Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9/ Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp. 435-448
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
LA COMUNIDAD LGBTIQ+: SU PROTECCIÓN EN EL CONTEXTO JURÍDICO ACTUAL
THE LGBTIQ+ COMMUNITY: THEIR PROTECTION IN THE CURRENT LEGAL CONTEXT
Díaz Solano, Lianet
lianetdiaz951@gmail.com;
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba.
https://orcid.org/0009-0008-9429-2804
Ferreiro Dencause, Gabriela
gabrielaferreiro761@gmail.com;
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba.
https://orcid.org/0009-0001-5652-8483
Monzón Méndez, Liz Haydee
lizhaydee98@gmail.com;
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba.
https://orcid.org/0000-0001-6646-1780
Recibido: 11/01/2026
Revisado: 14/01/2026
Aprobado: 19/07/2026
Publicado: 01/09/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i3.4723
RESUMEN
La presencia de la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,
intersexuales y queers) en Cuba y en el mundo no constituye un fenómeno reciente; la
verdadera novedad reside en el proceso de paulatina aceptación social y reconocimiento
jurídico que ha experimentado en las últimas décadas. En este contexto, diversos
ordenamientos jurídicos a nivel global han asumido el desafío de garantizar la protección de
los derechos de este grupo históricamente vulnerado, proceso en el cual Cuba se ha insertado
de manera significativa. La presente investigación tiene como objetivo central demostrar cómo
se salvaguardan los derechos de las personas LGBTIQ+ en el entramado legislativo cubano,
en contraste con las experiencias normativas de otras naciones. Para ello, se aborda, en
primer término, un análisis comparativo que identifica los países con legislaciones
consideradas vanguardistas en la materia. Posteriormente, se realiza un examen detallado
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del marco jurídico cubano, con énfasis en la Constitución de la República de 2019, que
establece principios fundamentales de igualdad y no discriminación, y en el Código de las
Familias, legislación que constituye, sin lugar a duda, el hito más revolucionario y progresista
en la protección de los derechos de las familias en su diversidad. A partir de este análisis, se
concluye que el presente trabajo se orienta a dotar a la sociedad, y particularmente a las
personas LGBTIQ+, de las herramientas jurídicas necesarias para exigir el respeto efectivo
de sus derechos en todos los ámbitos de su vida, tanto en el orden interno como en el contexto
internacional.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Grupo sexual minoritario; derechos humanos;
homofobia; discriminación; igualdad de género.
ABSTRACT
The presence of the LGBTIQ+ community (lesbians, gays, bisexuals, transsexuals, intersex
individuals, and queers) in Cuba and around the world does not constitute a recent
phenomenon; the true novelty lies in the process of gradual social acceptance and legal
recognition that it has experienced in recent decades. In this context, various legal systems
globally have taken on the challenge of guaranteeing the protection of the rights of this
historically vulnerable group, a process in which Cuba has significantly participated. This
research aims to demonstrate how the rights of LGBTIQ+ individuals are safeguarded within
the Cuban legislative framework, in contrast with the normative experiences of other nations.
To this end, it first undertakes a comparative analysis identifying countries with legislation
considered pioneering in this field. Subsequently, it carries out a detailed examination of the
Cuban legal framework, with emphasis on the 2019 Constitution of the Republic, which
establishes fundamental principles of equality and non-discrimination, and on the Families
Code, legislation that constitutes, without a doubt, the most revolutionary and progressive
milestone in the protection of the rights of families in all their diversity. Based on this analysis,
it is concluded that this work aims to equip society, and particularly LGBTIQ+ individuals, with
the necessary legal tools to demand effective respect for their rights in all areas of their lives,
both domestically and in the international context.
CONTENT DESCRIPTORS: Sexual minority group; human rights; homophobia;
discrimination; gender equality.
INTRODUCCIÓN
La homosexualidad ha sido una parte intrínseca de la historia de la humanidad desde tiempos
remotos. Se define como la orientación sexual por la que un individuo siente atracción física,
afectiva, sexual o emocional hacia personas del mismo sexo, manifestándose tanto en
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hombres como en mujeres (American Psychological Association, 2021). Más allá de las
conceptualizaciones rígidas y técnicas, puede afirmarse que la homosexualidad constituye
una expresión más, plenamente válida, de la diversidad humana, en la que las relaciones
amorosas pueden fundarse sin impedimento alguno en el respeto mutuo y la conexión íntima
entre dos seres humanos (Lara et al., 2023).
En las últimas décadas, la lucha por la aceptación de la homosexualidad y, de manera más
amplia, de la comunidad LGBTIQ+, ha evidenciado la necesidad imperiosa de que los Estados
legislen a favor de estos grupos históricamente discriminados. Diversas personalidades han
investigado esta temática a lo largo de la historia (Camacho et al., 2024; Hermoza et al., 2019;
Rodríguez et al., 2025) han desarrollado importantes teorías sobre la sexualidad y la
discriminación hacia las minorías sexuales; Schulman (2009), escritora que ha ahondado en
la violencia y la discriminación hacia estas personas; y Wolfson (2004), abogado considerado
uno de los principales impulsores del matrimonio igualitario en Estados Unidos.
En Cuba, también se han desarrollado investigaciones relevantes sobre el tema,
destacándose la realizada por Calaña (2020), subdirectora del Centro Nacional de Educación
Sexual en Cuba (CENESEX). Junto a estos estudios, existen organizaciones y activistas que
defienden esta causa, identificándose como la figura más prominente a Mariela Castro Espín,
directora del CENESEX, quien ha impulsado desde la academia y la gestión institucional
políticas públicas orientadas a la educación sexual integral y la no discriminación (Castro,
2015).
La protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ constituye en la actualidad uno de
los temas centrales en la agenda de los derechos humanos a nivel global. Organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA) han emitido instrumentos y resoluciones que instan a los Estados
miembros a garantizar el respeto y la no discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, 2019). En este contexto, el estudio comparado de las legislaciones resulta
relevante no solo para identificar buenas prácticas, sino también para comprender los desafíos
que persisten en contextos socioculturales diversos. La presente investigación adquiere
particular pertinencia en un momento en que Cuba ha experimentado transformaciones
legislativas significativas, como la aprobación del Código de las Familias (Asamblea Nacional
de Cuba, 2022), que posicionan al país en un nuevo escenario jurídico en materia de
reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+.
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A partir de todo lo abordado, en la presente investigación se identifica como Problema
Científico: ¿Cuáles son los principales avances normativos en materia de derechos LGBTIQ+
en Cuba y otros ordenamientos jurídicos?
A fin de solución a dicho problema científico se propone como Objetivo General: Argumentar,
desde el análisis comparado y el estudio del marco normativo cubano, cómo se protegen los
derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba y en el mundo desde sus respectivos
ordenamientos jurídicos, a fin de contribuir al conocimiento y la exigibilidad de estos derechos
en el ámbito social y académico.
El desarrollo de la presente investigación implica el análisis de diversas instituciones jurídicas
fundamentales que conforman el entramado normativo de protección de los derechos de las
personas LGBTIQ+. Por institución jurídica se entiende, en este contexto, el conjunto de
relaciones sociales reguladas por el derecho que poseen una estructura unitaria y principios
propios, constituyendo categorías centrales dentro del ordenamiento (Agüero, 2023; Garabito,
2023). En tal sentido, las principales instituciones jurídicas abordadas son las siguientes:
Igualdad y no discriminación: Constituye el principio rector del que derivan todas las demás
garantías. Esta institución jurídica implica no solo la prohibición de distinciones arbitrarias
basadas en la orientación sexual o la identidad de género, sino también la adopción de
medidas de acción afirmativa para garantizar el goce efectivo de derechos (Cisneros et al.,
2024; Losada, 2025; Suqui & Gamboa, 2023). En el ámbito cubano, el artículo 42 de la
Constitución de 2019 (Asamblea Nacional de la República de Cuba, 2019) eleva a rango
constitucional la prohibición de discriminación por estas causales, mientras que en el derecho
comparado se manifiesta a través de cláusulas constitucionales análogas y leyes
antidiscriminatorias específicas.
Matrimonio: Institución jurídica tradicionalmente definida como la unión entre un hombre y una
mujer, ha experimentado una profunda transformación hacia un modelo inclusivo que
reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta evolución implica la
equiparación plena de derechos sucesorios, de seguridad social, migratorios y de toma de
decisiones médicas (Arias, 2024; El Dine, 2025). En Cuba, el Código de las Familias (Cuba,
2022) consagra el matrimonio como la unión voluntaria y concertada de dos personas,
eliminando la referencia al diverso sexo.
Filiación y adopción homoparental: Esta institución regula el establecimiento del vínculo
jurídico entre padres e hijos. Su análisis comprende el reconocimiento de la filiación derivada
de familias constituidas por personas del mismo sexo, así como la posibilidad de adopción
conjunta por parte de parejas homoparentales (Lizcano et al., 2025; Llambo & Salazar, 2024;
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Ross et al., 2025). La institución de la adopción homoparental ha sido uno de los puntos de
mayor debate en los ordenamientos jurídicos, siendo reconocida en países como Argentina y,
recientemente, en Cuba.
Identidad de género: Institución jurídica emergente que reconoce el derecho de toda persona
al libre desarrollo de su personalidad conforme a la identidad de género autopercibida, sin que
ello pueda ser objeto de patologización ni de requisitos médicos o judiciales
desproporcionados (Martínez, 2022; Parada & Beroíza, 2023). Esta institución implica el
derecho a la rectificación registral del nombre y el sexo en los documentos de identidad, así
como el acceso a prestaciones de salud asociadas al proceso de transición (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019). En Cuba, si bien
no existe una ley integral de identidad de género, el Código de las Familias (2022) reconoce
en su articulado el derecho de niños, niñas y adolescentes al desarrollo de su identidad de
género, constituyendo un primer paso en la positivización de esta institución.
Estas instituciones jurídicas, analizadas desde una perspectiva de derecho comparado y a la
luz de los ordenamientos nacionales seleccionados, constituyen el objeto central de estudio
de la presente ponencia.
MÉTODOS
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, toda vez que se centró en
la comprensión e interpretación de normas jurídicas, principios doctrinales y realidades
socioculturales asociadas a la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sin
pretender establecer generalizaciones estadísticas.
En cuanto a su clasificación dentro de las investigaciones científico-jurídicas, el estudio se
inscribe en la tipología de investigación jurídica dogmática o sistemática, pues se orienta al
análisis, sistematización e interpretación de las normas que integran los ordenamientos
jurídicos analizados, así como al estudio de la coherencia interna de dichos sistemas.
Asimismo, posee un componente de investigación jurídica comparada, al contrastar las
soluciones normativas adoptadas por distintos países.
Desde la perspectiva del alcance temporal, la investigación es de tipo longitudinal o de
evolución normativa, pues examina los cambios legislativos ocurridos en las últimas décadas.
Por su finalidad, es una investigación básica o pura, dirigida a la generación de conocimiento
teórico y doctrinal sobre el objeto de estudio.
Los métodos empleados se clasifican de la siguiente manera:
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Métodos teóricos:
- Método jurídico-doctrinal: Permitió conocer el estado del arte respecto al tema, posibilitando
la consulta de la doctrina jurídica relacionada y la identificación de los principios que sustentan
las normas jurídicas cubanas y extranjeras que protegen los derechos de las personas
LGBTIQ+.
- Derecho comparado: Resultó de gran utilidad para recopilar y contrastar materiales de
estudio de diferentes países, apreciando cómo se ha abordado la temática en sus respectivas
legislaciones y extrayendo semejanzas y diferencias significativas.
- Método hermenéutico-jurídico: Resultó fundamental para interpretar de manera detallada y
sistemática los artículos de los diferentes cuerpos legales analizados, atendiendo a su
contexto y finalidad.
Métodos empíricos:
- Análisis de documentos: Este método permitió examinar documentos que tributan al tema,
tanto artículos científicos como normas jurídicas. Para su aplicación se establecieron los
siguientes criterios de inclusión y exclusión:
Inclusión: Documentos publicados entre 2000 y 2026, con prioridad para aquellos
posteriores a 2015, por ser el período de mayores transformaciones legislativas en
Cuba y el mundo. Normas jurídicas y doctrina de Cuba, Argentina, España, Sudáfrica,
Canadá, así como documentos de organismos internacionales (ONU, OEA).
Exclusión: Documentos publicados con anterioridad al año 2000, salvo aquellas
consideradas obras fundacionales en la temática. Documentos cuya procedencia no
pueda ser verificada o que provengan de fuentes no oficiales o sin respaldo
académico.
RESULTADOS
Las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género constituyen manifestaciones
legítimas de la diversidad humana que reclaman, en todos los idiomas, el derecho a amar y
ser amado sin discriminación ni prejuicios. Partiendo de esta premisa, el análisis comparativo
de las legislaciones más progresistas a nivel global arrojó que países como Malta, Dinamarca,
Canadá, Argentina y España se erigen como líderes en la defensa de los derechos de la
comunidad LGBTIQ+, cada uno con matices y contextos históricos particulares.
Malta ha encabezado de forma consecutiva el ranking europeo de ILGA-Europe (ILGA-
Europe, 2025), destacándose por su marco legal integral. En 2016 se convirtió en pionera al
prohibir las denominadas "terapias de conversión" mediante la Affirmation of Sexual
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Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act. Asimismo, es el primer país europeo
en prohibir las cirugías innecesarias en bebés intersex y en implementar la autodeterminación
de género basada en la autodeclaración, sin necesidad de diagnósticos médicos ni
intervenciones quirúrgicas, a través de la Gender Identity, Gender Expression and Sex
Characteristics Act (Parliamnet of Malta, 2015). Su Constitución prohíbe explícitamente la
discriminación por orientación sexual e identidad de género, y el matrimonio igualitario fue
legalizado en 2017.
Dinamarca cuenta con un historial de vanguardia en la materia. Fue el primer país del mundo
en reconocer legalmente a las parejas del mismo sexo mediante una ley de uniones civiles en
1989, sentando un precedente fundamental que evolucionaría hacia la equiparación total con
el matrimonio en 2012 (Danmarks officielle retsinformationsportal, 2012). También fue pionero
en despatologizar la identidad trans, permitiendo el cambio legal de género sin necesidad de
esterilización o tratamientos médicos.
En el continente americano, Canadá se constituyó como un referente temprano al legalizar el
matrimonio igualitario en 2005 mediante la Civil Marriage Act Canadá, (2005). La Canadian
Charter of Rights and Freedoms (1982) ofrece una protección constitucional sólida que, de
manera aparejada con políticas públicas referentes a la adopción y el reconocimiento del asilo
por persecución basada en orientación sexual o identidad de género, establece un marco de
protección amplio que ha convertido al país en un destino destacado para la migración
LGBTIQ+ (Immigration and Refugee Board of Canada, 2021).
Argentina ha sido pionera en América Latina, región en la que aún coexisten países con
legislaciones restrictivas. Se destacó con la aprobación de leyes fundamentales como la Ley
de Matrimonio Igualitario en el año 2010 y, especialmente, la Ley de Identidad de Género en
el año 2012, que fue una de las más avanzadas del mundo al despatologizar la identidad trans
y permitir el cambio registral sin requisitos médicos ni judiciales (Honorable Congreso de la
Nación Argentina, 2010).
Finalmente, España consolidó su compromiso con la igualdad con la Ley 13/2005 de
matrimonio igualitario y ha dado recientemente un paso crucial con la Ley 4/2023, para la
igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las
personas LGBTIQ+, que refuerza las protecciones y consolida la autodeterminación de género
(Agencia Estatal Boletín del Estado de España,2023).
El 10 de abril de 2019 entró en vigor en Cuba la actual Constitución de la República, con
aspectos novedosos que han impulsado un proceso de reforma legislativa en otros cuerpos
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normativos. Desde el artículo 1 del Título I "Fundamentos Políticos" se proclama a Cuba como
"un Estado socialista de derecho y justicia social (...) fundado en (...) la dignidad, para el
disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad", lo cual denota el compromiso estatal con estos
baluartes fundamentales para una vida plena sin importar las preferencias sexuales. El
artículo 42 declara que todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación por
razones de género, orientación sexual e identidad de género, entre otras (Ministerio de
Justicia de Cuba, 2019).
Especial atención merece el Capítulo III "Las Familias", perteneciente al Título V "Derechos,
Deberes y Garantías Fundamentales". La denominación en plural "familias" denota el
reconocimiento de la pluralidad de tipologías familiares, en contraste con el antiguo Capítulo
IV "Familia" de la Constitución de 1976. El artículo 81 establece que el Estado reconoce y
protege a "las familias" como célula fundamental de la sociedad, cualquiera sea su forma de
organización. Seguidamente, el artículo 82 regula la institución del matrimonio sin especificar
el sexo de los cónyuges, lo que abre la posibilidad del matrimonio igualitario en Cuba
(Ministerio de Justicia de Cuba, 2019). El 27 de septiembre de 2023 fue publicada en la Gaceta
Oficial la Ley 156 del 2022, denominada Código de las Familias. Este cuerpo normativo
constituye la base para la igualdad en el núcleo familiar. Su artículo 4, contenido en el Título I
"Disposiciones Generales", reconoce el derecho a la información científica sobre la
sexualidad, la salud sexual y la planificación familiar, legitimando explícitamente el derecho
de las personas LGBTIQ+ a acceder a información científica adecuada sin discriminación.
En el Capítulo III "De la Filiación Adoptiva", el artículo 100 establece los requisitos para
adoptar sin especificar la estructura de la familia adoptante, lo que permite que parejas unidas
por lazos amorosos no heteronormativos puedan adoptar niños como parte de su proyecto de
vida. Asimismo, la regulación de la filiación asistida en el Capítulo IV abre posibilidades para
las parejas homosexuales que anhelan formar una familia mediante la reproducción asistida,
incluyendo métodos como la inseminación artificial o la gestación solidaria.
El colofón del Código en materia de igualdad y aceptación de las personas de la comunidad
LGBTIQ+ se alcanza en el Título VI "Del Matrimonio", que mantiene el espíritu constitucional
del artículo 82. El artículo 201, contenido en el Capítulo I "Del consentimiento y la capacidad
para formalizar el matrimonio", dispone que el matrimonio es la unión voluntariamente
concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común
sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos. Al igual que en la Constitución de 2019,
no se especifica el sexo de quienes contraen matrimonio, lo que posibilita que parejas
homosexuales puedan formalizar su unión con todos los efectos legales derivados.
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos permiten establecer una serie de reflexiones en torno a los avances,
limitaciones y desafíos que presentan los ordenamientos jurídicos analizados en materia de
protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
En primer lugar, se observa que los países identificados como líderes en la protección de
estos derechos coinciden en haber adoptado enfoques legislativos integrales que abordan
múltiples dimensiones: no discriminación constitucional, reconocimiento del matrimonio
igualitario, regulación de la filiación homoparental y leyes de identidad de género basadas en
la autodeterminación. Este patrón es consistente con lo señalado por, quien sostiene que el
reconocimiento jurídico de los derechos LGBTIQ+ suele seguir una secuencia que va desde
la despenalización hasta la equiparación plena.
Malta constituye un caso paradigmático por la coherencia de su marco legal, que aborda
incluso aspectos poco frecuentes en otros ordenamientos, como la prohibición de cirugías
innecesarias en personas intersex. Dinamarca, por su parte, ejemplifica la evolución gradual
desde las uniones civiles hasta el matrimonio pleno, una ruta que otros países han seguido
posteriormente.
En el contexto latinoamericano, Argentina se posiciona como referente no solo por la
temprana aprobación del matrimonio igualitario, sino especialmente por la Ley de Identidad
de Género N.º 26.743, que ha sido calificada por la doctrina como una de las más avanzadas
del mundo por su enfoque despatologizador y su reconocimiento de la autodeterminación
(Rabbia, et al., 2024). España, por su parte, ha mantenido una trayectoria constante de
ampliación de derechos, culminando recientemente con la Ley 4/2023, que refuerza el marco
protector (Ortuño, 2025).
En cuanto a Cuba, los hallazgos revelan un proceso de transformación normativa acelerado
en los últimos años. La Constitución de 2019 representó un punto de inflexión al incorporar
expresamente la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas
frente a la discriminación. Sin embargo, el reconocimiento constitucional requiere de
desarrollos legislativos posteriores para su plena efectividad.
El Código de las Familias de Cuba (2022) constituye, sin duda, el avance más significativo en
esta materia. Su enfoque plural de las familias, el reconocimiento del matrimonio igualitario y
la posibilidad de adopción por parejas homoparentales sitúan a Cuba en una posición
avanzada dentro de la región latinoamericana, superando a países que aún no han abordado
estas cuestiones. No obstante, persisten desafíos, entre ellos la ausencia de una ley integral
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de identidad de género que desarrolle plenamente lo establecido en el artículo 42
constitucional y en las disposiciones del Código referentes a la identidad de género de niños,
niñas y adolescentes.
En comparación con los países líderes analizados, Cuba ha logrado en un corto período
avances sustanciales, aunque con la particularidad de que estos han sido impulsados
principalmente desde el propio ordenamiento estatal, en un contexto de participación popular
reflejado en el referendo del Código de las Familias. Esta especificidad cubana merece ser
profundizada en futuras investigaciones.
Finalmente, se confirma la utilidad primordial de este trabajo: contribuir a combatir la incultura
jurídica predominante en la sociedad respecto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. El
conocimiento de los marcos normativos existentes, tanto en Cuba como en el ámbito
internacional, constituye una herramienta fundamental para la exigibilidad de estos derechos
y para la consolidación de una cultura jurídica basada en el respeto a la diversidad humana.
CONCLUSIONES
El análisis comparativo de los ordenamientos jurídicos de Cuba y de diversos países a nivel
global permite concluir que la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+
constituye un fenómeno heterogéneo, caracterizado por trayectorias históricas, ritmos de
evolución y enfoques normativos diferenciados.
En el ámbito internacional, se observa la consolidación de un paradigma de protección integral
en países como Malta, Dinamarca, Canadá, Argentina y España. Este paradigma trasciende
el reconocimiento del matrimonio igualitario para abordar de manera específica y avanzada
otras dimensiones fundamentales, tales como la autodeterminación de género basada en la
libre autodeclaración, la prohibición de prácticas lesivas como las terapias de conversión y las
cirugías innecesarias en personas intersex, así como la garantía plena de los derechos de
filiación y adopción homoparental. Estos ordenamientos establecen, en su conjunto, un
estándar de igualdad legal plena que sirve de referente para las legislaciones en desarrollo.
En el caso específico de Cuba, la investigación revela un proceso singular y de evolución
acelerada dentro del contexto latinoamericano. El ordenamiento jurídico cubano ha
experimentado una transformación radical en los últimos años, impulsada principalmente por
dos hitos normativos fundamentales. En primer lugar, la Constitución de la República de 2019,
que en su artículo 42 eleva a rango constitucional la prohibición de discriminación por razones
de orientación sexual e identidad de género, y que en su artículo 82 sienta las bases para el
reconocimiento del matrimonio igualitario. En segundo lugar, el Código de las Familias de
2022, que constituye un punto de inflexión histórico al consagrar, de manera explícita y
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sistemática, el matrimonio igualitario (artículo 201), la posibilidad de adopción para parejas
del mismo sexo sin especificar una estructura familiar predeterminada (artículo 100), y el
acceso a las técnicas de reproducción asistida para estas familias (Capítulo IV), todo ello bajo
el paradigma del reconocimiento de la pluralidad de las familias (artículo 81).
En respuesta al objetivo general planteado se ha demostrado que tanto en Cuba como en las
naciones analizadas existe un entramado normativo en progresiva construcción. Sin embargo,
las vías de consolidación difieren: mientras que en los países líderes el proceso ha sido
gradual y ha involucrado múltiples reformas legislativas en el curso de varias décadas, en
Cuba la transformación ha sido concentrada en un período breve, con una participación
popular activa reflejada en el referendo del Código de las Familias, lo que confiere un sello
particular a este proceso.
La investigación ha permitido, asimismo, cumplir con la utilidad primordial declarada: contribuir
a combatir la incultura jurídica que aún persiste en la sociedad respecto a este tema. La
sistematización de los marcos normativos existentes, tanto nacionales como comparados,
ofrece herramientas concretas para que las personas LGBTIQ+ conozcan sus derechos y
puedan exigirlos con fundamento jurídico en todos los ámbitos de su vida.
La protección de los derechos LGBTIQ+ es un proceso dinámico que requiere de una sinergia
constante entre la ley, las políticas públicas y la transformación cultural. Tanto en Cuba como
en el mundo, el derecho se confirma como una herramienta poderosa para el cambio social,
pero su potencial máximo solo se realiza cuando la sociedad en su conjunto lo asume como
un reflejo de su voluntad de construir comunidades más justas, inclusivas y respetuosas de la
diversidad humana. Los desafíos que persisten entre ellos, la necesidad de una ley integral
de identidad de género en Cuba y la superación de resistencias socioculturales constituyen
líneas de continuidad para futuras investigaciones y para la acción de los operadores jurídicos
y activistas comprometidos con esta causa.
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