Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp. 403-415
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
EJECUCIÓN PENAL E INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: ANÁLISIS DE PENAS NO
PRIVATIVAS PARA MADRES SENTENCIADAS
CRIMINAL SENTENCE ENFORCEMENT AND THE BEST INTERESTS OF THE CHILD:
ANALYSIS OF NON-CUSTODIAL SENTENCES FOR CONVICTED MOTHERS
Loachamin Mollocana, Valeria Estefanía
veloachaminm@ube.edu.ec;
Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Guayas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
García Segarra, Holger Geovanny
hggarcias@ube.edu.ec;
Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Guayas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0008-6756-1263
Recibido: 23/02/2026
Revisado: 26/02/2026
Aprobado: 15/05/2026
Publicado: 01/09/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i3.4644
RESUMEN
La protección de los derechos del niño en contextos de ejecución penal adquirió especial
relevancia debido a las consecuencias que la privación de libertad de las madres generó en
los hijos convivientes y en su bienestar de la infancia. En este marco, se analizó la relación
entre la ejecución penal y la garantía de los derechos humanos de los niños que
permanecieron vinculados al entorno penitenciario de sus progenitoras en Ecuador. Para
alcanzar este propósito, se realizó una investigación documental basada en el examen crítico
de normativa nacional e internacional, jurisprudencia, doctrina especializada y experiencias
desarrolladas en Argentina, Chile y España. Los resultados permitieron identificar vacíos
normativos, limitaciones institucionales y una insuficiente producción de información
sistematizada, factores que dificultaron la adopción de medidas alternativas a la privación de
libertad y la implementación de acciones orientadas a proteger de manera efectiva a la niñez
afectada. Asimismo, se constató que el interés superior del niño no siempre fue considerado
de forma prioritaria en las decisiones relacionadas con la ejecución penal. Finalmente, se
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concluyó que resultó necesario fortalecer el marco jurídico e institucional mediante
mecanismos que permitieran compatibilizar los fines de la sanción penal con la protección
integral de los derechos humanos, los derechos del niño y el bienestar de la infancia.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Sanción penal; Derecho Penal; prisión, prisionero;
administración de justicia.
ABSTRACT
The protection of children’s rights in the context of criminal enforcement gained special
relevance due to the consequences that the deprivation of liberty of mothers generated on
cohabiting children and on their well-being in childhood. In this framework, the relationship
between criminal enforcement and the guarantee of human rights of children linked to the
penitentiary environment of their mothers in Ecuador was analyzed. To achieve this purpose,
a documentary research approach was conducted based on a critical review of national and
international regulations, jurisprudence, specialized doctrine, and comparative experiences
from Argentina, Chile, and Spain. The results identified normative gaps, institutional limitations,
and insufficient systematized information, factors that hindered the adoption of alternatives to
deprivation of liberty and the implementation of effective measures aimed at protecting
children. Likewise, it was found that the best interests of the child were not always prioritized
in decisions related to criminal enforcement. Finally, it was concluded that it was necessary to
strengthen the legal and institutional framework through mechanisms that would reconcile the
purposes of criminal sanctions with the comprehensive protection of human rights, children’s
rights, and well-being in childhood.
CONTENT DESCRIPTORS: Criminal sanction; Criminal Law; prison, prisoner; administration
of justice.
INTRODUCCIÓN
La ejecución penal constituye una etapa esencial del sistema de justicia penal, encargada de
materializar las sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales y de garantizar,
simultáneamente, el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de
libertad. En el marco del constitucionalismo contemporáneo, esta fase no se limita al
cumplimiento de la pena, sino que incorpora principios orientados a la dignidad humana, la
resocialización y la protección de grupos de atención prioritaria (Escobar & Florentin, 2026).
En este sentido, los estándares internacionales de derechos humanos han establecido que la
privación de libertad no puede implicar la suspensión absoluta de derechos, sino únicamente
aquellas restricciones estrictamente necesarias derivadas de la condena penal (Sotomayor y
Pozo, 2024).
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En este contexto, la situación de las mujeres privadas de libertad con hijos convivientes ha
adquirido una relevancia creciente dentro del debate jurídico y penitenciario. La literatura
especializada ha señalado que la reclusión de mujeres en etapa reproductiva o con
responsabilidades de cuidado genera impactos diferenciados no solo en la persona
sentenciada, sino también en el desarrollo integral de sus hijos, quienes se encuentran en una
condición de especial vulnerabilidad (Martínez, 2024). Desde esta perspectiva, el interés
superior del niño se configura como un principio rector que debe orientar todas las decisiones
administrativas y judiciales que les afecten, conforme a lo establecido en la Convención sobre
los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales de derechos humanos (Ampuero
et al., 2024).
A nivel internacional, diversos organismos como Naciones Unidas han advertido que los
sistemas penitenciarios tradicionalmente han sido diseñados desde una perspectiva
masculina, lo que ha generado una limitada incorporación del enfoque de género y niñez en
la ejecución de la pena (Bonfim et al., 2025). Esta situación ha sido documentada en múltiples
estudios comparados que evidencian la existencia de brechas significativas en la atención a
mujeres privadas de libertad y sus hijos, especialmente en lo relacionado con alternativas a la
prisión, condiciones de reclusión y políticas de protección integral de la infancia (Ochoa,
2022).
En América Latina, han señalado que los sistemas de ejecución penal enfrentan problemas
estructurales vinculados a la sobrepoblación carcelaria, la insuficiencia de recursos
institucionales y la falta de políticas públicas diferenciadas. Estos factores inciden
directamente en la capacidad de los Estados para garantizar los derechos humanos de las
personas privadas de libertad y, en particular, de los niños que dependen de ellas. En este
sentido, la ausencia de mecanismos adecuados para armonizar la sanción penal con la
protección de la niñez constituye una problemática persistente en la región (Baldeón & Zárate,
2025).
En el caso ecuatoriano, el sistema penitenciario ha sido objeto de múltiples cuestionamientos
debido a su crisis estructural, caracterizada por condiciones de hacinamiento, debilidades
institucionales y limitaciones en la implementación de políticas de rehabilitación social.
Estudios recientes han evidenciado que, pese a la existencia de un marco constitucional
garantista, persisten dificultades para la aplicación efectiva del principio de interés superior
del niño en el contexto de la ejecución penal, especialmente en los casos de mujeres
sentenciadas con hijos convivientes (Verdugo, 2023). Asimismo, se ha identificado una
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escasa articulación interinstitucional y una insuficiente producción de información
sistematizada que permita diseñar políticas públicas efectivas en esta materia (Fienco, 2026).
Desde una perspectiva doctrinal, el derecho penitenciario contemporáneo plantea la
necesidad de transitar hacia modelos de ejecución penal más humanos y diferenciados, que
incorporen enfoques de género, infancia y derechos humanos. En este marco, se ha sostenido
que la privación de libertad de una madre no puede analizarse de forma aislada, sino en
relación con las consecuencias directas que genera en sus hijos, lo que exige la adopción de
medidas alternativas al encarcelamiento en determinados casos, conforme a los principios de
proporcionalidad, necesidad y humanidad de la pena (Pérez, 2024).
A pesar de estos avances teóricos y normativos, en la práctica se observa una brecha
significativa entre el reconocimiento formal de los derechos humanos y su aplicación efectiva
en el sistema penitenciario. Esta situación evidencia la necesidad de profundizar en el análisis
de la ejecución penal desde una perspectiva integral que incorpore el bienestar de la infancia
como elemento central de la política criminal (Estrella, 2024). En este sentido, el análisis
comparado con experiencias de países como Argentina, Chile y España permite identificar
modelos más avanzados en la protección de los hijos de mujeres privadas de libertad, lo cual
constituye un referente importante para el desarrollo de propuestas normativas e
institucionales en el contexto ecuatoriano.
En este marco, la presente investigación analiza la relación entre la ejecución penal y la
protección del interés superior del niño en los casos de mujeres sentenciadas con hijos
convivientes en Ecuador, con el propósito de identificar las principales limitaciones del sistema
actual y proponer lineamientos orientados al fortalecimiento de un modelo de ejecución penal
compatible con los estándares internacionales de derechos humanos y la protección integral
de la niñez (Urresta et al., 2024).
MÉTODOS
La investigación fue de tipo descriptiva–explicativa, en la medida en que permitió, en primer
lugar, caracterizar el funcionamiento de la ejecución penal en el contexto de la protección del
interés superior del niño en el sistema jurídico ecuatoriano, identificando sus principales
rasgos normativos, institucionales y doctrinales. En segundo lugar, el estudio no se limitó a la
descripción del fenómeno, sino que analizó las causas estructurales que originan las
limitaciones existentes en el sistema penitenciario, así como sus efectos en la garantía de los
derechos humanos de la niñez, particularmente en los casos de hijos convivientes de mujeres
privadas de libertad.
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En este sentido, el enfoque explicativo permitió profundizar en la relación entre las deficiencias
del marco normativo, las debilidades institucionales y la limitada implementación de medidas
alternativas a la privación de libertad, con la afectación directa al principio del interés superior
del niño y al bienestar de la infancia. Asimismo, la investigación incorporó un análisis crítico
del impacto que dichas limitaciones generan en la efectividad de la política penitenciaria y en
la protección integral de los derechos fundamentales.
El diseño de la investigación fue documental, de carácter jurídico-doctrinal y comparado,
sustentado en la revisión sistemática y crítica de fuentes primarias y secundarias. Entre las
fuentes primarias se incluyeron la Constitución de la República del Ecuador, el Código
Orgánico Integral Penal, instrumentos internacionales de derechos humanos, normativa
penitenciaria vigente y jurisprudencia relevante emitida por órganos nacionales e
internacionales.
Por su parte, las fuentes secundarias estuvieron conformadas por artículos científicos
indexados, libros especializados, informes técnicos de organismos internacionales y
documentos institucionales relacionados con la ejecución penal, los derechos de la niñez y la
situación de las mujeres privadas de libertad. El análisis comparado permitió examinar
experiencias normativas y programáticas de países como Argentina, Chile y España, con el
fin de identificar buenas prácticas aplicables al contexto ecuatoriano.
Se excluyeron fuentes sin respaldo académico o institucional, documentos duplicados y
publicaciones no relacionadas directamente con el objeto de estudio. La información
recopilada fue organizada mediante una matriz de análisis cualitativo, lo que permitió su
sistematización, categorización e interpretación crítica desde una perspectiva jurídico-
doctrinal.
RESULTADOS
El análisis permitió identificar una contradicción entre el régimen de ejecución penal y el
principio del interés superior del niño (Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH,
2002; Organización de Naciones Unidad ONU, 1989), al no contemplarse medidas
alternativas en esta fase. En segundo lugar, se evidencia la ausencia de información
estadística sistematizada, lo que impide evaluar la magnitud del problema y limita la
formulación de políticas públicas efectivas, evidenciando una baja priorización institucional del
tema. Situaciones similares han sido identificadas por organismos internacionales que
advierten la necesidad de generar información especializada para el diseño de políticas
penitenciarias con enfoque de género y niñez (Naciones Unidas, 2021; UNODC, 2021).
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Se determinó que el COIP prevé medidas sustitutivas en la etapa procesal, pero no en la fase
de ejecución, lo que genera una protección incompleta. Asimismo, se identificó una
inconsistencia en el límite de edad de los niños, lo que afecta la coherencia normativa.
Finalmente, se evidenció la falta de articulación interinstitucional, lo que dificulta la
implementación de medidas orientadas a la protección integral de la niñez.
Figura 1. Flujograma PRISMA de Selección de Fuentes (2019-2025)
El flujograma (Figura 1) no solo permite delimitar el corpus de análisis, sino que también
constituye un resultado relevante en sí mismo. La exclusión de 181 artículos, debido a que se
enfocaban en la etapa de medidas no privativas de libertad en fase preventiva, evidencia que
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tanto la producción académica como el desarrollo normativo han concentrado su atención en
la prisión preventiva, dejando de lado el estudio de la fase de ejecución penal.
De los estudios finalmente seleccionados para el caso ecuatoriano, la mayoría (n=8)
corresponden a fuentes de alta confiabilidad, como informes de la Defensoría del Pueblo y
organismos de derechos humanos, mientras que el resto provienen de revistas indexadas en
bases como Scopus o Web of Science. Este hallazgo confirma la limitada producción
académica nacional sobre esta problemática específica.
En cuanto al análisis normativo vigente (lege lata), se identifica como primer resultado la
existencia de una brecha que origina una contradicción jurídica. Por un lado, el Código
Orgánico Integral Penal (2021), en su artículo 537, reconoce el interés superior del niño como
criterio para evitar la prisión preventiva. Sin embargo, en la fase de ejecución penal, el artículo
675 se limita a regular la permanencia del niño dentro del centro de privación de libertad hasta
los tres años de edad, sin contemplar mecanismos alternativos al encierro. Esta ausencia
normativa genera una tensión directa con los principios constitucionales de protección
prioritaria de la niñez, tal como se evidencia en la Tabla 1.
Tabla 1. Mapa de Brechas Normativas en la Legislación Ecuatoriana (COIP) frente al ISN
Tema/Principio
Normativa Ecuatoriana Vigente
(Hallazgo)
Brecha / Antinomia Identificada
(Análisis)
Penas no
privativas de
libertad
Inexistente. El Art. 675 COIP solo
regula la permanencia interna del
niño (hasta 3 años).
Omisión legislativa absoluta.
Inconstitucionalidad por omisión
frente al Art. 44 CRE (ISN
prevalente).
Ponderación
Judicial
(Ejecución)
El Juez de Garantías Penitenciarias
carece de una herramienta legal
(artículo) para ponderar el ISN y
sustituir la pena intramuros.
Rigidez del principio de legalidad
(Art. 659 COIP) sobre el principio
constitucional de ISN.
Límite de Edad
(Convivencia)
3 años (Art. 675 COIP).
Arbitrario y contradictorio con la
medida cautelar (Art. 537 COIP)
que protege hasta los 5 años.
Articulación
Intersectorial
Inexistente en la ley de ejecución. La
responsabilidad recae solo en SNAI.
Imposibilidad fáctica de ejecutar
medidas alternativas sin la
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concurrencia obligatoria de MIES y
MSP.
Fuente: Elaboración propia (2025) basada en el análisis del COIP (2021) y CRE (2008).
La Tabla 1 permite identificar el núcleo del conflicto jurídico-penal presente en la normativa
vigente. En primer lugar, la omisión legislativa constituye el problema central, ya que el Código
Orgánico Integral Penal, en su artículo 675, se limita a regular la permanencia del niño dentro
del centro de privación de libertad, sin establecer alternativas a dicha situación. Esta limitación
genera una contradicción relevante: mientras en la etapa procesal el juez puede aplicar
medidas no privativas de libertad considerando el interés superior del niño, en la fase de
ejecución penal dicha facultad desaparece. En consecuencia, el juez queda sujeto al principio
de legalidad estricta, lo que lo obliga a disponer el cumplimiento de la pena privativa de
libertad, aun cuando ello afecte derechos prevalentes de los niños (López & Medina, 2025).
Por otra parte, se evidencia una inconsistencia en el límite de edad establecido por la
normativa. En la fase cautelar se reconoce la necesidad de protección hasta los cinco años,
mientras que en la etapa de ejecución este límite se reduce a tres años. Esta diferencia carece
de justificación técnica o jurídica y genera una desprotección en una etapa crucial del
desarrollo infantil, forzando la separación del niño de su madre sin criterios suficientes que lo
sustenten.
Asimismo, la ausencia de coordinación interinstitucional revela otra debilidad estructural. La
normativa vigente no establece mecanismos que obliguen a la participación conjunta de
entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud Pública,
lo que provoca que la responsabilidad sobre el bienestar de los niños recaiga únicamente en
el sistema penitenciario, el cual no está diseñado para garantizar su protección integral.
Un segundo hallazgo relevante es la falta de información estadística sobre esta población. La
revisión de fuentes oficiales no permitió identificar datos claros, sistematizados ni
desagregados respecto a mujeres sentenciadas con hijos convivientes, ni sobre las
condiciones de estos niños. Esta ausencia de información impide evaluar la magnitud del
problema y limita la formulación de políticas públicas efectivas, evidenciando una baja
priorización institucional del tema.
Finalmente, el análisis comparado funcional muestra que otros países han implementado
mecanismos que permiten compatibilizar la ejecución de la pena con la protección de los
derechos del niño. Experiencias como el arresto domiciliario, las unidades especializadas y el
monitoreo electrónico demuestran que existen alternativas viables al encierro, lo que refuerza
la necesidad de replantear el modelo ecuatoriano.
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Tabla 2. Matriz Funcional de Medidas Sustitutivas (Benchmark vs. Ecuador)
Característica
Ecuador
(Línea Base)
Argentina
(Morigeración)
Chile
(Monitoreo)
Medida
Principal
Internamiento
(Art. 675 COIP)
Arresto Domiciliario
(Judicial)
Pena
Sustitutiva
(Telemática)
Base Legal
COIP
(Omisión)
Ley 24.660 (Art. 32);
Jurisprudencia CSJN
(Fallo G., M.V.)
Ley 18.216
(modificada)
Elegibilidad
(Niño)
Hasta 3 años
(interno)
Menor de 5 años
Criterio judicial
(cuidado)
Supervisión
SNAI (Interna)
Patronato de Liberados;
Control judicial
Gendarmería
(Unidad
Monitoreo)
Enfoque ISN
Nulo (Prioriza
encierro)
Alto (Prioriza
desinstitucionalización)
Medio (Control
de pena, no
ISN)
Fuente: Elaboración propia a partir de (Benchmark vs. Ecuador)
La Tabla 2 resulta clave para evidenciar que la situación normativa ecuatoriana no responde
a una limitación estructural inevitable, sino a una opción de política pública que difiere de las
soluciones adoptadas en otros contextos. El análisis comparado permite identificar tres
enfoques funcionales que ofrecen alternativas concretas frente al problema.
En primer lugar, el caso argentino refleja una solución de carácter judicial. Ante la ausencia
de una regulación suficientemente desarrollada, la jurisprudencia de la Corte Suprema
especialmente en fallos como G., M. V. y Verbitsky, ha consolidado criterios que permiten
flexibilizar el cumplimiento de la pena. A través de esta interpretación, los jueces de ejecución
pueden disponer el arresto domiciliario para mujeres con hijos pequeños, sustentando su
decisión en el interés superior del niño y en estándares constitucionales, lo que permite suplir
las deficiencias del marco legal mediante un enfoque garantista.
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Por otro lado, el modelo español representa una alternativa de carácter institucional o
programático. En este caso, la respuesta no depende de decisiones judiciales aisladas, sino
de una política penitenciaria organizada que incorpora espacios especializados, como las
denominadas unidades de madres. Estas instalaciones, aunque mantienen un régimen de
control, se encuentran fuera de los centros penitenciarios tradicionales y están diseñadas para
atender las necesidades del desarrollo infantil. No obstante, su implementación implica altos
niveles de inversión y cobertura limitada.
Finalmente, la experiencia chilena muestra una solución de carácter práctico apoyada en el
uso de tecnología. A través del monitoreo telemático, se permite el cumplimiento de la pena
en entornos distintos al centro de privación de libertad, asegurando al mismo tiempo
mecanismos de control. Aunque esta medida no se orienta exclusivamente a la protección del
interés superior del niño, sí constituye una herramienta eficaz que podría adaptarse al
contexto ecuatoriano para facilitar alternativas como el arresto domiciliario supervisado.
DISCUSIÓN
Los hallazgos obtenidos evidenciaron vacíos normativos y limitaciones institucionales en la
ejecución penal orientada a la protección de los derechos del niño en Ecuador. Este resultado
coincide con estudios previos que han señalado que los sistemas penitenciarios
latinoamericanos presentan dificultades estructurales para integrar el enfoque de derechos
humanos en la ejecución de la pena, especialmente cuando se trata de mujeres privadas de
libertad con hijos convivientes. En comparación con experiencias como las de Argentina, Chile
y España, se observó que dichos países han desarrollado mecanismos más específicos de
atención a la infancia en contextos penitenciarios, lo que contrasta con la limitada
sistematización normativa identificada en el caso ecuatoriano.
Asimismo, la ausencia de información sistematizada identificada en la investigación se
relaciona con lo expuesto por autores que advierten que la falta de registros integrados
dificulta la formulación de políticas públicas eficaces en materia penitenciaria y de protección
infantil. No obstante, el presente estudio amplía dicha perspectiva al vincular esta limitación
no solo con aspectos administrativos, sino también con su impacto en la aplicación del
principio del interés superior del niño dentro de la ejecución penal.
Por otra parte, la insuficiente incorporación del interés superior del niño en las decisiones
judiciales y administrativas fue consistente con investigaciones que han evidenciado una
aplicación desigual de este principio en contextos de privación de libertad. Sin embargo, este
trabajo aporta una visión más específica al identificar su débil operacionalización en la fase
de ejecución de la pena, más allá del ámbito declarativo.
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En conjunto, la comparación con estudios anteriores permitió evidenciar que, aunque existen
avances normativos en materia de derechos humanos, persisten brechas significativas en su
implementación efectiva dentro del sistema de ejecución penal ecuatoriano, particularmente
en lo relacionado con la protección del bienestar de la infancia.
CONCLUSIONES
Las investigaciones permitieron determinar que el sistema de ejecución penal ecuatoriano
presenta insuficiencias normativas en relación con la aplicación de medidas no privativas de
libertad para mujeres sentenciadas con hijos convivientes. Estas limitaciones generaron una
tensión entre los fines de la pena y la protección del interés superior del niño, evidenciando
inconsistencias con los principios constitucionales y con los estándares internacionales de
derechos humanos, los cuales exigen una protección reforzada de la niñez.
Asimismo, se constató que la ausencia de información oficial sistematizada limitó la
formulación de políticas públicas efectivas en materia penitenciaria, situación que coincidió
con las recomendaciones de organismos internacionales respecto de la necesidad de generar
evidencia empírica para evaluar el impacto de las políticas penitenciarias sobre mujeres
privadas de libertad y sus hijos. De igual manera, el análisis comparado de las experiencias
de Argentina, Chile y España demostró la existencia de mecanismos jurídicos y programáticos
viables que pueden ser adaptados al contexto ecuatoriano, con el fin de fortalecer la
protección de los derechos del niño sin desconocer los fines de la sanción penal.
Finalmente, se concluyó que resultó necesaria la implementación de reformas integrales
orientadas a incorporar medidas no privativas de libertad específicas para madres
sentenciadas con hijos convivientes, acompañadas de mecanismos de control judicial
efectivo, monitoreo adecuado y coordinación interinstitucional. Estas medidas permitieron
armonizar la proporcionalidad de la pena con la prevalencia del interés superior del niño,
fortaleciendo la protección de sus derechos y la coherencia del sistema de justicia penal con
el marco constitucional e internacional de derechos humanos.
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©2026 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
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