Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp. 449-467
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MEDIDAS
PROTECTORAS ANTE LA REALIDAD FAMILIAR
MINORS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES PROTECTIVE MEASURES IN THE
CONTEXT OF FAMILY REALITY.
Caballero Estrada, Raincel
raincelcaballero@gmail.com;
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba
http://orcid.org/0009-0009-2011-608X.
Crespo Rodríguez, Mabelys Yakelín
mabeyakelin.cr@gmail.com;
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba
https://orcid.org/0009-0000-6993-9225
Méndez Trujillo, Iris María
iris.mendez@umcc.cu;
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba
https://orcid.org/0000-0003-4537-5984
Recibido: 12/03/2026
Revisado: 15/03/2026
Aprobado: 07/08/2026
Publicado: 01/09/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i3.4724
RESUMEN
El objetivo de la investigación consistió en explicar un grupo de medidas protectoras como
garantía a los derechos de los menores de edad en situación de discapacidad intelectual
dentro del ámbito familiar, para ello se utilizó metodología de corte teórico y empírico, el
instrumento aplicado fue la entrevista a fin de enfatizar desde el orden teórico la subsunción
en la puesta en práctica de las normativas nacionales en seguimiento de asegurar la tutela,
inclusión y protección de los derechos de los menores de edad en situación de discapacidad
intelectual. Posterior al análisis realizado se alcanzaron resultados manifiestos sobre la
necesidad de fortalecer y armonizar dicho sistema de derechos con la realidad
socioeconómica y cultural del país, permitiendo subsanar las lagunas prácticas ante los
cuerpos legales, ya que la presencia de menores de edad en situación de discapacidad
intelectual en el seno familiar continúa siendo una realidad compleja y sensible. Es así, que
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se llegó a la conclusión de que, si bien las leyes y políticas existentes no constituyen una
solución única ni definitiva, han tenido un impacto notable en la protección y promoción de los
derechos de estos menores de edad, al empoderarlos, eliminar barreras sociales y crear
herramientas específicas para su atención, desarrollo y bienestar.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Deficiencia mental; bienestar de la infancia; niño; familia;
medio familiar.
ABSTRACT
The aim of the research was to explain a group of protective measures as a guarantee of the
rights of minors with intellectual disabilities within the family context. To achieve this, a
theoretical and empirical methodology was used, with interviews as the applied instrument to
emphasize the theoretical framework in the implementation of national regulations aimed at
ensuring the guardianship, inclusion, and protection of the rights of minors with intellectual
disabilities. Following the analysis, clear results were reached regarding the need to strengthen
and harmonize this system of rights with the socioeconomic reality and culture of the country,
addressing the practical gaps in legal frameworks. The presence of minors with intellectual
disabilities within families continues to be a complex and sensitive reality. Thus, it was
concluded that while existing laws and policies do not constitute a unique or definitive solution,
they have had a notable impact on the protection and promotion of these minors' rights by
empowering them, eliminating social barriers, and creating specific tools for their care,
development, and well-being.
CONTENT DESCRIPTORS: Mental deficiency; child welfare; child; family; family environment.
INTRODUCCIÓN
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son de vital importancia para la formación de
estos, deben ser escuchados, velando por su interés superior, de tal manera que se tomen en
cuenta sus decisiones y lo que les afectan o no en el entorno familiar (Díaz et al., 2026; Franco,
2026). Los niños y niñas tienen derecho a la protección y no discriminación, a la educación,
atención médica, crecer en un entorno familiar sano y seguro, a tener un hogar, a la
alimentación y demás como sujeto de derecho (Morales & Olvera, 2025).
Castillo et al. (2023) y Ulloa et al. (2023) consideran que, a pesar de todos los esfuerzos
jurídicos, se erige en la realidad familiar particularidades que deben ser sustancialmente
notadas, al convivir en los hogares, menores de edad que se encuentran en situaciones
especiales de desarrollo, producto de que presentan una situación de discapacidad
intelectual, esta condición los hace seres vulnerables ante la confluencia de disímiles
derechos que deben ser respetados.
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Todos los seres humanos, gozan de los mismos derechos. En las últimas décadas, la
sociedad ha avanzado significativamente en el reconocimiento y protección de los derechos
de las personas en situación de discapacidad (Damiani, 2023). Este progresivo cambio no
solo se refleja en la evolución de los marcos normativos, sino también en la adopción de
prácticas y políticas inclusivas que promueven la colmada participación de estas personas en
todos los escenarios de la vida (Sánchez, 2022).
En tal sentido, la protección de los derechos de aquellos menores de edad en situación de
discapacidad intelectual se redobla, ante el vértigo y la celeridad de la vida porque todas las
personas, incluidas aquellas en situación de discapacidad, tienen derechos personalísimos
inherentes que deben ser respetados y protegidos. Este principio se muestra conforme a que:
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, según lo establece
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas
[ONU], 1948).
Los derechos subjetivos y la autonomía de los niños y niñas en situación de discapacidad
intelectual son consagrados, y demanda reconocimiento los derechos inherentes a su
condición de persona, deben ser respetados por los adultos y las instituciones en torno a ellos
(Radcliffe, 2024). Esta interrelación asevera que los menores de edad en situación de
discapacidad intelectual crezcan en entornos que promuevan su desarrollo integral.
Como resultado de avance nació para promover, proteger y asegurar el goce pleno y
condiciones de igualdad de todas las personas en situación de discapacidad la Declaración
Universal de los Derechos de Personas con Discapacidad (ONU, 2007).
La base teórica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
implicó una revolución, fue de hecho un nuevo paradigma interpretativo que transformó
profundamente nuestra manera de explicar la relación entre el individuo en situación de
discapacidad y la sociedad a la cual pertenece, planteó por primera vez en la historia la
discapacidad como fenómeno esencialmente de construcción social (Damiani, 2023).
Ante el estudio socio jurídico que se esgrime, existe un contexto heterogéneo de la situación
de discapacidad, empero, el estudio fue dirigido a aunar conceptos como menores de edad y
discapacidad intelectual, al prestar un interés en los niveles de vulnerabilidad que pueden
llegar a existir en el entorno familiar de los infantes condicionados ante tal situación, en cuyo
caso, el equilibrio debe ser entre garantías de derechos y libre ejercicio de estos a pesar de
su estado de desarrollo intelectual. Cuando se trata de menores de edad en situación de
discapacidad intelectual, la inclusión social y educativa deja de ser más que un derecho
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humano, para ser un derecho que dista de lo que conocemos, pues urge la necesidad de su
promoción y garantismo por encima de todo, no solo se busca ganar en educación y apoyo
familiar, sino en sensibilidad social y la eliminación de estigmas. Solo así, se podrá construir
una sociedad más justa e inclusiva donde cada menor de edad independientemente de sus
capacidades, tengan satisfechas sus necesidades.
La discapacidad intelectual implica necesidades especiales en los individuos que lo padecen
constituyen un problema de salud que afectan a los pacientes, a los familiares y a la
comunidad porque genera un impacto en los sistemas sanitarios y sociales, se hace necesario
en primer orden la aceptación en el ámbito familiar del menor de edad en situación de
discapacidad intelectual para poder ayudarlo y con ello crear el sistema de cuidado y atención
para su bienestar (Ferrat et al. 2023).
La subjetividad del bienestar del menor de edad es vista como la percepción que tiene una
niña o niño sobre su propia calidad y nivel de satisfacción en diferentes áreas de su vida,
entrañando patrones emocionales, psicológicos y sociales en relación con sus necesidades,
expectativas y deseos, cada norma acoge y conceptualiza el interés superior del niño,
operando de manera diferente en legislaciones determinadas (Silva, 2025).
En el marco de la búsqueda realizada se tomó como referentes para la investigación en cuanto
al conocimiento y dimensiones del precitado principio del interés superior del niño, del
bienestar infantil y la protección de los derechos de los menores de edad en situación de
discapacidad intelectual. Se toma como punto de partida el análisis de diferentes
conceptualizaciones referentes al tema en cuestión y profundizaron en cuanto a las posturas
legales y sociales que son de urgente actuación en la realidad familiar de los menores de edad
en situación de discapacidad intelectual.
La utilidad de la investigación reside en que esta aporta una visión clara y fundamentada para
profesionales, legisladores y responsables de políticas públicas, proporcionando la
identificación de fortalezas y áreas de perfeccionamiento en las legislaciones vigente.
Además, sirve como base para la implementación de acciones que robustezcan la protección
de los derechos de los menores de edad en situaciones especiales de desarrollo en el marco
legal. Respondiendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que promueve sociedades
justas, pacíficas e inclusivas.
El Problema Científico del trabajo consistió en: ¿Cómo un grupo de medidas protectoras
sirven de garantía a los derechos de los menores de edad en situación de discapacidad
intelectual ante la realidad familiar?
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La Hipótesis que lo sustenta es: Las normativas cubanas han introducido principios claves
como autonomía, realidad familiar, bienestar infantil y principio del interés superior del niño,
para reforzar la protección de la gama de derechos y mantenernos en consonancia con dichos
principios es necesario un grupo de medidas que solo respondan a los deseos, voluntad y
protección de infantes en situación de discapacidad intelectual ante la realidad familiar.
El objetivo de la investigación es identificar medidas protectoras como garantía a los derechos
de los menores de edad en situación de discapacidad intelectual ante la realidad familiar.
El aporte del trabajo se sostiene en un enfoque específico de cómo un grupo de medidas
protectoras influye en la protección de los derechos de los menores de edad en situación de
discapacidad intelectual, un aspecto que no ha sido suficientemente explorado en estudios
previos. Al analizar el impacto desde una perspectiva integral y actualizada, la investigación
contribuye con nuevos conocimientos y reflexiones que pueden orientar futuras reformas
legales y estrategias de protección infantil en situación de discapacidad intelectual,
dignificando el campo académico y práctico en materia de derechos de la infancia y de lo
familiar.
MÉTODOS
Para desentrañar laureadamente la investigación se emplearon métodos investigativos
teóricos y empíricos, entre ellos:
Métodos teóricos:
Método análisis-síntesis: con este método se buscó analizar e interpretar las informaciones
recopiladas de las diferentes leyes, tratados internacionales y artículos publicados en revistas
referentes al tema. Para construir una comprendida visualización del tema de menores
victimizados en el entorno familiar.
Método jurídico-doctrinal: permitió conocer el estado del arte respecto al tema para así poder
validar los criterios que se respaldan en la hipótesis planteada, con conocimientos científicos
aportados por expertos. Posibilitó consultar la doctrina jurídica relacionada y con ello
identificar los principios que sustentan las normas jurídicas cubanas que defienden los
derechos de los menores de edad en situación de discapacidad intelectual.
Método hermenéutico-jurídico: fue fundamental para interpretar de manera detallada los
articulados referidos a la protección de los menores de edad en situación de discapacidad
intelectual. Dentro de las normativas se encontraron la Carta Magna, el Código de las Familias
Cubano y el actual Código de la Niñez, las Adolescencia y las Juventudes Cubano, se hizo un
estudio minucioso de los artículos relativos al objeto de investigación y de esta forma se
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analizaron que los derechos de niñas, niños y adolescentes es algo inherente a la
personalidad, su condición intelectual no los define para que el respeto a su persona sea
taxativo.
Métodos empíricos:
Análisis de documentos: este método ayudó al examen de documentos que han tributado al
tema, fundamentalmente la Constitución de la República de Cuba, el Código de las Familias
Cubano, el Código de la Niñez, las Adolescencia y las Juventudes Cubano, además de
artículos de investigación que sirvieron como bibliografía en tanto tienen como objeto esencial
el asunto que se estudia.
La investigación es de tipo empírica con enfoque cualitativo pues partió de bases teóricas que
propiciaron el acceso al conocimiento de la realidad familiar que viven los menores de edad
en situación de discapacidad intelectual. El fin del instrumento de investigación dígase la
entrevista fue el de constatar la correcta aplicación de aspectos teóricos en el ejercicio diario
del Derecho, aplicada a una población de 8 juristas entre ellos, jueces, abogados, fiscales,
notarios y profesores de la ciencia jurídica, dedicados a la disciplina civil y de familias desde
sus diferentes modos de actuación del profesional de derecho, encontrándose los mismos en
ejercicio.
Esto potenció el objetivo de la investigación ya que los entrevistados aportaron diferentes
propuestas a lo que se convertirían en algunas medidas de protección expresadas en el
cuerpo del trabajo científico. Fueron conscientes en que la realidad familiar que vive la
sociedad cubana, en determinadas circunstancias, afecta el entorno donde se desarrollan los
niños y niñas, siendo constantes en expresar que los derechos de los menores de edad, más
con estas particularidades específicas requieren de atención mesurada, pues sus derechos
se pueden ver conculcados por las condiciones sociofamiliares, aportaron también que el
nuevo Código de la Niñez, las Adolescencia y las Juventudes Cubano, refugia la gama de
derechos de los más pequeños del hogar en situación de discapacidad, de cualquier tipología
que sea, exponen que el texto legal es una inversión y que la única ganancia es que los niños,
niñas y adolescentes cubanos, crezcan en derechos.
Se les realizaron para mayor comprensión, entrevistas a tres madres de menores de edad en
situación de discapacidad intelectual en un municipio rural de Cuba. Las entrevistadas
ayudaron a desplegar el orden práctico de cómo se desarrollan sus menores hijos en situación
de discapacidad intelectual, al fungir como representantes legales nos detallaron las
actividades diarias a que se enfrentan, desde el sometimiento a una educación especial, la
atención estandarizada y cómo han creado los ajustes razonables en el hogar ante sus
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demandas, así como las acciones que realizan en aras de salvaguardar la autonomía y
autodeterminación de sus menores hijos en situación de discapacidad intelectual.
RESULTADOS
La niñez se confirma como el eje donde giran los marcos de protección de los ordenamientos
jurídicos. El ámbito familiar es donde colisiona el bienestar y los derechos de los menores de
edad a la par del primer entorno social donde dimana el cúmulo de condiciones tanto
subjetivas como objetivas formándose el sistema de cuidado, por tanto debemos subrayar que
los niños y niñas que requieren atenciones especiales son circunstancialmente proclives a la
violación de sus derechos reconocidos, ya que al tener condiciones diferentes de atención se
hace difícil el trato efectivo, en ese orden el derecho articula los hechos a sus
pronunciamientos legales, por ello la actuación del legislador debe ser mesurada porque si
bien la niñez es una temática sensible de tratar, se hace más delicado incluso, la infancia en
situación de discapacidad intelectual (Romero et al., 2023).
La discapacidad intelectual es la denominación que sustituye a la de retrasos mental y aparece
además el término retraso global de desarrollo para niños menores de 5 años. La discapacidad
intelectual implica déficit en el funcionamiento intelectual, razonamiento, resolución de
problemas, planificación, abstracción, aprendizaje académico, juicio, sistema adaptativo,
dominio conceptual, social y práctico de la persona con distintos grados de gravedad (Flores
et al., 2025). Es un trastorno plurietiológico, habitualmente de causa genética, es frecuente
que los pacientes con discapacidad intelectual asocien otros los problemas neurológicos que
contribuyen de forma desfavorable a su evolución (Rojo et al., 2025). Se describe su
coexistencia con trastornos motores, epilepsia y alteraciones neurosensoriales.
La discapacidad intelectual o trastorno de desarrollo intelectual está clasificado por un
trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento
intelectual y el dominio adaptativo, el término intelectual hace referencia a la inteligencia, pero
este concepto es una de las construcciones teóricas de mayor complejidad en la psicología
(Morales et al., 2025).
Dentro de los primeros efectos se puede determinar que no todas las discapacidades son
iguales, que dentro de los diversos tipos de discapacidad se cuenta con diversos grados y
que cada día puede ir aumentando el número de trastornos, enfermedades o accidentes que
hacen que las normativas protejan a las personas en situación de discapacidad de esas
circunstancias (Caro, 2023). La atención integral a la infancia requiere esfuerzos coordinados
entre familias, servicios sociales, salud, educación y normativas jurídicas para garantizar
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entornos seguros y mecanismos efectivos de prevención, intervención y reparación (Ravetllat,
2025).
A fin de contrastar la dimensión teórica con la praxis jurisdiccional y notarial, se aplicó una
entrevista semiestructurada a ocho operadores jurídicos, todos especializados y ejercicio
activo en materia civil y de familias. El perfil de los informantes incluyó dos jueces, el primero
laborante en el Tribunal Provincial Popular y el segundo consultado imparte justicia en el
Tribunal Municipal Popular de Matanzas respectivamente, dos abogados litigantes, una fiscal
especializada en familia, un notario público y dos docentes a tiempo completo del colectivo de
la disciplina de Derecho civil y de familias de la Universidad de Matanzas. El análisis de
contenido de las entrevistas permitió identificar las siguientes categorías emergentes:
Percepción sobre la eficacia normativa y vacíos aplicativos
Los expertos coincidieron en valorar el avance sustancial de los cuerpos legales cubanos —
especialmente el Código de las Familias (2022) y el novísimo Código de la Niñez, las
Adolescencias y las Juventudes (2026)— en el reconocimiento de los menores con
discapacidad intelectual como sujetos plenos de derechos. Sin embargo, señalaron una
brecha significativa entre el deber ser normativo y la efectividad en el ámbito doméstico. Un
juez manifestó:
“El articulado es ejemplar, pero en la sala de audiencias nos encontramos con que muchas
familias desconocen los ajustes razonables que exige la ley; la norma llega, pero la cultura de
la discapacidad no ha permeado el hogar ni la comunidad.”
Esta percepción fue compartida por la fiscal, quien añadió que la falta de protocolos
interinstitucionales coordinados diluye la respuesta estatal ante situaciones de vulneración.
Identificación de las principales vulneraciones en el entorno familiar
Los entrevistados señalaron, por orden de recurrencia, las siguientes conductas lesivas:
· Violencia psicológica y negligencia encubierta: justificadas como “sobreprotección” o
“disciplina”, con especial incidencia en la restricción de la autonomía progresiva.
· Abuso sexual y explotación: dos de los abogados refirieron casos en los que la discapacidad
intelectual del menor fue utilizada para minimizar su credibilidad testimonial, dificultando la
prueba en sede judicial.
· Aislamiento social y privación de participación comunitaria: hecho que, según un profesor
consultado, “invisibiliza al menor y perpetúa el estigma, contradiciendo los artículos 27 y 28
del nuevo Código de la Niñez”.
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Propuestas de medidas protectoras desde la práctica forense
Los expertos formularon sugerencias concretas para robustecer la garantía de derechos,
muchas de las cuales se han incorporado en el apartado discursivo del presente trabajo:
· Creación de equipos interdisciplinarios adscritos a los tribunales que integren psicólogos,
trabajadores sociales y especialistas en neurodesarrollo para asesorar en las decisiones que
afecten al interés superior del menor.
· Capacitación obligatoria y permanente para operadores jurídicos y personal de salud y
educación en materia de discapacidad intelectual y ajustes razonables.
· Fortalecimiento del sistema de alerta temprana desde las escuelas de educación especial y
los consultorios médicos, con obligación de reporte de indicios de maltrato.
· Implementación de programas de apoyos comunitarios (grupos de ayuda mutua) como
alternativa real a la institucionalización, que debe ser siempre excepcional.
Un notario público destacó la necesidad de “protocolos notariales adaptados para la toma de
decisiones con apoyos, que respeten la voluntad y preferencias del menor, aun cuando su
capacidad cognitiva esté limitada”, en línea con lo dispuesto en el artículo 27.3 del Código de
la Niñez.
Valoración de la entrevista a madres de menores con discapacidad intelectual
Como complemento, se realizaron entrevistas a tres madres de niños y niñas con
discapacidad intelectual en el municipio de Unión de Reyes. Estas progenitoras coincidieron
en reconocer el apoyo estatal en la educación especial y la rehabilitación, pero denunciaron
la insuficiencia de recursos materiales y la escasez de espacios de respiro familiar. Una de
ellas expresó:
“Mi hija asiste a la escuela, pero cuando llega a casa no tengo con quién dejarla para trabajar;
el cuidador no llega y el Estado no nos ofrece una alternativa. Al final, la que paga las
consecuencias es ella, porque no puede salir ni relacionarse.”
Las restantes progenitoras consultadas expresan opiniones coincidentes sobre la necesidad
de instruir a la sociedad, muy especialmente a todas las familias donde convivan niños con
algún tipo de discapacidad, no solo intelectual. Otra de ellas manifestó:
“La institución desde mi conocimiento encargada de prestar asesoría familiar y atención
especializada a los niños, darnos herramientas para el mejor desarrollo posible de nuestros
hijos es el CDO (Centro de Orientación y Desarrollo). La sede de este centro está en la capital
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provincial y debido a la crisis energética del país es muy difícil el traslado hasta allí
regularmente. Lo mejor sería que existieran instalaciones de este tipo en los municipios
también.”
Estos testimonios evidencian la tensión entre el derecho a la vida familiar, la falta de recursos
y apoyos estructurales, lo que refuerza la necesidad de las medidas protectoras propuestas.
El estado cubano educa y forma a las niñas y niños en el ejercicio de sus derechos, certifica
los mecanismos de protección inmediata, positiva y urgente ante la transgresión de sus
derechos que son de orden público, universales, irrenunciables y con efecto erga omnes.
La Constitución de la República de Cuba (2019) en su artículo 86 declara que:
“El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y
adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su
interés superior en las decisiones y actos que les conciernan. Las niñas, niños y adolescentes
son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos reconocidos en esta
Constitución, además de los propios de su especial condición de persona en desarrollo.
Igualmente, son protegidos contra todo tipo de violencia”.
En consonancia, se pronuncia en el artículo 89 la Constitución de la República de Cuba
(2019): “El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y
asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El
Estado crea condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de
vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social”.
Subordinadas al principio de supremacía constitucional las legislaciones cubanas
instrumentan en sus cuerpos legales el respeto, ética, responsabilidad y reconocimiento a las
personas en situación de discapacidad y los menores de edad, ergo bajo el mismo patrón
axiológico y dogmático el sumo cuidado a los menores de edad en situación de discapacidad.
La legislación cubana en materia de lo familiar emite en sus diferentes articulados el
reconocimiento legal a las garantías de derechos de las niñas, niños y adolescentes en
situación de discapacidad, en el artículo 138 es claro en cuanto a que: “la corresponsabilidad
parental de madres y padres respecto a sus hijas e hijos menores de edad comprende, según
el inciso l) propiciarles la inclusión familiar, comunitaria y social en caso de estar en situación
de discapacidad, así como su educación inclusiva en entornos que les permitan alcanzar su
máximo desarrollo educativo, en igualdad de condiciones con el resto de las niñas, los niños
y adolescentes”.
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También, el artículo 434 se pronuncia en cuanto a que: “las personas en situación de
discapacidad tienen derecho a una vida familiar digna y a ser incluidas en la vida comunitaria
y social”
Asimismo, el artículo 437 invoca que: “los organismos, instituciones y organizaciones de la
sociedad y del Estado, promueven programas de habilitación y rehabilitación dirigidos a las
personas en situación de discapacidad, con el fin de que desarrollen su autonomía personal
e independencia en el entorno sociofamiliar” (Código de las Familias, 2022).
La misión de articular jurídicamente los factores que operan en la atención, participación,
protección y promoción de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, cualesquiera que
sean sus condiciones, en correspondencia con las los instrumentos legales de orden
internacional conexos con los derechos de los infantes en situación de discapacidad, firmados
y ratificados por Cuba, el actual contexto social y los cambios legislativos, resulta
imprescindible actualizar el marco normativo y político al que debía ajustarse el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en sincronización con la niñez en situación
de discapacidad.
El novísimo Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes Cubano, se volcó en dar
visibilidad desde sus puntuados legales a la realidad familiar de los menores de edad en
situación de discapacidad, de cualquier tipo. En los sendos artículos consolida lo expuesto al
exponer en su artículo 27.1 que: “las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad
son activos miembros de la sociedad y tienen derecho a participar en la vida familiar, educativa
y comunitaria, en igualdad de condiciones con el resto de las niñas, niños y adolescentes y
las demás personas”.
En igual artículo, pero en su apartado 3 dicta que: “las niñas, niños y adolescentes en situación
de discapacidad tienen derecho a que se dispongan los ajustes razonables que les permitan
tomar decisiones sobre todos los asuntos que les atañen y alcanzar su máximo desarrollo
físico, psicológico, moral, social, cultural y educativo, con respeto de su voluntad y
preferencias; para lo cual se tiene en cuenta su madurez psicológica y su autonomía
progresiva”.
Es por ello por lo que el artículo 28 enuncia que: “las familias y la comunidad fomentan la
sensibilización, solidaridad, respeto, empatía y reconocimiento del potencial humano y social
de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad, con el objetivo de combatir
y eliminar estigmas y otras formas de discriminación”.
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Concreta en el artículo 29.1 que: “el estado garantiza los apoyos necesarios a las familias
para que las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad puedan vivir en un
entorno familiar que les proporcione la atención integral que necesiten”.
Siendo el apartado 2 de anterior artículo un presupuesto para que: “los órganos, organismos
e instituciones del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables
de elaborar, proponer e implementar las políticas públicas, programas, medidas y normas
jurídicas que garanticen la protección, inclusión, participación social y la promoción del
desarrollo de las capacidades y autonomía personal de niñas, niños y adolescentes en
situación de discapacidad” (Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, 2026).
Es indeleble lo consignado en los instrumentos legales direccionados a la protección de la
niñez en situación de discapacidad intelectual, pese a ello, se identifican en la realidad familiar
comportamientos que son contrarios a la norma que laceran los derechos de los menores de
edad en situación de discapacidad intelectual en el entorno familiar. Diferentes ramas del
conocimiento han analizado el impacto social de aquellos patrones conductuales ilegítimos al
interés superior del niño, exacerbando su entorno psico familiar con la violencia física
implementando el uso de castigos corporales para imponerles un modo de actuar
determinado, que solo generan miedo y daños psicológicos al igual que el control coercitivo
como la humillación y la intimidación infantil.
Muchos casos han dado a conocer el abusos sexual a menores de edad en situación de
discapacidad intelectual ya que al no poder comprender claramente la naturaleza de sus actos
abusan de su condición, las negligencias educativas y sanitarias, la falta de atención didáctica
adecuada, la interrupción de tratamientos médicos como la rehabilitación y terapias de
neuropsicológica, la violación a la intimidad y autonomía al ejercer en el entorno familiar un
control excesivo en la vida privada de los menores de edad en situación de discapacidad, que
afecta en gran medida el desarrollo de su capacidad progresiva, son dentro de las no
deseadas formas que se presentan en muchas familias y que son necesarias erradicarlas,
con conciencia de causa y acción.
DISCUSIÓN
Los niños y los niños con situación de discapacidad intelectual requieren de evaluaciones
cognitivas, adaptativas y calidad de vida con el fin de programar estrategias integrales de
intervención basada en sus necesidades (Taño et al., 2025).
En un estudio realizado ante la repercusión de la situación de discapacidad intelectual en el
funcionamiento familiar plantean que predominaron entre los factores socioeconómicos
aquellas familias con problemas en las condiciones materiales del hogar, en lo psicológico se
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encontró afectado severamente la planificación de tareas y proyectos de vida familiares en
conjunto la funcionalidad familiar se vio afectada por la insuficiente calma ante los problemas
y la pérdida de comunicación intrafamiliar, la necesidad de ayuda especializada fue la
adaptación social más afectada (Martin et al., 2026).
Los menores de edad que se encuentran en situación de discapacidad intelectual constituyen
la interseccionalidad estructural en el cual confluyen vectores múltiples, la minoría de edad,
como estatus jurídico de la capacidad progresiva y la discapacidad que operan en sinergia
para generar una condición de exposición a violaciones de los derechos de estos infantes.
Siendo la sociedad el respaldo y el objeto de conocimiento del derecho, ante el estudio que
refleja insuficiente la génesis de aplicación y reconocimiento del mismo, en tal situación, desde
la propia sociedad, se demanda la adopción urgente de una serie de medidas familiares,
legislativas, sociales, educativas, de prevención, de intervención, de rehabilitación ante una
posible vulneración de los derechos de los menores de edad en situación de discapacidad
intelectual ante la realidad familiar que viven hoy, reafirmando el propósito de protección a la
niñez en estas condiciones especiales de desarrollo:
-El despliegue transversal de garantía con sensibilidad neuro diversa, articulando
sistemáticamente las instituciones jurídicas, de salud y educación dotados de competencia en
discapacidad intelectual donde cada cuerpo institucional deba complementar protocolos con
ajustes razonables como lenguaje claro, facilitadores de comunicación y acompañamiento
psicosocial a fin de llegar a las familias y transmitir las pautas a seguir en aras de mantener
un equilibrio sociofamiliar de los menores de edad en situación de discapacidad intelectual.
Promover el sistema de recursos y estrategias planteándose como modelo multidimensional
aporta sumamente a mejorar el funcionamiento individual de los menores en situación de
discapacidad (Vega et al., 2025).
-La institucionalización de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad
intelectual, debe considerarse en última ratio, jamás solución predeterminada, es un derecho
permanecer en su hogar y no ser separados de sus familias. El Estado debe invertir en redes
de apoyo comunitario, programas de ayuda familiar y subsidios condicionados a la
permanencia de los menores de edad en situación de discapacidad intelectual en su entorno
familiar. El grupo familiar que ejerce el papel de cuidado en el hogar de los menores de edad
en condiciones especiales, deben custodiar el respeto a la autonomía y la dignidad de
conjunto con sus decisiones, deseos y preferencias (García et al., 2025).
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-Los protocolos interdisciplinarios de prevención y respuesta a la violencia en la realidad
familiar requieren de mecanismos de detención temprana, sensibles a expresiones no
verbales con equipos interprofesionales para conocer que quiere trasmitir los menores de
edad con su cuerpo, la investigación debe ser inmediata, imparcial y centrada en la víctima
con reparación integral. Los menores en situación de discapacidad intelectual son
especialmente vulnerables al maltrato, restricciones injustificadas de movilidad, uso
inadecuado de psicofármacos o incluso violencia emocional justificada como manejo
conductual, dado que su capacidad para denunciar o comunicar abusos está limitada, el
sistema debe activarse de oficio ante cualquier indicio, que reporte los docentes, vecinos,
personal de salud o servicios sociales activándose inmediatamente un equipo
multidisciplinario para evaluar no solo la integridad física, sino también el entorno emocional,
realizando entrevistas separadas de los miembros del núcleo familiar para conocer la
veracidad del asunto.
La repercusión en la salud emocional ante una agresividad puede influir de modo altisonante
en el normal desarrollo del menor de edad en situación de discapacidad intelectual, por tanto,
se considera la violencia en el ámbito familiar de tutela urgente (Ulloa et al. 2023).
-El fomento a la autonomía funcional como proyecto de vida debe plantearse desde la primera
infancia con planes para la vida diaria como el autocuidado y las relaciones interpersonales,
la familia debe ser empoderada como aliada no como custodio perpetuo.
-Muchos menores de edad en situación de discapacidad intelectual sufren negación simbólica
dentro de su familia, no se les mencionan en reuniones, se les esconde ante visitas, se les
niega participar cuando se agrupa la familia o se les asigna un rol de carga. La medida
protectora implica que los programas de apoyo familiar incluyan terapias narrativas y trabajo
identitario apoyando a los padres a construir relatos positivos sobre sus hijos y que promuevan
la participación de estos en la vida cotidiana.
-La relación hogar-escuela deben ser la simbiosis al impulso de una educación estandarizada
y adaptada, la motivación y expresión de afecto ante logros educativos debe ser una forma
de validar que el niño realizó una actividad correctamente.
La discapacidad se debe ver desde un enfoque de los derechos humanos, la importancia de
inclusión en el ámbito escolar como base fundamental para una sociedad justa de las niñas y
niños en situación de discapacidad intelectual comienza desde el respeto a su
autodeterminación como sujetos de derechos (Parra et al., 2026).
-El aislamiento familiar es un factor de riesgo clave para la infracción de los derechos, la
creación de redes de apoyo comunitarios vinculadas a la familia, debe fungir como un arma
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factible ante los padres que, por agotamiento, falta de recursos, o sin espacios de interacción,
tienden a sobrecargarse lo que puede derivar en negligencia o maltrato inconsciente. La
medida protectora circula la intensión de vincular obligatoriamente a la familia con redes
comunitarias, grupos de autoayuda, centros de día, estos escenarios no solo alivian a las
familias del cuidado, sino que ofrecen modelos alternativos de crianza comprensiva,
conjuntamente aviva la participación social del menor de edad en situación de discapacidad
intelectual fuera del hogar rompiendo el ciclo cerrado.
La protección de los menores en situación de discapacidad intelectual no puede reducirse a
una cuestión de benevolencia estatal o asistencia caritativa familiar, es actualizado a la
realidad social y familiar que se vive soslayar con la mirada el concepto de antonomasia,
señalar y marcar acentuando la discapacidad, las etiquetas sobre las condiciones individuales,
los estereotipos y sí, abrazar la neurodiversidad como expresión legítima de la condición
humana.
CONCLUSIONES
En la moldura de la presente investigación se develó una intrincada interacción entre la
situación de discapacidad intelectual en menores de edad y las estructuras normativas que
tutelan su protección en el ámbito doméstico. Al articular los postulados de la Constitución de
la República de Cuba, del Código de las Familias Cubano, y las del Código de la Niñez, las
Adolescencias y las Juventudes Cubano, se evidencia una edificación jurídica progresista
cuya eficacia, sin embargo, depende crucialmente de la operatividad en el contexto familiar,
que puede estar marcado por precariedad material, estigmas al trastorno de neurodesarrollo
que se narra y carencias formativas, siendo la conceptualización contemporánea de la
discapacidad intelectual una diversidad funcional que demanda ajustes razonables, apoyos y
salvaguardias ante la realidad social y familiar.
La reconfiguración epistemológica de la percepción familiar de cuidado ante menores de edad
en situación de discapacidad intelectual debe cumplir no temporales, sino sempiternos
comportamientos en pos del velo de los derechos. Una serie de medidas protectoras
identificadas como fortalezas y garantías al reconocimiento del interés superior del niño en
situación de discapacidad intelectual revelan una tensión dialéctica entre la lógica punitiva y
la lógica restaurativa dirigiendo el deber ser ante la cuestión en el círculo intrafamiliar. Si bien,
el ordenamiento jurídico cubano reconoce expresamente la vulnerabilidad exacerbada de los
intereses infantiles con discapacidad intelectual, persisten brechas hermenéuticas en la
aplicación práctica de dichas disposiciones, particularmente en ambientes donde prevalece
una cultura del silencio y una naturalización de prácticas negligentes bajo el velo del respeto
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familiar, subrayando este fenómeno la necesidad de fortalecer mecanismos de vigilancia
comunitaria y de la misma manera promover alfabetización jurídica sensible a la
neurodiversidad en los propios núcleos parentales.
El estudio demuestra que la protección efectiva de los derechos de menor de edad en
situación de discapacidad no puede reducirse a la mera invocación legal, sino que requiere
un entramado sistemático que articule lo normativo, lo pedagógico y lo afectivo en la ejecución
de medidas verdaderamente inclusivas que exigen desmontar imaginarios arraigados en el
tiempo. Indubitablemente impulsando una ética del cuidado fundada en la dignidad, las
diferencias, las evidencias científicas y sociofamiliares, comprometidos con la justicia
cognitiva, será posible transitar ante la realidad familiar que vivimos hoy, desde una protección
simbólica hacia una garantía real, de los derechos auténticos, inherentes e intrínsecos de los
menores de edad en situación de discapacidad intelectual.
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