Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp. 337-362
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
LA NATURALEZA DE LA SOBERANÍA POPULAR EN LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
THE NATURE OF POPULAR SOVEREIGNTY IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC
OF ECUADOR
Randi Proaño, Martín Fernando
mfrandi@sri.gob.ec;
Servicio de Rentas Internas del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0004-0283-5906
Yugcha Quinatoa, Angélica Marlene
angelica.yugcha@cortenacional.gob.ec;
Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0008-8018-9507
Cárdenas Egas, María José
majo.24022001@gmail.com;
Universidad Central del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-5993-7782
Galarza Castro, Christian Xavier
cgalarzac2@unemi.edu.ec;
Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Guayas, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4191-635X
Recibido: 12/01/2026
Revisado: 15/01/2026
Aprobado: 27/06/2026
Publicado: 01/09/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i3.4485
RESUMEN
Este estudio examina la indeterminación del término "pueblo" en la Constitución de la
República del Ecuador, en particular en su relación con la soberanía popular. La investigación
plantea que esta ambigüedad genera una brecha entre soberanía política y soberanía legal,
lo que puede poner en riesgo la estabilidad jurídica del país. Basándose en teorías jurídicas
de Austin, el autor propone una reinterpretación de la soberanía popular para garantizar la
coherencia y estabilidad institucional del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Utilizando
métodos teóricos y empíricos, se analiza el concepto de soberanía popular y se propone una
definición normativa más clara y operativa. Los resultados sugieren que la indeterminación
del término "pueblo" necesita ser resuelta mediante una definición estipulativa que permita
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distinguir la soberanía política de la soberanía legal y evitar la ambigüedad que puede afectar
el sistema jurídico.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Democracia; participación cívica; participación política;
poder político; Estado.
ABSTRACT
This study examines the indeterminacy of the term "people" in the Constitution of the Republic
of Ecuador, particularly in its relation to popular sovereignty. The research argues that this
ambiguity creates a gap between political and legal sovereignty, which could jeopardize the
country's legal stability. Drawing on legal theories by Austin, the author proposes a
reinterpretation of popular sovereignty to guarantee the coherence and institutional stability of
the Ecuadorian legal system. Using theoretical and empirical methods, the concept of popular
sovereignty is analyzed, and a clearer and more operational normative definition is proposed.
The results suggest that the indeterminacy of the term "people" needs to be resolved through
a stipulative definition that distinguishes between political and legal sovereignty and avoids the
ambiguity that can affect the legal system.
CONTENT DESCRIPTORS: Democracy; civic participation; political participation; political
power; State.
INTRODUCCIÓN
La soberanía popular en la Constitución de la República del Ecuador, y particularmente en el
art. 1, plantea una cuestión fundamental: ¿cuál es el significado jurídico que "la soberanía
radica en el pueblo"? Esta expresión introduce una ambigüedad que puede generar diversas
interpretaciones. Desde la teoría del derecho positivista, acorde Austin (1832), para que un
mandato sea vinculante el soberano quien lo emite, debe ser claramente identificado (Mannan
et al, 2025).
En este sentido, la noción de soberanía popular, tal como está planteada en la Constitución,
resulta problemática, porque no especifica quién dentro del pueblo ejerce esa soberanía de
manera concreta. Esta indeterminación del pueblo como soberano entra en conflicto con la
idea de Austin de un superior determinado necesario para el funcionamiento efectivo de un
sistema jurídico (Silva et al., 2023).
La problemática central que surge de esta indeterminación se encuentra en la confusión de
las soberanías política y legal. La afirmación de que la soberanía radica en el pueblo, sin
mayor precisión, podría generar interpretaciones erróneas que permitan que la voluntad del
pueblo sea vista como suficiente para invalidar procedimientos legales establecidos (Gallego,
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2025). Esto podría socavar la estabilidad del sistema jurídico ecuatoriano, afectando la
coherencia de las instituciones y generando inseguridad jurídica.
En este sentido, la hipótesis planteada es que la indeterminación del término pueblo en la
Constitución de la República del Ecuador generaría un vacío entre la soberanía política y la
soberanía legal, lo que puede poner en riesgo la estabilidad del sistema jurídico. La propuesta
es reinterpretar la soberanía popular tomando en cuenta las teorías de John Austin, con el fin
de ofrecer una distinción más clara entre ambas soberanías y garantizar la coherencia y
estabilidad institucional del orden jurídico ecuatoriano.
El objetivo de la investigación es analizar la indeterminación del término "pueblo" en la
Constitución del Ecuador y su impacto en la soberanía política y legal, proponiendo una
reinterpretación de la soberanía popular para garantizar la estabilidad jurídica del país.
MÉTODOS
La investigación sobre la indeterminación de la soberanía popular se clasifica como cualitativa,
de tipo documental y con un alcance descriptivo-explicativo. Su carácter cualitativo según
Guamán et al. (2021) radica en el enfoque interpretativo que se dará a conceptos abstractos
y fenómenos jurídicos, como la soberanía y el mandato, a diferencia de un análisis
cuantitativo. El tipo documental se debe a que la fuente principal de datos son textos teóricos,
normativos y jurisprudenciales que permiten una comprensión profunda de los conceptos
involucrados. El alcance descriptivo-explicativo implica que primero se describirán las
contradicciones entre la teoría positivista clásica y el constitucionalismo moderno, para luego
explicar cómo la adaptación de las teorías de Austin y Dicey resuelve la ambigüedad del
término "soberanía popular" presente en la Constitución de la República del Ecuador.
En el ámbito de las Ciencias Jurídicas, conforme Guamán et al. (2021) esta investigación se
encuadra dentro de la categoría dogmática-jurídica y teórico-conceptual. Se considera
dogmática ya que se analiza el contenido interno y la coherencia lógica del ordenamiento
jurídico, específicamente en relación con la constitución ecuatoriana y la naturaleza de la
norma, sin recurrir a explicaciones sociológicas externas. Asimismo, es teórico-conceptual
porque se busca redefinir y precisar categorías jurídicas clave, como "soberano" y
"electorado", para dotarlas de una operatividad técnica que permita contrastar el "deber ser"
constitucional con la realidad operativa del poder político.
En cuanto a los métodos empíricos, se aplicará principalmente el análisis documental, el cual
consistirá en una revisión exhaustiva de las fuentes primarias y secundarias. Esta revisión
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permitirá extraer los argumentos que sustentan la hipótesis de la indeterminación del término
"pueblo" en la Constitución ecuatoriana y su posible solución.
La población de estudio incluye el corpus teórico del positivismo jurídico anglosajón (siglos
XIX-XXI) y los textos constitucionales de las democracias representativas modernas, con
especial énfasis en la tradición latinoamericana que consagra la soberanía popular. La
muestra será no probabilística e intencional. En la muestra teórica se seleccionarán las obras
de Austin (1832) y Dicey (1915).
RESULTADOS
La Validez Jurídica del Concepto de "Pueblo": De la Ambigüedad Natural a la
Estipulación Normativa
Otorgar validez jurídica a una definición de una palabra tomada del lenguaje natural, como
pueblo, exige abandonar la expectativa de que el derecho descubra un significado verdadero,
único o prejurídico. Así, el derecho opera mediante decisiones institucionales que fijan usos
lingüísticos con efectos prácticos, y por eso la validez de la definición no depende de su
correspondencia con una esencia metafísica, sino de su adopción normativa y de su
capacidad para cumplir fines del sistema.
En este marco, según Atria (2024) en la definición de pueblo si se considerare un objeto dado,
su voluntad se podría reconocer de manera empírica. No obstante, se lo puede reconocer
más como una regla de uso porque “el pueblo” solo podría existir por medio de procedimientos
jurídicos que lo objetiven. Así, la validez jurídica aparece cuando el ordenamiento decide —
por ejemplo— si pueblo será el cuerpo electoral inscrito, la ciudadanía en sentido formal, o
una categoría funcional equivalente, sustituyendo la búsqueda ontológica por una regla
operativa.
La palabra pueblo conforme lo indica Baquerizo (2022) se pude tomar en cuenta en el sentido
político; más no, jurídico. Para que tenga esta connotación jurídica debe superar su textura
abierta e indeterminación para darle una categoría jurídica a través de la materialización de la
norma. De ahí Toxanbayeva et al (2025) indica que los términos en el lenguaje general pueden
adquirir diferentes significados en el contexto jurídico, para limitarlos y que operen
objetivamente es necesario su materialización en la ley. Aunque esta rigidez parezca artificial
frente a la fluidez sociológica del pueblo como fenómeno histórico y cultural, cumple una
función de garantía: construir esquemas abstractos relativamente estables permite que la
coacción jurídica se aplique de modo controlable y que las expectativas de los destinatarios
no queden libradas a intuiciones políticas cambiantes (Frieiro, 2025).
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Sin embargo, Atria (2024) el problema no solo es la vaguedad. Pueblo también es una palabra
emotiva: su empleo busca adhesión o rechazo en lugar de describir hechos. En particular,
Baquierizo (2022) menciona que, si se toma una concepción material del pueblo dejando de
lado lo jurídico y se afianza los ideales populares, solo se podrá valorar políticamente
orientándose a la coyuntura ideológica, así se pierde toda precisión jurídica. Por eso, una
definición jurídicamente válida debe distinguir el uso persuasivo del uso operativo: no para
expulsar el valor simbólico del término, sino para neutralizarlo en el plano técnico, evitando
que la emotividad sustituya a los criterios normativos de inclusión, representación o titularidad.
Si la definición se deja capturar por la retórica, pueblo se convierte en consigna; si se somete
a estipulación y tipificación, se convierte en herramienta de regulación (Kritsch et al., 2024).
La consolidación de la validez jurídica se alcanza cuando, además, se renuncia a la pregunta
esencialista por la naturaleza jurídica del pueblo, entendida como una supuesta entidad
escondida detrás del texto normativo. Plantear ¿qué es el pueblo? como si existiera una
respuesta ontológica conduce con facilidad a disputas verbales estériles, porque lo
jurídicamente relevante no es una esencia, sino el régimen de normas que organiza
competencias, procedimientos y efectos vinculados a esa palabra (Urbinate, 2023).
En este sentido, según Hernández (2025) la naturaleza jurídica no puede entenderse como
un ente material, sino fabricado. Estas figuras se consideran como un status que produce el
derecho por medio de reglas materiales. En consecuencia, la validez jurídica del concepto
pueblo no surge de su ambigüedad natural ni de su potencia simbólica, sino del tránsito hacia
la estipulación normativa, la reducción de vaguedad mediante tipificación, la neutralización de
la carga emotiva en el plano operativo y el abandono de esencialismos que oscurecen la
función regulativa del lenguaje jurídico.
Validez operativa en la norma
La validez de una norma no se agota en su existencia formal dentro del ordenamiento, porque
el hecho de que un enunciado haya sido producido por el órgano competente y mediante el
procedimiento previsto solo acredita su vigencia o validez formal, mas no garantiza que ese
enunciado pueda gobernar conductas, orientar decisiones públicas o sostener reclamos
jurídicos de manera consistente.
En este punto, García (2021) menciona que la validez operativa puede entenderse como la
pertinencia de las normas al sistema jurídico en su dimensión formal, es necesario que
también atienda a los parámetros de creación formal, así como las consecuencias jurídicas.
Esta exigencia se vuelve decisiva en el derecho constitucional, donde se emplean con
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frecuencia expresiones de fuerte carga simbólica, que movilizan adhesión política, pero que
presentan riesgos de indeterminación en su traducción técnica.
El problema conforme Atria (2024) menciona se profundiza cuando el contenido normativo se
configura a través de términos que se utilizan en el lenguaje ordinario y se identifican como
de textura abierta, esto es, que dentro del diagrama hartiano se verifiquen candidatos neutros
dentro de su aplicación. En una cláusula del Art.1 de la Constitución (2008) como “la soberanía
radica en el pueblo”, la palabra pueblo opera simultáneamente como fuente de legitimidad y
como categoría jurídica que debería permitir identificar quién decide, por qué canales decide
y con qué efectos.
Sin embargo, Gárdos (2021) manifiesta que la palabra pueblo no es una entidad material, sino
que tiene un contenido metafísico, se lo considera como un sujeto colectivo. En esa línea,
García (2022) menciona que para la doctrina el pueblo es una entidad natural con capacidad
de querer, sentir y pensar. Pero puede tratarse también de un concepto normativo, un sistema
de actos individuales con consecuencias jurídicas.
Por eso, Mufatto (2023) menciona que la validez operativa o autoridad legal puede modificar
las reglas del lenguaje jurídico específico en un nivel semántico, esto en búsqueda de exponer
y gestionar conflictos. En este sentido el discurso legal se formaliza en función de la semiótica,
siendo más independientes del debate lingüístico ordinario. Aquí Barber (2021) menciona que
son las instituciones estatales por medio de la legislación y la función jurisdiccional quienes
definen el significado de pueblo.
Esta operación según Malave et al. (2025) es especialmente importante porque pueblo no
equivale automáticamente a nación como símbolo, ni a ciudadanía como estatus de derechos
y deberes; jurídicamente, su uso debe ser depurado para que no se confundan planos de
legitimidad política con reglas de decisión vinculante, de modo que el término conserve
potencia democrática sin perder precisión aplicativa. En un sentido técnico, Bielska et al.
(2024) mencionan que la validez operativa no forma parte de la norma desde su nacimiento,
sino que se configura cuando los intérpretes logran objetivar el significado de los términos que
adolecen de vaguedad para que sea consistente en la práctica jurídica.
De este modo, la validez operativa se cumple cuando el derecho convierte un término retórico
y potencialmente vago en una herramienta técnica: delimitada por definiciones estipulativas,
aplicable por órganos competentes, exigible mediante garantías y estabilizada por criterios de
adjudicación que reduzcan la penumbra semántica. Sin esa conversión, “pueblo” permanece
como un significante de legitimación política que inspira el orden constitucional, pero que no
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alcanza, por sí solo, la precisión requerida para producir consecuencias jurídicas predecibles
y controlables.
Desmitificación de la naturaleza jurídica o esencia de las instituciones
La desmitificación de la naturaleza jurídica o de la esencia de las instituciones implica romper
con una intuición arraigada en la dogmática clásica: la idea de que los conceptos jurídicos
poseen un contenido ontológico previo que el jurista solo debe descubrir y describir. En el
caso del término pueblo, esa intuición conduce a una expectativa metafísica como entidad
unitaria, identificable y estable, cuya naturaleza jurídica puede ser revelada por la
interpretación. Sin embargo, esta búsqueda de una esencia inmutable opera como un
espejismo metodológico, porque desplaza el problema real —cómo funciona el concepto
dentro de un régimen normativo concreto— hacia una pesquisa que no puede verificarse ni
resolverse con criterios jurídicos.
En esa línea crítica, Atienza (2023) advierte que el derecho ya no vendría a ser un objeto que
la teoría debe describir, sino es una empresa o actividad que se fija en los fines y valores que
debe alcanzar. Desmitificar pueblo significa dejar de tratarlo como un dato natural y asumirlo
como una construcción técnico-lingüística. La validez de la palabra no depende de su verdad
metafísica, sino de una decisión estipulativa que fija reglas de uso dentro del sistema jurídico.
Atria (2024) definir no significa describir una entidad prejurídica, sino afianzar un criterio
operativo que lleve asumir competencias, legitimar procedimientos y generar consecuencias
jurídicas debido al control. Según Sartor (2024) aunque es pertinente la visión de Ross en
cuanto a la simplificación de los conceptos, no es del todo cierto que las palabras son carentes
de significado. Una calificación jurídica precisamente se da por un rol inferencial, el conjunto
de reglas permite transitar desde premisas hasta conclusiones.
Bajo esta clave, Eoin (2021) el pueblo como agente singular para crear una constitución o ley
es algo que ha sido muy analizado. No obstante, esta percepción tiene una esencia metafísica
porque carece de una base empírica sociológica. Lo dicho porque atribuye coherencia e
inclusive intencionalidad a una unidad que es difusa e incoordinada por naturaleza.
Históricamente esta idea se centra como una técnica de legitimación política en un contexto
retórico para racionalizar el orden político. El gran error es que se ha concebido de esa
manera, sin una base material careciendo de una teoría descriptiva. Por eso, validar
jurídicamente el concepto no consiste en probar su existencia ontológica, sino en aceptar y
controlar la inferencia material que va del hecho social relevante a la consecuencia normativa
prevista.
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La desmitificación también exige reconocer que el significado no es preconstituido, sino
atribuido. Según Plunkett (2023) la indeterminación en el sistema jurídico no depende de las
bases objetivas del lenguaje normativo. Se puede entender que las principales fuentes de
indeterminación son las siguientes: la pluralidad de métodos de interpretación, la
jurisprudencia y la dogmática, el sentido de justicia de quienes la interpretan.
Esta constatación según Atienza (2023) la ciencia jurídica integra el sistema normativo a
través de la investigación crítica respecto de anomias y antinomias, generando opciones para
su resolución. Esta ciencia está encaminada a la práctica. En cambio, los conceptos que
estructura la dogmática jurídica y la organización del material jurídico se dan más en un
contexto funcional, que permite la racionalidad en la aplicación del material normativo. La
discusión, por tanto, se desplaza desde qué es el pueblo hacia cómo debe ser usado el
término para cumplir funciones constitucionales sin producir ambigüedad.
En esa transición, conforme Ramírez (2023) aparece un efecto estructural: al abandonar el
imaginario—donde las instituciones se conciben como poderes absolutos del individuo frente
al Estado— se abre un paradigma en el que la legitimidad institucional se ancla en el pueblo
como titular de la soberanía y, por ello, como fundamento de límites y cargas a los derechos
individuales en favor de finalidades públicas. En palabras de Plunkett (2023) la institución no
reside en la voluntad individual soberana y se contextualiza en la utilidad pública y el bien
común, esto es un parámetro normativo más no una propiedad del concepto. En este marco,
pueblo actúa como motor de legitimidad para exigir que las instituciones funcionen conforme
a su finalidad y no conforme a una supuesta naturaleza metafísica invariable.
Este giro según Atria (2024) se conecta directamente con la validez operativa. La palabra
pueblo tiene un significado emotivo que facilita adhesión, pero esa potencia simbólica, si no
se tipifica, debilita la capacidad del derecho para operar con precisión, porque incrementa la
zona de penumbra y habilita usos estratégicos del término para justificar conclusiones
incompatibles entre sí.
La desmitificación, por tanto, según Sánchez (2022) no debilita al pueblo como fundamento
democrático, sino que lo hace jurídicamente trabajable: lo convierte de consigna en categoría
de imputación. La normativización es propia del Derecho porque los fines se desprenden de
la naturaleza ontológica en su materialización.
Interpretación sistemática de la palabra pueblo en la Constitución de la República del
Ecuador
Una interpretación sistemática de la palabra pueblo en la Constitución de la República del
Ecuador obliga a entender el texto como un todo coherente, donde el término adquiere sentido
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según su función dentro de la arquitectura constitucional y no como una simple consigna de
unidad.
En el Preámbulo, pueblo aparece como sujeto constituyente que se atribuye la decisión
fundante (“en ejercicio de nuestra soberanía… nos damos la presente”), y en el artículo 1 se
transforma en una regla de atribución y canalización del poder: la soberanía “radica en el
pueblo”, pero su ejercicio se realiza jurídicamente “a través de los órganos del poder público
y de las formas de participación directa previstas en la Constitución” (Constitución de la
República del Ecuador, 2008). Leída así, la soberanía popular no se presenta como voluntad
desnuda capaz de reemplazar al procedimiento, sino como fuente de legitimidad que debe
expresarse mediante cauces institucionales prefigurados por la propia Constitución
(Merizalde, 2019).
Esa lectura orgánica también impide asumir que pueblo designa una masa uniforme, porque
el texto constitucional pluraliza el concepto y lo distribuye en sujetos colectivos concretos. La
Constitución (2008) en el Art.56, Art.57, y Art.60 reconoce que “las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas”
forman parte del Estado único e indivisible, garantiza derechos colectivos a comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y habilita la conformación de
circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias para preservar
identidades culturales. En consecuencia, pueblo opera como un concepto puente: sostiene la
unidad política del Estado sin borrar la diversidad plurinacional, y convierte esa diversidad en
titularidad jurídica, evitando que la soberanía sea interpretada como homogeneización.
Cuando el texto desciende del plano constituyente al plano de organización del poder, pueblo
aparece como fuente de legitimidad, pero también como sujeto activo de control. El artículo
95 impone una participación protagónica individual, además de un control popular permanente
sobre instituciones del Estado y sus representantes, articulando democracia representativa,
directa y comunitaria (Constitución de la República del Ecuador, 2008). El artículo 96 ibidem,
reconoce todas las formas de organización social como expresión de soberanía popular para
autodeterminación, incidencia en decisiones y políticas públicas, y control social incluso
respecto de entidades privadas que presten servicios públicos. Esta lógica se refuerza en el
artículo 204 ibidem, que ya no trata al pueblo como metáfora, sino como mandante y primer
fiscalizador del poder público, cerrando el circuito entre soberanía, participación y control
institucional.
La clave de operatividad aparece cuando la Constitución convierte pueblo en sujetos
jurídicamente determinables para decidir y producir consecuencias. Los derechos de
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participación del artículo 61 tipifican la capacidad de elegir y ser elegido, participar en asuntos
públicos, fiscalizar actos del poder, revocar mandatos y activar la iniciativa normativa
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).
El artículo 62 ibidem, delimita el voto al universo de personas en goce de derechos políticos,
con reglas de obligatoriedad y facultatividad. Esa determinación se profundiza en la
democracia directa: la iniciativa popular normativa, la consulta popular y la revocatoria del
mandato se estructuran sobre umbrales verificables de personas inscritas en el registro
electoral, con porcentajes y condiciones que vuelven ejecutable la soberanía en base al
Art.103, 104 y 105 ibidem. Bajo una lectura sistemática, esto confirma que el pueblo soberano
no opera como una voluntad indeterminada, sino como soberanía jurídicamente canalizada
mediante categorías técnicas que permiten convertir la legitimidad en decisión válida.
En ese mismo marco se entiende la relación entre pueblo y Función Legislativa: la soberanía
popular no se agota en elegir representantes, sino que se integra al proceso de producción
normativa mediante reglas de intervención. La iniciativa popular normativa del artículo 103
permite que la ciudadanía active directamente el procedimiento legislativo ante la Función
Legislativa (u órgano competente), con respaldo mínimo del registro electoral y con
participación de sus representantes en el debate, imponiendo además un plazo constitucional
de tramitación (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
De manera concordante, el artículo 134 ibidem reconoce la iniciativa para presentar proyectos
de ley a la ciudadanía en goce de derechos políticos y a organizaciones sociales con el
respaldo requerido, garantizando que quienes proponen puedan participar en el debate
personalmente o por delegados. Esta apertura se completa con el artículo 137 ibidem, que
habilita la intervención ciudadana en la etapa deliberativa: cualquier persona con interés en el
proyecto o que considere que sus derechos podrían afectarse puede acudir a la comisión
legislativa y exponer argumentos, lo que convierte al pueblo en actor procedimental dentro de
la formación de la ley y no solo en destinatario pasivo de sus efectos. Así, la Función
Legislativa queda sistemáticamente vinculada al pueblo como fuente del mandato, pero
también como límite y orientación, porque el proceso legislativo incorpora canales formales
de deliberación y control desde la ciudadanía.
La Constitución en el Art.108 y Art.167 proyecta el pueblo como criterio transversal de
legitimación del sistema político y jurídico: los partidos y movimientos se conciben como
expresiones de la pluralidad política del pueblo y se someten a exigencias de democracia
interna, alternabilidad y rendición de cuentas, y la potestad de administrar justicia emana del
pueblo, aunque se ejerza por los órganos constitucionales competentes (Constitución de la
República del Ecuador, 2008). En conjunto, la palabra pueblo no describe una esencia fija,
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sino un nodo constitucional que articula titularidad originaria de soberanía, pluralidad de
colectivos con derechos, participación y control social, y, de manera decisiva, la producción
normativa a través de la Función Legislativa mediante mecanismos que vuelven operativa la
soberanía popular dentro del procedimiento constitucional.
Definición teórica de soberanía
En teoría jurídica, la soberanía se entiende como la autoridad suprema que explica por qué
ciertos mandatos cuentan como derecho y por qué se exige obediencia dentro de un orden
político. En la tradición positivista, esa supremacía no puede descansar en abstracciones,
porque una autoridad indeterminada no permite atribuir con certeza la autoría del mandato ni
sostener un criterio estable de validez.
Desde esta premisa, Autin (1832) sostiene que la sociedad se organiza políticamente. Austin
define al soberano como entidad colectiva con poder supremo al que la sociedad política se
somete. En una dimensión positiva, este poder ordena porque se obedece de manera regular
y negativo cuando no obedece a otros poderes. El soberano se reconoce como la fuente del
derecho y la ley como su herramienta para su ejecución.
En consecuencia, expresiones como el pueblo o la voluntad general serían, para Austin,
fórmulas demasiado vagas para funcionar como criterio técnico de producción normativa,
precisamente porque un sujeto indeterminado no puede emitir mandatos corporativos ni ser
identificado como emisor unitario del derecho. Sin embargo, esta pretensión de determinación
y rigidez conceptual recibe una crítica decisiva desde la perspectiva histórica de Priyasha
(2021) los funcionarios británicos en las colonias bajo la influencia de Maine reconocieron que
la soberanía era divisible. Esto llevó a que se configure un sistema legal alejándose
parcialmente del principado, pero manteniéndolo como parte del proyecto imperial.
Más aún, Tamanaha (2021) discute la visión monista del Estado de derecho porque los
imperios en el tiempo si bien lograron afianzar su dominio lo hacía a través de leyes
comunitarias. Esto deja entender que la concepción monista es incompatible con otras
visiones del Estado. En esta lectura, Loughlin (2022) sostiene que la soberanía no se ejerce
aislándose en lo objetivo, sino que se condiciona por la política y el fin de las leyes, en donde
se plantean límites a la voluntad gubernamental. Con ello, Maine no niega la existencia de
autoridad suprema, pero sí debilita la pretensión de que su estructura sea siempre
determinable y reducible a mandato.
Dicey (1915) acepta la idea del derecho positivo que depende de una autoridad, pero distingue
dos maneras de soberanía para evitar confundir la supremacía jurídica con la realidad
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democrática. Así, la soberanía legal reside en el Parlamento y ostenta la potestad jurídica
generar leyes; por ello, ningún órgano judicial podría invalidar una ley parlamentaria, ni
existiría diferencia formal entre leyes constitucionales y ordinarias.
Al mismo tiempo, Dicey (1915) separa esa supremacía normativa del plano político. La
soberanía política reside en el electorado. La compatibilidad entre ambos planos se sostiene
mediante convenciones constitucionales, reglas de moralidad política que no anulan la validez
legal de la ley, pero condicionan la legitimidad y la estabilidad del sistema, evitando que la
supremacía jurídica derive automáticamente en arbitrariedad política.
Los pluralistas y la soberanía
La perspectiva pluralista surge como una impugnación directa a la idea monista de soberanía
entendida como un poder supremo, indivisible y concentrado en un único centro estatal. Para
los pluralistas, el punto de partida no es la búsqueda de un soberano único que emite
mandatos jurídicamente ilimitados, sino el reconocimiento de que la sociedad está compuesta
por múltiples asociaciones con autoridad efectiva —sindicatos, iglesias, gremios,
comunidades y organizaciones— cuyas normas internas, lealtades y capacidades de
coordinación influyen materialmente en la conducta social.
En ese marco, Fabre (2024) menciona que el Estado soberano no puede descartar a los
grupos sociales. El hombre es parte del Estado por tanto este último no puede imponerse
sobre los demás. La consecuencia teórica es: si el poder real está distribuido y si la obediencia
social se fragmenta en múltiples pertenencias, entonces la soberanía no puede describirse
adecuadamente como una propiedad exclusiva e indivisible del Estado, sino como una
relación dinámica de autoridad que se negocia y se disputa en distintos niveles.
Este enfoque pluralista cuestiona, por tanto, la pretensión de que la soberanía sea indivisible.
El pluralismo jurídico se opone al dominio del derecho positivo. El pluralismo legal se reconoce
como una característica de la vida en sociedad porque las personas están sometidas a la
norma. La resolución de las controversias sociales se entiende mejor en una base de legalidad
democrática (Meiyani & Hayan, 2026). La unidad del derecho en el fundamento de la
soberanía no es complementaria sino toma en cuenta la autoridad social como parte de la
legalidad entrelazada (Hamann & Ruiz, 2008). La tesis de fondo es que el monismo soberano
simplifica el fenómeno del poder, pero lo hace al precio de invisibilizar la pluralidad efectiva
de centros de decisión, las zonas de autonomía social y el conflicto legítimo entre proyectos
colectivos.
La pluralidad no se limita a multiplicidad de grupos; también se expresa como multiplicidad de
perspectivas y conflictos inevitables sobre lo público. A nivel histórico se han ido formando
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visiones plurales en donde pretenden unificar la concepción de las decisiones soberanas
(Conti, 2021).
Esta crítica tiene un alcance conceptual: si la política es conflicto persistente entre visiones,
entonces la soberanía entendida como unidad absoluta tiende a convertirse en un mito
justificatorio que, más que describir, pretende cerrar el disenso por vía de autoridad. En
cambio, el pluralismo asume el desacuerdo como dato y busca institucionalizarlo mediante
formas de reparto de poder y reconocimiento de autonomías.
El pluralismo se encuadra en la descentralización de la autoridad. Aquí el poder no solo es el
Estado central sino en la distribución de competencias. Este punto revela el choque frontal
con el modelo monista, porque una teoría que exige un soberano único y jurídicamente
ilimitado tiene dificultades para explicar arreglos donde la autoridad se difunde —por ejemplo,
federalismos, separaciones de poderes robustas o sistemas con frenos y contrapesos—. Para
el pluralismo, esa difusión no es un defecto del sistema, sino precisamente el modo en que se
evita que el poder se absolutice y se garantiza que la autoridad sea controlable.
El pluralismo según Kumar (2025) cambia la concepción de legitimidad: ya no se apoya en la
estructura lógica base de la norma que es el mandato y la sanción, busca la estabilidad política
a partir de consensos en base al fundamento axiológico del derecho. En ese sentido, la
soberanía deja de ser una potestad que se impone desde arriba como voluntad incontestable,
y pasa a concebirse como una cualidad difusa que se sostiene en una red de normas,
derechos y acuerdos que limitan y distribuyen el poder.
Bagni et al. (2024) consideran que, para el pluralismo democrático moderno, el Estado es
legítimo cuando reconoce que su autoridad es compartida con la sociedad, y coordina las
diversas funciones de la vida colectiva. La mirada pluralista desmitifica la soberanía como
atributo absoluto del Estado y la reconstruye como un fenómeno inherentemente fragmentado:
un orden de autoridad compartida que debe explicarse por la coexistencia de asociaciones,
conflictos y consensos, más que por la ficción de un único centro soberano omnipotente.
Laski como representaste del pluralismo y su crítica al concepto de soberanía
Laski, como representante del pluralismo, cuestiona el concepto clásico de soberanía porque
lo considera una construcción teórica que, al pretender explicar la autoridad política como un
poder único, absoluto e indivisible, termina ocultando la estructura real de la vida social. Su
crítica se dirige especialmente al modelo monista y legalista asociado a John Austin, en el
cual la soberanía se concentra en un superior determinado que emite mandatos y recibe
obediencia habitual.
Randi Proaño; Yugcha Quinatoa; Cárdenas Egas; Galarza Castro
350
Para Laski, citado por Baquerizo (2022), esta visión no describe la distribución de la autoridad
en la sociedad. El poder en esta realidad no es concentrado, sino que se diversifica para que
se traduzcan en normas. Así, la soberanía no solo se divide, sino que se congrega en
asociaciones. Desde esta perspectiva, se critica la teoría del derecho como mandato, pues la
lógica del mandato y la sanción es muy simplista a la realidad que interviene, pues aquí no
solo existe la coerción, sino hábitos y costumbres que materializan la norma.
De ahí que, para él, la fuente última del derecho no sea el soberano coercitivo, sino la
conciencia individual y las razones que llevan a las personas a reconocer como obligatorias
ciertas reglas dentro de sus comunidades y asociaciones. Esta tesis invierte el enfoque
austiniano: en lugar de partir del mandato para justificar la validez, parte de la experiencia
social de la obligatoriedad para mostrar que el derecho se sostiene en una pluralidad de
centros de autoridad y en la interiorización de normas, no en la sola verticalidad del Estado.
La consecuencia más radical de la crítica laskianna es metodológica: sostiene que la teoría
legal de la soberanía no resulta válida para la filosofía política, porque la pretensión de un
Estado soberano omnipotente se desmorona cuando se la contrasta con los hechos de la
realidad social, donde la autoridad es inevitablemente fragmentada y negociada.
Teorías de John Austin y Albert Venn Dicey sobre la soberanía del parlamento
En la tradición positivista, la soberanía del Parlamento se formula como un problema de
identificación de la autoridad última que produce derecho válido. John Austin parte de una
exigencia metodológica estricta: solo puede llamarse soberano a un superior humano
determinado, esto es, una persona o un cuerpo de personas identificable que recibe
obediencia habitual de la mayoría y que no obedece habitualmente a otro superior semejante.
Esta determinación no es un detalle secundario, sino la condición que vuelve operativa la idea
de soberanía en un sistema jurídico, porque permite atribuir con certeza los mandatos que se
convierten en leyes. Desde esa perspectiva, Austin rechaza que nociones abstractas como el
pueblo o la voluntad general puedan funcionar como soberano, precisamente por su
indeterminación para emitir comandos corporativos.
El problema según Raz (1984) aparece cuando intenta describir la realidad británica: al
sostener que la soberanía se ubicaba en el Rey, la Cámara de los Lores y el electorado, y al
tratar a la Cámara de los Comunes como fiduciaria (trustee) del electorado, Austin termina
incorporando dentro del soberano a un sujeto político que su propio método consideraría
difuso, tensionando su tesis monista de una soberanía indivisible y concentrada en un superior
determinado.
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Dicey (1915) comparte el punto de partida austiniano en lo esencial —la ley es válida por su
origen en una autoridad suprema—, pero considera que el error no está en la idea de
supremacía jurídica, sino en confundir quién es el soberano en el plano del derecho y quién
lo es en el plano de la política. Por eso, Dicey redefine la soberanía parlamentaria ubicando
al soberano legal exclusivamente en el “Rey en el Parlamento” (Queen-in-Parliament), esto
es, el Rey (o la Reina) con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes actuando
conjuntamente.
La tesis de Dicey (1915) es que el Parlamento posee capacidad jurídica para hacer o deshacer
cualquier ley, que no existen límites legales internos que distingan entre normas
constitucionales y ordinarias, y que ningún órgano —incluidos los tribunales— puede invalidar
un acto del Parlamento por considerarlo inconstitucional o contrario a principios morales. Con
ello, Dicey preserva la determinación del soberano en términos jurídicos, pero niega que el
electorado forme parte del soberano legal, corrigiendo la mezcla conceptual que le atribuye a
Austin.
La divergencia decisiva entre ambos está en cómo explican la relación entre autoridad jurídica
y poder democrático. Austin, por su enfoque monista, tiende a absorber en una sola figura la
supremacía legal y la obediencia social, lo que lo lleva a soluciones poco estables cuando
enfrenta un régimen representativo donde la voluntad electoral condiciona de hecho el
gobierno.
Dicey (1915) resuelve esa fricción distinguiendo soberanía legal y soberanía política: el
Parlamento es soberano legal porque su legislación es jurídicamente irresistible, mientras que
el electorado es soberano político porque su voluntad opera como límite práctico último sobre
el comportamiento del Parlamento, aunque no sea fuente directa de validez jurídica para los
jueces. Esta separación no debilita la soberanía parlamentaria, sino que la hace
conceptualmente coherente: permite afirmar la omnipotencia legal del Parlamento sin negar
que, en una democracia, esa omnipotencia se ejerce bajo presión y responsabilidad ante los
electores.
La discusión sobre límites muestra la misma lógica. Austin sostiene que el soberano no puede
estar legalmente limitado por el derecho positivo, porque sería contradictorio que la fuente de
la ley quedara jurídicamente atada por sus propias normas; los frenos relevantes serían
extrajurídicos (opinión pública, moral social), pero no límites legales. Dicey coincide en la
inexistencia de límites legales al Parlamento, pero añade una pieza explicativa clave: las
convenciones constitucionales.
Randi Proaño; Yugcha Quinatoa; Cárdenas Egas; Galarza Castro
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Estas reglas de moralidad política según Dicey (1915) no anulan la validez jurídica de la ley
parlamentaria, pero estructuran la práctica institucional para que el soberano legal no se
divorcie del soberano político, garantizando que el poder legislativo, aunque jurídicamente
absoluto, se mantenga políticamente responsable y, por tanto, estable. En síntesis, Austin
ofrece una teoría potente para fundar la validez legal en un soberano determinado, pero
tropieza al intentar integrar la democracia representativa en un esquema monista; Dicey
conserva la supremacía jurídica del Parlamento, pero la vuelve compatible con la dinámica
democrática al separar lo legal de lo político y explicar su articulación mediante convenciones.
Características esenciales del parlamento soberano
Un Parlamento soberano, en la formulación clásica de Dicey, se define por la idea de
supremacía legislativa: la ley es lo que el Parlamento establece como tal, y esa capacidad no
depende de un control jurídico externo que pueda invalidarla. La primera característica
esencial es, por ello, su poder legislativo ilimitado, entendido como el derecho de hacer o
deshacer cualquier ley sobre cualquier materia.
Esta omnipotencia en palabras de Dicey (1915) no significa que el Parlamento siempre legisle
sin costos políticos, sino que, en términos estrictamente jurídicos, no existe un límite normativo
superior que le prohíba regular un asunto por razón de contenido, incluyendo materias
constitucionales, ordinarias o incluso decisiones legislativas que resulten impopulares o
controversiales.
La segunda característica según Dicey (1915) consiste en la ausencia de revisión judicial
capaz de anular la legislación parlamentaria. Bajo esta tesis, ninguna persona o cuerpo es
reconocido por el derecho como competente para dejar sin efecto un Acto del Parlamento: los
tribunales aplican la ley por su origen parlamentario, no por un examen de compatibilidad con
un texto constitucional rígido, como ocurriría en sistemas donde la constitucionalidad se
controla judicialmente. En términos diceyanos, la validez legal de la ley parlamentaria se
impone a los jueces, aunque el contenido entre en tensión con doctrinas previas del common
law o con estándares externos, precisamente porque el Parlamento es el soberano legal del
sistema.
La tercera característica según Dicey (1915) esencial es la imposibilidad de atar a sus
sucesores. La soberanía parlamentaria se preserva en el tiempo solo si cada Parlamento
conserva plena capacidad de legislar sin quedar jurídicamente subordinado a decisiones
pasadas: un parlamento no puede dictar una norma inamovible que un posterior no pueda
derogar o reformar, porque eso implicaría transferir soberanía hacia el pasado y reducir la
libertad normativa futura. Esta regla asegura la continuidad de la omnipotencia legislativa,
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evitando que el poder soberano se congele mediante leyes irreformables dentro del propio
sistema parlamentario.
Distinción de la soberanía legal y la política
La distinción entre soberanía legal y soberanía política se vuelve necesaria cuando se advierte
que soberanía no nombra un solo fenómeno, sino dos planos que suelen confundirse: el plano
de la autoridad jurídica formal para producir derecho válido y el plano del poder fáctico que
orienta, condiciona y, en última instancia, hace obedecible el gobierno.
Dicey (1915) populariza esta separación precisamente para reconciliar una tesis fuerte —la
supremacía legislativa— con un hecho igualmente fuerte —la dinámica democrática—. En el
primer plano, la soberanía legal es un concepto de abogado: identifica al órgano cuyas
decisiones cuentan como ley para los tribunales, con independencia de su mérito moral o de
su aceptación social inmediata. Por eso se la describe como absoluta y determinada, capaz
de hacer o deshacer cualquier ley sin restricciones jurídicas internas, y, correlativamente,
inmune a una revisión judicial que pretenda anular sus actos por razones sustantivas.
En el segundo plano, la soberanía política no se define por el reconocimiento judicial, sino por
el hecho político de quién es obedecido en última instancia: el cuerpo cuya voluntad, sin ser
ley por sí misma, termina por determinar el rumbo de la acción gubernamental, imponiendo
límites prácticos y morales a lo que el soberano legal puede acceder. La diferencia, por tanto,
se da en que el soberano legal responde a la pregunta por la autoría jurídica de la ley: quién
puede producir normas que los jueces deben aplicar como válidas. El soberano político
responde a la pregunta por el control último de la dirección del poder: quién puede sostener o
retirar el consentimiento social que vuelve gobernable a un régimen.
En la ortodoxia diceyana, según Dicey (1915) el parlamento encarna la soberanía legal,
mientras el electorado encarna la soberanía política; y el punto crucial es que el electorado no
legisla jurídicamente, porque la voluntad del pueblo no es ejecutable por sí misma ante los
tribunales, salvo cuando se convierte en acto del soberano legal. De ahí la afirmación de que
los jueces no saben nada de esa voluntad sino en la medida en que se expresa a través de
una ley formal: lo político no sustituye a lo jurídico, pero lo condiciona.
Esta separación conforme Dicey (1915) explica además por qué el soberano legal puede, en
teoría, legislar incluso de manera absurda o impopular, y, sin embargo, en la práctica rara vez
lo hace: la omnipotencia jurídica se ejerce bajo el horizonte del costo político de desobedecer
al soberano político, por ejemplo, la necesidad de reelección o de conservar legitimidad
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pública, incluso en episodios históricos donde un parlamento pudo extender su duración por
ley, pero no sin consecuencias políticas.
El mecanismo de articulación entre ambos planos son las convenciones constitucionales:
reglas de moralidad política no exigibles judicialmente que buscan evitar la ruptura entre
autoridad legal y poder democrático, haciendo que el soberano legal actúe, de manera
estable, conforme a los deseos del soberano político. Por eso, la distinción diceyana no
relativiza la supremacía legal del Parlamento, sino que la hace inteligible dentro de una
democracia representativa: el derecho conserva su criterio formal de validez (soberanía legal),
mientras la política aporta el criterio de sostenibilidad y dirección del poder (soberanía
política).
DISCUSIÓN
La discusión en palabras de Atria (2024) sobre cómo puede incidir el pueblo en la soberanía
política y en la soberanía jurídica en el Ecuador exige partir de un dato metodológico que
atraviesa todo el problema: pueblo es una palabra del lenguaje natural con textura abierta,
zona de penumbra y carga emotiva, por lo que su relevancia constitucional no depende de
que el intérprete descubra una esencia, sino de que el sistema fije una regla de uso apta para
atribuir competencias y efectos de modo controlable.
Desde esta perspectiva, según Gárdos (2021) la cláusula “la soberanía radica en el pueblo”
no estabiliza por sí sola quién decide ni cómo decide; se estabiliza cuando se la lee con las
disposiciones que tipifican sujetos, umbrales y procedimientos, y cuando se neutraliza el
empleo persuasivo del término para que no sustituya las condiciones operativas de validez.
La posición principal que permite describir con precisión la incidencia del pueblo en la
soberanía política ecuatoriana es la adaptación diceyana del pueblo como soberano político
en tanto cuerpo electoral determinable, capaz de orientar y condicionar al soberano legal sin
confundirse con él. En la Constitución ecuatoriana, esta determinación se vuelve
especialmente visible cuando el pueblo deja de ser consigna y se transforma en ciudadanía
con derechos políticos y mecanismos de intervención: el artículo 61 tipifica elegir, ser elegido,
participar, fiscalizar, revocar e impulsar iniciativa normativa, mientras el artículo 62 acota el
voto a personas en goce de derechos políticos, y los artículos 103, 104 y 105 convierten la
participación directa en decisiones verificables mediante registro electoral, porcentajes, plazos
y condiciones (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
En esa lógica, según el Art.95, Art.105, Art.124 de la Constitución el pueblo incide
políticamente porque manda en el sentido diceyano: su voluntad, expresada por cauces
constitucionales, impone costos de legitimidad y continuidad a quienes ejercen la función
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pública, al punto de permitir cesar mandatos y orientar el curso gubernamental mediante
consulta o revocatoria (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Esa misma lectura muestra una incidencia específica sobre la Función Legislativa que, en la
realidad ecuatoriana, suele ser el núcleo del conflicto entre pueblo y representación. La
soberanía política no se agota en elegir asambleístas: la Constitución permite que la
ciudadanía active el procedimiento legislativo y entre en su deliberación. La iniciativa popular
normativa del artículo 103 obliga a tramitar propuestas con respaldo mínimo del registro
electoral, reconoce participación de representantes de los proponentes en el debate y fija un
plazo constitucional de tratamiento; el artículo 134 reconoce iniciativa legislativa a ciudadanía
y organizaciones sociales con respaldo exigido, también con derecho a participar en el debate;
y el artículo 137 abre la comisión legislativa a cualquier persona interesada o que alegue
posible afectación de derechos para exponer argumentos (Constitución de la República del
Ecuador, 2008).
En consecuencia, según el Art.204 de la Constitución el pueblo incide en la soberanía política
como actor de agenda, deliberación y control del proceso de creación normativa, no solo como
votante episódico, reforzando además su condición de mandante y primer fiscalizador
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).
La posición opuesta, sin embargo, advierte que reducir pueblo al electorado puede ser
conceptualmente empobrecedor y políticamente riesgoso en un Estado que constitucionaliza
diversidad y reconoce múltiples sujetos colectivos. La Constitución ecuatoriana pluraliza el
término al integrar comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano,
montubio y comunas, y al otorgarles derechos colectivos y posibilidades territoriales
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Desde un enfoque histórico como el de
Maine, la soberanía y el derecho no se explican siempre por un superior determinado ni por
mandatos, sino también por usos inmemoriales y límites sociales efectivos que condicionan
al poder aun sin forma de prohibición jurídica positiva, lo que cuestiona la idea de que la
incidencia popular sea solo la que cabe en el molde electoral.
Desde el pluralismo, según Bagni et al. (2024) el poder real se reparte entre asociaciones y
centros de autoridad, y el Estado no sería el único foco de lealtad normativa; Laski incluso
sugiere que el concepto monista de soberanía fracasa para describir sociedades complejas y
que la fuente de obligatoriedad se desplaza hacia aceptación y conciencia, más que hacía
mandato. En la práctica ecuatoriana, esta oposición se traduce en la tesis de que la incidencia
política del pueblo también ocurre a través de organización social, control social y
autodeterminación asociativa, tal como habilitan los artículos 95 y 96 al reconocer
Randi Proaño; Yugcha Quinatoa; Cárdenas Egas; Galarza Castro
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participación protagónica y a todas las formas de organización social como expresión de
soberanía popular con capacidad de incidencia y control incluso frente a privados con
servicios públicos (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
La controversia entre ambas posiciones según Atria (2024) no es puramente académica:
define el riesgo de que la indeterminación de pueblo habilite saltos indebidos del plano político
al plano jurídico. Si se invoca “el pueblo” como unidad emocional o como hipóstasis ideológica,
puede pretenderse que la “voluntad popular” inmediata reemplace procedimientos y umbrales,
degradando previsibilidad y seguridad jurídica; esto coincide con la advertencia de que el
término, por su carga emotiva, tiende a usarse para provocar adhesión antes que para
delimitar competencia, y que, sin tipificación, la norma puede perder validez operativa y
volverse oratoria constitucional.
La postura principal, por tanto, no niega la dimensión plural del pueblo, pero exige una regla
de uso contextual: cuando se trata de decisión vinculante para el Estado, la incidencia política
debe pasar por categorías determinables (registro, derechos políticos, umbrales) para evitar
que el símbolo sustituya al criterio jurídico de imputación.
En cuanto a la incidencia del pueblo en la soberanía jurídica ecuatoriana, según Kelsen (1982)
la posición principal compatible con la estabilidad del sistema es la que separa legitimidad y
validez: el pueblo fundamenta el orden, pero la validez de las normas no proviene de una
voluntad soberana inmediata, sino de su creación conforme a una norma superior y a criterios
de reconocimiento del sistema. En clave kelseniana, la validez se explica por la estructura
escalonada del ordenamiento y por la presuposición de una Norma Fundamental que permite
interpretar como jurídicamente válido el acto constituyente original; el pueblo funciona como
dominio de validez personal del orden, pero no como fuente directa de validez de cada norma
por mera invocación política.
En clave hartiana, según Hernández (2025) el cierre del sistema se apoya en una regla de
reconocimiento como práctica social de los operadores jurídicos para identificar qué cuenta
como derecho, desplazando el foco desde el hombre soberano hacia un criterio social de
validez aceptado institucionalmente. Bajo esta lectura, el pueblo incide jurídicamente cuando
activa procedimientos constitucionales de creación normativa y control, cuando sostiene la
eficacia general del sistema y cuando sus derechos operan como límites garantistas que
estructuran lo decidible, en el sentido de que sin garantías primarias y secundarias la
proclamación de soberanía se vuelve ineficaz.
La posición opuesta es la que, desde Austin citado por Raz (1984) o desde un decisionismo,
tiende a reconducir la validez al mandato de un soberano o a la decisión excepcional: si la ley
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es mandato respaldado por sanción, el soberano no puede estar jurídicamente obligado sin
contradicción, y el reconocimiento del soberano se buscaría mirando hacia abajo, en el hábito
de obediencia. El problema, trasladado al Ecuador, es que esa matriz puede reforzar lecturas
plebiscitarias en las que pueblo se usa como atajo para reclamar validez sin pasar por el
procedimiento, precisamente el punto ciego que la investigación identifica como riesgo cuando
la soberanía popular se interpreta como voluntad desnuda capaz de sustituir reglas
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. Art.1).
Desde el ángulo de Kelsen (1982), ese atajo es conceptualmente incoherente: si la validez no
proviene del hecho de fuerza, sino de una norma superior presupuesta, entonces la voluntad
del pueblo solo adquiere fuerza jurídica cuando se expresa conforme a los criterios del propio
orden. La oposición pluralista, por su parte, empuja aún más la crítica: si el derecho se
sostiene en aceptación y en múltiples centros de autoridad, la pretensión de que una sola
invocación de soberanía popular cierre discusiones de validez puede ser tan mítica como el
monismo estatal que Laski objeta (Meiyani & Hayan, 2026).
El derecho comparado permite medir el costo institucional de cada modelo y aterrizar la
discusión en la realidad ecuatoriana. La Constitución argentina, al afirmar que el pueblo no
delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, encierra la soberanía política en
una fórmula de representación delegada que reduce la fricción entre voluntad popular y
procedimiento, aun cuando la reforma de 1994 haya incorporado iniciativa y consulta bajo
regulación más rígida del Congreso (Congreso General Constituyente, 1853, pág. Art.22).
En cambio, la Constitución ecuatoriana amplía la operatividad de la incidencia popular y la
convierte en parte ordinaria del diseño: participación protagónica y control social, iniciativa,
consulta y revocatoria, además de canales directos en la formación de la ley (Constitución de
la República del Ecuador, 2008, págs. Arts.95-96-103-104-105-134-137). La ventaja
ecuatoriana según Atria (2024) es que acerca soberanía política y control ciudadano; el riesgo
es que, si no se tipifica con claridad cuándo pueblo significa electorado, cuándo significa
colectivos con derechos, y cuándo significa el conjunto de destinatarios del orden, la densidad
simbólica del término puede reabrir la penumbra semántica y facilitar conflictos de validez bajo
retórica de legitimidad.
La forma más consistente de responder al problema planteado es sostener, como posición
principal, una reinterpretación operativa y no esencialista: el pueblo incide en la soberanía
política ecuatoriana cuando actúa como cuerpo electoral y como ciudadanía organizada a
través de los cauces y umbrales constitucionales que orientan, controlan y, si corresponde,
remueven o corrigen a los poderes constituidos; e incide en la soberanía jurídica cuando su
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centralidad se traduce en procedimientos reconocibles por el sistema (jerarquía normativa,
regla de reconocimiento, garantías) y en la eficacia social que mantiene vigente el orden
constitucional.
CONCLUSIONES
Se ha dado cabal cumplimiento al objetivo de la presente investigación, por cuanto se ha
inferido un análisis profundo respecto de la indeterminación de la palabra pueblo en la
Constitución de la República del Ecuador. Esto ha llevado a una reinterpretación de la
soberanía en el Estado que se reconoce como la salvaguarda para incidir en la estabilidad
jurídica. Parte del cumplimiento del objetivo planteado llevó a identificar la ambigüedad que
genera la redacción del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador la cual reconoce
que la soberanía radica en el pueblo. Pues no puede entenderse quién decide ni como una
decisión se vuelve vinculante. Esta indeterminación genera una confusión entre la soberanía
política y la soberanía legal, lo cual pude traer consecuencias en razón de interpretaciones
que pueden partir de la voluntad popular.
Se resuelve la problemática y se verifica la previsibilidad del orden jurídico cuando se
reinterpretan estos conceptos. De esta manera, la soberanía política se ejerce cuando el
pueblo actúa como cuerpo electoral a través de las bases normativas y garantías como las
del derecho de participación, el voto y la democracia directa. Por otro lado, la soberanía legal
se faculta en los órganos competentes de producción normativa y decisiones obligatorias que
se toman dentro del marco constitucional. Esta reinterpretación es trascendental en el modelo
ecuatoriano porque, según lo que se pudo observar, a partir del derecho comparado como
fuente de derecho, existen países que han podido definir mejor la soberanía a nivel
constitucional como el caso argentino. En Argentina, se amplía la incidencia de la ciudadanía
en la formación de la ley y el control social.
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