Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp. 379-402
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS MEDIANTE LA
VALORACIÓN PROBATORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN
ECUADOR
MOTIVATION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS THROUGH EVIDENTIARY
ASSESSMENT IN DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN ECUADOR
Gallardo Iriarte, Juan Carlos
juangallardo1984@hotmail.com;
Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Guayas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0001-3938-3868
Saa Almeida, Rommel Daniel
dannysaa2010@hotmail.com;
Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Guayas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-2860-1493
Martínez Pérez, Odette
omartinezp@ube.edu.ec ;
Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Guayas, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6295-2216
Recibido: 19/02/2026
Revisado: 22/02/2026
Aprobado: 18/06/2026
Publicado: 01/09/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i3.4553
RESUMEN
El presente trabajo analizó la incidencia de la motivación de los actos administrativos y la
valoración probatoria en los procedimientos sancionadores en el Ecuador ante la problemática
de decisiones adoptadas con deficiencias en la fundamentación y en la valoración de la prueba
lo que genera vulneraciones al debido proceso, lo cual corresponde a un artículo del tipo
revisión y reflexión. Finalmente, los resultados evidenciaron que Ecuador tiene un sistema
constitucional-garantista capaz de establecer una relación entre administrador y administrado,
de allí, que la potestad sancionadora de la administración sirve como ejercicio del ius puniendi
a fin de asegurar el interés general, que la insuficiente motivación se vincula con una
inadecuada valoración probatoria, en donde, la carga de la prueba compromete la legalidad y
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racionalidad de los actos administrativos sancionadores, y, consecuentemente, en el debido
proceso establecido en el modelo antes mencionado.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Derecho administrativo; toma de decisiones;
procedimiento legal; administración de justicia; derecho a la justicia.
ABSTRACT
This study analyzed the impact of the reasoning behind administrative acts and the evaluation
of evidence in disciplinary proceedings in Ecuador, considering the problem of decisions
adopted with deficiencies in reasoning and in the evaluation of evidence, which result in
violations of due process, which is a review and reflection piece. Finally, the results
demonstrated that Ecuador has a constitutional system based on due process guarantees
capable of establishing a relationship between the administrator and the administered party;
hence, the administration’s sanctioning power serves as an exercise of the ius ponied to
ensure the general interest; that insufficient reasoning is linked to inadequate evidentiary
assessment, where the burden of proof compromises the legality and rationality of
administrative sanctioning acts, and, consequently, the due process established in the
aforementioned model.
CONTENT DESCRIPTORS: Administrative law; decision-making; legal procedure;
administration of justice; right to justice.
INTRODUCCIÓN
El debido proceso constituye una garantía fundamental dentro de un estado constitucional de
derechos y justicia como es el Ecuador, puesto que, se encuentra orientada, en palabras de
Ruiz (2023) a que “quien va a resolver el fondo lo haga cuidando de la forma en los
procedimientos, aplicando los principios y las normas de orden sustantivo y adjetivo” (p. 168).
Es decir, asegurar que toda actuación de los poderes públicos se desarrolle con respeto a las
reglas previamente establecidas (principio de legalidad) dentro de los parámetros de la
racionalidad y protección de los derechos reconocidos tanto, en la constitución, como por
instrumentos internacionales.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano esta garantía se encuentra ubicada y reconocida en
el artículo 76 de la Constitución de Ecuador, dicho párrafo normativo dispone que en todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones deben observarse garantías básicas
que configuran el debido proceso, tales como, el derecho a la defensa, la presunción de
inocencia, la motivación de las decisiones emitidas por órganos jurisdiccionales y la valoración
adecuada de la prueba.
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Tradicionalmente el debido proceso se ha asociado al ámbito jurisdiccional puesto que su
alcance se extiende a cualquier procedimiento en el que una autoridad pública verse su poder
en decisiones que pueden afectar derechos subjetivos, incluyendo así, los procedimientos
administrativos sancionadores, en los cuales, deben primar “la equidad y legalidad de las
decisiones estatales, protegiendo los derechos de los ciudadanos frente a las acciones
gubernamentales mediante principios como la transparencia, imparcialidad y acceso
a la justicia administrativa” (Sampedro, et al, 2024, p. 1730).
Dentro de la esfera de la administración pública, la potestad sancionadora representa “la
atribución que tiene la administración pública para evaluar la conducta de los servidores civiles
y atribuir responsabilidad administrativa disciplinaria a través del procedimiento administrativo
disciplinario” (Flores, 2022, p. 150). En otras palabras, es la manifestación del poder punitivo
del estado en su ejercicio en sede administrativa, de tal manera, que la entidad pública puede
investigar, determinar responsabilidades e imponer sanciones disciplinarias a servidores
públicos cuando se configuren infracciones a sus deberes funcionales.
No obstante, debido a que dichas decisiones pueden implicar consecuencias relevantes para
el servidor, como lo son la suspensión, destitución o desvinculación determinadas en la Ley
Orgánica de Servicio Público, derivado de lo señalado por el Código Orgánico Administrativo
(para efectos del trabajo de aquí en más se mencionará bajo las siglas de COA) y cuyo
ejercicio de esta facultad debe observar estrictamente las garantías del debido proceso.
De esta forma, dicha norma reforzó esta exigencia al establecer reglas que inducen a que la
motivación de los actos, la sustanciación del procedimiento y la valoración de la prueba
correspondan elementos centrales de la decisión, todo ello, con la finalidad de “garantizar el
principio-norma del debido proceso como expresión del principio de tutela procesal” (Liza,
2022, p. 295), tal como se desarrolla en la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional
(CC).
Es por ello, que la importancia del estudio radica en que la sanción administrativa no sólo
constituye un mecanismo de control disciplinario, sino que también, representa a un acto que
incide directamente en la estabilidad laboral de los servidores y la protección de derechos
constitucionales vinculados al trabajo y a la seguridad jurídica que merece, en consecuencia,
una motivación adecuada y la correcta valoración probatoria, siendo estas, ya no sólo
formalidades accesorias, sí no condiciones de validez y legitimidad del acto administrativo
sancionador.
De ahí, la relevancia de la investigación en el marco del modelo garantista de la constitución
del 2008, debido a que, se encarga de “limitar el poder estatal mediante una distribución de
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competencias que permita a los diversos órganos oponerse entre sí y que, de este modo, se
produzca un equilibrio” (Arriagada, et al, 2023, p. 210). Bajo ese sentido, impone a todas las
autoridades públicas la obligación de fundamentar sus decisiones con base en normas
aplicables y hechos debidamente comprobados.
Ahora bien, la actualidad de la problemática se manifiesta en el incremento de procesos
disciplinarios y desvinculaciones dentro del sector público, que durante los últimos años no ha
ido más que acrecentado, y de ese contexto, se desemboca la reiterada impugnación de actos
ante la jurisdicción contencioso administrativa y constitucional por presuntas vulneraciones al
debido proceso, lo cual, manifiesta la insuficiencia de las instituciones públicas y el poco
abastecimiento de estos organismos para resolverlo.
Y es que, en múltiples casos los problemas jurídicos se centran en la insuficiencia de la
motivación o la falta de individualización de la conducta atribuida, evidenciando así, la
persistencia de tensiones entre la potestad sancionadora y las garantías constitucionales, ya
que “el Estado se encuentra al servicio del bienestar y prosperidad de todos y cada uno de
los miembros de la comunidad” (Muñoz, 2024, p. 11). Y desde ese punto de vista, se requiere
una sistematización doctrinal para fortalecer la práctica administrativa.
Desde un punto de vista teórico, los ejes temáticos de la investigación corresponden al estudio
del proceso administrativo sancionador como el conjunto de garantías formales y materiales
que condicionan la validez del acto administrativo para una posterior declaración de
responsabilidad y su respectiva sanción, es así, que se analizaron dos categorías de análisis;
en primera instancia, la motivación del acto administrativo; y, como segundo carácter, la
valoración probatoria.
Cabe resaltar que la motivación implica “coherencia entre las premisas y la conclusión, así
como entre esta y la decisión. Y la decisión será comprensible cuando goce de claridad en el
lenguaje” (Mora & Rojas, 2023, p. 102). Prácticamente, exponer de manera razonada los
hechos que se consideran probados, las normas jurídicas aplicables y la relación que conduce
desde esos hechos hasta la decisión; y por su parte, la etapa probatoria supone un análisis
integral, objetivo y razonado de los medios de prueba conforme a los criterios de racionalidad,
pertinencia y legalidad.
Asimismo, el siguiente eje temático analiza la vulneración de derechos laborales y la
configuración de sanciones o desvinculaciones arbitrarias, la misma, se materializa cuando la
decisión administrativa afecta a la estabilidad laboral del servidor público sin que se haya
respetado plenamente las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la
Constitución, correspondientes al debido proceso.
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Siguiendo ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la arbitrariedad puede
configurarse no sólo por la inexistencia de una causa sino que, además, puede establecerse
gracias a la deficiencia en la fundamentación o por la falta de respaldo probatorio suficiente
de la decisión tomada.
Lo anterior, desemboca en la premisa de que la insuficiencia en la motivación y la irregular
valoración de la prueba inciden directamente la legitimidad del acto administrativo, pudiendo
de tal manera, transformar el ejercicio legítimo de una potestad disciplinaria en una actuación
contraria a la constitución y en la ley, y por ende, vulneradora de derechos.
En este marco, el objetivo del presente estudio resulta en analizar de manera sistemática
cómo la emisión de actos administrativos con motivación deficiente y valoración probatoria
irregular en los procedimientos sancionadores administrativos contra servidores públicos
incide en la vulneración del debido proceso y en la aplicación de derechos laborales en el
caso particular del Ecuador (Molina & Batista, 2025).
Ahora bien, con el fin de alcanzar el epítome de la investigación, se examinarán los estándares
normativos y jurisprudenciales aplicables, añadiéndose la relación entre la fundamentación
del acto y la legitimidad de la sanción impuesta con el propósito de adoptar elementos teóricos
que permitan fortalecer la coherencia entre el ejercicio de la potestad sancionadora y las
garantías constitucionales que rigen la actuación administrativa dentro del país.
MÉTODOS
La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de carácter no
experimental y con alcance explicativo; en primer lugar, se adopta el enfoque cualitativo en la
medida en que el objeto de estudio tal es el caso del debido proceso en los procedimientos
administrativos sancionadores, requiere un análisis interpretativo del contenido normativo,
doctrinal y jurisprudencial que regula la actuación de la administración pública. Asimismo, es
un estudio no experimental porque no existe manipulación deliberada de variables
independientes ni control de condiciones, si no el examen de actos jurídicos y decisiones allá
emitidas por autoridades administrativas.
Desde las ciencias jurídicas, la investigación se realiza con el apoyo del análisis
jurisprudencial ya que se trata de un estudio jurídico dogmático que examina el contenido
normativo del debido proceso administrativo, sistematizando sus elementos constitutivos y
analizando la coherencia interna dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo cual, permite
identificar el alcance de las garantías previstas en el artículo 76 de la constitución y su
desarrollo legislativo en él COA en lo relativo a la motivación de los actos administrativos, la
sustanciación del procedimiento y la valoración de la prueba.
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Referente a los métodos empleados en el estudio, la presente investigación combina tanto,
métodos teóricos como empíricos propios del análisis jurídico; dentro de los métodos teóricos
se aplicó el método analítico sintético que permitió comprender el concepto del debido proceso
en sus dimensiones para posteriormente integrarlos en una explicación sistemática sobre su
incidencia en la validez de las decisiones sancionadora; por otro lado, el método sistemático,
se utilizó en función de la interpretación de las normas constitucionales y normativas y su
conexión con los principios generales del derecho administrativo y con la estructura del estado
constitucional.
En lo que respecta a los métodos empíricos, se utilizó el análisis documental como técnica
principal, la cual, consistió en la revisión de las normas, doctrina especializada en derecho
administrativo y constitucional, así como también, de decisiones jurisdiccionales relevantes
en materia de procedimientos sancionadores contra servidores públicos, tomándose en
cuenta aquellos que incluyeron datos respecto al garantismo constitucional, la motivación del
acto administrativo, la entidad sancionadora de instituciones públicas y la valoración
probatoria, dejando de lado, información referente a otro tipo de potestades como la
reglamentaria y derivados, o cuya mención hiciese alusión a trabajadores privados.
RESULTADOS
Estado constitucional de derechos y justicia y el debido proceso como garantía
transversal
El modelo de estado constitucional de derechos y justicia adoptado por el Ecuador a partir de
la vigencia de la nueva constitución del 2008, implica en primera instancia, una transformación
estructural en la concepción del poder público y en la función de las garantías, ya que este
modelo supera la mera noción formal de un estado de derecho que se encontraba concentrado
y fundamentado en la sujeción exclusiva de la ley ya que “se centraba en la idea de limitar el
poder del gobierno a través de la ley y garantizar los derechos individuales de los ciudadanos”
(Pérez, et al, 2024, p. 3149). Así pues, para consolidar a la constitución en una posición
suprema como la normativa máxima, los derechos se constituyen como el eje principal del
ordenamiento jurídico y de todas las actuaciones estatales, mismas que, se encuentran
sometidas al control de constitucionalidad y razonabilidad pues:
Comprende la estructura orgánica fundamental del Estado, y expresa desde el punto
de vista axiológico, teleológico y epistemológico sus principios rectores, facilitando con
ello, el reconocimiento de los derechos fundamentales a los cuales se somete,
dotándole de herramientas que garanticen, además, del disfrute o aplicación efectiva,
su vigencia y/o reparación. (Vásquez & Esteves, 2023, p. 119)
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En ese contexto, el debido proceso ya no opera únicamente como una regla procedimental
cuyo carácter se encontraba regido en épocas coloniales a “(I) Limitar el poder del Rey y (II)
evitar el atropello de los derechos y de las libertades individuales, en otras palabras, la base
de este principio de la protección de la libertad individual” (Ramírez, 2024, p. 152). Sino como
una garantía estructural que permite condicionar la validez de cualquier decisión estatal sea
ésta de acción u omisión que incida en derechos u obligaciones.
El debido proceso se configura como un derecho que se adapta a las particularidades del
proceso, al ser un derecho de aplicación amplia, sus exigencias se adapten a los fines del
proceso o procedimiento, siempre que se respete el contenido esencial de los derechos que
lo integran (Guerrero & Rojas, 2022, p. 5160). Es decir, un conjunto de garantías formales y
materiales destinadas a asegurar que el ejercicio del poder público se realice conforme a los
parámetros de los principios de legalidad y razonabilidad, mismos que, tienen su fundamento
en la protección de los derechos fundamentales que se encuentran positivizados a través de
la constitución.
De esta manera, el carácter de este derecho ya no radica en una garantía aislada si no en un
principio que articula múltiples exigencias y que desemboca en otro tipo de derechos como:
el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la motivación de las decisiones, la práctica
valoración adecuada de la prueba, el ejercicio de la contradicción y la proporcionalidad; en
consecuencia, esta garantía pretende limitar materialmente el contenido de la decisión
adoptada como un mecanismo de control frente al ejercicio arbitrario del poder.
El tradicionalismo jurídico ha permitido configurar la idea de que el debido proceso fue
concebido como una garantía propia del ámbito judicial, ello debido a que con anterioridad al
componente jurídico se le atribuía como un mecanismo de resolución de la moralidad y de las
consecuencias de este (Guerrero, 2022). Sin embargo, a la luz del constitucionalismo
contemporáneo, su aplicación se ha extendido a toda actuación estatal que determine
derechos y obligaciones, incluyendo los actos y procedimientos administrativos.
En realidad, esta expansión responde a la comprensión de que la administración pública
también ejerce potestades que pueden afectar de manera directa a la esfera jurídica de los
ciudadanos, especialmente dentro de la potestad sancionadora de la administración, ya que
ella incluye “la formulación, aprobación y publicación de un sistema normativo que otorgue
legitimidad al actuar” (Castro, 2024, p. 94).
A lo anterior, se debe recordar que cuando se hace alusión al tema de derecho administrativo:
vale precisar que es una rama del derecho público, que enmarca el conjunto de normas
jurídicas que rigen la estructura organizativa, atribuciones y funciones de las
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instituciones públicas, las cuales están llamadas a trabajar por el bienestar de la
colectividad. (Escala, 2023, p. 13)
Siguiendo la idea de que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia según
el indicador del artículo primero de la constitución, no resulta entonces coherente y/o
admisible, dentro de la lógica del constitucionalismo, que las garantías fundamentales operen
únicamente en sede jurisdiccional, mientras que, en ciudad administrativa adopten estándares
reducidos de protección.
El artículo 76 del CRE consagra expresamente que en todo proceso en el que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, esta
disposición lejos de determinar la adopción de este derecho hacia una posición meramente
judicial permite su articulación hacia cualquier procedimiento, independientemente de la
naturaleza del órgano que lo tramite, de allí, que la redacción realizada por el legislador
constitucional evidencia que el debido proceso constituye un parámetro obligatorio de validez
para toda actuación estatal que afecte derechos, en especial cuando estos acuñen a
representantes del propio poder público.
La expansión del concepto de debido proceso al ámbito administrativo se vincula
estrechamente con el principio de interdicción de la arbitrariedad, dicho concepto jurídico que
se ha implementado dentro de la estructura y esqueleto del constitucionalismo particular del
Ecuador definida como “una técnica de prohibición la cual está encauzada a impedir que
surjan de un ordenamiento jurídico normas o disposiciones que son consideradas como
parciales” (Bustamante, et al, 2024, p. 910). En otras palabras, que ninguna autoridad pública
puede actuar de manera irrazonable o carente de fundamento jurídico.
Fundamentándose en dicha idea, la prohibición de arbitrariedad exige que toda decisión
estatal esté sustentada en normas preexistentes y en derechos debidamente comprobados,
llamándose a este principio de legalidad, que garantiza la “seguridad jurídica y la protección
de los derechos individuales al exigir que todas las acciones legislativas, administrativas o
judiciales estén en conformidad con lo establecido en las leyes y normas” (Silva, et al, 2024,
p.333). Y, a su vez, en hechos debidamente comprobados, que, en el momento de la
sentencia se encontrarán estrechamente vinculados bajo una coherencia lógica.
Una de las manifestaciones más claras y concretas de este principio corresponden a la
motivación del acto administrativo y la evaluación racional de la prueba pues estos son
elementos que permiten verificar de forma cercana que la decisión no responde a criterios
discrecionales ilimitados si no a un ejercicio razonado del poder público en donde el debido
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proceso opere y funcione como un mecanismo de materialización de la interrupción de la
arbitrariedad ante la ejecución de la validez del acto emitido y que deberá ser comprobado.
La relación entre el debido proceso y la seguridad jurídica resulta igualmente relevante dentro
de la construcción de la tipología de estado de derechos y justicia, en tal sentido, la seguridad
jurídica se construye como un concepto que consiste “en la posibilidad de identificar, de
manera razonablemente confiable, las consecuencias o la calificación jurídicas de
determinados actos o hechos” (Pino, 2023, p. 264). Es decir, mediante el cual se pretende
dotar de previsibilidad teórica a las actuaciones de los poderes públicos que desembocan en
la estabilidad de las situaciones jurídicas y el sentido de confianza de aquellos sujetos cuyos
derechos se encuentran protegidos conforme a la norma.
Se debe tener en cuenta que cuando las autoridades administrativas emiten actos carentes
de motivación suficiente o basados en una valoración probatoria deficiente se genera en
praxis una incertidumbre respecto de los criterios aplicados que debilitan la confianza en la
actuación institucional; y, manifiestan la realidad de que la observancia estricta del debido
proceso fortalece la coherencia del ordenamiento jurídico, garantizando así, que las
decisiones, sea la instancia que sea, no afecten derechos dentro de los estándares
verificables.
Es por todo eso y más que dentro del ámbito de los procedimientos administrativos
sancionadores la vinculación entre el debido proceso, la interdicción de la arbitrariedad y la
seguridad jurídica adquiere particular relevancia, no sólo aplica normas internas de
organización sino que terminan las responsabilidades individuales que culminan en sanciones
o desvinculaciones con impacto significativo en la estabilidad laboral de los servidores, claro
está, en la particularidad de no estar correctamente fundamentadas.
En ese sentido, la exigencia de motivación suficiente y valoración probatoria y racional no
constituye una formalidad accesoria ante la idea de la construcción del derecho al debido
proceso, si no como un requisito esencial para preservar la legitimidad del acto sancionador
porque en el caso de no realizarse de esa forma se compromete la coherencia del estado al
permitir que decisiones que afecta derechos fundamentales se adopten sin el debido sustento
jurídico y fáctico.
La potestad sancionadora de la administración pública
Como se ha indicado en líneas anteriores, la potestad sancionadora de la administración
pública constituye una competencia jurídica atribuida por el ordenamiento para garantizar el
cumplimiento de las normas que regulan la actividad administrativa y el correcto desempeño
de los sujetos sometidos a su control, bajo esa idea, ese poderío se manifiesta mediante la
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facultad de sancionar, a través de la emisión de un acto administrativo, una acción u omisión
de contra de derechos (Linares, 2024).
Tal como es conocido, en el inicio de los procedimiento se pretende determinar la existencia
de una infracción administrativa para imponer una sanción previamente prevista en la
normativa aplicable, a través de un procedimiento administrativo disciplinario, entendiéndose
a este como “al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la
emisión de un acto que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre
intereses, obligaciones o derechos de los servidores públicos” (Boyer, 2017, p. 33).
Desde un punto de vista de la naturaleza jurídica de esta potestad, el llamado ius puniendi
administrativo que puede entenderse como “una función dispuesta a la consecución de los
objetivos públicos que busca la acción administrativa. Desde esta perspectiva, la sanción
administrativa en caso alguno se dice, tiene como objetivo generar un castigo al infractor”
(Bordalí, 2023, p. 35). Y que converge en la expresión del poder sancionador del estado
únicamente ejercido en el ámbito de la función administrativa, en ese sentido, al no tratarse
de una facultad discrecional ilimitada, representa una competencia reglada, cuya validez
depende de la existencia de la habilitación normativa previa del respeto de las garantías
procedimentales, en tanto, la institución actúa dentro de un marco jurídico predeterminado
que delimita tanto, las conductas sancionables como las consecuencias jurídicas posibles del
caso (previsibilidad teórica).
Empero, que la fundamentación de la potestad sancionadora versa en la necesidad de
preservar la regularidad del servicio público y la observancia de los deberes de los servidores,
factor en el que, este apartado administrativo adquiere mayor relevancia ya que la emisión de
actos desemboca en sanciones a estos sujetos incidiendo en su estabilidad laboral y la
permanencia del cargo, por ello, el ejercicio de esta competencia se encuentra sujeto a
principios que limitan material y formalmente a la actuación de iniciativa, tales como la
proporcionalidad, legalidad y la tipicidad.
El principio de legalidad (en traducción administrativa) refiere a que la administración solo
puede sancionar conductas previamente previstas en una norma vigente, por lo tanto, este
principio exige que tanto la infracción como la sanción estén establecidas de manera expresa
en el ordenamiento jurídico de manera clara antes de la comisión de la presunta infracción,
en tal sentido, que la autoridad administrativa no puede crear nuevas infracciones ni poner
consecuencias no contempladas en la normativa aplicable, aunque es meritorio mencionar
que:
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no basta con la existencia de una ley previa ni que con esta se remita al ulterior
reglamento. Con carácter general debemos señalar que no resulta acorde con el
principio de legalidad cuando la ley se limita a establecer un tipo de infracción de forma
residual, es decir, en relación con otros preceptos descritos, lo que hace incierto
impredecible que otras conductas, no previstas en los tipos de la ley, pudieran ser
objeto de regulación reglamentaria e integrar así el tipo residual de infracción. (Galán,
2024, p. 128)
El principio de tipicidad (dentro de la esfera de la administración) está estrechamente
vinculado a la legalidad ya que “implica que los individuos conozcan con anterioridad las
conductas que se encuentran prohibidas por el ordenamiento jurídico” (Ramírez, 2011, p. 39).
Por ende, la conducta sancionable se debe encontrar descrita con claridad y precisión en la
norma correspondiente, a diferencia de la legalidad, este principio es el momento en donde
existe la adecuación entre el hecho atribuido y la descripción normativa; y, en donde las
autoridades administrativas realizan el ejercicio interpretativo dentro del alcance de la
infracción.
A diferencia de otras directrices jurídicas, este principio obliga a la autoridad a individualizar
de manera concreta la conducta, objeto de la sanción, y la descripción normativa a la que se
le atribuye, en conjunto con el acto de demostración de correcta correspondencia en el
supuesto normativo.
Por su parte, el principio de proporcionalidad orienta la determinación y aplicación de la
sanción, esto, se traduce a que este principio exige que:
puede configurarse como un límite a la actuación represiva de la Administración
Pública, en virtud de la cual, una medida, acto, decisión o norma resultará procedente
su aplicación cuando sea estrictamente necesaria, idónea y proporcional para obtener
los objetivos perseguidos por la ley. (López, 2025, p. 174)
De lo cual, se extrae la relación razonable entre la gravedad de la conducta y la intensidad de
la medida adoptada, cabe resaltar, que la proporcionalidad opera como un criterio de
racionalidad en la decisión administrativa que impide la imposición de sanciones que resulten
excesivas o desajustadas al respecto en infracción contrastada, de ello, se configura la idea
de que este principio supone la valoración de factores fácticos dentro de la naturaleza del
incumplimiento.
La regulación general de la potestad sancionadora en el ordenamiento ecuatoriano se
encuentra sistematizada en el COA, instrumento jurídico que establece las reglas básicas de
procedimiento administrativo sancionador y consagra expresamente la asociación de la
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administración a los principios antes señalados, este cuerpo normativo tiene la particularidad
de disponer que toda actuación sancionadora debe desarrollarse mediante un procedimiento
formal que garantice la notificación de cargos, la posibilidad de presentar descargos, la
ejecución de las fases de la prueba y la emisión de una resolución debidamente motivada,
misma que, deberá fundamentarse en la interrelación de los hechos con la norma.
De ahí que, en sujeción con lo anteriormente explicado, el COA establezca que los principios
mencionados se encuentren recogidos en el desarrollo teórico del mismo, siendo el caso la
tipicidad en el artículo 29, el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 16, exigiendo
que las actuaciones administrativas sean idóneas, necesarias y proporcionales al fin público
que persiguen, parámetro que, resulta aplicable la determinación de la sanción
correspondiente.
En su artículo 248 se estructura las garantías del procedimiento administrativo, de esta
manera, regulan que el procedimiento inicia mediante oficio o por denuncia, obviamente,
exigiendo la formulación clara de los hechos atribuidos como infracción, el artículo 251
establece el contenido del acto administrativo y el derecho del administrado a presentar
alegaciones y aportar pruebas dentro del término establecido, garantizando así, una de las
directrices del debido proceso, el derecho a la defensa; el artículo 256 prevé la práctica y la
valoración de las pruebas imponiendo a la autoridad lo obligación de examinar de manera
integral los elementos incorporados; y, finalmente, el artículo 260 que dispone que la
resolución que pone fin al procedimiento debe ser motivada y resolver todas las cuestiones
planteadas con la finalidad de determinar con precisión la existencia o inexistencia de la
infracción cometida y la sanción aplicable.
La motivación del acto administrativo
La motivación del acto administrativo constituye uno de los elementos esenciales en la
estructura del estado constitucional ecuatoriano, dicha idea, se deriva debido a que este
aspecto garantiza que el ejercicio de la potestad pública se encuentre sometido a parámetros
de racionalidad, juridicidad y control.
Dentro del contexto ecuatoriano, esta exigencia se encuentra sustentada de forma expresa
en el artículo 76 numeral 7 de la letra l del CRE, misma que, dispone que las resoluciones de
los poderes públicos deben ser motivadas y que no habrá motivación cuando en la decisión
no se enuncien las normas o principios jurídicos en los que se funda y cuándo no se explica
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho.
En el desarrollo de este mandato, el COA establece en su artículo 100 que los actos
administrativos que afecten derechos o intereses legítimos deben ser motivados, debiendo
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así, expresar dentro de esto, los hechos y fundamentos de derecho que justifica la decisión,
siendo esta idea, colindante con la argumentación constitucional.
Bajo la disposición anteriormente indicada, se permite delimitar el contenido mínimo de la
motivación, logrando que se pueda integrar dentro de la estructura formal del acto
administrativo ya que, en realidad, no se trata únicamente de justificar externamente una
decisión adoptada, sino de poder exteriorizar el proceso racional que conduce desde la
constatación de determinados hechos hasta la aplicación de una consecuencia jurídica
prevista en el ordenamiento.
La motivación, desde un eje conceptual, puede definirse como “control epistémico y
democrático del ejercicio judicial, dado que obliga al juez a hacer explícitas las razones que
fundamentan su decisión” (Alcívar & Estrella, 2025, p. 547). En sencillas palabras, representa
la exposición ordenada y coherente de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan la
decisión administrativa junto con la explicación del razonamiento lógico que los vincula, en
ese orden de ideas, su finalidad no es meramente informativa, sino que también, estructural
ya que permite controlar la legalidad del acto, garantizar el derecho a la defensa del
administrado y delimitar el ámbito de actuación de la autoridad:
Desde la perspectiva general, la motivación pende de 3 elementos esenciales; en primer lugar,
la determinación de los hechos probados, en tanto, la autoridad administrativa debe establecer
de manera clara cuáles son los hechos relevantes que han sido acreditados dentro del
procedimiento, indicando, ante todo, los medios de prueba valorados y explicando su
incidencia en la construcción de la decisión.
En segundo punto, se construye la identificación precisa de las normas jurídicas aplicables,
de tal manera, que la autoridad debe alegar las disposiciones legales o reglamentarias
pertinentes, para qué con ello, se evite la remisión genérica o la simple reproducción de textos
normativos sin conexión al caso concreto.
Finalmente, el tercer elemento estructural representa el razonamiento lógico o juicio de
subsunción, este es conocido por ser el “momento crucial del proceso de administración de
justicia en el que los hechos probados, luego de ser valorados, aparecen insertos en una
norma racional previamente individualizada que contiene la solución al caso concreto” (López,
2015, p. 55). Por ende, ello implica explicar de manera clara como los hechos probados se
adecuan a la hipótesis normativa y porque corresponden a aplicar una determinada
consecuencia jurídica, bajo esa lógica, no basta la afirmación de que existe una infracción en
la que procede una sanción, sino, que es necesario desarrollar el razonamiento que conecta
las premisas fácticas con la conclusión jurídica.
Gallardo Iriarte; Saa Almeida; Martínez Pérez
392
Ahora bien, la construcción jurisprudencial de derecho la motivación en el Ecuador ha
experimentado un proceso evolutivo que refleja cambios relevantes en la concepción de esta
garantía como elemento estructural del debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues a lo
largo de distintos comentarios vinculantes proporcionados por la corte constitucional se ha
redefinido los parámetros a partir de los cuales se examina la suficiencia argumentativa de las
decisiones.
En un primer momento, la CC para el periodo de transición de 2008 a 2012 estableció un
modelo analítico conocido como “la prueba de motivación” cuyo objetivo correspondía a
“funcionar como mecanismo para verificar si en un caso en concreto se había vulnerado o no
la garantía de la motivación” (Cedeño & García, 2024, p. 394). Esta herramienta fue
desarrollada de manera sistemática en la sentencia emitida por la corte con número 227-12-
SEP- CC del 21 de julio de 2012, en dicho pronunciamiento se fijaron tres parámetros de la
lógica de la motivación, los cuales, correspondían a: la razonabilidad, la lógica y la
comprensibilidad.
Cuando se llegaba a hablar de la razonabilidad, esta exigía que la decisión se fundamenta en
normas y principios constitucionales, de tal manera que “exige una decisión justa y
proporcionada, se evalúa a través de su afectación por la insuficiencia (cuando no se justifica
la proporcionalidad de una medida) y por la apariencia, que puede encubrir una decisión
arbitraria e irrazonable” (Galarza & Suárez, 2025, p. 465).
Así mismo, la lógica implicaba una conexión de coherencia entre las premisas y la conclusión
a la que se llevaba dentro de la sentencia, finalmente, la comprensibilidad demandaba claridad
expositiva suficiente para permitir el control social de la decisión; y, es mediante este modus
operandi, que la corte sostuvo que la ausencia de cualquiera de estos elementos configura
una vulneración de derecho la motivación.
Ese enfoque, en primera fase, respondió una idea formalmente exigente de la motivación,
entendiéndose a esta entonces como un proceso argumentativo que debía superar un
examen tripartito, ya que el análisis se abría paso con la identificación expresa de la fuente
normativa aplicable y su articulación con los hechos del caso, de modo que, la fundamentación
jurídica no fuese meramente declarativa sino razonablemente vinculada con el contexto
procesal.
Es así, que la Corte insistió en dotar de contenido operativo la garantía constitucional de
motivación, permitiendo que los jueces y tribunales contaran con parámetros concretos para
evaluar la validez de las decisiones jurisdiccionales tomadas limitando la arbitrariedad judicial,
fortaleciendo, la constitucionalidad de las resoluciones emitidas.
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Sin embargo, el modelo evidenció ciertas limitaciones pues su aplicación tendía a
concentrarse en la verificación formal de los requisitos de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad sin profundizar necesariamente en la suficiencia y calidad de la
argumentación desarrollada por el juzgador, en consecuencia, se podían emitir decisiones
que cumplieran formalmente con el test tripartito pero que no ofrecían una justificación
adecuada respecto a los derechos e intereses discutidos en el proceso.
Posteriormente, la corte constitucional conforme a los estándares constitutivos del 2008
produjo una reformulación del estándar, dentro de la sentencia número 1143- 12- EP/19
emitida el 28 de octubre de 2019, en donde, la corte adoptó el criterio de los parámetros
mínimos de motivación, implicando así, un distanciamiento explícito de lo anteriormente
determinado por test de motivación, bajo la premisa de que no era necesario exigir un modelo
argumentativo rígido para garantizar un derecho.
Desde esa perspectiva, la motivación se consideraba suficiente cuando la decisión expresaba
la norma o principios jurídicos que la sustentaba, justificaba su pertinencia respecto del caso
concreto y mantenía congruencia entre los hechos acreditados y la conclusión adoptada:
la motivación cumple una función extraprocesal, que la vincula al control no procesal
o externo de la decisión; y otra, Endo procesal, que la vincula al control procesal o
interno de la decisión. La motivación, en la medida que pretende explicar la
racionalidad de la decisión, quiere ser persuasiva de su corrección. (Ricaurte, 2023, p.
37)
Ello desembocó a que el análisis ya no se centraba en verificar el cumplimiento de tres criterios
acumulativos, que ante la carencia de uno de ellos concluía la inexistencia de la motivación,
por el contrario, se trataba de constatar que no existiera una carencia sustancial de
fundamentación, así, la corte desplazó el eje de un examen formal de estructura hacia una
verificación material de suficiencia argumentativa.
En ese contexto, a diferencia del test desarrollado anteriormente, este nuevo estándar priorizó
la suficiencia de la justificación ofrecida por el juzgador para resolver el conflicto, con ello, la
corte reconoció que la garantía de motivación no depende de una estructura
argumentativamente rígida sino en la capacidad de la decisión para fundamentar
adecuadamente la conclusión del caso, lo cual, fortaleció el área material de la motivación
dirigida hacia el análisis constitucional.
Finalmente, en la etapa más reciente, la corte constitucional profundizó y sistematizó el
estándar vigente dentro de la sentencia número 1158- 17- EP realizada el 20 de octubre de
2021, en dónde, se redefinieron los requisitos de la motivación en torno a dos dimensiones
Gallardo Iriarte; Saa Almeida; Martínez Pérez
394
esenciales; la primera de ellas, que exige la identificación clara de las disposiciones jurídicas
aplicables y la explicación de su relevancia para el caso; y, la segunda, que demanda una
exposición adecuada de los hechos probados y de su incidencia en la decisión.
A diferencia de criterios anteriores, este pronunciamiento no se limitó únicamente a establecer
parámetros para evaluar la existencia de una motivación, por el contrario, procuró dotar de
mayor precisión y sistematización al control constitucional de las decisiones, de tal manera,
que se consolidó una visión integral de la motivación entendiéndola como una garantía que
exige la articulación coherente entre los fundamentos jurídicos y los elementos fácticos del
caso.
Mediante aquello, la corte reforzó la idea de que una decisión no puede considerarse motivada
por la sola cita de normas o la descripción de los hechos, sino que debe evidenciar un
razonamiento que permita vincular ambos estándares y justificarlos dentro de la conclusión
alcanzada; y, ello trajo consigo, que el análisis de estos elementos ya no se centrase en la
presencia de cuestiones formales.
DISCUSIÓN
Ahora bien, la valoración probatoria y administrativa constituye un componente estructural en
el debido proceso y un elemento determinante para la validez de las decisiones adoptadas
por la administración pública a través del acto administrativo, en Ecuador, la actividad
probatoria no sólo se limita a un trámite formal sino que representa el mecanismo a través del
cual la autoridad verifica la existencia de los hechos que sirven de fundamento para la emisión
del acto administrativo; y, para la posterior motivación de la sentencia.
Bajo ese orden de ideas, la valoración del medio probatorio garantiza que la decisión
administrativa se sustente en hechos objetivamente acreditados y no en presunciones
infundadas o apreciaciones subjetivas, cabe resaltar, que esta etapa de la prueba “va mucho
más allá del entendimiento de los juzgadores, más bien, se orienta al punto de
tener credibilidad, una vez que ha sido presentada, admitida y practicada” (Cárdenas
& Cárdenas, 2022, p. 25). De tal manera, que se realice un análisis razonado de los elementos
de convicción incorporados al expediente administrativo con el propósito de determinar su
credibilidad, pertenencia y suficiencia bajo los caracteres de racionalidad coherencia y
motivación.
En ese contexto, resulta necesario distinguir entre la discrecionalidad y la arbitrariedad; el
primero, se configura cuando el ordenamiento jurídico otorga la autoridad un margen de
apreciación para adoptar una decisión dentro de varias opciones legítimas, siempre y cuando,
se mantenga dentro de los límites establecidos por ley y los principios constitucionales
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(Cassagne, 2022). Dentro de la materia probatoria, este aspecto se manifiesta en la facultad
de valorar los medios de prueba conforme las reglas de la sana crítica, es decir, atendiendo
a los criterios de la lógica, experiencia y conocimiento técnico.
La arbitrariedad, en cambio, se presenta cuando la decisión carece de fundamento racional o
de la justificación de los elementos probatorios incorporados al procedimiento, según
Cassagne (2022) esta, también incide en una “actuación injusta (en el sentido de afectar al
valor justicia o a los principios generales del derecho) o bien, una actividad contraria a la razón
y, como tal, contradictoria o absurda, en el plano lógico” (p. 507). Por ende, existe arbitrariedad
cuando la autoridad omite valorar pruebas y/o asignan un valor probatorio sin justificación para
adoptar conclusiones que no se desprenden lógicamente de los derechos acreditados.
Es así, que la diferencia entre ambas corresponde a que mientras la discrecionalidad supone
un margen legítimo de apreciación dentro del marco jurídico, la arbitrariedad implica una
ruptura con los principios de legalidad y razonabilidad que rigen la cosa no administrativa para
eliminación de sus actos.
En la constitución se establecen estándares claros respecto a la necesidad de que toda
decisión que afecte los derechos sea sustentada con pruebas suficientes, ello, se puede
vislumbrar en el artículo 76 de ese cuerpo normativo que consagra el derecho a que, dentro
del debido proceso, se disponga la garantía de la práctica de las pruebas y su debida
valoración, a esa idea, se le suma el pensamiento que ha emitido la corte constitucional para
desarrollar el estándar de prueba suficiente como presupuesto para la adopción de decisiones
que afecten derechos, es así que esta corresponde a un:
instrumento del proceso cuya función de umbral permite al juez alcanzar o no la
convicción según si las pruebas aportadas en el juicio son suficientes para destruir la
presunción de inocencia, funcionando entonces como garantía de protección de este
derecho. (Reyes, 2012, p. 234)
Dicho estándar, suele estructurarse en fases diferenciadas: en la etapa inicial, basta con la
existencia del elementos que brinden indicios para justificar la apertura de la investigación,
por lo que, la necesidad de probar es realmente baja, pues sólo se trata de una medida
preventiva, sin embargo, para imponer una sanción se requiere de convicción suficiente sobre
la ocurrencia de la infracción y la responsabilidad del administrada, por lo que, la decisión final
debe apoyarse en una valoración motivada de los hechos y los medios probatorios actuados.
Cabe resaltar, que a las luces de la carga de la prueba, en el procedimiento disciplinario
corresponde a la administración acreditar los hechos constitutivos de la infracción, ellos
resaltan los artículos 76 numeral 2 del CRE, en consecuencia, el servidor público investigado
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no tiene la obligación de demostrar su inocencia, por el contrario, es la autoridad la que debe
probar la existencia de la conducta, la conexión entre los servidor y la acción u omisión y su
responsabilidad, sin que dicho actuar probatorio se realice de forma parcial a beneficio de la
institución, sin embargo, el administrado conserva el derecho de aportar pruebas de descargo
y controvertirlos alimentos presentados en su contra.
Una cuestión interesante, es que la suficiencia probatoria no se determina por la cantidad de
pruebas incorporadas dentro de un proceso sino por la capacidad de éstas para generar
convicción racional sobre los hechos controvertidos, es en más, que la autoridad pública debe
explicar por qué considera que determinados elementos acreditan infracción y por qué
descarta otros medios probatorios.
La problemática de la carga de la prueba en el derecho administrativo exige, como punto de
partida, determinar quién debe acreditar los hechos relevantes para que la autoridad adopte
una decisión válida, dicha cuestión, no sólo implica aspectos procesales, sino que también
recae en el ámbito sustantivo ya que incide directamente en la garantía del debido proceso y
en la distribución de riesgos dentro de la administración.
Con ello, la teoría general de la prueba, misma que indica que este elemento es aquel que
“permite que se conozcan los hechos del caso en el procedimiento, es decir, que permite
formular o verificar enunciados para la reconstrucción de los hechos que se discuten; y prueba
(como resultado)” (Palmero & Gener, 2024, p. 109). Ha formulado diversas posiciones acerca
de cuál es su objeto.
Una primera postura sostiene que lo que se prueba son los hechos pasados presentes o
incluso futuros, bajo esa concepción, el juez debe constatar la existencia de esos hechos
como un presupuesto para la decisión; una segunda postura amplía el objeto probatorio de
los hechos y de las afirmaciones formuladas por las partes respecto de ellos, en este caso,
no sólo se verifica la ocurrencia de los acontecimientos sino que también la veracidad de las
declaraciones efectuadas en torno de los mismos; y, su última postura, afirman que el
verdadero objeto de la prueba son exclusivamente las afirmaciones pues los hechos estarían
con independencia del proceso mientras que lo que requiere respaldo o refutación son las
posiciones que las partes construyen sobre ellos con la finalidad de la consolidación de la
veracidad (Rivera, 2011).
La finalidad de la prueba varía según la materia, por ejemplo, mientras en la rama de lo civil
se orienta a generar convicción respecto a los hechos controvertidos y en el ámbito penal se
dirige a demostrar la existencia de la infracción o en el ámbito constitucional para la
determinación de existencia o no de vulneración de derechos constitucionales, en el ámbito
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administrativo, ocurre otra situación y es que en el orden de ideas en cómo se genera esta
rama del derecho, se exige prueba para acreditar los hechos alegados en el procedimiento.
A este punto, cabe resaltar la distinción entre carga y obligación dentro de la prueba, la
obligación está directamente linda al mandato cuyo incumplimiento genera una consecuencia
jurídica sancionadora, mientras que, la carga, en cambio, opera como un incentivo procesal
para que la parte actúa en defensa de sus propios intereses.
En aras de derecho administrativo, esta regla adquiere una configuración específica, según el
COA corresponde a la administración pública acreditar los hechos constitutivos de la
infracción cuando ejerce su potestad sancionadora, esto, se justifica con el principio de
inocencia reconocido constitucionalmente que data a que toda persona es considerada
inocente y no responsable de una infracción mientras la Administración Pública no demuestre
lo contrario mediante pruebas de cargo (Morón, 2005).
Por lo tanto, la administración debe sustentar sus cargos mediante prueba obtenida y
practicada conforme a derecho y se deduce que el principio de inocencia se conserva hasta
que el acto administrativo sancionatorio se encuentre en firme, entendiéndose por acto
administrativo firme cuando no admite impugnación en ninguna vía (Altamirano et al., 2022).
Este escenario trajo consigo la presencia de tensiones jurídicas sobre la aplicación de la
presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador frente a la presunción de
legitimidad del acto, misma que, implica a prima facie la autenticidad de la actuación hasta su
revocatoria.
Dicho conflicto, ha sido objeto de un amplio debate doctrinal y jurisprudencial debido a que
una interpretación extensiva de la presunción de legitimidad podría conducir a asumir como
ciertos los hechos imputados por la propia administración, únicamente por provenir de un ente
público cuyos actos de ser legítimos.
Sin embargo, tal criterio resultaría incompatible con los principios que rigen el debido proceso,
puesto que, la presunción de inocencia exige que toda imputación sea acreditada mediante
actividad probatoria suficiente y pertinente, por ende, la legitimidad del acto no puede
confundirse con una suposición de veracidad absoluta de los hechos ni, mucho menos, con
una presunción de culpabilidad hacia el administrado.
Bajo ese orden de ideas, la presunción de inocencia opera como un límite del ejercicio del ius
puniendi administrativo al imponer que la administración sea la obligada a demostrar tanto, la
existencia de la infracción, como la responsabilidad de la persona investigada, de modo que,
la ejecutividad de los actos debe ser coercible con las garantías procesales de aquellos
Gallardo Iriarte; Saa Almeida; Martínez Pérez
398
quienes se encuentran sujetos a la administración, de tal manera, que la actuación
administrativa conserve la eficacia sin sacrificar las garantías constitucionales.
CONCLUSIONES
El análisis desarrollado permite concluir que la motivación del acto administrativo en los
procedimientos sancionadores en el Ecuador constituye un requisito estructural para la
fortificación de la garantía del debido proceso, cuya validez depende de su articulación con
una adecuada valoración probatoria, es así, que la ausencia de una exposición clara de los
hechos probados, de las normas aplicables y del razonamiento lógico que los vincula, impide
verificar la racionalidad de la decisión administrativa, lo cual, termina afectando su
conformidad con los estándares constitucionales y normativos pertinentes, en ese sentido, la
motivación no puede entenderse como un requisito formal sino como un elemento especial
para la construcción del garantismo.
Asimismo, se determina que la valoración en sede administrativa debe regirse por criterios de
suficiencia, racionalidad y objetividad, en los cuales, la administración asume la carga de
acreditar los hechos constitutivos de la infracción; y, su inobservancia, ya sea, mediante la
omisión de prueba o una valoración incompleta del material probatorio compromete la validez
del procedimiento sancionador y vulnera garantías, propias, de un sistema de justicia.
Finalmente, se concluye que la deficiente motivación y la irregular valoración de la prueba
constituyen factores determinantes en la generación de decisiones administrativas que no
cumplen con los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, esta situación evidencia la
necesidad de fortalecer los estándares de actuación administrativa conforme al marco
constitucional y legal vigente, a fin de garantizar que el ejercicio de la potestad sancionadora
se desarrolle dentro de los límites del debido proceso y cumpliendo con el respeto a los
derechos de los administrados.
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