Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero-abril / Año. 2024 / pp. 17-33
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÒN
LA DESNATURALIZACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO
CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DE INCITACIÓN AL ODIO EN EL ÁMBITO
POLÍTICO, EN REDES SOCIALES, EN ECUADOR EN LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES EN EL AÑO 2021.
THE DENATURALIZATION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AS A
CONSEQUENCE OF THE CONDUCT OF INCITING HATE IN THE POLITICAL FIELD, ON
SOCIAL NETWORKS, IN ECUADOR IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE YEAR
2021.
Montes Anilema, Carmen Amelia;
abogadojuanalberto@hotmail.com;
Abogada en libre ejercicio,
Riobamba, Chimborazo, Ecuador;
https://orcid.org/0000-0002-7762-1150
Estupiñán Ricardo Jesús;
Jestupinan2728@gmail.com;
Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosòficas,
Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1595-6174
Chiriboga Mosquera Gustavo Adolfo;
gchiriboga@pge.gob.ec;
Docente Universidad San Francisco de Quito, Quito, Pichincha,
Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-5524-3315
https://doi.org/10.61154/dje.v7i1.3377
Recibido: 09/08/2023
Revisado: 20/10/203
Aprobado: 30/11/2023
Publicado: 01/01/2024
Montes Anilema; Estupiñán Ricardo; Chiriboga Mosquera
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RESUMEN
La libertad de expresión es un derecho constitucional que tiene todos los individuos de la
sociedad pero es obligación del Estado ecuatoriano garantizar que este no se desnaturalice
y se convierta en incitación al odio; el presente artículo investigativo se abordó los límites y
alcances del derecho a la libertad de expresión y si esta se convirtió en incitación al odio, en
las redes sociales, en el ámbito político en las elecciones presidenciales del Ecuador en el
año 2021; a fin de proponer una solución, a través de un test de proporcionalidad, aplicable
en los siguientes procesos electorales para regular esta conducta. Para ello, se utilizó una
metodología mixta con preponderancia cualitativa. Los resultados obtenidos evidenciaron
que durante el proceso electoral en el país se emitieron mensajes por redes sociales que
incitaron al odio y generaron violencia, poniendo en tela de juicio los límites de la libertad de
expresión. En conclusión, por existir un conflicto entre derechos fundamentales, la
alternativa más equilibrada para solucionar el problema planteado es bloqueando o
restringiendo los mensajes que inciten al odio en redes sociales a través de las plataformas
virtuales, para determinar que esta solución propuesta es la más adecuada se aplicó un test
de proporcionalidad en el cual se detalla la idoneidad y necesidad de la medida para regular
esta conducta humana
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: derecho; libertad de expresión; incitación al odio;
derechos humanos.
ABSTRACT
Freedom of expression is a constitutional right that all individuals in society have, but it is the
obligation of the Ecuadorian State to ensure that this right is not denaturalized and becomes
incitement to hatred; this research article addressed the limits and scope of the right to
freedom of expression and whether it became incitement to hatred, in social networks, in the
political sphere in the presidential elections of Ecuador in 2021; in order to propose a solution,
through a proportionality test, applicable in the following electoral processes to regulate this
conduct. For this purpose, a mixed methodology with qualitative preponderance was used.
The results obtained showed that during the electoral process in the country, messages were
issued through social networks that incited hatred and generated violence, calling into
question the limits of freedom of expression. In conclusion, since there is a conflict between
fundamental rights, the most balanced alternative to solve the problem is to block or restrict
messages that incite hatred on social networks through virtual platforms, to determine that
this proposed solution is the most appropriate, a proportionality test was applied in which the
suitability and necessity of the measure to regulate this human behavior is detailed.
CONTENT DESCRIPTORS: law; freedom of expression; hate speech; incitement to hatred;
human rights.
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INTRODUCCIÓN
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 1948) en el artículo 19 define la libertad de expresión como el derecho de las
personas a “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión”.
Con la globalización mundial, la internet y las redes sociales, se ha abierto un nuevo mundo
para que las personas expresen libremente sus pensamientos e ideas. Las redes sociales
como Twitter, Facebook, Instagram, entre otros, pasaron de ser medios para la diversión y
el entretenimiento, a convertirse en verdaderas plataformas para hacerse escuchar,
empoderarse y expresarse. Pero, así como se viralizan contenidos útiles, también se prestan
para difundir cualquier tipo de discursos que puedan incitar al odio (Campos, 2015, p. 14).
En Ecuador, se calcula que 11 millones de personas están registradas en Facebook,
Instagram con 1,5 millones y Twitter con más de 700.000 (Ecuador. Asamblea Nacional,
2017).
En los últimos años, el discurso de odio se ha convertido en un fenómeno grave que afecta
en todos los niveles y a toda escala mundial, el cual genera fuertes repercusiones en el plano
individual y social al goce del ejercicio de derechos a la igualdad, la dignidad, la libertad, la
participación política y la libertad de expresión (Serra, 2018, p. 8). De allí que, el discurso de
odio guarde una estrecha relación con la discriminación, por lo que su regulación jurídica
busca evitar la vulneración de los derechos humanos de las personas víctimas de la
incitación al odio. Por tanto, existe una línea muy delgada y riesgosa que permita un
equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y los límites a ella basados en el discurso
de odio (Díaz, 2017, p. 4).
Bajo esta perspectiva surge la problemática en torno a establecer los límites y alcances del
derecho a la libertad de expresión cuando esta se convierte en incitación al odio, en las redes
sociales, en el ámbito político en las elecciones presidenciales del Ecuador en el año 2021;
se presenta un estudio jurídico a fin de proponer una solución democrática, a través de un
test de proporcionalidad, aplicable en los siguientes procesos electorales para regular esta
conducta humana.
En la actualidad la relación entre la libertad de expresión y el derecho a no ser discriminado,
producto de la incitación al odio, representa una de las mayores confrontaciones en las redes
sociales. Esta situación se presenta ante la experiencia que se encuentra en estas y en el
recuento de casos muy variados del empleo de las redes para negar a las personas
descalificándolos e incluso generando movimientos masivos que rodean el discurso de odio
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a aquellos que son diferentes de los patrones establecidos, piensan de manera diferente o
no son políticamente correctas (Caballero, 2015, p. 176).
Esta problemática es compleja, puesto que en muchos casos se ha politizado una postura
basada en que en la expresión “incitación al odio” se ha utilizado históricamente para
silenciar opiniones consideradas peligrosas o que simplemente incomodaban, o silenciar y
sancionar las críticas de los opositores al gobierno. En otras palabras, ha sido una frase muy
subjetiva que ha cercenado el derecho a la libertad de expresión (Risso, 2020, p. 52). Los
detractores y seguidores, del derecho a la libertad de expresión, plantean que debe ser
limitado cuando afecta otros derechos, pero sobre todo en los casos de incitación al odio,
sin que ello implique una violación al derecho fundamental. Otros defienden la libertad de
expresarse basados en que la incitación al odio no implica necesariamente que se cometa
un delito por lo que no se debe restringir. Una tercera postura plantea la necesidad de buscar
alternativas más democráticas, entre aquellos que tienen intereses encontrados, para que
puedan ejercer sus derechos con ciertas restricciones en el mismo espacio social sin implicar
una absoluta devaluación de uno de ellos (Caballero, 2015, p. 180).
La Constitución de la República, establece varios artículos que salvaguardan el derecho a
la libertad de expresión, al mismo tiempo que prohíbe la incitación al odio. Los artículos 11,
19 y 66 señalan la igualdad de derechos, la prohibición de la emisión de publicidad que
induzca a la violencia, y el derecho a la integridad. Sin embargo, diferentes organizaciones
de derechos humanos han señalado que en el país la norma se aplica abusivamente para
limitar la libertad de expresión y silenciar a los que opinan distinto al gobierno (Centro de
Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE, 2018, p. 2). El Código
Orgánico Integral Penal en su artículo 177 tipifica el delito de odio como un tipo penal, el cual
incluye la violencia física o psicológica. Si bien es cierto, no especifica el medio por el que
se realiza, se puede entender que abarca las redes sociales.
Esta investigación se justifica en la necesidad de determinar si existe o no una
desnaturalización del derecho a la libertad de expresión con otros derechos fundamentales
cuando se trata de opiniones que inciten al odio, en especial en el ámbito político, con el fin
de establecer los límites y alcances del derecho a la libertad de expresión cuando esta se
convierte en incitación al odio, en las redes sociales, en el ámbito político en el Ecuador en
las elecciones presidenciales en el año 2021. Para alcanzar los objetivos planteados en la
investigación, se estimó necesaria la utilización de la metodología mixta secuencial, porque
se abordó y analizó el estudio bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, además de
emplearse los métodos inductivo y deductivo, analítico o exegético e interpretativo o
hermenéutico, para el desarrollo de la investigación.
En este contexto existe una problemática jurídica ya que se encuentran en tensión por un
lado la libertad de expresión y por el otro el derecho a la no discriminación, privacidad,
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dignidad, vida, etc., establecidos en la Constitución de la República del Ecuador; en este
artículo científico se hace este análisis; a fin de dar a conocer los límites y alcances del
derecho a la libertad de expresión en el ámbito político, así como también establecer si este
derecho se desnaturalizó en las redes sociales, producto de la incitación al odio, en las
elecciones presidenciales del Ecuador en el año 2021; y se propone una solución
democrática, mediante un test de proporcionalidad, aplicable en los siguientes procesos
electorales para regular esta conducta y que los usuarios de las redes sociales en el Ecuador
no abusen de un derecho por defender una ideología política.
MÉTODOS
Para conocer y argumentar de forma adecuada la problemática planteada, ha sido
importante recurrir a diferentes métodos de la investigación científica en la cual se desarrolló
fundamentándose en el enfoque mixto. En el enfoque cualitativo, se realizó el estudio de las
personas respecto de lo que dicen y hacen en su entorno social y cultural, en un escenario
de participación ciudadana en redes sociales en época de elecciones presidenciales en el
año 2021 en Ecuador, abordándolo desde el punto de vista general, ajustándolo al ambiente
de las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter entre otras, se adoptó este método
para estudiar la conducta humana y su forma de regulación.
Permitió conocer no solo los principales elementos distintivos, la naturaleza y esencia de
cada una de las variables en estudio; sino también examinar el criterio de profesionales del
derecho a los que se aplicó los instrumentos de investigación que dio validez al problema
planteado.
El diseño de investigación se fundamentó en diseños documentales representados por las
diferentes fuentes de derecho como la legislación, la doctrina y la jurisprudencia; a fin de
analizarlos con el propósito de brindar nuevos conocimientos. El tipo de investigación es
descriptivo, ya que no se pretende manipulación de las categorías de estudio, sino que se
limita a observar los fenómenos tal como se presentan en su entorno natural.
Se revisó la sentencia No.282-13-JP de la Corte Constitucional del Ecuador en la cual se
aplicó el test de proporcionalidad en cuanto a la libertad de expresión se refiere, para lo cual
se utilizó una guía de observación documental.
A efectos de la investigación cualitativa la población utilizada es la normativa internacional
de derechos humanos y los instrumentos normativos ecuatorianos, utilizando como muestra
la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, así como
la realización de una entrevista, a través de una guía de entrevistas a diez abogados de libre
ejercicio, tres especialistas en derecho constitucional y tres funcionarios del Consejo
Nacional Electoral.
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Para el enfoque cuantitativo, se delimitó al padrón electoral para las elecciones
presidenciales 2021 de los electores de Riobamba, Provincia de Chimborazo, cuya
población es de 190.042 personas, y una muestra representativa de 400 personas, con un
margen de seguridad de 95% en base a la fórmula de muestra finita a quienes se les realizo
un cuestionario con cinco preguntas cerradas de opción múltiple para las encuestas vía
online a los usuarios de Facebook, Instagram y Twitter.
En torno a los métodos descritos se obtuvo la información necesaria para el análisis de lo
propuesto y en base a aquella se realizó el desarrollo y las conclusiones del presente trabajo
investigativo.
RESULTADOS
La Constitución de la República (Ecuador. Asamblea Constituyente, 2008), establece varios
artículos que salvaguardan el derecho a la libertad de expresión, al mismo tiempo que
prohíbe la incitación al odio. Los artículos 11.2, 18, 19 y 66.3 y 6 señalan la igualdad de
derechos, el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, la prohibición de
la emisión de publicidad que induzca a la violencia, y el derecho a la integridad. Por su parte
el Código Orgánico Integral Penal COIP (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014), artículo 177
expone que toda persona que cause daño físico o psicológico producto de actos de odio
contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de
salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad, las cuales van de uno a
veintiséis años, dependiendo de si hay presencia de heridas o si ocasiona la muerte.
En este sentido, todos los ciudadanos tienen derecho a opinar y expresarse libremente, sin
que ello implique un daño a los derechos de los otros ciudadanos, considerando que el
mismo texto constitucional señala que todas las personas tienen los mismos derechos y
condiciones para su goce y ejercicio, y en caso de que ello llegue afectar a terceros, serán
sancionados por la Ley.
En este contexto, la Corte Constitucional de Ecuador (Relación entre el derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la rectificación, 2019), en sentencia No. 282-13-JP/19, de fecha
04 de septiembre de 2019, señala que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto
y puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores, de allí que sea necesario considerar
ciertas restricciones expresadas claramente en la ley, las cuales deben ser idóneas,
necesarias, perseguir un fin legítimo, ser proporcionales y excepcionales, para lograr un
equilibrio entre la protección y la restricción constitucional, por ello se plantea como
argumento para la resolución constitucional del problema, la aplicación del test de
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proporcionalidad establecido en el artículo 3 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En relación a la libertad de expresión, la Corte señala que esta ampara:
la difusión de ideas, informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o
indiferentes, sino también a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban
al Estado o a cualquier sector de la población. En consecuencia, la información, ideas y
expresiones que pudieran resultar incómodas a los representantes de las distintas funciones
del Estado, también se encuentran protegidas por este derecho (Relación entre el derecho
a la libertad de expresión y el derecho a la rectificación, 2019, p. 20).
Sin embargo, no se encuentran amparados aquellos mensajes u opiniones consideradas
como discursos de odio. Para poder determinar ello, los jueces deben analizar la naturaleza
del mensaje que permitan delimitar la legitimidad de restricciones al derecho a la libertad de
expresión. En otras palabras, cuando:
el derecho a la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos o sea necesario
establecer límites para garantizar otros fines legítimos, los jueces deberán tener en especial
consideración el rol fundamental que tiene la libertad de expresión para la existencia y
fortalecimiento de una sociedad democrática, la doble dimensión de este derecho, así como
la necesidad de garantizar el libre flujo de ideas e informaciones relacionadas con asuntos
de interés público, en tanto discurso especialmente protegido. Cuando se trate de discursos
especialmente protegidos, la protección de la libertad de expresión deberá ser reforzada, lo
cual exige realizar un examen sustancialmente más riguroso al momento de examinar la
legitimidad de una posible restricción a este derecho (Relación entre el derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la rectificación, 2019, p. 21).
De los resultados de las entrevistas aplicadas a los diferentes juristas y especialistas
constitucionales, se obtuvo que el 85% de los entrevistados coinciden en señalar, que los
mensajes que incitan al odio desnaturalizan la libertad de expresión, por cuanto estas
afectan otros derechos como la dignidad, integridad, intimidad, honor, entre otros. Por su
parte, el 15% restante, manifiestan que no hay una desnaturalización de la libertad de
expresión puesto que los mensajes que incitan al odio no pueden ser considerados como
libertad de expresión, ya que no están amparados por este derecho y por el contrario están
tipificados en la ley como delito.
En relación a cuando se puede considerar un mensaje como una crítica, como opinión, como
libertad de expresión, y cuando se puede considerar como incitación al odio, el 100% de los
entrevistados coinciden en señalar que cuando los mensajes afecten la dignidad de las
personas, cuando se propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o
preferencia, basada en motivos de odio, para anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad que generen violencia y agresiones en
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contra de una persona o colectivo, se consideran incitación al odio; mientras que las
opiniones o críticas que forman parte de la libertad de expresión son cuando estos
manifiestan ideología, inconformidad, puntos de vista en relación a otros respecto de un
hecho en particular, sin que ello implique un irrespeto a terceros.
Sobre la interrogante de si hubo mensajes que incitaron al odio en el ámbito político en las
redes sociales durante las elecciones presidenciales del Ecuador del año 2021, el 100% de
los entrevistados afirman que en el proceso electoral que se llevó a cabo a inicios de año se
evidenciaron mensajes que influenciaron fuertemente en las decisiones del electorado,
sobre todo los provenientes de los medios de comunicación. Además, en las redes sociales
se observaron publicaciones con contenido denigrante, de intolerancia, y en muchos casos
con contenido falso que atentaron contra la honra y dignidad de los candidatos
presidenciales.
En cuanto a los mecanismos para limitar la libertad de expresión en las redes sociales a fin
de solventar la situación que genere odio, el 100% de los entrevistados señalan que la
libertad de expresión es un derecho fundamental que no debe ser limitado, salvo en los
casos que estén establecidos en la norma, y posterior a la emisión de las opiniones que por
ejemplo inciten al odio, ya que restringir el derecho o establecer controles previos en las
redes sociales u otros medios, acarrearía una censura y una violación a este derecho.
Ahora bien, sobre las mejores soluciones o alternativas que permitan atender la problemática
sobre la libertad de expresión con mensajes que incitan al odio, considerando la
inaplicabilidad en la práctica del delito de odio tipificado en el COIP, ya que en muchos casos
se considera una censura o violación a la libertad de expresión, la mayoría de los
entrevistados expresan que se debe partir por mejorar la educación desde las bases para
propiciar una verdadera cultura de paz y respeto que eviten opiniones que transgredan los
derechos de otros. Además, algunos profesionales señalan que se debe realizar una reforma
a la norma que permita establecer criterios más claros sobre los contenidos que deben ser
restringidos sin que ello implique una violación a la libertad de expresión. Finalmente, una
minoría manifiesta que la mejor solución es que el Estado a través de los funcionarios
competentes, puedan distinguir claramente cuando el umbral de protección al derecho a la
libertad de expresión toma mayor potencia y cuando no, y aplicar las medidas
correspondientes al caso.
De la encuesta realizada en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, basados al
padrón electoral para las elecciones presidenciales 2021 de los electores de Riobamba,
Provincia de Chimborazo, cuya población es de 190.042 personas, y en una muestra
representativa de 400 personas, se obtuvieron los siguientes resultados:
En la pregunta 1 sobre lo observado en las elecciones presidenciales Ecuador 2021, el
46,30% de los consultados expresaron que hubo mensajes críticos hacia lo distintos
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candidatos y sus propuestas, mensajes agresivos o que incitaban al odio, pero también se
observaron llamados a la paz. Cabe resaltar que un 18,10% consideraron que hubo
mensajes agresivos que incitaron al odio.
Gráfico 1. Pregunta 1: ¿En las elecciones presidenciales Ecuador 2021, que observo usted
en las redes sociales?
La pregunta número 2 sobre los mensajes en redes sociales con contenido agresivo y que
incitan al odio, el 40,10% de los encuestados manifestaron que estos deben de regularse y
sancionarse por ley, seguido de un 21,50% que consideran que este tipo de mensajes
desnaturalizan la libertad de expresión.
Gráfico 2. Pregunta 2: ¿Que considera usted que se debe hacer ante los mensajes en
redes sociales con contenido agresivo y que incitan al odio?
En la pregunta 3 sobre la limitación a la libertad de expresión, el 78,50% de las personas
encuestadas afirmaron que esta debe restringirse en los casos que inciten al odio e induzcan
a la violencia, mientras que un 10,70% manifiesta que no debe restringirse o censurarse.
32.80%
18.10%
2.80%
46.30%
Mensajes críticos a los
distintoscandidatos y sus
propuestas
Mensajes agresivos que
incitaban al odio
Mensajes que llamaban a
la paz
Todas las anteriores
40.10%
20.30%
21.50%
18.10%
Deben regularse y
sancionarse por Ley
Son manifestaciones de
la libertad de expresión
Desnaturalizan la
libertad de expresión
Son campañas
desinformativas
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Gráfico 3. Pregunta 3: ¿Cuándo debe limitarse el derecho a la libertad de expresión?
La pregunta 4 relacionada a los derechos humanos, el 56,60% manifiesta que son
inherentes, indivisibles e inalienables a todos los seres humanos mientras que un 24,30%
expresa que estos se deben limitar para que no choquen entre sí.
Gráfico 4. Pregunta 4: ¿Qué considera usted que son los derechos humanos?
La pregunta 5 relacionada al papel de las redes sociales durante las elecciones
presidenciales en el Ecuador el 2121, el 46,30% indicó que fueron una influencia en la
decisión de la opinión pública, seguido del 26% que señala que estos medios de
comunicación masiva permitieron expresar las opiniones de los ecuatorianos.
Gráfico 5. Pregunta 5: ¿Qué aspecto considera usted que influyo durante las elecciones
presidenciales Ecuador 2021, las redes sociales?
78.50%
10.70%
0.60%
10.20% Incita al odio e induce a la
violencia
No debe limitarse ni
censurarse
Incomoda al Gobierno
Ninguna de las anteriores
56.50%
6.20%
24.30%
13.00%
Son inherentes, indivisibles e
inalienables a todos los seres
humanos
No tienen jerarquía entre
ellos
Deben tener ciertos límites
para queno choquen entre sí
Todas las anteriores
46.30%
26.00%
11.30%
16.40%
Influyeron en la
decisión de la opinión
pública
Permitieron expresar
las opiniones detodos
los ecuatorianos
Avivaron los
resentimientos sociales
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De los resultados obtenidos se puede evidenciar que, en las redes sociales a través de las
plataformas de Facebook, Instagram, twitter y otros existieron mensajes críticos a los
políticos en las elecciones presidenciales en el Ecuador en el año 2021; pero al igual
existieron mensajes que incitaban al odio encubriéndose en sus ideologías o preferencias
políticas. De ello se evidencia, que las redes sociales sirvieron como herramienta para la
difusión de todo tipo de información sobre el proceso electoral que vivió el país.
En este sentido, la mayoría de las personas perciben que las redes sociales se han utilizado
como medios para emitir mensajes agresivos o que incitan al odio por lo que los mismos
deben ser regulados para erradicar esta conducta humana y que debe restringirse los
mensajes que inciten al odio ya que estos desnaturalizan el derecho a la libertad de
expresión.
Si bien es cierto las personas pudieron expresar sus opiniones políticas a través de las redes
sociales haciendo uso de su derecho constitucional a la libertad de expresión, no es menos
cierto que estas expresiones tuvieron incidencia en la decisión de los votantes y más aún
cuando a través de estas se incita a odiar a tal o cual candidato o adepto a una ideología
política.
En términos generales, los encuestados en su mayoría manifiestan la necesidad de
regulaciones más estrictas en materia de libertad de expresión y sanciones penales,
desconociendo como libertad de expresión a aquellos comentarios que incitan al odio; lo que
evidencia que las normas vigentes han sido ineficaces en la práctica diaria; por lo que es
menester bloquear mensajes que inciten al odio en redes sociales en época de elecciones
presidenciales en el Ecuador.
DISCUSIÓN
La libertad de expresión es un derecho humano definido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (USA. Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948), como el
derecho universal a “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión”. Entonces, el derecho a la libertad de expresión es “esencial para el desarrollo
y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos humanos”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2003, p. 2). Es decir, que el
reconocimiento de los derechos humanos, dentro de los cuales está la libertad de expresión,
garantiza la democracia y el Estado de derecho. En este sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha resaltado reiteradamente que:
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio
sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y
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culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse
plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones,
esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está
bien informada no es plenamente libre (La colegiación obligatoria de periodistas, 1985, p.
21).
Por otro lado, las redes sociales son aplicaciones en internet que operan en diferentes
niveles, creadas para la interacción y el intercambio de información entre las personas. El
descubrimiento del internet cambió a la humanidad, dando paso a la nueva era tecnológica,
estrechando fronteras y rompiendo indudablemente la forma de comunicarse en el mundo
(de la Hera, 2020, p. 3). En la actualidad, se han convertido en verdaderas fuentes de
empoderamiento de las personas a nivel mundial motivado el acceso a la información. Cada
día se utilizan más para expresar ideas, opiniones, pensamientos e incluso para alzar la voz
en contra de algo, como mecanismo para ejercer presión, e incluso como medio para la
realización de activismos de alguna causa (Amnistía Internacional, 2021, p. 2).
El odio se define como aversión sobre algo o alguien al cual se le desea mal (Diccionario de
la Real Academia Española DRAE, 2020, p. 1). Para la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2020) el odio se refiere a “sentimientos
intensos e irracionales de oprobio, enemistad y desprecio hacia el colectivo objetivo” (p. 1).
En relación a ello, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (USA. Asamblea
General de Naciones Unidas, 1966), en su artículo 20 numeral 2 establece que “toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Otros autores, consideran que el
concepto a la incitación al odio es indeterminado e impreciso, cuyo alcance varía de país en
país, el cual puede ir desde el genocidio hasta expresiones simplemente desagradables u
ofensivas, lo que en muchos casos abre una ventana para censurar la libertad de expresión
(Cajigal, 2018, p. 11).
Del análisis legal se desprende que, la máxima norma en el país contempla la libertad de
expresión, el acceso a la información, la protección a la integridad como derechos
fundamentales, al mismo tiempo que prohíbe la emisión de mensajes que inciten al odio e
induzcan a la violencia. De igual forma, el COIP establece la pena privativa de libertad contra
toda persona que cause daño físico o psicológico producto de actos de odio. Sin embargo,
la Ley no es clara en establecer cuando una opinión puede ser considerada como delito que
incite al odio, y hasta qué punto la sanción no vulnera el derecho a la libertad de expresión.
La libertad de expresión no puede considerarse un derecho jerárquicamente superior a otros,
éste debe ejercerse con responsabilidad por lo que la actividad regulatoria del Estado no
podría ser considerada una violación a la libertad de expresión cuando dicha acción se base
en la protección de un derecho (Coronado, 2015, p. 125). En otras palabras, en pro a
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garantizar el desarrollo de la sociedad y el respeto de los derechos humanos, deben existir
condiciones mínimas que mantengan el equilibrio jurídico.
Del análisis de las entrevistas se desprende que las redes sociales como Facebook,
Instagram y twitter, han sido espacios donde se intercambia información, pero que en los
últimos años se ha hecho cada vez más común prácticas sociales donde se incita al odio,
se humilla, denigra, además de difundirse con gran velocidad los llamados fake news, los
cuales no solo nacen desde medios de comunicación o personas públicas, sino del común
de la población, ejemplo claro de ello, se evidenció en las elecciones presidenciales de 2021
en el país, que más allá de las críticas, opiniones políticas o confrontamiento de ideas,
rivalidad política, se propiciaron verdaderas divisiones y odio al resto de candidatos y a
quienes pensaban distinto, lo que generó algunos focos de violencia en el país. Es por ello,
que se hace necesario limitar la libertad de expresión mediante mecanismos legales claros,
en los casos en que estas transgredan o vulneren otros derechos de colectividades o
individuos específicos.
Las redes sociales han tenido un impacto directo sobre la concepción y el ejercicio de la
libertad de expresión como derecho humano. Su alcance es muy amplio y global, además la
información y comentarios que se emiten por los usuarios tienen un mínimo control por parte
de los proveedores de servicios (Estudis de Dret i Ciencia Política Universitat Oberta de
Catalunya, 2020, p. 1).
En las encuestas se observó, que la mayoría de los encuestados consideraron las redes
sociales como factor fundamental en el proceso electoral presidencial que se llevó a cabo
en el país a inicios de año. Así mismo, concuerdan que durante el proceso electoral se
difundieron mensajes que incitaban al odio y la violencia, que forman parte de la libertad de
expresión, pero que por sus implicaciones y consecuencias se hace necesario su limitación
y sanción respectiva por Ley.
Conforme jurisprudencia constitucional se observa que el derecho a la libertad de expresión
está en igual estatus que los demás derechos fundamentales; además es un derecho que
abarca una doble protección individual y social, pero que en caso de entrar en conflicto con
otros derechos se debe restringir el mismo, mediante la aplicación de un test de
proporcionalidad. Este se realiza en primer lugar, analizando si la intervención legislativa
persigue un fin constitucionalmente valido; en segundo lugar, se debe determinar la
idoneidad de la medida que satisfaga el propósito constitucional, o si existen otras medidas
alternativas idóneas y menos lesivas que cumplan con el fin; y finalmente establecer si el
grado de realización del propósito que se persigue es mayor que el daño provocado al
derecho fundamental.
Sin embargo, en los casos de mensajes que inciten al odio, no se puede alegar una
vulneración a la libertad de expresión puesto que los mismos no son amparados por tal
Montes Anilema; Estupiñán Ricardo; Chiriboga Mosquera
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derecho, pero para poder considerar un mensaje como discurso de odio, debe analizarse la
naturaleza del mismo, y que este realmente genere un daño psicológico o físico a una o más
personas.
Para analizar que la medida restrictiva de bloqueo a los mensajes que inciten al odio a través
de las redes sociales es la más idónea se aplica un Test de Proporcionalidad y así tenemos
que:
- El bloqueo de mensajes que inciten al odio, en las redes sociales en las próximas
elecciones en el Ecuador, persigue un fin legítimo el cual es evitar la desnaturalización del
derecho a la libertad de expresión cuando estas expresiones inciten al odio respaldándose
o defendiendo una postura política;
- Únicamente se restringirían los comentarios realizados a través de las plataformas de redes
sociales cuando inciten al odio, lo cual excede los límites de la libertad de expresión, por lo
tanto es la más idónea; al aplicar este bloqueo se disminuirán o erradicaran los comentarios
que inciten al odio evitando la vulneración de derechos fundamentales pero sobre todo
impidiendo el abuso del derecho constitucional a la libertad de expresión, esto dada la
necesidad que existe en la actualidad de erradicar este tipo de violencia en redes sociales;
- Los contenidos que no inciten al odio no serían bloqueados ya que los mismos no
desnaturalizan el derecho a la libertad de expresión por ello esta medida es la que menos
lesiona este derecho; y,
- La aplicación del bloqueo de los mensajes que inciten al odio es proporcional ya que el
daño ocasionado al derecho a la libertad de expresión es mínimo, teniendo en consideración
que lo que se persigue es evitar que se vulnere otros derechos fundamentales a pretexto de
defender posturas políticas y que la opiniones vertidas en las redes sociales únicamente
puedan repercutir en la decisión de los votantes; pero mas no inciten al odio lo cual genera
violencia y vulnera derechos fundamentales de los usuarios de las mismas.
Finalmente, en Ecuador, las recientes elecciones presidenciales avivaron fuertes
separaciones y resentimientos entre partidarios de derecha e izquierda. Esto se traspoló a
todos los ámbitos sociales, incluyendo las redes sociales. Como consecuencia, la ya delgada
línea entre la crítica a la gestión política y el discurso de odio se redujo. La libertad de
expresión debe amparar no sólo las ideas recibidas favorablemente o consideradas
inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, chocan o inquietan: así lo demanda
el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin las cuales no existe una sociedad
democrática (Alcácer, 2012, p. 10). Ante este escenario, es importante mantener el equilibrio
entre la libertad de expresión y el respeto a otros derechos fundamentales, cuando
sobrepasando los límites de esta se conviertan en manifestaciones de odio que puedan
configurar el cometimiento de algún delito y desnaturalizar el derecho a la libertad de
expresión.
Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero-abril / Año. 2024 / pp. 17-33
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CONCLUSIONES
El derecho a la libertad de expresión es la condición innata e indivisible que todo ser humano
tiene para expresarse ante cualquier régimen, creencia, estilo de vida, etc., tomando en
cuenta que esta prerrogativa viene de la mano con el ejercicio responsable y apegado a la
ley, que no implique un daño a otro ser; su uso en redes sociales es una forma o mecanismo
de este derecho, en consecuencia, se puede afirmar que estas se convierten en verdaderos
medios de comunicación y del ejercicio de derechos humanos.
Las elecciones presidenciales del Ecuador 2021, fueron uno de los tantos ejemplos a nivel
mundial, en donde las redes sociales jugaron un papel fundamental en el proceso electoral,
manifestándose opiniones propias de la libertad de expresión de los ecuatorianos, pero tal y
como se evidencia en los instrumentos aplicados, las opiniones pasaron de ser críticas o
molestas a generar violencia e incitaron al odio; lo cual desnaturaliza el derecho a la libertad
de expresión y dejan de estar amparadas por el derecho constitucional de la libertad de
expresión.
A través de esta investigación se ha determinado que existió una desnaturalización del
derecho a la libertad de expresión, con otros derechos fundamentales, por las opiniones que
incitaron al odio en las elecciones presidenciales del Ecuador en el año 2021 y la solución
que se propone es que el Estado exija a las plataformas de redes sociales como Facebook,
Instagram, Twitter o cualquier otra que se utilice en el territorio nacional a ejecutar un
programa que bloquee los comentarios que inciten al odio en las próximas elecciones.
El bloqueo de los mensajes que inciten al odio y desnaturalicen la libertad de expresión es
la propuesta que se realiza, a trasvés del presente artículo como medida restrictiva; ya que
es la más idónea pues persigue un fin constitucionalmente valido; satisface el propósito
constitucional de no vulneración de derechos fundamentales, es la que menos lesiona al
derecho a la libertad de expresión, además que podrá cumplir con el fin propuesto que es el
erradicar la desnaturalización de derecho a la libertad de expresión y finalmente el grado de
realización del propósito que se persigue es mayor que el daño provocado al derecho
fundamental.
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