Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp.
363-378
369
normativa diferente, si se quiere secundaria, como puede considerarse a un
reglamento o a una ordenanza, pero con la condición de que la norma con rango de
ley habilite tal proceder, señalando los parámetros básicos para establecer los
elementos sustanciales del tributo, y que responda a justificaciones racionales y
razonables. En el caso ecuatoriano veremos cómo es la propia Constitución la que
auspicia y regula directamente la creación de tributos, por ejemplo, de tasas de interés
municipal, sin perjuicio de que más adelante, una ley, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (p.56).
En efecto, la legalidad de los actos emanados de la administración tributaria se erige como un
presupuesto indispensable para la correcta administración de justicia. En este sentido, el
control de legalidad justifica y exige del Tribunal el ejercicio de un rol oficioso dentro del
proceso judicial, a diferencia de lo que ocurre en otras materias. Así, el acto administrativo
tributario no solo debe adecuarse a las disposiciones constitucionales, sino también al
conjunto del ordenamiento jurídico vigente, lo cual comprende normas de distinta jerarquía,
tales como leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos e incluso resoluciones.
Para Machuca (2021) dicho control va más allá, pues implica “tutelar los derechos de las
personas, pueblos y colectivos frente a la actividad del Estado, para corregir las actuaciones
de la administración, a través del establecimiento de medidas que, a su vez, aseguren la
efectividad del fallo y posibiliten la real ejecución de la decisión judicial” resaltando así su
dimensión garantista y su papel en la materialización efectiva de la justicia.
En otros términos, el control de legalidad garantiza al contribuyente, responsable o tercero la
certeza de que los actos de la administración tributaria que puedan afectar su patrimonio se
encuentren fundados en normas claras y preexistentes. En caso de inobservancia de este
principio por parte de la administración, corresponde a la autoridad judicial ejercer el control
de legalidad como un presupuesto esencial, ya sea de oficio, como en la mayor parte de casos
o en su defecto a petición de parte.
El rol del principio dispositivo
Los principios dentro de la norma procesal constituyen la base estructural del ordenamiento
jurídico. En este contexto, destaca el principio dispositivo que, en palabras de Hugo Carrasco
Soule, “requeriría que se confiase exclusivamente a la iniciativa de las partes la posibilidad de
suministrar la prueba indispensable para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos
controvertidos” (Carrasco, 2022,p.869). Este principio es entendido como el mecanismo
mediante el cual corresponde a las partes procesales (actor y demandado) impulsar el