Debate Jurídico Ecuador. ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp.
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así, expresar dentro de esto, los hechos y fundamentos de derecho que justifica la decisión,
siendo esta idea, colindante con la argumentación constitucional.
Bajo la disposición anteriormente indicada, se permite delimitar el contenido mínimo de la
motivación, logrando que se pueda integrar dentro de la estructura formal del acto
administrativo ya que, en realidad, no se trata únicamente de justificar externamente una
decisión adoptada, sino de poder exteriorizar el proceso racional que conduce desde la
constatación de determinados hechos hasta la aplicación de una consecuencia jurídica
prevista en el ordenamiento.
La motivación, desde un eje conceptual, puede definirse como “control epistémico y
democrático del ejercicio judicial, dado que obliga al juez a hacer explícitas las razones que
fundamentan su decisión” (Alcívar & Estrella, 2025, p. 547). En sencillas palabras, representa
la exposición ordenada y coherente de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan la
decisión administrativa junto con la explicación del razonamiento lógico que los vincula, en
ese orden de ideas, su finalidad no es meramente informativa, sino que también, estructural
ya que permite controlar la legalidad del acto, garantizar el derecho a la defensa del
administrado y delimitar el ámbito de actuación de la autoridad:
Desde la perspectiva general, la motivación pende de 3 elementos esenciales; en primer lugar,
la determinación de los hechos probados, en tanto, la autoridad administrativa debe establecer
de manera clara cuáles son los hechos relevantes que han sido acreditados dentro del
procedimiento, indicando, ante todo, los medios de prueba valorados y explicando su
incidencia en la construcción de la decisión.
En segundo punto, se construye la identificación precisa de las normas jurídicas aplicables,
de tal manera, que la autoridad debe alegar las disposiciones legales o reglamentarias
pertinentes, para qué con ello, se evite la remisión genérica o la simple reproducción de textos
normativos sin conexión al caso concreto.
Finalmente, el tercer elemento estructural representa el razonamiento lógico o juicio de
subsunción, este es conocido por ser el “momento crucial del proceso de administración de
justicia en el que los hechos probados, luego de ser valorados, aparecen insertos en una
norma racional previamente individualizada que contiene la solución al caso concreto” (López,
2015, p. 55). Por ende, ello implica explicar de manera clara como los hechos probados se
adecuan a la hipótesis normativa y porque corresponden a aplicar una determinada
consecuencia jurídica, bajo esa lógica, no basta la afirmación de que existe una infracción en
la que procede una sanción, sino, que es necesario desarrollar el razonamiento que conecta
las premisas fácticas con la conclusión jurídica.