Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero- abril / Año. 2024 / pp. 118-130
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COMENTARIO DE SENTENCIA
LA PRUEBA NUEVA EN EL RECURSO DE REVISIÓN
THE NEW EVIDENCE IN THE REVIEW RESOURCE
Guillén Zambrano, Byron;
byron.guillen@cortenacional.gob.ec;
Juez de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción
y Crimen Organizado,
de la Corte Nacional de Justicia,
Quito, Pichincha, Ecuador;
https://orcid.org/0009-0008-2361-4992
Argüello Veintimilla, Dayán;
dayan.arguello@cortenacional.gob.ec;
Coordinadora Jurídica de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial,
Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado,
de la Corte Nacional de Justicia,
Quito, Pichincha, Ecuador;
https://orcid.org/0009-0008-6035-8940
https://doi.org/10.61154/dje.v7i1.3353
Recibido: 08/09/2023
Revisado: 15/10/2023
Aprobado: 20/11/2023
Publicado: 01/01/2024
RESUMEN
En el presente artículo se analiza el recurso de revisión en materia penal regulado en el
Código Orgánico Integral Penal. Se realiza un estudio sobre la normativa aplicable y doctrina
respecto al recurso de revisión y se analiza autos de admisión/inadmisión y sentencias
emitidas por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito,
Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia que establecen criterios
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sobre el trámite previsto para el recurso de revisión. Así, en este artículo se pone en evidencia
los criterios establecidos para la fundamentación del recurso de revisión y las cualidades de
la prueba nueva incorporada o solicitada.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: recurso de revisión en materia penal; fundamentación
del recurso de revisión; prueba nueva en el recurso de revisión.
ABSTRACT
This article analyzes the appeal for review in criminal matters regulated in the Comprehensive
Organic Criminal Code. A study is carried out on the applicable regulations and doctrine
regarding the appeal for review and analyzes orders of admission/inadmissibility and
sentences issued by the Specialized Criminal, Military Criminal, Police Criminal, Traffic,
Corruption and Organized Crime Chamber of the National Court of Justice that establish
criteria on the procedure foreseen for the appeal for review. Thus, this article highlights the
criteria established for the basis of the review appeal and the qualities of the new evidence
incorporated or requested.
CONTENT DESCRIPTORS: appeal for review in criminal matters; grounds for the review
appeal; new evidence in the review resource.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene por objeto profundizar sobre el recurso de revisión previsto en la
legislación penal del Ecuador, específicamente sobre las características de la prueba nueva
en este recurso.
El recurso de revisión es un recurso extraordinario que tiene por finalidad la revisión de una
sentencia condenatoria injusta que ha sido dictada en virtud de un error de hecho. Para ello,
el legislador ha previsto determinadas causales tales como: que se compruebe la existencia
de la persona que se creía muerta, la existencia simultánea de dos sentencias condenatorias
contradictorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas, que la
sentencia haya sido dictada en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales
maliciosos o errados (Código Orgánico Integral Penal, 2014, Art. 658).
El Código Orgánico Integral Penal establece las causales para que proceda el recurso, la
legitimación para interponer el recurso y el trámite legal previsto. Este último trata de una fase
de admisión y de la audiencia de fundamentación del recurso y práctica la prueba. Sin
embargo, existen ciertas cuestiones sustantivas y procesales que no están previstas en la
legislación por lo que es necesario remitirse a la doctrina, así como al desarrollo
jurisprudencial sobre el recurso de revisión.
Por ello, en este artículo se pretende poner en evidencia los criterios establecidos para la
fundamentación del recurso de revisión y las cualidades de la prueba nueva incorporada o
solicitada.
Guillén Zambrano; Arguello Veintimilla
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MÉTODOS
Se realiza un estudio sobre la normativa aplicable y doctrina respecto al recurso de revisión y
se analizan autos y sentencias emitidas por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia
respecto al trámite previsto en el recurso de revisión.
RESULTADOS
La Constitución de la República prevé como garantía del debido proceso y del derecho a la
defensa la posibilidad de recurrir las decisiones de autoridades públicas, configurando el
derecho a impugnar, así en el artículo 76 numeral 7 literal m) establece:
En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7.
El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
(...) m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre
sus derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Respecto al derecho impugnar, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
La facultad de recurrir del fallo trae consigo la posibilidad de cuestionar una resolución dentro
de la misma estructura jurisdiccional que la emitió, por ello el establecimiento de varios grados
de jurisdicción para reforzar la protección de los justiciables, ya que toda resolución nace de
un acto humano, susceptible de contener errores o generar distintas interpretaciones en la
determinación de los hechos y en la aplicación del derecho (...) Es claro, sin embargo, que el
derecho a recurrir al igual que todos los demás derechos constitucionales, debe estar sujeto
a limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley, siempre que respondan a la necesidad
de garantizar los derechos de las demás partes intervinientes, de acuerdo con los principios
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. (Sentencia No. 095-14-SEPCC, de 4 junio de
2014, p. 10)
Así también, el derecho de impugnación se encuentra consagrado en principios y normas de
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8.2 literal h) respecto de las garantías judiciales
señala: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”
(Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Respecto de la referida garantía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
Corte IDH), se ha pronunciado sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la
Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía
del derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, determinando:
Se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia
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adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […], teniendo
en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea
sometido a decisiones arbitrarias. (Corte IDH, Caso Mohamed Vs. Argentina, de 23 de
noviembre de 2012, párr. 97 y 92)
Recurso de revisión
En una concepción amplia, los recursos impugnatorios son mecanismos que permiten revisar
una decisión judicial y su adecuación a los presupuestos normativos exigidos. En nuestro
ordenamiento jurídico el Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP) prevé los
recursos impugnatorios aplicables en materia penal, entre los cuales se encuentra el recurso
de revisión.
Alcalá Zamora (como se citó en Veloachaga, 2021) define a los recursos extraordinarios como
“remedios legales mediante los cuales la persona afectada por una decisión judicial puede
impugnarla como equivocada” (p. 122). Este tipo de impugnación permite “reflexionar
jurídicamente sobre un proceso judicial concluido con el que mediante la verificación de un
error de hecho se subsana una injusticia cometida con la dictación de un fallo que lo corrija”
(Caso 17721-2014-0819, sentencia de 7 de noviembre de 2023).
En cuanto al recurso de revisión, la Corte Constitucional ha indicado:
El recurso de revisión constituye un recurso especial y extraordinario que tiene por finalidad
la revisión de la sentencia considerada injusta, cuando se descubre con perfecta evidencia
que la sentencia impugnada ha sido dictada por un error de hecho, "...la revisión trata de
subsanar errores que por la falibilidad humana pueden cometerse en perjuicio de los derechos
de la libertad y de la inocencia de quien ha sido erróneamente perseguido y condenado.
(Sentencia No. 288-15-SEP-CC de 02 de septiembre de 2015, p. 15)
En el artículo 658 del COIP se establece taxativamente las causas por las cuales se puede
interponer el recurso de revisión, estas son:
1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta
2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre una misma
infracción contra diversas personas sentenciadas que, por ser contradictorias, revelen
que una de ellas está errada
3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes
periciales maliciosos o errados. (COIP, 2014)
El artículo 659 del COIP determina las reglas de legitimación del recurrente y las exigencias
de fundamentación del recurso y petición de prueba nueva, cuestiones que habilitan la
admisión de este medio impugnatorio; en tanto que el artículo 660 ibidem establece el trámite
aplicable al recurso, así como la posibilidad de presentación de diversos recursos de revisión,
siempre que se fundamenten en causas diferentes.
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En esta línea, la Corte Nacional ha indicado que el recurso de revisión tiene las siguientes
características: i) es extraordinario: porque se somete a las exigencias previstas en la norma
jurídica, esto es, al cumplimiento taxativo de los parámetro fijados para las causales; ii)
unilateral: nuestra legislación contempla la revisión únicamente de las sentencias que
declaran la culpabilidad, bajo la prerrogativa de evitar que el poder coercitivo estatal se
convierta en una persecución permanente; iii) cosa juzgada: como parte del principio
constitucional de seguridad jurídica, la res iudicata otorga un carácter preclusivo, a aquello
que ya obtuvo una decisión de fondo sobre el mismo objeto materia de juicio, que se reviste
tanto de la certeza del derecho aplicado, así como de irrevocabilidad de la decisión tomada;
iv) error judicial: debido a la responsabilidad estatal que implicaría anular una sentencia
firme, el error que se exponga como proposición jurídica del recurso, debe sustentarse en
hechos que recojan una realidad alterna descubierta después de la dictación del fallo (Caso
17247-2013-0403, sentencia de 14 de abril de 2022; Caso 17721-2014-0819, sentencia de 7
de noviembre de 2023).
Es importante tener en cuenta que la disposición transitoria del Código Orgánico Integral
Penal establece que:
Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose
cuando entre en vigor este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento
penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido
proceso, previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté
sancionada en el presente Código. (COIP, 2014)
Por ello dependiendo la norma con la que se tramitó el proceso penal, ciertos recursos de
revisión se tramitarán bajos las reglas del COIP y otros bajo las normas del Código de
Procedimiento Penal (en adelante CPP).
Admisión/ inadmisión del recurso de revisión
Conforme la normativa penal actual existe una fase de admisión en el recurso de revisión.
Así, el artículo 659 del COIP establece que: “El escrito de interposición del recurso será
fundamentado y contendrá la petición o inclusión de nuevas pruebas, caso contrario se
declarará inadmisible y se lo desechará sin lugar a uno nuevo por la misma causa” (COIP,
2014).
En la regulación anterior, esto es, en el Código de Procedimiento Penal no existía una fase
de admisión en el recurso de revisión. Así, el artículo 366 establecía:
La formulación y presentación de nuevas pruebas, las exposiciones y alegaciones de revisión,
y la pretensión del recurrente, se tramitarán y resolverán mediante el procedimiento de
audiencia oral, pública y contradictoria, en la forma prevista en los artículos enumerados
agregados a continuación del artículo 286 y en el artículo 345 de este Código, en lo que fuere
aplicable. (CPP, 2000)
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De igual manera, sobre el trámite del recurso de revisión con CPP, la Corte Constitucional ya
ha dejado claro que, bajo esta normativa, no se encontraba previsto una fase de admisión,
por el contrario, el recurso de revisión debía fundamentarse en audiencia oral pública y
contradictoria. Así también, la Corte Constitucional ha indicado que:
Ha declarado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad, el
derecho de defensa y el derecho a la seguridad jurídica, cuando el Tribunal de revisión, sin
convocar a audiencia oral, pública y contradictoria, ha declarado que el recurso de revisión no
estaba debidamente fundamentado. Dejando claro que, bajo la normativa del CPP, no estaba
contemplada la posibilidad de inadmitir el recurso de revisión, sino que requería un
pronunciamiento de fondo. (Sentencia No. 168-19-EP/21, de 16 de junio de 2021, párr. 36)
Ahora bien, centrándonos en la fase de admisión prevista en el COIP, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 659 y 660 del COIP, en el examen de admisibilidad de este recurso
corresponde analizar lo siguiente:
a) Si se trata de una sentencia que ha causado ejecutoría, es decir cuando la sentencia
condenatoria ya ha quedado en firme.
b) Legitimación del recurrente para interponer el recurso. En el caso que el recurso de revisión
sea interpuesto por la causal primera del artículo 658 del COIP, esto es, “si se comprueba la
existencia de la persona que se creía muerta” (COIP, 2014), el recurso podrá ser interpuesto
por el sentenciado, por “cualquier persona o por la o el mismo juzgador” (COIP, 2014). En los
demás casos establecidos para que proceda el recurso de revisión, el recurso solo podrá
interponerse por el sentenciado, y en caso de fallecimiento, puede interponerlo su cónyuge,
pareja en unión de hecho, hijos o parientes (COIP, 2014, Art. 659).
c) Fundamentación del recurso e inclusión de prueba nueva. Respecto a la fundamentación
del recurso, la jurisprudencia emitida por la Corte Nacional ha desarrollado algunos
lineamientos. Así, se establece que el recurrente debe cumplir con lo siguiente: (i) identificar
el o los errores que se acusa en la sentencia impugnada; (ii) determinar bajo qué causal de
las establecidas en la norma se realiza la fundamentación; (iii) señalar la nueva prueba que
se presenta y las razones de por qué ésta prueba permite cuestionar la cosa juzgada, y; (iv)
argumentar cómo el error de hecho tiene trascendencia en la parte dispositiva de la sentencia
que se impugna (Caso No.13243-2012-0021, sentencia de 02 de junio de 2023).
En el análisis de la fundamentación corresponde examinar si la argumentación es pertinente
al explicar cómo la nueva prueba que se plantea puede justificar el o los errores de hecho que
se acusa. En la fundamentación del recurso debe cumplirse con el principio de taxatividad,
que se refiere a que la acción de revisión se podrá proponer únicamente dentro de las
causales previstas por el legislador. El accionante tiene un limitante que por definición le
corresponde, no se permite en un recurso de revisión cuestionar aspectos propios del
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proceso: ejemplo: falta de competencia, nulidades procesales, calificación del tipo penal,
circunstancias del hecho, falta de motivación de la sentencia (Rodríguez, 2008, p. 424).
De igual manera debe cumplirse con el principio de trascendencia, sobre este principio,
Rodríguez (2008) indica que:
El argumento del accionante expuesto en la demanda debe estar edificado sobre hechos y
medios de prueba suficientemente sólidos, que tengan vocación para derrumbar la sentencia
transida a cosa juzgada. Esto significa que existiendo un hecho o una circunstancia que se
pueda encuadrar conforme a este principio, dentro de una cualquiera de las causales de
revisión, debe tener una relación de causa a efecto, que, si no se hubiera presentado, a la
sentencia demandada no habría resultado gravosa para el accionante. (p. 427)
Además, debe observarse el principio de autonomía, el mismo que debe ser entendido de
doble contenido: a) Uno amplio, debido que la causa o causal que permita interponer un
recurso de revisión tiene su propio desarrollo. De la “hermenéutica de cada causal se percibe
que el legislador la estructuró de tal manera que cada una regula fenómenos totalmente
diferentes, que tienen su propia dinámica argumentativa, tanto en lo fáctico, jurídico y lo
probatorio” (Rodríguez, 2008, p. 428). b) Uno restringido o aplicable de cada causal:
En la medida en que también se presenta el fenómeno de que cada una de las causales tiene
alternativas plurales para formular la demanda de revisión. Por tanto, el actor debe ser preciso
en la identificación del motivo y por esa vía, con absoluta y total autonomías, desarrollan el
argumento y la correspondiente pretensión (Rodríguez, 2008, p. 428).
De la revisión de algunos autos de inadmisión de recurso de revisión interpuestos en Corte
Nacional, se encuentra los siguiente: Cuando el recurrente no argumenta la pertinencia de la
prueba nueva respecto al error de hecho y la causal por la que presenta el recurso de revisión
(Caso 15281- 2015-0116G, auto de 6 de junio de 2023); cuando no se delimita el objeto de la
pericia (Caso 12312-2017-00099, auto de 1 de junio de 2023); ccuando se solicitan pericias
que no pretenden evidenciar un error de hecho sino buscarlo, ejemplo: pericia jurídica del
expediente (Caso 13282- 2016- 00746, auto de 7 de noviembre de 2023); cuando se
inobserva los ritos establecidos para cada medio probatorio, ejemplo: declaración
juramentada de testimonios ya rendidos en audiencia de juicio (Caso 07710-2017-00552, auto
de 8 de diciembre de 2022).
Fundamentación del recurso de revisión. En relación con la “Prueba Nueva”
Para comprender la naturaleza de la prueba nueva en el recurso de revisión es necesario
considerar cuestiones esenciales de este medio impugnatorio. El autor Alberto Binder (2000)
señala que el recurso de revisión irrumpe el principio de cosa juzgada, entre otras razones
“cuando la sentencia o resolución final se encuentra viciada, es decir, se ha fundado en
prueba falsa, o ha dejado de tener en cuenta prueba determinante sobre el hecho, que sólo
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se conoció con posterioridad a la sentencia” (p. 303). El mencionado autor sobre la prueba
nueva reflexiona:
Se puede revisar una sentencia condenatoria si se han producido nuevos hechos o ha
aparecido un nuevo elemento de prueba que modifica totalmente la situación de condena.
(…)Este principio básico debe ser utilizado con amplitud, siempre que se respete el carácter
de excepcionalidad de la revisión. Este carácter excepcional se manifiesta en el hecho de que
nunca la revisión debe ser una forma de repetir la valoración de la información: si no hay
información nueva –y, además, relevante–, no puede existir una revisión. Caso contrario, el
mismo principio de cosa juzgada perdería sentido y las decisiones estatales tendrían siempre
un carácter provisional, inadmisible en un Estado de Derecho. (Binder, 2000, pp. 305-306)
Con los criterios mencionados, es prueba nueva aquella que no ha sido conocida por el
Tribunal de juicio y que está encaminada a probar alguna de las causales establecida en la
ley. El recurso de revisión implica una nueva discusión en materia probatoria poniéndose en
duda la verdad material de los hechos establecidos como ciertos en una sentencia que ha
causado ejecutoria, y que por un error de hecho puede haberse ocasionado un agravio para
la persona sentenciada. Sobre el alcance de la verdad procesal y verdad histórica, también
denominadas verdad formal y material respectivamente, el jurista español Jordi Ferrer Beltrán
(2005) señala lo siguiente:
La verdad material es aquella que se habla fuera del proceso judicial. Por ello también puede
hacerse referencia a la misma mediante la denominación de verdad tout court, sin más
calificativos. Es plausible sostener que la verdad (material) de un enunciado depende de su
correspondencia en el mundo (…) La verdad formal, en cambio, es aquella que se obtiene del
proceso como resultado de la actividad probatoria. Dicha verdad formal puede coincidir o no
con el material (aunque a menudo se admite que es deseable que lo haga), pero sería aquella
la que gozaría de autoridad jurídica. Con independencia de la coincidencia con los hechos
realmente ocurridos, se le atribuye la calificación de verdadera formalmente a la declaración
de hechos probados realizada por el juez o tribunal en la sentencia. Esa declaración puede
ser revocada y sustituida por otra por parte de un tribunal superior, pero una vez que la
sentencia adquiere firmeza es la “única verdad” que interesa al derecho. (p.61)
Bajo lo expuesto, el recurso de revisión procederá únicamente cuando el revisionista logre
probar que la verdad procesal no concuerda con la verdad material, por lo que es obligación
del recurrente fundamentar su recurso y explicar el error en la secuencia fáctica, así como la
trascendencia de este error para alterar la sentencia que ha causado ejecutoria.
Dicho lo anterior, es evidente la necesidad de nueva prueba para la revisión de una sentencia,
pero a pesar de la importancia de este aspecto, nuestra legislación no determina
expresamente qué debe considerarse como nueva prueba o en qué casos un medio de
prueba puede ser tenido como tal, debiendo recurrir a la doctrina y jurisprudencia.
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Desde una concepción semántica se entiende que nueva prueba es aquella que no ha sido
conocida en juicio. En similar sentido, una nueva línea jurisprudencial de la Corte Nacional de
Justicia establece dos parámetros para determinar la cualidad de nueva de una prueba: (i)
que no haya sido presentada en juicio, lo que se vincula a la concepción semántica y a lo
establecido en el artículo 658 inciso 4to del COIP respecto a que no serán admisible los
testimonios de las personas que declaren en juicio (Caso No. 17721-2016-0372, sentencia de
11 de enero de 2018) y (ii) que la prueba no haya existido al momento del juicio o que, en
caso de haber existido, no haya sido conocida por los sujetos procesales o estos no hayan
estado en posibilidad de presentarla (Caso No. 01901-2010-0033, auto de 15 de febrero de
2023; Caso No.13243-2012-0021, sentencia de 02 de junio de 2023).
El primer criterio jurisprudencial se adecúa a la interpretación semántica antes detallada,
siendo importante indicar que en la fase de admisión del recurso de revisión, el Tribunal debe
limitarse a verificar si el recurrente cumple con fundamentar el recurso interpuesto y como
parte de esta fundamentación, si la prueba nueva solicitada o incluida no ha sido presentada
en juicio, puesto que al tratarse de una fase de admisibilidad no podría exigirse al revisionista
más allá de lo que dispone la ley.
Respecto al criterio de disponibilidad, corresponde que el Tribunal verifique que la prueba no
haya existido al momento del juicio o que, en caso de haber existido, no haya sido conocida
por los sujetos procesales o estos no hayan estado en posibilidad de presentarla, es decir, el
Tribunal debe verificar el criterio de disponibilidad de la prueba. Para su comprensión se
considera necesario referirnos primero en términos generales a la prueba y su finalidad.
De acuerdo con el artículo 453 del COIP, la prueba ttiene como “finalidad llevar a la o al
juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la
responsabilidad de la persona procesada” (COIP, 2014) así el anuncio y práctica de prueba
se regirá bajo el principio de libertad probatoria, contenido en el artículo 454 del COIP, por el
cual “todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se podrán probar por cualquier
medio que no sea contrario a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos
humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas
jurídicas” (COIP, 2014).
Conforme la finalidad de la prueba y el principio de libertad probatoria, los sujetos procesales
tienen la posibilidad de presentar en audiencia de juicio las pruebas de cargo y descargo que
consideren necesarias para demostrar sus planteamientos siempre que estos no sean
contrarios a la Constitución o la Ley.
Esta facultad permite considerar que en audiencia de juicio, los sujetos procesales plantearan
todos los elementos probatorios con los que cuentan y que piensen relevantes para su
pretensión.
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En el caso de Fiscalía, como ente de investigación penal estatal en los delitos de acción
pública, le corresponde actuar con objetividad en la investigación y en tal razón es su
obligación presentar pruebas de cargo y descargo de la infracción. Por su parte, la persona
procesada no está en la obligación de presentar pruebas sobre su inocencia, pero en caso de
plantear una teoría alternativa a la de Fiscalía, está llamada a presentar elementos que
justifiquen sus asertos, con la finalidad de que el Tribunal considere estos elementos en su
decisión.
En un proceso penal los diferentes elementos probatorios deben ser presentados por los
sujetos procesales, practicados en audiencia de juicio, considerados por el juzgador y en caso
de ser procedentes, tomados en cuenta para la decisión. En este sentido, la práctica de la
prueba se orienta por el principio dispositivo, de manera que, si el medio de prueba se
encuentra en disposición del sujeto procesal, este debe presentarlo; mientras que, si no se
encuentra a su disposición, debe requerirse el auxilio judicial necesario.
Para que la prueba pueda ser valorada por el juzgador debe cumplir con presupuestos de
legalidad y validez, debiendo haberse presentado oportunamente y practicarse en juicio bajo
los principios de contradicción e inmediación. Sin embargo, la regla general presenta
excepciones por la disponibilidad de los elementos probatorios.
Respecto de la disponibilidad de la prueba, el COIP considera algunos presupuestos que
configuran excepciones a la regla antes mencionada. En el primer caso, el artículo 502
numeral 2 del COIP establece que:
El juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente
enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas
o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren
que no pueden comparecer a la audiencia de juicio. (COIP, 2014)
Otro caso, es el determinado en el artículo 617 del COIP, respecto a la prueba no solicitada
oportunamente, en la que se indica:
A petición de las partes, la o el presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas
que no se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los siguientes
requisitos: 1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento.
2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso. (COIP, 2014)
Otra excepción es la prueba nueva en el recurso de revisión. En el caso de la prueba nueva
el recurso de revisión, el análisis de la disponibilidad de los medios de prueba tiene relación
con identificar si al momento del juicio: (i) la prueba existía, (ii) si existía la posibilidad de que
la prueba sea conocida por los sujetos procesales; y, (iii) si existía la posibilidad de que la
prueba sea actuada por los sujetos procesales. En este sentido, cuando el revisionista
presenta un elemento como nueva prueba, debe justificar en cuál de estos casos se basa la
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novedad del medio probatorio (Caso No. 01901-2010-0033, auto de 15 de febrero de 2023;
Caso No.13243-2012-0021, sentencia de 02 de junio de 2023).
Lo dicho exige que el revisionista que al solicitar o presentar una nueva prueba debe justificar
la o las razones por las cuales no estuvo en su disposición dicho elemento probatorio; o si al
estarlo, la razón por la que no pudo practicarla en el juicio; y en otro caso, si el medio de
prueba no existía al momento del juicio. En otras palabras, se debe justificar que desconocía
la existencia del medio probatorio, que no era accesible al momento del juicio o que éste no
existía. Estos parámetros para justificar la novedad de la prueba limitan la posibilidad de que
el recurso de revisión sea tomado como una nueva instancia en la que se pretenda incorporar
elementos probatorios que existían al momento del juicio y que pudieron ser presentados por
los sujetos procesales. Este límite afianza la naturaleza extraordinaria del recurso analizado
(Caso No.13243-2012-0021, sentencia de 02 de junio de 2023).
Según Roxin (2019) la carga argumentativa sobre la novedad de la prueba en el recurso de
revisión se sustenta en la existencia de nuevos hechos o de nuevos medios de prueba (p.
692). En concordancia, a criterio de Binder, el recurso de revisión como un mecanismo
concreto para plantear un error judicial, involucra la obligación de fundamentar el recurso y
explicar claramente los motivos por los que se lo plantea, así como justificar la nueva prueba
que incorpora o solicita (Binder, 2016, p. 309; Caso No.13243-2012-0021, sentencia de 02 de
junio de 2023)
DISCUSIÓN
Hasta aquí de lo expresado, da muestra de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión
y de la prueba nueva. Sin embargo, es un problema evidente la gran cantidad de recursos de
revisión que son interpuestos bajo el criterio de que se trata de un recurso o una instancia
más del proceso penal, lo que genera gran acumulación de causas y congestiona el sistema
de justicia por las peticiones de nuevas pericias que muchas veces son solicitadas sin
sustento.
Por ello, es necesario que se desarrolle jurisprudencia obligatoria sobre la prueba nueva en
el recurso de revisión, que se refiera específicamente sobre las cualidades de la prueba
nueva, así como su relación con la carga argumentativa y probatoria que le corresponde al
revisionista.
Para el desarrollo de la jurisprudencia obligatoria sería importante que se considere los
pronunciamientos jurídicos emitidos por algunos tribunales de la Sala Especializada de lo
Penal de la Corte Nacional de Justicia ya revisados en este artículo. Por ejemplo, la
característica de disponibilidad de la prueba nueva desarrollada tanto en la doctrina como en
la jurisprudencia indicativa es importante que se establezca en la jurisprudencia obligatoria
Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero-abril / Año. 2024 / pp. 118- 130
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para evitar que se desnaturalice al recurso de revisión que muchas veces es utilizado como
un mecanismo para solventar una mala defensa técnica en el proceso penal.
CONCLUSIONES
A manera de conclusión es posible indicar que, si bien el Código Orgánico Integral Penal
determina las causas para la procedencia del recurso de revisión, legitimación y trámite legal
previsto, existen ciertas cuestiones sustantivas y procesales sobre el recurso de revisión
pendiente que se han ido desarrollando jurisprudencialmente.
En relación a la prueba nueva, una línea jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia ha
establecido dos parámetros para determinar la cualidad de la prueba nueva en recurso de
revisión: (i) que no haya sido presentada en juicio y (ii) que la prueba no haya existido al
momento del juicio o que, en caso de haber existido, no haya sido conocida por los sujetos
procesales o estos no hayan estado en posibilidad de presentarla (disponibilidad).
El primer criterio jurisprudencial se adecúa a la interpretación semántica de lo que se entiende
por prueba nueva. Mientras que el criterio de disponibilidad de los medios de prueba tiene
relación con identificar si al momento del juicio: (i) la prueba existía, (ii) si la prueba estuvo en
posibilidad de ser conocida por los sujetos procesales; y, (iii) si la prueba estuvo en posibilidad
de ser actuada por los sujetos procesales. En este sentido, cuando el revisionista presenta un
elemento como nueva prueba, debe justificar en cuál de estos casos se basa la novedad del
medio probatorio, lo que permite que el recurso de revisión no sea visto como una nueva
instancia y desvirtúe la naturaleza extraordinaria del recurso.
Es importante que se siga profundizando sobre el recurso de revisión en nuestro país pues
todavía se mantiene la concepción de que el recurso de revisión es otra instancia más, cuando
se trata de un recurso extraordinario, que únicamente procede cuando se verifica un error de
hecho que sea trascendental para alterar la cosa juzgada. Por ello, se justifica que al
revisionista le corresponda una fuerte carga argumentativa y probatoria pues ya no se parte
de una presunción de inocencia sino de una sentencia condenatoria ejecutoriada.
REFERENCIAS
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