Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp. 363-378
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
NATURALEZA DEL PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ECUATORIANO
NATURE OF THE ECUADORIAN TAX CONTENTIOUS PROCESS
Cando Paredes, Alba María
albacandoparedes@gmail.com;
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-3803-3632
Recibido: 04/02/2026
Revisado: 07/02/2026
Aprobado: 19/06/2026
Publicado: 01/09/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i3.4536
RESUMEN
El proceso contencioso tributario ecuatoriano fue analizado a partir de la problemática relativa
a la determinación de su naturaleza jurídica, específicamente en cuanto a si responde
exclusivamente al principio dispositivo o si incorpora elementos de oficiosidad judicial. El
objetivo consistió en examinar el alcance del impulso procesal y el rol del juez en el control de
legalidad de los actos derivados de la administración tributaria. La investigación se desarrolló
bajo un enfoque cualitativo, con carácter descriptivo y analítico, mediante métodos teóricos
como el analítico-sintético, inductivo-deductivo y jurídico-dogmático, así como el análisis de
contenido de normas, doctrina y jurisprudencia. Los resultados evidenciaron que, aunque las
partes impulsan el proceso y delimitan la litis, el juez asume un rol activo a través de facultades
oficiosas, especialmente en la práctica de pruebas y el control de legalidad del acto objeto de
impugnación, configurándose así una naturaleza híbrida orientada a garantizar el debido
proceso y la justicia material.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Derecho administrativo; derecho público; derecho a la
justicia; administración de justicia; tribunal.
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ABSTRACT
The Ecuadorian tax contentious process was analyzed based on the problem of determining
its legal nature, specifically whether it responds exclusively to the dispositive principle or
incorporates elements of judicial officiality. The objective of this study was to examine the
scope of procedural initiative and the role of the judge in the control of legality of tax
administrative acts. The research was conducted under a qualitative approach, with a
descriptive and analytical scope, using theoretical methods such as analytical-synthetic,
inductive-deductive, and legal-dogmatic approaches, as well as content analysis of legal
norms, doctrine, and jurisprudence. The results show that, although the parties drive the
process and define the scope of the dispute, the judge assumes an active role through ex
officio powers, particularly in the taking of evidence and the control of legality. This leads to
the conclusion that the Ecuadorian tax contentious process has a hybrid nature, aimed at
ensuring due process and the effective protection of rights.
CONTENT DESCRIPTORS: Administrative law; public law; right to justice; administration of
justice; court.
INTRODUCCIÓN
El estudio de la naturaleza del proceso contencioso tributario en la legislación ecuatoriana
resulta de gran importancia debido a su incidencia directa en la garantía del control de
legalidad de los actos derivados de la administración tributaria y en la protección de los
derechos de los contribuyentes. La correcta determinación del rol que desempeñan tanto las
partes como el juez en el impulso procesal permite comprender de mejor manera la estructura
y funcionamiento de este tipo de procesos, así como su impacto en la seguridad jurídica
(Galán, 2023).
La temática adquiere especial relevancia en el contexto actual, caracterizado por una
creciente complejidad en las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes,
así como por la necesidad de fortalecer los mecanismos de control jurisdiccional (Zumaeta,
2022). Las tendencias contemporáneas del derecho procesal evidencian una progresiva
ampliación de las facultades del juez, orientadas a garantizar procesos más eficaces,
equitativos y ajustados a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador. En este
escenario, el análisis del impulso procesal en el ámbito contencioso tributario se vuelve
pertinente, especialmente frente a debates doctrinarios y jurisprudenciales sobre el alcance
de la intervención judicial y el rol de los sujetos procesales dentro este.
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En este sentido, se identifican como variables principales el impulso procesal, entendido como
la actividad necesaria para la prosecución de la causa y el desarrollo del proceso, que puede
ser ejercido tanto por el actor como por el demandado, y por otra parte, el rol del juez en el
proceso contencioso tributario, referido al grado de intervención que este asume en la
conducción del proceso, ya sea de manera pasiva, propia del principio dispositivo, o activa,
con rasgos inquisitivos; variables que se encuentran interrelacionadas en tanto el nivel de
intervención judicial influye directamente en la forma en que se configura el impulso procesal
dentro del proceso tributario (Oliva, 2022).
En consecuencia, el objetivo del presente análisis consiste en examinar la naturaleza del
proceso contencioso tributario ecuatoriano, a fin de determinar si este responde
exclusivamente al principio dispositivo o si incorpora elementos de actuación oficiosa por parte
del juez, y establecer cómo ello incide en el control de legalidad y en el equilibrio procesal
entre la administración tributaria y los contribuyentes.
MÉTODOS
La presente investigación se clasificó como cualitativa, de carácter descriptivo y analítico, en
razón de que se orientó a examinar la naturaleza del proceso contencioso tributario en el
Ecuador, particularmente en lo relativo a la tensión entre el principio dispositivo y la actuación
oficiosa del juez.
Clasificación específica para las Ciencias Jurídicas:
Desde la perspectiva de las ciencias jurídicas, la investigación se enmarcó en el derecho
procesal tributario, con un enfoque dogmático, jurídico y teórico, en tanto que se centró en el
análisis de principios, instituciones y normas que regulan el proceso contencioso tributario
ecuatoriano. En este sentido, se abordaron categorías como el principio dispositivo, la
oficiosidad judicial y el control de legalidad, a partir de fuentes normativas y doctrinarias, con
el propósito de determinar su alcance y aplicación en la práctica jurisdiccional ecuatoriana.
Declaración de los métodos:
El empleo de métodos de investigación permitió identificar los elementos centrales que
configuran la naturaleza del proceso contencioso tributario en el Ecuador, particularmente en
lo relativo a la coyuntura entre el principio dispositivo y la oficiosidad del juez. La selección de
los métodos empleados respondió a la necesidad de abordar el objeto de estudio desde una
perspectiva integral. El método analítico-sintético permitió descomponer los elementos que
configuran el proceso contencioso tributario y posteriormente integrarlos en una visión
sistemática; el método inductivo-deductivo facilitó formular conclusiones generales a partir del
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análisis de normas, doctrina y criterios específicos; mientras que el método jurídico-dogmático
posibilitó interpretar de manera sistemática las disposiciones jurídicas aplicables y determinar
su alcance dentro del ordenamiento ecuatoriano.
Métodos teóricos:
Método analítico-sintético: método empleado en el examen teórico y jurídico del proceso
contencioso tributario, que permitió descomponer sus elementos fundamentales, tales como
el control de legalidad, el principio dispositivo y la actuación oficiosa del juez, para
posteriormente integrarlos en una visión sistemática que evidencie su interrelación dentro del
ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Método inductivo-deductivo: método mediante el cual se formularon conclusiones a partir del
análisis particular de normas y criterios doctrinarios, permitiendo establecer generalizaciones
respecto a la naturaleza híbrida del proceso contencioso tributario, así como la incidencia de
la intervención judicial en la garantía del debido proceso.
Método jurídico-dogmático: método utilizado para el estudio e interpretación de las normas
jurídicas aplicables, con el propósito de determinar su alcance, contenido y aplicación en
relación con el control de legalidad de los actos derivados de la administración tributaria y las
facultades del juez dentro del proceso.
Métodos empíricos:
Método de análisis de contenido: recurso empleado para el estudio de las principales fuentes
normativas, doctrinarias y jurisprudenciales en materia contencioso-tributaria. Se
consideraron como base la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico
General de Procesos y normativa tributaria vigente, así como doctrina especializada y criterios
relevantes. Como criterios de inclusión se tomaron en cuenta documentos actualizados,
pertinentes y con rigor académico; mientras que se excluyeron fuentes no verificadas,
normativa derogada y documentos sin relación directa con el objeto de estudio. Este método
permitió sustentar teóricamente los resultados obtenidos.
RESULTADOS
Los resultados del análisis teórico permitieron identificar los elementos fundamentales que
configuran la naturaleza del proceso contencioso tributario en el Ecuador. En este sentido, se
desarrollan a continuación los aspectos más relevantes relacionados con el control de
legalidad, el principio dispositivo, la oficiosidad del juez y a modo de discusión el debate
doctrinario.
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Control de legalidad de actos en materia contencioso-tributaria
El control de legalidad de los actos administrativos consiste en verificar que las decisiones y
actuaciones de la administración, en este caso, las administraciones tributarias se ajusten
estrictamente a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente. Este control se fundamenta
en el principio de legalidad, el cual exige que toda actuación administrativa se someta
plenamente a la ley. Esto implica que dichas actuaciones deben ejercerse dentro del marco
de las competencias, facultades y potestades conferidas por la ley, respetando sus límites,
sin exceder su ámbito de actuación ni omitir consideraciones jurídicas relevantes.
En este sentido, Aponte (2002) y Silva et al. (2024), señalan que el principio de legalidad
“constituye un pilar estructural del derecho público, al imponer a toda autoridad administrativa
la obligación de actuar conforme a la ley y dentro de las competencias que esta le asigna”.
Por su parte, la Constitución de la República del Ecuador señala de manera expresa el alcance
y los límites del ejercicio de la función pública, estableciendo que todas las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias y servidores deben actuar únicamente dentro de las
competencias establecidas por la ley:
Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras
o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución.
En el marco del proceso contencioso tributario ecuatoriano, el rol del juez o Tribunal consiste
precisamente en verificar que actos como la determinación tributaria, la imposición de
sanciones, la expedición de reglamentos o los procedimientos de recaudación se encuentren
ajustados a los parámetros establecidos por la ley y la Constitución (Zumaeta, 2022). En otras
palabras, corresponde al órgano jurisdiccional examinar que dichas actuaciones no excedan
los límites que el ordenamiento jurídico ha previsto.
Guillermo Ochoa parte de la idea de que “para articular un sistema de Administración Pública
efectiva, la democracia liberal propicia el control del poder mediante el reconocimiento objetivo
del principio de legalidad, además del respeto a los derechos y libertades de los individuos”
(Ochoa, 2025,p.44), destacando así que dicho principio no solo limita la actuación de la
administración pública, sino que también constituye una garantía fundamental para la
protección de los derechos en un Estado de derecho.
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En la práctica jurisdiccional, el ejercicio del control de legalidad sobre los actos administrativos
tributarios, así como la actuación oficiosa del juez dentro del proceso contencioso tributario,
permiten considerar la Sentencia No. 61-12-IN/21 emitida por la Corte Constitucional del
Ecuador. Dicha causa llegó a conocimiento de este órgano de control constitucional mediante
una Acción Pública de Inconstitucionalidad relacionada con las competencias de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, particularmente
en cuanto a su facultad de ejercer control de legalidad sobre actuaciones normativas en
materia tributaria.
Entre los aspectos más relevantes desarrollados por la Corte, se destacó que “las acciones
objetivas en materia tributaria gozan de la posibilidad de que el máximo órgano de
administración de justicia ordinaria, como organismo de control de legalidad de las
actuaciones del poder público, se pronuncie sobre la nulidad total o parcial de reglamentos,
ordenanzas, resoluciones y otras normas de carácter general de rango inferior a la ley de
carácter tributario” (Corte Constitucional, 2021). Este criterio evidencia que el juez tributario
no cumple una función meramente pasiva dentro del proceso, sino que ejerce un rol activo en
cuanto al control jurídico de las actuaciones de la administración pública.
Aguirre (2008) menciona que: “la actividad jurisdiccional es el medio para llegar a alcanzar
una nueva comprensión del principio de legalidad, ya que es la autoridad investida de poder
por la propia ley la que adquiere el papel preponderante de velar y garantizar la vigencia de
los derechos fundamentales de los ciudadanos aplicando la norma a un caso concreto, no
sólo por la ley misma, sino porque ésta resulte congruente con la norma fundamental, es decir,
la Constitución.
Es por esta razón que, en materia tributaria, es el propio juez quien se encarga de verificar el
cumplimiento de estos presupuestos a través del control de legalidad de los actos que se
ventila en el proceso judicial. En este contexto, cobra relevancia la oficiosidad judicial, que se
manifiesta al ordenar determinadas diligencias, como las pruebas para mejor resolver, las
cuales pueden incluir peritajes técnicos o contables, así como la adopción de medidas
cautelares, entre otras. Todas estas actuaciones están orientadas al esclarecimiento de los
hechos o actos sometidos a esta jurisdicción, sin dejar de lado el control de legalidad, el cual
debe ejercerse con apego irrestricto a la norma, garantizando además la tutela judicial
efectiva.
Por su parte, Montaña (2011) expone que:
El principio de legalidad tiene un valor relativo, que requiere interpretación laxa, lo que
permitiría que el tributo se integre “con arreglo a la ley”, y por medio de una fuente
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normativa diferente, si se quiere secundaria, como puede considerarse a un
reglamento o a una ordenanza, pero con la condición de que la norma con rango de
ley habilite tal proceder, señalando los parámetros básicos para establecer los
elementos sustanciales del tributo, y que responda a justificaciones racionales y
razonables. En el caso ecuatoriano veremos cómo es la propia Constitución la que
auspicia y regula directamente la creación de tributos, por ejemplo, de tasas de interés
municipal, sin perjuicio de que más adelante, una ley, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (p.56).
En efecto, la legalidad de los actos emanados de la administración tributaria se erige como un
presupuesto indispensable para la correcta administración de justicia. En este sentido, el
control de legalidad justifica y exige del Tribunal el ejercicio de un rol oficioso dentro del
proceso judicial, a diferencia de lo que ocurre en otras materias. Así, el acto administrativo
tributario no solo debe adecuarse a las disposiciones constitucionales, sino también al
conjunto del ordenamiento jurídico vigente, lo cual comprende normas de distinta jerarquía,
tales como leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos e incluso resoluciones.
Para Machuca (2021) dicho control va más allá, pues implica “tutelar los derechos de las
personas, pueblos y colectivos frente a la actividad del Estado, para corregir las actuaciones
de la administración, a través del establecimiento de medidas que, a su vez, aseguren la
efectividad del fallo y posibiliten la real ejecución de la decisión judicial” resaltando así su
dimensión garantista y su papel en la materialización efectiva de la justicia.
En otros términos, el control de legalidad garantiza al contribuyente, responsable o tercero la
certeza de que los actos de la administración tributaria que puedan afectar su patrimonio se
encuentren fundados en normas claras y preexistentes. En caso de inobservancia de este
principio por parte de la administración, corresponde a la autoridad judicial ejercer el control
de legalidad como un presupuesto esencial, ya sea de oficio, como en la mayor parte de casos
o en su defecto a petición de parte.
El rol del principio dispositivo
Los principios dentro de la norma procesal constituyen la base estructural del ordenamiento
jurídico. En este contexto, destaca el principio dispositivo que, en palabras de Hugo Carrasco
Soule, “requeriría que se confiase exclusivamente a la iniciativa de las partes la posibilidad de
suministrar la prueba indispensable para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos
controvertidos” (Carrasco, 2022,p.869). Este principio es entendido como el mecanismo
mediante el cual corresponde a las partes procesales (actor y demandado) impulsar el
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desarrollo de la causa. En consecuencia, son las propias partes quienes solicitan al juez
competente la realización de determinadas diligencias, tales como el despacho de escritos, la
incorporación de material probatorio de difícil acceso, inspecciones judiciales, la práctica de
providencias preventivas, diligencias preparatorias, medidas cautelares, pericias, entre otras
actuaciones procesales.
En este sentido, resulta pertinente tomar como referencia lo dispuesto en el artículo 5 del
Código Orgánico General de Procesos, el cual establece que “corresponde a las partes
procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo”
La omisión en la presentación de estas solicitudes se traduce en inactividad procesal. En
virtud del principio dispositivo, las partes están llamadas a asumir un rol protagónico dentro
del proceso, manteniéndose activas y vigilantes del desarrollo de la causa hasta su
conclusión.
Asimismo, Calvinho, citado por Mazón (2021) señala que: “en virtud del sistema dispositivo,
es el pretensionante quien formula su petitum, y el juez no debe modificar, ignorar ni eliminar
ninguna pretensión procesal; por el contrario, debe resolverlas todas, acogiéndolas o
negándolas total o parcialmente y de manera motivada” (p.288)
El hecho de iniciar un acto de proposición, es decir, la interposición de una demanda no
implica que la causa avance por sí sola durante su tramitación. Por el contrario, la falta de
impulso procesal puede derivar en su abandono (Oliva, 2022). Esto lo establece el propio
Código Orgánico General de Procesos:
“Art. 245.- Procedencia. - La o el juzgador declarará el abandono del proceso en
primera instancia, segunda instancia o casación cuando todas las partes que figuran
en el proceso hayan cesado en su prosecución durante el plazo de seis meses,
contados desde el día siguiente de la notificación de la última providencia dictada y
recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos, o desde el día
siguiente al de la actuación procesal ordenada en dicha providencia. Este plazo se
contará conforme al artículo 33 del Código Civil.
No se podrá declarar el abandono, transcurrido el plazo fijado en el inciso anterior,
cuando se encuentre pendiente el despacho de escritos por parte del juzgador.”
En efecto, la inactividad procesal durante seis meses consecutivos, contados desde el día
siguiente a la última providencia judicial, sea un auto interlocutorio o de sustanciación, produce
el efecto de abandono del proceso. Esto genera determinadas consecuencias jurídicas: quien
inició la demanda podrá volver a presentarla una vez transcurridos seis meses desde el auto
interlocutorio que declaró el abandono de la causa.
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No obstante, en materia tributaria, el principio dispositivo adquiere un matiz particular y, en
cierto modo, controvertido. Si bien es una persona natural o jurídica quien inicia el proceso,
formula sus pretensiones y aporta los elementos probatorios, el juez asume también un rol
activo en virtud de su facultad oficiosa. En este sentido, puede intervenir en el control de
legalidad de los actos, solicitar pruebas para mejor resolver y contribuir al esclarecimiento del
núcleo del debate procesal.
En este contexto, el principio dispositivo se manifiesta desde el inicio del proceso, el cual se
activa mediante la interposición de la demanda, en tanto el juez carece de facultades para
iniciarlo de oficio. Este principio también se proyecta en el ámbito probatorio y en la
distribución de la carga de la prueba. No obstante, en la práctica jurisdiccional se admite que
el juez disponga la incorporación de pruebas para mejor resolver, facultad que adquiere
particular relevancia en materia contencioso-tributaria debido a su complejidad técnica y al
grado de precisión requerido, tanto en el ámbito contable como en el jurídico.
En concordancia con lo expuesto, Tapia (2024) sostiene que en la justicia contencioso
tributario ecuatoriana:
Se evidencia una cierta flexibilización en la aplicación del control de legalidad. Así,
cuando los elementos probatorios resultan insuficientes para determinar la real
aportación del contribuyente, el juez, amparado en la normativa vigente, puede ordenar
la práctica de pruebas para mejor resolver, asumiendo un rol activo que trasciende la
mera dirección del proceso. En este sentido, su actuación no se limita a conducir la
audiencia y controlar el accionar de las partes procesales, sino que incorpora
elementos de carácter investigativo. En virtud de ello, la autora concluye que el sistema
tributario ecuatoriano presenta una naturaleza híbrida, alejándose de un modelo
estrictamente dispositivo, en la medida en que el ejercicio de facultades de impulso
procesal por parte del juez implica una atenuación de dicho principio, el cual, por
definición, limita su intervención dentro del proceso (p.67)
De lo anterior se desprende que, en esta clase de procesos, tanto el rol de las partes en el
impulso de la causa como la intervención del órgano jurisdiccional resultan esenciales. Ello
obedece a que no solo se encuentra en juego la correcta aplicación del ordenamiento jurídico
interno y la supremacía constitucional, sino también la observancia de las garantías que
integran el debido proceso. Sin embargo, es preciso señalar que la actuación del juez se
encuentra delimitada por las pretensiones de las partes, de modo que no puede pronunciarse
más allá de lo solicitado, ni resolver sobre cuestiones no planteadas, ni omitir decisión
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respecto de aquello que ha sido objeto de controversia, pues tales actuaciones darían lugar a
vicios que afectarían la validez de la sentencia.
En este sentido, Guerra (2015) alude al denominado exceso o defecto parcial de poder,
retomando la doctrina del profesor Manuel de la Plaza, menciona que este se manifiesta “en
aquellas sentencias que conceden más de lo pedido (extra petita y ultra petita), así como en
aquellas que incurren en defecto de poder al omitir pronunciamiento sobre cuestiones que sí
constituyen materia de la litis (mínima petita)” (p.41)
En consecuencia, la actuación judicial se encuentra necesariamente limitada por las
pretensiones del accionante y por la delimitación del debate procesal establecida en la causa,
lo cual constituye una garantía fundamental para la seguridad jurídica y el respeto al debido
proceso.
La oficiosidad del juez en el ámbito tributario
Cuando la norma procesal utiliza la expresión “de oficio”, se refiere a las actuaciones que
realiza el juez por iniciativa propia, ya sea al disponer diligencias, incorporar pruebas para
mejor resolver al proceso o, en general, al ejercer actos de control orientados a verificar que
el acto objeto de impugnación se haya ajustado a lo establecido por la ley. Todo ello debe
realizarse sin menoscabar de manera arbitraria el patrimonio, la tutela judicial efectiva o los
derechos de la persona natural o jurídica que interpone la acción.
En este contexto, la intervención judicial adquiere especial relevancia, pues, como señalan
Baco et al. (2024), “los jueces ocupan un lugar protagónico, son ellos la voz de la Ley y en el
ejercicio deben hacer una interpretación profunda de los casos, y para un adecuado
cumplimiento de su papel. Es el Juez que conoce la causa, quien debe pronunciar la sentencia
luego de escuchar las intervenciones de hecho y de derecho de los implicados”.
En el ámbito tributario, esta figura se manifiesta como he señalado en apartados anteriores,
principalmente a través de la denominada prueba para mejor resolver. Si bien esta facultad
puede ser ejercida por los juzgadores en distintas materias, como la civil, adquiere especial
relevancia en el campo tributario debido a su alta tecnicidad, particularmente en lo relacionado
con la comprensión de balances contables y cálculos especializados, para lo cual suele
intervenir un perito.
En este sentido, la norma procesal resulta clara al regular la prueba para mejor resolver. Así,
el artículo 168 del Código Orgánico General de Procesos establece:
Art. 168.- Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá, excepcionalmente,
ordenar de oficio, dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la
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práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos
controvertidos. Por este motivo, la audiencia podrá suspenderse hasta por el término
de quince días.
Al respecto, Olmedo (2015) señala que: “es válido recordar que el tribunal se encuentra
investido de la facultad de solicitar pruebas de manera oficiosa hasta antes de que se dicte
sentencia, con la finalidad de lograr un mejor esclarecimiento de la verdad” (p.27).
De este modo, la facultad oficiosa del juzgador resulta imprescindible al momento de
sustanciar los diferentes procesos, puesto que le permite, sin necesidad de impulso procesal
de las partes, requerir pruebas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, siempre y
cuando esta sea con apego estricto a la norma.
Por su parte, Recalde (2015) sostiene de manera firme que “en el principio de oficiosidad
prima el interés estatal por dar solución a conflictos inter-partes, dejando de lado la visión
derivada del sistema constitucional actual (como el ecuatoriano), en el que se pretende, más
allá de la mera resolución de conflictos, tutelar los derechos de las partes frente al Estado
(…)” (p.24).
No obstante, es necesario recordar que la oficiosidad del juez también tiene límites en cuanto
a su alcance. Si bien constituye una herramienta valiosa dentro del proceso, no puede implicar
que el juzgador asuma el rol de “parte procesal” ni que gestione por sí solo las diligencias o la
sustanciación del proceso, pues ello afectaría el principio de imparcialidad.
Por otra parte, debe considerarse que la oficiosidad no es una característica propia y exclusiva
del proceso contencioso tributario, sino que se encuentra presente en las distintas materias y
ramas del derecho. No obstante, es importante recalcar que esta figura se manifiesta con
mayor naturalidad en el ámbito tributario, debido a su alcance, a la naturaleza de los asuntos
que se ventilan y al rol activo que asume el juez al momento de deliberar sobre cualquier
controversia en esta materia, ya sea en acciones de impugnación, acciones directas o
acciones especiales. En este contexto, dicha investidura faculta al juzgador a ejercer las
atribuciones que la ley le confiere para el esclarecimiento de los hechos.
Muñoz (2022) sostiene en similar criterio lo siguiente:
(…) Al respecto, se puede determinar que el proceso contencioso tributario se
contrapone, en cierta forma, a la aludida norma; en efecto, en aplicación del artículo
300 del COGEP, el juez tributario debe resolver sobre los puntos fijados como objeto
de la litis en la audiencia preliminar o única (en franca aplicación del principio
dispositivo), pero también está obligado a observar aquellos aspectos inherentes al
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control de legalidad de los actos impugnados en su sede (principio de oficiosidad). De
ello se colige que el juez tributario tiene la particular facultad de realizar el control de
legalidad de las resoluciones dictadas por la administración, por lo que puede
apartarse del principio dispositivo y fallar sobre aspectos distintos a los fijados por las
partes (…). (p.13).
En consecuencia, se evidencia un punto de quiebre respecto del impulso procesal exclusivo
de las partes, ya que el juez, a través de la oficiosidad, asume un rol más activo como
facilitador del proceso. Si bien no constituye una parte procesal, es la autoridad quien requiere
mayores elementos, especialmente medios probatorios, para fundamentar una decisión final
sobre los hechos controvertidos entre la administración tributaria y el contribuyente,
responsable o tercero, según corresponda.
DISCUSIÓN
Luego de analizar los apartados precedentes, surge inevitablemente la siguiente interrogante:
¿puede concebirse la naturaleza del proceso contencioso tributario como netamente
dispositivo o, por el contrario, como oficioso? La respuesta no es unívoca. Si bien para algunos
autores y catedráticos el proceso no deja de ser exclusivamente dispositivo, para otros, como
sostiene la presente investigación, existe un punto de quiebre respecto de esta concepción
tradicional. En efecto, en la práctica no solo se evidencia el impulso procesal ejercido por las
partes, sino también la intervención oficiosa del juez dentro de la causa.
En este sentido, autores como Palacios (2024) señala que, en los procesos contenciosos
frente a la administración, “puede decirse que el principio dispositivo se basa en la idea de
que el proceso judicial está impulsado principalmente por las acciones y aportaciones de las
partes involucradas. En lugar de que el juez inicie o impulse el proceso de manera activa, se
espera que las partes tomen la iniciativa y proporcionen la información necesaria”.
En la misma línea, Romero y Pangol (2022) señalan, de manera sucinta, la importancia de
este principio y del aporte probatorio de las partes, al advertir que “se podría considerar que
la facultad que tiene el juez para decretar pruebas de oficio puede, en determinadas
circunstancias, convertirse en un arma de doble filo, que en ningún momento respalda ni
garantiza una tutela efectiva de los derechos subjetivos.”
En contraposición, Ozaeta (2024) sostiene que la oficiosidad resulta indispensable, en la
medida en que el juez debe asumir un rol activo dentro del proceso, ya que con la utilización
de este “intenta obtener certezas de la realidad de los hechos, por lo que se configuraría una
verdad material, por ello, la finalidad de la práctica de la prueba de oficio es la búsqueda de
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una verdad real o material, por fuera del mundo procesal creado por las partes y delimitado
por ellas” (p.24).
Por su parte, Izurieta (2022) manifiesta que este principio, (…) “constituye uno de los pilares
fundamentales del debate en torno a los poderes del juzgador en general, y en particular sobre
la facultad de decretar prueba de oficio. Esta última institución representa, en palabras de
James Goldschmidt, una de las concesiones hechas al principio inquisitivo o de oficialidad”
(p.99).
En este sentido, resulta pertinente tomar como referencia el criterio de la Doctora Katty Muñoz,
quien, al analizar la naturaleza del proceso contencioso tributario, sostiene que:
Se estima que, desde la vigencia del COGEP, es necesario modernizar la visión de la
naturaleza del proceso contencioso tributario, acorde a la realidad procesal,
catalogándolo en la forma en que actualmente se desarrolla: como un proceso
esencialmente dispositivo, con matices de oficiosidad, delineados por el control de
legalidad del que se encuentra investido el juez tributario. Este, a su vez, asume el reto
de tutelar a las partes procesales, garantizando plena igualdad dentro del litigio, en la
búsqueda de la verdad material. Esta constituye la nueva propuesta sobre la
naturaleza del proceso contencioso tributario, alejándose de la visión doctrinaria y
jurisprudencial tradicional. (Muñoz, 2022,p.8)
De esta manera, se advierte que, si bien el proceso no se aparta de su carácter dispositivo,
este puede verse matizado por la oficiosidad del juez. En consecuencia, puede colegirse que
nos encontramos frente a una naturaleza híbrida del proceso contencioso tributario
ecuatoriano. En efecto, si bien no puede desconocerse la relevancia de la oficiosidad del juez,
tampoco es posible prescindir del impulso procesal que corresponde a las partes desde el
inicio mismo del proceso, a través del acto de proposición (Galán, 2023). Esta naturaleza
híbrida otorga a este tipo de procesos una particularidad distintiva, caracterizada por su mayor
flexibilidad frente al esquema estrictamente dispositivo que predomina en otras materias.
Desde esta óptica, la naturaleza híbrida constituye la concepción que mejor se ajusta al
proceso contencioso tributario ecuatoriano, en la medida en que permite armonizar el principio
dispositivo con las facultades oficiosas del juez dentro del marco establecido por la norma
procesal. Esta configuración no implica un apartamiento del sistema procesal vigente, sino
una manifestación orientada a garantizar el control de legalidad de los actos administrativos
tributarios sometidos a conocimiento de esta jurisdicción, así como la tutela judicial efectiva y
el debido proceso (Larco, 2023).
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CONCLUSIONES
Del análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial efectuado a lo largo de la presente
investigación, se concluye que el proceso contencioso tributario ecuatoriano no responde
exclusivamente al principio dispositivo, sino que incorpora de manera clara elementos de
actuación oficiosa por parte del juez. Si bien las partes impulsan el proceso, delimitan la litis y
aportan los elementos probatorios, en la práctica jurisdiccional se evidencia una atenuación
del sistema dispositivo tradicional debido al ejercicio del control de legalidad y de las
facultades oficiosas del juzgador.
En este sentido, la facultad de disponer pruebas para mejor resolver, así como la posibilidad
de examinar aspectos no planteados expresamente por las partes en el marco del control de
legalidad, configuran un rol judicial que trasciende la pasividad propia del modelo dispositivo
clásico, sin llegar a constituir un sistema plenamente inquisitivo. Por consiguiente, resulta más
adecuado sostener que el proceso contencioso tributario ecuatoriano posee una naturaleza
híbrida, en la que coexisten el principio dispositivo y manifestaciones de oficiosidad judicial.
Esta configuración responde a las particularidades propias de la materia tributaria, en la que
se encuentran en tensión los intereses de la administración pública y los derechos de los
contribuyentes.
Finalmente, a criterio de esta autora, la naturaleza híbrida no solo redefine el rol del juez dentro
del proceso, sino que también exige una comprensión más flexible y dinámica de los principios
procesales, orientada no únicamente a la resolución formal del conflicto, sino a la consecución
de la verdad material y la realización efectiva de la justicia.
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