Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 7 / Nro. 1 / enero-abril / Año. 2024 / pp. 17-33
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proporcionalidad establecido en el artículo 3 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En relación a la libertad de expresión, la Corte señala que esta ampara:
la difusión de ideas, informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o
indiferentes, sino también a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban
al Estado o a cualquier sector de la población. En consecuencia, la información, ideas y
expresiones que pudieran resultar incómodas a los representantes de las distintas funciones
del Estado, también se encuentran protegidas por este derecho (Relación entre el derecho
a la libertad de expresión y el derecho a la rectificación, 2019, p. 20).
Sin embargo, no se encuentran amparados aquellos mensajes u opiniones consideradas
como discursos de odio. Para poder determinar ello, los jueces deben analizar la naturaleza
del mensaje que permitan delimitar la legitimidad de restricciones al derecho a la libertad de
expresión. En otras palabras, cuando:
el derecho a la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos o sea necesario
establecer límites para garantizar otros fines legítimos, los jueces deberán tener en especial
consideración el rol fundamental que tiene la libertad de expresión para la existencia y
fortalecimiento de una sociedad democrática, la doble dimensión de este derecho, así como
la necesidad de garantizar el libre flujo de ideas e informaciones relacionadas con asuntos
de interés público, en tanto discurso especialmente protegido. Cuando se trate de discursos
especialmente protegidos, la protección de la libertad de expresión deberá ser reforzada, lo
cual exige realizar un examen sustancialmente más riguroso al momento de examinar la
legitimidad de una posible restricción a este derecho (Relación entre el derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la rectificación, 2019, p. 21).
De los resultados de las entrevistas aplicadas a los diferentes juristas y especialistas
constitucionales, se obtuvo que el 85% de los entrevistados coinciden en señalar, que los
mensajes que incitan al odio desnaturalizan la libertad de expresión, por cuanto estas
afectan otros derechos como la dignidad, integridad, intimidad, honor, entre otros. Por su
parte, el 15% restante, manifiestan que no hay una desnaturalización de la libertad de
expresión puesto que los mensajes que incitan al odio no pueden ser considerados como
libertad de expresión, ya que no están amparados por este derecho y por el contrario están
tipificados en la ley como delito.
En relación a cuando se puede considerar un mensaje como una crítica, como opinión, como
libertad de expresión, y cuando se puede considerar como incitación al odio, el 100% de los
entrevistados coinciden en señalar que cuando los mensajes afecten la dignidad de las
personas, cuando se propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o
preferencia, basada en motivos de odio, para anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad que generen violencia y agresiones en