedeño, S.J.
(2022). Prisión preventiva: procesos penales en el Ecuador. Revista Universidad y
Sociedad, 14(6), 556-561. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-
36202022000600556&script=sci_arttext
Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, Quito, Ecuador:
Registro Oficial No. 449. (20 de octubre de 2008).
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
Asamblea Nacional Constitucional, Código Orgánico Integral Penal, COIP. Quito, Ecuador:
Registro Oficial Suplemento No. 180. (Última actualización 08 de marzo de 2023.
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/CODIGO-
ORGANICO-INTEGRAL-PENAL-COIP.pdf
Arriaz Añez, J., y Intriago Muñoz, G. (2020). Hacinamiento de los centros penitenciarios del
Ecuador y su incidencia en la transgresión de los derechos humanos de los reclusos.
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13164
Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero-abril / Año. 2024 / pp. 80-102
101
Bermúdez Santana, D. M. (2021). La privación de la libertad como último recurso en
adolescentes infractores. Revista Sociedad& Tecnología, 4(S1), 29-43.
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/112/310
Cedeño Romero, K. A., Cacpata Calle, W. A., Naranjo Luzuriaga, E. J., y Haro Terán, L. F.
(2022). La prisión preventiva como medida cautelar, aplicada en la ciudad de Santo
Domingo, Ecuador. Universidad y Sociedad, 14(S4), 522-532.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3163
Cevallos Altamirano, A., Martínez Vaca, P., & Pnchi De Jesús Erick. (2022). ¿Crisis carcelaria
en un estado constitucional de derechos? Revista Ruptura, 2-46.
http://revistaruptura.com/index.php/ruptura/article/view/63
Corte Constitucional de Colombia (2017). Sentencia T-595/17, del 25 de septiembre del 2017.
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-595-17.htm
Díaz León, N.M. (2022). La sanción de privación de libertad, sus alternativas. Revista
Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo, 7(1), 72-77.
https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/337
Florián Krauth, S. (2018). La Prisión Preventiva en el Ecuador. Quito, Ecuador: Defensoría
Pública del Ecuador.
Fuentes, M. R., & Castellanos, P. E. (2019). Los derechos fundamentales de los sancionados
a privación de libertad en el Ecuador. Revista Metropolitana de Ciencias
Aplicadas, 2(3), 38-47. http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/183
Gómez, M. A., Higuera, L. J., & Simón, J. (2019). Encarcelamiento masivo: derecho, raza y
castigo (Vol. 2). Siglo del Hombre Editores.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=TdvNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=
el+encarcelamiento&ots=KUVR-bpl4d&sig=4w7qOoCLr8V4UgOH5WpukfVlu8Q
Haro Sarabia, R. G. (2021). La prisión preventiva: breve estudio en Argentina y Ecuador.
Tratamiento en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Revista
Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(2), 158-168.
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/389/409
Lara, B. I., Quemac, R. E., & Paucar, J. M. (2022). La inmediación y los temores a la prisión
preventiva en el Ecuador. Universidad y Sociedad, 14(S3), 358-365.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2965
Luque González, A., & Arias, E. G. (2020). El derecho constitucional en el Ecuador: presunción
de inocencia y prisión preventiva. Boletín mexicano de derecho comparado, 53(157),
169-192. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0041-
86332020000100169&script=sci_arttext
Vera Vite; Triviño Estrada; Guacho Quishpi
102
Lynch, M., Barno, M., & Omori, M. (2021). Prosecutors, court communities, and policy change:
The impact of internal DOJ reforms on federal prosecutorial practices. Criminology,
59(3), 480-519. https://onlinelibrary.wiley. com/doi/epdf/10.1111/1745-9125.12275
Muñoz Conde, F., & García Arán, M. (2019). Manuales de Derech
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/389/409 o Penal. Parte
General. Editorial Tirant Lo Blanch. https://editorial.tirant.com/es/ebook/derecho-
penal-parte-general-11-edicion-revisada-y-puesta-al-dia-con-la-colaboracion-de-
pastora-garcia-alvarez-francisco-munoz-conde-9788411307833
Naciones Unidas (2018). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 11:
presunción de inocencia y crímenes internacionales. https://www.un.org/es/about-
us/universal-declaration-of-human-rights
Naciones Unidas (1948). La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Naranjo, G. V. J., Espinosa, J. H. S., Mesías, C. F. S., & Sanabria, J. E. N. (2022). Principio
de proporcionalidad de las penas en el delito de peculado. Caso de estudio
Ecuador. Universidad y Sociedad, 14(S4), 287-297.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/download/3137/3080
Proaño Tamayo, D. S., Coka Flores, D. F., & Chugá Quemac, R. E. (2021). Análisis sobre la
prisión preventiva en Ecuador. Dilemas contemporáneos: educación, política y
valores, 9 (SPE1).
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
78902021000800081
Santillán Molina, A. L., Vinueza Ochoa, N. V., Benavides Salazar, C. F., & Santillán Ojeda, S.
J. (2022). Evaluación de la participación en actividades educativas en el centro de
privación de libertad Manabí 4 en Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 14(5),
503-513. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-
36202022000500503&script=sci_arttext&tlng=en
Vanegas, H. G. (2021). Repensando el principio de legalidad penal: sociedad de riesgo, crisis
y relativización. Revista de la Facultad de Derecho, (50).
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2301-
06652021000101108&script=sci_arttext