Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 1/ enero- abril / Año. 2026 / pp. 03-21
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
REFLEXIONES DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO SOBRE LA
AMENAZA CRECIENTE DE UNA GUERRA ESPACIAL
REFLECTIONS FROM INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW ON THE GROWING
THREAT OF SPACE WARFARE
Vargas Cano, Camilo Alberto
camilo.vargascan@buzonejercito.mil.co
Ejército de Colombia, Bogotá, Bogotá, Colombia
https://orcid.org/0000-0001-9037-6455
Gil Osorio, Juan Fernando
juan.gil@esmic.edu.co
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”,
Bogotá, Bogotá, Colombia
https://orcid.org/0000-0002-6605-6846
Jiménez-Reina, Jonnathan
jonnathan.jimenez@esdeg.edu.co
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”,
Bogotá, Bogotá, Colombia
https://orcid.org/0000-0001-9042-834X
Recibido: 10/07/2025
Revisado: 12/07/2025
Aprobado: 23/11/2025
Publicado: 01/01/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i1.4164
RESUMEN
El artículo analiza el impacto de la evolución tecnológica en el espacio sobre el Derecho
Internacional Humanitario, identificando como problema principal la amenaza militar a la
infraestructura espacial para civiles. Con enfoque descriptivo y analítico, revisa políticas y
prácticas de separación de sistemas militares y civiles, gestión de desechos espaciales y
prohibición de pruebas destructivas. Los resultados muestran la vulnerabilidad de servicios
críticos para la ayuda humanitaria. Se concluye que los Estados deben adoptar marcos
legales y políticas que reduzcan el riesgo de conflictos armados en el espacio y protejan a la
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población civil, resaltando la seguridad de la infraestructura espacial para la seguridad y
bienestar humano.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Derecho Internacional Humanitario; Derechos
Humanos; Infraestructura espacial; Operaciones espaciales; Población civil.
ABSTRACT
The article analyzes the impact of technological evolution in space on International
Humanitarian Law, identifying the military threat to space infrastructure for civilians as the main
problem. With a descriptive and analytical approach, it reviews policies and practices of
separation of military and civilian systems, space debris management, and prohibition of
destructive tests. The results show the vulnerability of critical services for humanitarian aid. It
concludes that States must adopt legal frameworks and policies that reduce the risk of armed
conflict in space and protect civilians, highlighting the security of space infrastructure for
human safety and well-being.
CONTENT DESCRIPTORS: International Humanitarian Law; Human Rights; Space
Infrastructure; Space Operations; Civilian Population.
INTRODUCCIÓN
La revolución en la utilidad y la criticidad de los sistemas espaciales ha generado una serie
de implicaciones legales y éticas que exigen una profunda reflexión y una adaptación urgente
por parte de la comunidad internacional. En las últimas décadas, la dependencia militar de las
capacidades espaciales ha incrementado de manera significativa, acompañada del desarrollo
y despliegue de sistemas contra espaciales. Este aumento de actividad se evidencia, sobre
todo, en las principales naciones con capacidad espacial, impulsado tanto por el crecimiento
del acceso comercial al espacio como por el valor estratégico que la infraestructura representa
para el dominio y la superioridad militar.
El espacio, que una vez se consideró un dominio pacífico, se ha convertido en un escenario
donde las capacidades militares en evolución amenazan cada vez más a la infraestructura
espacial por la militarización del espacio y el desarrollo de tecnologías antisatélite (ASAT) que
han generado preocupación por la seguridad de los activos espaciales críticos y su impacto
en la disponibilidad de servicios esenciales (Wilde, 2024).
El inicio de la década de los 20 estuvo marcado por palpitantes anuncios de ataques militares
espaciales, por ejemplo, la concurrencia de satélites rusos en la órbita en la que estaba un
estadounidense (AFP, 2021); noticias como el ataque con un cohete a base militar de Irak, un
hecho de innegable temor y riesgo, advertencia que hace Estados Unidos con respecto a la
posibilidad de ejecutar la operación Victus Haze que consiste en lanzar naves espaciales para
combatir a sus enemigos (Díaz, 2024). Por ello, el constante aumento de la actividad espacial
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militar y de la posibilidad de conflictos en este entorno generan inquietudes significativas como
la destrucción o inhabilitación de satélites civiles que, podría tener consecuencias
devastadoras para la población civil y la prestación de servicios.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señala la imposibilidad de controlar
completamente las operaciones militares en el espacio y destaca la relevancia del Tratado
sobre el Espacio Ultraterrestre, el artículo IV establece restricciones al uso militar del espacio
y lo reconoce como patrimonio de toda la humanidad (Naciones Unidas, 1967). La
competencia por el espacio y los recursos en órbita plantea desafíos para la estabilidad, la
seguridad y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la convergencia de sistemas
espaciales militares y comerciales, donde las operaciones militares dependen de sistemas
civiles de doble uso (Montes, 2023). En este sentido, el espacio exterior representa desafíos
para el DIH (derecho de la guerra), ya que busca proteger a quienes no participan en
hostilidades y limitar los medios/métodos de combate debido a la falta de regulación en este
ámbito (UIP & CICR, 2018).
Por otro lado, los desechos espaciales tienen implicaciones jurídicas para el derecho
internacional público, especialmente desde el enfoque ambiental, dado que los tratados
ambientales ya advierten sobre el daño ecológico que representan y asignan responsabilidad
a Estados, actores científicos y la comunidad global, puesto que las ASAT, incrementa los
riesgos para satélites y servicios civiles clave como las comunicaciones, la navegación y la
asistencia humanitaria, por lo que prohibir estas pruebas y diseñar políticas para mitigarlo
garantiza la seguridad espacial (Eves & Doucet, 2023). Para el DIH, su relevancia es crítica
por varias razones: primero, toda guerra conlleva un impacto ambiental que debe evaluarse
para evitar la destrucción de recursos naturales vitales; segundo, el principio de precaución,
como parte del ius bellicum, exige prohibir armas o actividades cuyos efectos sean inciertos y
potencialmente devastadores; y tercero, los desechos espaciales perjudican a civiles ajenos
al conflicto, ya que su alcance es impreciso y carece de objetivos militares definidos.
El DIH adopta marcos legales/políticos para que los Estados reflejen principios humanitarios
y reduzcan el riesgo de conflictos armados en el espacio (IDH, 2003; Wan & Raju, 2022). La
cooperación internacional y las políticas basadas en el DIH mitigan el costo humano de
posibles hostilidades, estableciendo principios de la prohibición de ataques indiscriminados
que afectan a civiles y bienes de carácter civil (Klein, 2024). Así, el DIH se adapta a las
realidades contemporáneas proveyendo un marco legal a los retos de las tecnologías
avanzadas en el espacio para que garantice la protección de la población civil y de servicios
en caso de conflicto.
Asimismo, hay pocas políticas que abordan los efectos adversos de operaciones militares
espaciales sobre la infraestructura crítica (Eves & Doucet, 2023). Ante la amenaza que
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representa la transformación del espacio con capacidades militares y tecnologías antisatélite,
los Estados asumen un rol en el DIH al reforzar la cooperación internacional y salvaguardar
la infraestructura y la población civil frente a riesgos emergentes. Por ello, el artículo ofrece
un análisis de estas responsabilidades y proporciona una base para enfrentar los desafíos
emergentes en este entorno estratégico.
El Espacio como entorno estratégico:
El espacio exterior en el siglo XX se convirtió en un componente de la sociedad moderna
(Oakley, 2020), ya que la infraestructura espacial desempeña la prestación de servicios a nivel
global (comunicaciones, navegación, observación de la tierra) (Ustin & Middleton, 2024). Así,
los satélites que orbitan la Tierra conllevan a actividades de las comunicaciones y la
navegación hasta la observación de la Tierra que son primordiales. La militarización del
espacio refleja la expansión de las capacidades militares y el desarrollo de tecnologías ASAT
por parte de varias naciones, planteando: (1) vulnerabilidad de la infraestructura espacial en
los satélites para aplicaciones civiles y militares, ya que se han convertido en objetivos
potenciales en caso de conflicto espacial (Ustin & Middleton, 2024); y (2) La destrucción o
inhabilitación de estos satélites tiene efectos devastadores e interrumpen servicios a nivel
global (Jenkins, 2024).
Dada la creciente dependencia de la infraestructura espacial, la vulnerabilidad de los satélites
y la creciente militarización del espacio, surgen desafíos relacionados con la seguridad y la
estabilidad global (Eves & Doucet, 2023; Wu & Long, 2022). Por lo mismo, el DIH en el espacio
garantiza que esta infraestructura crítica y los derechos fundamentales de la población civil,
estén protegidos en caso de hostilidades en el espacio exterior. En este contexto, el DIH en
la era de la guerra espacial, desarrolla políticas basadas en preocupaciones humanitarias que
mitigan el impacto de las operaciones militares espaciales en los civiles y su infraestructura
esencial (Eves & Doucet, 2023; Kuplic & Sawmiller, 2025).
Reconociendo la importancia del DIH en el espacio:
El DIH es un cuerpo de leyes y normas que limita el sufrimiento humano en tiempos de
conflicto armado y garantiza la protección de quienes no participan en las hostilidades y de
quienes han dejado de hacerlo (IDH, 2003). Así, este derecho se extiende a los conflictos en
la Tierra y la militarización del espacio (Jenkins, 2024) y se fundamenta en las Convenciones
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 (ICRC, 1997) los cuales establecen
reglas y principios que son respetados por los Estados en conflicto y, por las partes en
hostilidades; uno de los principios del DIH es la distinción, que exige la diferenciación entre
combatientes y civiles (Klein, 2024).
Sin embargo, el creciente uso de tecnologías espaciales duales y la militarización del espacio
exigen una revisión y adaptación de las normas existentes del DIH para abordar los nuevos
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desafíos (Eves & Doucet, 2023; Jenkins, 2024). Por esta razón, en el espacio los Estados y
actores militares deben implementar medidas técnicas y tácticas para reducir al mínimo el
riesgo de daños colaterales en caso de hostilidades (Eves & Doucet, 2023).
Aplicabilidad del DIH en el ámbito espacial:
La militarización del espacio y las amenazas emergentes para la infraestructura espacial
plantean cuestiones sobre la aplicabilidad del DIH en el ámbito espacial. A medida que el
espacio se convierte en un escenario de competencia y rivalidad militar, el DIH se extiende a
esta nueva dimensión y contribuye a la protección de la población civil y la infraestructura
crítica (Filho et al., 2025; RAND, 2025). El DIH se aplica a (Bace et al., 2024; ICRC, 1997):
Distinción: Implica que los sistemas espaciales militares no estén ocultos o mezclados
con sistemas civiles, garantizando que los ataques se dirijan a objetivos militares
legítimos.
Prohibición de ataques indiscriminados: Referente a la prohibición de atacar satélites
civiles, independientemente del impacto que su destrucción tiene en la sociedad.
Precaución y prevención de daños colaterales: Las partes en conflicto deben
implementar medidas técnicas/tácticas para reducir el riesgo de daños colaterales en
caso de hostilidades.
Gestión responsable de desechos espaciales: Las partes en conflicto tienen la
responsabilidad de minimizar el impacto de sus operaciones militares en el medio
ambiente.
El DIH aborda los desafíos en el ámbito espacial, su aplicabilidad protege la seguridad y
garantiza que la infraestructura espacial esté disponible para la sociedad moderna sin
distinción (Bace et al., 2024; Silvester & Jah, 2025).
Protección de la población civil y servicios esenciales:
El DIH prohíbe los ataques que causan daño a civiles y bienes de carácter civil, se garantiza
que los satélites y sistemas espaciales utilizados para aplicaciones civiles estén protegidos
contra ataques deliberados (Jenkins, 2024; Ustin & Middleton, 2024; Wilde, 2024), la gestión
responsable de desechos espaciales y la preservación de la infraestructura espacial para el
funcionamiento de servicios críticos en la sociedad moderna (Gorjón, 2021).
Las partes en conflicto minimizan el impacto de sus operaciones militares en el medio
ambiente e incluyen la reducción de la generación de desechos espaciales, vital para la
sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales y prevenir daños colaterales. Por lo
mismo, acentúa su capacidad a los desafíos de la tecnología y la seguridad global,
asegurando que los principios humanitarios están en todas las dimensiones de los conflictos
armados.
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MÉTODOS
El estudio presenta un enfoque descriptivo/analítico, examina políticas/prácticas
internacionales relacionadas con la separación de sistemas militares y civiles, la gestión de
desechos espaciales y la prohibición de pruebas destructivas en el espacio exterior. El diseño
de investigación empleado fue de tipo documental, basado en la revisión de fuentes
secundarias de carácter oficial/académico. Del mismo modo, se definieron criterios de
inclusión: documentos en inglés y español, emitidos por organismos internacionales, agencias
espaciales, instituciones gubernamentales y literatura científica revisada por pares.
El proceso de búsqueda y selección de información se realizó mediante consultas en bases
de datos académicas de ScienceDirect y Google Scholar, complementadas con la revisión de
repositorios institucionales de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones
Unidas (UNOOSA), la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), y la
Agencia Espacial Europea (ESA). Una vez recopilados los documentos, se realizó un análisis
de contenido mediante lectura crítica, identificando categorías temáticas y extrayendo
información del tema.
RESULTADOS
Políticas para la mitigación de riesgos en el ámbito espacial
La militarización del espacio y amenazas a la seguridad global resulta imprescindible, a la
hora de reconocer el valor estratégico de los sistemas espaciales civiles, para diseñar políticas
de mitigación de riesgos que protejan estos bienes para la humanidad. Si bien la literatura
destaca la importancia de estos sistemas en áreas como comunicaciones, navegación y
observación de la Tierra (Carlo & Obergfaell, 2024), la protección efectiva exige la
implementación de medidas jurídicas y técnicas específicas, conforme a los estándares
internacionales más recientes.
Políticas y medidas de mitigación recomendadas
Un caso de estudio es el episodio “How to Prevent Catastrophe in Outer Space” del podcast
Policy Minded de RAND que enfatiza la necesidad apremiante de fortalecer los marcos
regulatorios para la gestión del tráfico espacial y la mitigación de desechos orbitales. El
crecimiento exponencial de actores estatales y privados, junto con la proliferación de satélites,
particularmente, las mega constelaciones, han incrementado la congestión en orbitas críticas
y, con ello, la probabilidad de colisiones y generación de fragmentos. La ausencia de
instrumentos jurídicos agrava el riesgo de fenómenos como el síndrome de Kessler (Kessler
& Cour‐Palais, 1978). Ante este panorama, RAND plantea la adopción de un régimen global
de gobernanza del tráfico espacial, teniendo en cuenta esquemas en la aviación civil, derecho
marítimo, instituciones de monitoreo y mecanismos de cumplimientos eficaces. Una
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arquitectura institucional de este tipo previene externalidades negativas irreversibles,
garantiza la sostenibilidad de las orbitas útiles y salvaguarda las infraestructuras críticas que
sustentan la economía y la seguridad internacional (RAND, 2025).
A continuación, se proponen criterios y políticas de mitigación, cimentados en el derecho
espacial internacional y la experiencia comparada:
1. Adopción y cumplimiento de directrices internacionales sobre desechos
espaciales
Implementar las directrices de mitigación de desechos espaciales de la ONU y la Inter-Agency
Space Debris Coordination Committee (IADC), que incluyen limitar la generación de residuos
durante operaciones, minimizar el riesgo de colisiones y establecer procedimientos de retirada
segura de satélites al final de su vida útil. Aunque estas directrices son actualmente de
carácter voluntario, su incorporación en legislaciones nacionales y tratados futuros es esencial
para la sostenibilidad espacial (Space Generation Advisory Council, 2023; United Nations
Office for Outer Space Affairs, 2010).
2. Creación de mecanismos de transparencia y fomento de la confianza
internacional
Desarrollar medidas de transparencia y fomento de la confianza (TCBMs) que incluyan la
notificación previa de actividades espaciales, intercambio de información sobre objetos en
órbita y protocolos de comunicación en caso de incidentes, para evitar malentendidos y reducir
el riesgo de escalada militar (Hosseini et al., 2021).
3. Desarrollo de un tratado internacional vinculante sobre armas espaciales
Promover la negociación de un tratado internacional que prohíba el uso y despliegue de armas
en el espacio exterior, siguiendo el principio de no apropiación y uso pacífico consagrado en
el Tratado del Espacio Ultraterrestre (Outer Space Treaty) y reforzando la protección de
bienes civiles y el medio ambiente espacial (UNIDIR, 2024).
4. Obligatoriedad de planes de descontaminación y remediación
Exigir a los actores estatales y privados la presentación y ejecución de planes de
descontaminación y manejo de desechos espaciales, bajo pena de sanciones jurídicas y
diplomáticas, incluyendo la remoción activa de residuos y la cooperación internacional para la
gestión sostenible del entorno espacial (Ed. Siregar et al., 2024).
5. Fortalecimiento de la gobernanza global y monitoreo independiente
Crear organismos internacionales, en el marco de la ONU, con facultades de monitoreo,
inspección y sanción respecto de incidentes espaciales, garantizando la responsabilidad y
rendición de cuentas por daños a sistemas civiles y al entorno orbital (ESA, 2022).
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6. Incorporación del principio de precaución y protección ambiental
Integrar el principio de precaución en toda actividad espacial, evaluando el impacto potencial
de nuevas tecnologías y operaciones, y priorizando la protección del medio ambiente y la
diversidad ecológica como criterios para autorizar actividades espaciales (Hosseini et al.,
2021).
7. Reconocimiento de la dignidad humana y protección a la población civil
Todas las políticas y regulaciones deben estar guiadas por el principio de dignidad humana,
asegurando la protección de la población civil y los bienes esenciales en cualquier escenario
de conflicto armado en el espacio (UNIDIR, 2024). Se podrá afirmar entonces, que la
protección de los sistemas espaciales civiles y la mitigación de riesgos en el espacio,
requieren una combinación de normas internacionales vinculantes, mecanismos de
cooperación y transparencia, y la integración de principios ambientales y humanitarios en la
gobernanza espacial, y a través de políticas proactivas/coordinadas será posible preservar el
espacio exterior como un bien común de la humanidad y garantizar la seguridad y el bienestar
de las generaciones presentes y futuras.
Diferenciación y separación de sistemas espaciales militares y civiles
El principio de distinción se aplica, sin excepción, en el espacio, donde la identificación y
separación de sistemas espaciales militares y civiles es esencial (UIP & CICR, 2018). La
importancia de esta diferenciación radica en la naturaleza de los sistemas espaciales civiles,
los sistemas de navegación por satélite (transporte, aviación civil); ya que la destrucción de
estos tendría un impacto desproporcionado en la población civil y en la capacidad de la
sociedad para funcionar adecuadamente (Carlo & Breda, 2024).
Mitigación de amenazas vinculadas a desechos espaciales
La gestión de los desechos espaciales se convirtió en un desafío crítico para la comunidad
internacional, puesto que incluyen fragmentos de satélites desactivados y cohetes en desuso,
que representan una amenaza para la infraestructura espacial y la seguridad global (Filho et
al., 2025; Wilde, 2024). Este enfoque se basa en que las partes en conflicto minimicen daños
colaterales a bienes civiles y al medio ambiente, principios consagrados en los artículos 35 y
55 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra (ICRC, 1977). En el espacio exterior,
se adoptan medidas para reducir la generación de desechos espaciales (Wu & Long, 2022).
La disposición adecuada de satélites y cohetes fuera de servicio evita que permanezcan como
basura espacial que colisione con otros objetos, y genere un efecto de cascada conocido
como síndrome de Kessler (Kessler & Cour‐Palais, 1978). Asimismo, la implementación de
tecnologías de rastreo y maniobra evasiva previene colisiones, requiriendo una cooperación
internacional y mecanismos de transparencia que faciliten la comunicación entre actores
espaciales (Bace et al., 2024; Carlo & Obergfaell, 2024).
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Sin embargo, la ausencia de un tratado internacional que regule la responsabilidad y las
sanciones, en caso de generación irresponsable de desechos espaciales, limita la efectividad
de estas obligaciones (Haqq-Misra, 2020). La dualidad civil-militar complica la atribución de
responsabilidades y la implementación de medidas preventivas en situaciones de conflicto
armado; el DIH con el derecho espacial internacional garantiza una gestión sostenible y
responsable de los desechos espaciales, protegiendo la infraestructura crítica y el medio
ambiente orbital.
El fundamento legal en la gestión de desechos espaciales se encuentra en el Artículo 36 del
Protocolo Adicional I de las Convenciones de Ginebra, que establece la obligación de revisar
nuevas armas, métodos o sistemas de guerra para asegurar que no causen daños
innecesarios (ICRC, 2018). En este sentido, el uso de armas que generen desechos
espaciales es una violación del DIH si sus efectos, a largo plazo, dañan la infraestructura civil
y el ambiente espacial compartido por la humanidad (Filho et al., 2025). Por lo tanto, cualquier
parte en conflicto debe evitar la creación de desechos que pongan en peligro la sostenibilidad
de las actividades espaciales civiles, y no desde una perspectiva militar.
La acumulación de desechos espaciales representa un riesgo físico para los satélites, y un
desafío ético en la preservación del entorno espacial a un bien común. Según Filho et al.
(2025), la proliferación de sistemas ASAT agrava este problema, pues los ensayos de estos
sistemas y los conflictos armados en el espacio generan miles de fragmentos adicionales que
permanecen en órbita durante décadas, incrementando el riesgo de colisiones con satélites y
otras misiones espaciales futuras (Filho et al., 2025; Wilde, 2024).
Prohibición de pruebas ASAT
Las pruebas ASAT implican el lanzamiento de misiles u otros dispositivos con el objetivo de
destruir satélites en órbita; amenazas para la población civil y la seguridad global en general
(Wu & Long, 2022). Aquellas generan desechos espaciales, aumentando el riesgo de
colisiones en órbita y daños a otros satélites civiles y militares (Filho et al., 2025; Silvester &
Jah, 2025); afectando a los servicios básicos (Ustin & Middleton, 2024). La prohibición de
pruebas ASAT se sustenta en proteger la infraestructura espacial crítica y prevenir daños
colaterales en el desarrollo de conflictos armados (Jenkins, 2024). Por lo tanto, la prohibición
se enfoca en la protección de satélites civiles, y en la prevención de una mayor militarización
del espacio y la promoción de un entorno espacial seguro (Kai-Uwe et al., 2021). Aquello se
configura a un pilar del DIH en el contexto de la militarización del espacio que protege la
infraestructura espacial y los satélites civiles. Por ello, se requiere la cooperación internacional
y el compromiso de las partes involucradas en el espacio para mantener la sostenibilidad a
largo plazo del espacio exterior y preservar la seguridad global (Filho et al., 2025; Silvester &
Jah, 2025).
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Garantizando la continuidad de servicios humanitarios
Los satélites desempeñan un papel crítico en la facilitación y mejora de las operaciones de
ayuda humanitaria en todo el mundo (Carlo & Obergfaell, 2024). Por ello, los satélites civiles
y militares brindan capacidades para la respuesta a desastres y la ayuda humanitaria,
destacándose por facilitar la comunicación en situación de crisis (desastres naturales,
conflictos armados), al permitir la transmisión de datos y voz a zonas remotas para coordinar
esfuerzos de socorro. Asimismo, la observación terrestre satelital aporta imágenes
actualizadas que evalúan daños, identifica áreas afectadas y planifica rutas de acceso para
entregar asistencia. Finalmente, la navegación por satélite mediante GPS ubica con precisión
zonas impactadas y optimiza la logística y gestión de recursos, asegurando que la ayuda
llegue rápidamente a quienes más la necesiten (Kuplic & Sawmiller, 2025; Silvester & Jah,
2025).
Por lo tanto, la tecnología espacial es cada vez más crucial para las operaciones humanitarias,
la protección de los satélites y servicios espaciales críticos. Por ello, respetar los principios
del DIH como la prohibición de ataques indiscriminados y evitar daños colaterales, aborda
cuestiones como la gestión responsable de los desechos espaciales y la prevención de
pruebas ASAT. Aunque estos temas parecen más técnicos, tienen una relación directa con la
continuidad de los servicios humanitarios.
Relación entre la protección del DIH y los DDHH
En primer lugar, el DIH y los DDHH comparten un objetivo común: la protección de la población
civil y la minimización del sufrimiento humano; ambos cuerpos legales aseguran que las
personas sean tratadas con humanidad y respeto (Jiménez-Reina et al., 2021). Sin embargo,
mientras que el DIH se aplica en situaciones de conflicto armado, los DDHH son universales
y aplicables en todo momento, en situaciones de paz o conflicto (Jiménez-Reina et al., 2021).
La relación entre el DIH y los DDHH se refleja en: (1) tiempos de conflicto armado, el DIH
actúa a un marco legal especializado que complementa y refuerza los DDHH existentes, y
establece normas para proteger a las personas que no participan en las hostilidades (civiles,
personas heridas, enfermas o náufragas); y (2) la prohibición de ataques indiscriminados y el
respeto por la distinción entre combatientes y civiles, se basan en los principios fundamentales
de los DDHH, a el derecho a la vida y la dignidad (Barrancos-Hernández & Chinea-Guevara
de Rosales, 2025; Bernal-Castro et al., 2018), contribuyendo a abordar las causas de los
conflictos y a crear sociedades más estables y equitativas (Bace et al., 2024).
Asimismo, se extiende al ámbito espacial (continuidad de servicios) y está ligada al acceso a
la información, la asistencia humanitaria y la capacidad de respuesta en caso de desastres
(Carlo & Obergfaell, 2024). Por lo tanto, la relación entre el DIH y los DDHH garantiza una
protección integral de la población en tiempos de paz y de conflicto, incluido el espacio exterior
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(Bernal-Castro et al., 2018). Ambos marcos legales actúan para la preservación de la dignidad
humana y la seguridad global (Jiménez-Reina et al., 2021).
Propuesta de International Space Charter for Humanitarian Relief
La propuesta de International Space Charter for Humanitarian Relief (Carta Espacial
Internacional para la Ayuda Humanitaria) fue una respuesta ante la creciente dependencia de
la tecnología espacial para operaciones humanitarias y la vulnerabilidad que representa la
militarización del espacio. En primer lugar, la Carta llena un vacío normativo en el DIH y el
derecho espacial internacional, el DIH no aborda la protección y continuidad de servicios
espaciales críticos; la Carta regula el uso pacífico y la protección de los sistemas espaciales
en situaciones de emergencia, estableciendo un marco jurídico para evitar daños a satélites
civiles y garantizar el acceso a los servicios (Eves & Doucet, 2023).
El contenido de la Carta incluye la prohibición del uso de armas ASAT durante conflictos o
emergencias humanitarias, una medida para prevenir la destrucción de infraestructuras
espaciales que sustentan operaciones de ayuda (Wilde, 2024). Asimismo, la Carta minimiza
la generación de desechos espaciales, un problema que afecta la sostenibilidad del entorno
orbital, y limita la capacidad operativa de satélites esenciales para la gestión de crisis (A. Carlo
& Obergfaell, 2024; Ed. Siregar et al., 2024).
En cuanto a su desarrollo, la Carta establece una red de satélites de respaldo y protocolos
para la asignación prioritaria de ancho de banda, asegurando la continuidad de servicios
críticos en situaciones de desastre o conflicto; implicando una coordinación internacional sin
precedentes, que requeriría la creación de organismos con facultades de monitoreo y sanción
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones (Wilde, 2024).
La dualidad civil-militar complica la delimitación de responsabilidades y la aplicación efectiva
de prohibiciones de los ASAT (Filho et al., 2025; Wilde, 2024; Wu & Long, 2022). La creciente
interdependencia global y la evidencia de los riesgos de la militarización del espacio impide
soluciones como la Carta propuesta, que garantiza la protección de los bienes espaciales
civiles y la continuidad de servicios esenciales para la población civil.
La carta representa un avance al marco jurídico internacional al complementar el DIH con
normas sobre el uso y protección de sistemas espaciales en emergencias, esta Carta fortalece
la cooperación internacional, garantiza la continuidad de servicios críticos y reduce el impacto
de los conflictos armados en la población civil, contribuyendo a una gobernanza espacial
responsable y humanitaria.
Responsabilidad estatal y cooperación internacional
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Los Estados tienen que promover la transparencia y la confianza mutua en sus actividades
espaciales, que implica compartir información sobre sus políticas espaciales, la ubicación de
sus satélites y la naturaleza de sus operaciones espaciales. La transparencia previene
malentendidos y reduce el riesgo de enfrentamientos espaciales (RAND, 2025; Wilde, 2024).
Los Estados consideran que la adhesión a acuerdos de notificación de lanzamientos y
maniobras en el espacio asegura una gestión del tráfico espacial y la prevención de colisiones
accidentales.
En este sentido, los Estados desempeñan un papel en la prevención de conflictos en el
espacio y la protección de la infraestructura espacial crítica; su cumplimiento de las normas
del DIH, la promoción de la transparencia y la cooperación internacional en la gestión de
desechos espaciales son componentes para garantizar que el espacio exterior sea un entorno
seguro y sostenible para operaciones humanitarias y la respuesta a desastres en todo el
mundo (Filho et al., 2025; Wilde, 2024).
Marco legal y político nacional e internacional
A nivel nacional, los Estados tienen la responsabilidad de establecer regulaciones que rijan
sus actividades en el espacio (autorización y supervisión de las operaciones espaciales), la
gestión de las frecuencias y el espectro electromagnético utilizados por los satélites, y la
adopción de medidas para prevenir la contaminación del espacio con desechos espaciales
(Klein, 2024; Kuplic & Sawmiller, 2025). La legislación nacional aborda la cooperación con
otros Estados y la cooperación con actores no estatales en el espacio. Como es bien sabido,
existen varios ejemplos de cooperación entre países y ONGs en la exploración espacial:
1. NASA y ONGs: La NASA colabora con organizaciones como Planetary Society para
promover la educación y la investigación en ciencias espaciales.
2. Agencia Espacia Europea (ESA) y Universidades: Proyectos de investigación sobre el
clima y la sostenibilidad con datos satelitales.
3. Cooperación internacional: Proyectos de la Estación Espacial Internacional (ISS) y
ONGs que contribuyen a la investigación científica y tecnológica.
Por ello, la comunidad internacional avanza hacia una regulación que contemple estas
dinámicas emergentes que aseguren un uso responsable y cooperativo del espacio exterior.
Lo anterior, presenta algunos desafíos:
1. La ausencia de un marco legal para la cooperación con actores no estatales en el
espacio, la naturaleza diversa e informal de estos actores.
2. Los intereses entre Estados y actores no estatales son divergentes, dificulta la
creación de un consenso sobre la cooperación.
3. Actores no estatales (empresas privadas) que participan en actividades espaciales, se
establece normas que regulen su comportamiento y responsabilidades.
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A nivel internacional, el régimen jurídico promueve la cooperación pacífica y previene la
militarización del espacio exterior. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967
establece principios de la prohibición del despliegue de armas nucleares y otras armas de
destrucción masiva en órbita o en cuerpos celestes, la libre exploración y uso del espacio para
fines pacíficos, y la prohibición de apropiación nacional del espacio o cuerpos celestes por
medio de soberanía, uso u ocupación (ONU, 1967; Silvester & Jah, 2025). Este tratado, es
una extensión del principio de mantenimiento de la paz y seguridad internacional consagrado
en la Carta de las Naciones Unidas, que evita que el espacio se convierta en un escenario de
conflicto armado, estableciendo un régimen jurídico a largo plazo para la gobernanza espacial
(Silvester & Jah, 2025).
Complementariamente, la Convención sobre la Responsabilidad Internacional por Daños
Causados por Objetos Espaciales de 1972 establece un régimen de responsabilidad objetiva
para los Estados por daños causados en la Tierra o en el espacio por sus objetos espaciales,
facilitando la reparación y la atribución de responsabilidades en caso de accidentes o
colisiones orbitales (Silvester & Jah, 2025); convención para gestionar los riesgos derivados
de la creciente congestión orbital y la generación de desechos espaciales.
Respecto al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 en el Artículo VII establece que:
Todo Estado parte, que promueva el lanzamiento de un objeto al espacio, es responsable
internacionalmente por los daños causados a otro Estado Parte o a sus personas físicas o
jurídicas; incluye daños en la superficie terrestre, en el espacio aéreo, y ultraterrestre (cuerpos
celestes como la Luna).
Otros instrumentos incluyen el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio
Ultraterrestre (1976), que promueve la transparencia mediante el registro de satélites y otros
objetos espaciales, y las Directrices de la ONU para la Mitigación de Desechos Espaciales
(2010), que fomentan prácticas responsables para preservar la sostenibilidad del entorno
orbital (UNOOSA, 2010).
Sobre la Convención sobre la Responsabilidad Internacional por daños causados por objetos
Espaciales de 1972 - Este tratado complementa las disposiciones del Tratado de 1967, sus
principales características son:
1. Responsabilidad Absoluta: El Artículo II, un "Estado de lanzamiento" tiene
responsabilidad absoluta por los daños causados por su objeto espacial en la
superficie de la Tierra o a aeronaves en vuelo, es decir, no se requiere demostrar culpa
para que el Estado sea responsable.
2. Responsabilidad por Culpa: En situaciones donde los daños ocurren fuera de la
superficie terrestre (espacio ultraterrestre), la responsabilidad se basa en la culpa. El
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Artículo III establece que un Estado solo será responsable si se demuestra que el daño
fue causado por su culpa o la culpa de personas bajo su responsabilidad.
3. Responsabilidad Solidaria: Cuando dos o más Estados lanzan conjuntamente un
objeto espacial, todos son responsables solidariamente por los daños causados;
permitiendo que los Estados afectados reclamen indemnización total a cualquiera de
los Estados responsables.
4. Requisitos para Reclamos: Las reclamaciones deben presentarse a nivel estatal,
una persona afectada debe solicitar a su país que presente una reclamación contra el
Estado responsable del lanzamiento.
El establecimiento de un marco legal y político a nivel nacional e internacional avala la
protección y el uso responsable del espacio exterior en el contexto de las operaciones de
ayuda humanitaria. Aquello promueve la cooperación pacífica en el espacio, y asegura que
los satélites y servicios espaciales críticos estén disponibles para proporcionar asistencia en
momentos de crisis (Eves & Doucet, 2023).
DISCUSIÓN
El marco legal/político a nivel nacional e internacional garantiza la protección, regulación y
uso pacífico del espacio exterior en el contexto del DIH y las operaciones de ayuda
humanitaria. La revisión muestra que la mayoría de los Estados carecen de políticas que
aseguren el acceso sin obstáculos a satélites y servicios espaciales críticos en situaciones de
emergencia.
Aquellos hallazgos coinciden con estudios previos de carácter regional y global que señalan
la insuficiencia de normas vinculantes para la prevención de pruebas destructivas y la gestión
de desechos espaciales como lo destacan Ed. Siregar et al. (2024); Haqq-Misra (2020) y
Hosseini et al. (2021) y organizaciones como la ONU y la ESA en sus informes de
sostenibilidad orbital. Sin embargo, a diferencia de investigaciones anteriores centradas
principalmente en la dimensión técnica de la mitigación de desechos, el estudio presente
subraya la relevancia de la responsabilidad estatal y la cooperación jurídica como variables
decisivas para prevenir conflictos y garantizar la seguridad de infraestructuras civiles en órbita.
Durante el análisis surgieron algunas inconsistencias, especialmente en la disponibilidad y
calidad de datos sobre políticas nacionales, lo que podría haber limitado la profundidad
comparativa entre negocios. Asimismo, la ausencia de registros estandarizados sobre
incidentes de pruebas antisatélite restringe la posibilidad de contrastar de forma cuantitativa
la efectividad de los acuerdos existentes; aquella limitación metodológica destaca la
necesidad de base de datos de acceso público. Pese a estas limitaciones, los resultados
confirman que la cooperación internacional y la confianza mutua son determinantes para
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enfrentar los riesgos derivados de la militarización y la congestión orbital, reafirmando la
importancia de alinear las obligaciones del DIH con los regímenes de gobernanza espacial
existentes.
El alcance de los hallazgos refuerza la idea de que, en el contexto actual de expansión de
actores y actividades en el espacio, la coordinación entre marcos legales nacionales e
internacionales es indispensable para mantener la sostenibilidad y seguridad a largo plazo.
De la misma manera los resultados concluyen que la efectividad de las operaciones
humanitarias que depende de servicios espaciales se ve comprometida si no se asegura un
entorno libre de pruebas destructivas y con una gestión responsable de desechos; conclusión
que aporta evidencia para fortalecer la percepción de la comunidad internacional sobre la
urgencia de reforzar mecanismos de verificación y transparencia.
Finalmente, a partir de lo analizado, se identifican líneas de investigación futuras orientadas
a evaluar la viabilidad de sistemas de monitoreo multilateral para verificar el cumplimiento de
prohibiciones de pruebas destructivas, así como el impacto real de los regímenes de
responsabilidad compartida en la reducción de desechos orbitales; se plantea como hipótesis
la necesidad de investigar la relación entre el fortalecimiento de capacidades jurídicas internas
y la efectividad de la cooperación internacional en escenarios de crisis humanitarias que
requieran acceso inmediato a infraestructura espacial critica.
CONCLUSIONES
El uso militar de sistemas espaciales, a pesar del deseo a largo plazo de la comunidad
internacional de explorar y utilizar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos, ha sido una
realidad desde los primeros días de la era espacial; tendencia que plantea preocupaciones en
el ámbito del DIH, ya que el creciente papel de estos sistemas en las operaciones militares
durante los conflictos armados aumenta la probabilidad de que sean objeto de ataques.
Dichos ataques conllevan riesgos para la seguridad y estabilidad en el espacio, y tienen el
potencial de causar daños graves a civiles y bienes de carácter civil en la Tierra y el espacio.
Uno de los principales problemas que plantea la militarización del espacio es el riesgo que
conlleva para la vida de civiles y la infraestructura civil en la Tierra y en el espacio. La
tecnología habilitada por los sistemas espaciales es integral para la vida moderna, y su
destrucción o inhabilitación trae consecuencias humanitarias devastadoras; incluye la
interrupción de servicios críticos como las comunicaciones, la navegación, el pronóstico
meteorológico y la gestión de desastres, todos los cuales tienen un impacto directo en la
seguridad y el bienestar de las poblaciones civiles.
La prevención de ataques a sistemas espaciales y la promoción de un uso pacífico del espacio
requieren un mayor esfuerzo de cooperación internacional y diplomacia. Los Estados deben
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trabajar juntos para establecer normas y reglas que prohíban el uso beligerante del espacio y
fomenten la transparencia en las actividades espaciales, y podría lograrse a través de
acuerdos multilaterales y tratados internacionales que establezcan salvaguardias y
mecanismos de resolución de disputas.
Siguiendo con lo anterior, la comunidad internacional debe ser consciente de las implicaciones
humanitarias de cualquier acción en el espacio ultraterrestre. Los Estados y actores no
estatales deben asumir la responsabilidad de sus actividades espaciales y abstenerse de
acciones que pongan en peligro la seguridad y el bienestar de las poblaciones civiles, incluye
la implementación de medidas de mitigación de riesgos y la promoción de la responsabilidad
en el espacio.
A medida que el espacio se convierte en un terreno estratégico cada vez más importante y el
escenario de una creciente actividad, se plantean cuestiones vitales sobre el futuro de la
seguridad espacial y la protección humanitaria en el espacio exterior. El papel de los Estados
en la prevención de conflictos espaciales es muy importante; y el cumplimiento de las normas
del DIH y la promoción de la transparencia y la confianza son principios que deben seguir
guiando las acciones de los Estados en el espacio. Sin embargo, a medida que evoluciona la
tecnología y aumenta la presión sobre los recursos espaciales, es imperativo que los Estados
fortalezcan aún más su compromiso con estos principios.
Mirando hacia el futuro, es crucial considerar la creación de un organismo internacional
dedicado a supervisar y coordinar la eliminación segura de cohetes y satélites en desuso, así
como desarrollar tecnologías innovadoras para reducir la generación de desechos. Además,
la comunidad internacional debe trabajar en la formulación de mecanismos de verificación y
rendición de cuentas efectivos para garantizar que las normas y acuerdos espaciales se
cumplan de manera adecuada.
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