Revista Debate Jurídico Ecuador. Revista Digital de Ciencias Jurídicas. UNIANDES
ISSN 2600-5549/ Vol. 9 / Nro. 3 / septiembre- diciembre / Año. 2026 / pp. 468-481
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CONTAMINACIÓN SONORA: ¿MOTOS FUERA DE LA LEY?
NOISE POLLUTION: ARE MOTORCYCLES ILLEGAL?
Rodríguez Pérez, Ana Cristina
anacristina1204@gmail.com
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba
https://orcid.org/0009-0003-4049-4068
Rosario Zapata, Adrialis
Adrialis.rosario@gmail.com
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba
https://orcid.org/0009-0003-3432-2825
Tanquero Barnet, Dariel
darieltanquerobarnet@gmail.com
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba
https://orcid.org/0009-0009-9158-6150
Fagundo Morin, María Mercedes
maría.fagundo@umcc.cu
Universidad de Matanzas, Matanzas, Matanzas, Cuba
https://orcid.org/0009-0009-0148-0863
Recibido: 23/01/2026
Revisado: 26/01/2026
Aprobado: 05/06/2026
Publicado: 01/09/2026
DOI: https://doi.org/10.61154/dje.v9i3.4744
RESUMEN
Con la presente investigación se pretendió realizar una recopilación del marco legal relativo a
la afectación sonora causada por las modificaciones ilegales realizadas a las motorinas; así
como los mecanismos e instrumentos existentes para su regulación y sanción en la legislación
cubana. La metodología empleada es la empírica cualitativa, auxiliándose de métodos
teóricos y empíricos de investigación como el análisis-síntesis, hermenéutico-jurídico, derecho
comparado, análisis documental y de contenido, la observación no estructurada y la entrevista
semiestructurada. Esto permitió identificar las normas relativas a la contaminación sonora, el
ruido generado por el tránsito, las afectaciones que provocan a la salud, y las consecuencias
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jurídicas derivadas de la modificación ilegal de los componentes implicados en la generación
de ruido en motocicletas. A pesar de la existencia de un entramado normativo —
constitucional, ambiental, de tránsito y técnico—, la investigación revela importantes
debilidades. Se confirma que, en la Isla, aunque existe un cuerpo legal que regula esta
contaminación sonora, los mecanismos para su control y sanción resultan insuficientes para
frenar un fenómeno en aumento. La investigación abre la puerta a propuestas de
perfeccionamiento normativo que permitan proteger de manera más efectiva el derecho a un
medio ambiente sano, la salud de los ciudadanos y la tranquilidad de las comunidades. Se
alerta que solo con un enfrentamiento desde diversas aristas (jurídica, penal, comunicativa y
de investigación) se lograrán pasos de avance en su eliminación, para lo cual se vuelve
imprescindible un accionar multifactorial de todos los actores involucrados, con el respaldo de
la legislación.
DESCRIPTORES DE CONTENIDO: Contaminación sonora; ruido; contaminación; vehículo
automotor; vehículo.
ABSTRACT
This research aimed to compile the legal framework concerning noise disturbances caused by
illegal modifications to motorcycle mufflers, as well as the existing mechanisms and
instruments for their regulation and sanction within Cuban legislation. The methodology
employed was qualitative empirical, supported by theoretical and empirical research methods
such as analysis-synthesis, hermeneutic-legal analysis, comparative law, documentary and
content analysis, unstructured observation, and semi-structured interviews. This approach
enabled the identification of regulations related to noise pollution, traffic-generated noise, the
health impacts they cause, and the legal consequences arising from the illegal modification of
components involved in noise generation from motorcycles. Despite the existence of a
normative framework—encompassing constitutional, environmental, traffic, and technical
regulations—the research reveals significant weaknesses. It confirms that, on the Island,
although there is a legal body governing this noise pollution, the mechanisms for its control
and sanction are insufficient to curb a growing phenomenon. The research paves the way for
proposals to improve regulations, aiming to more effectively protect the right to a healthy
environment, citizens' health, and community peace. It warns that progress toward eliminating
this issue can only be achieved through a multifaceted approach (legal, criminal,
communicative, and investigative), which necessitates multifactorial action from all involved
actors, backed by robust legislation.
CONTENT DESCRIPTORS: Noise pollution; noise; pollution; motor vehicle; vehicle.
Rodríguez Pérez; Rosario Zapata; Tanquero Barnet; Fagundo Morín
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INTRODUCCIÓN
Si la poesía nombra la experiencia, la teoría la ilumina. R. Murray Schafer, llamado el padre
de la ecología acústica, sostiene que el paisaje sonoro moderno es un paisaje de tránsito. El
sonido dominante de nuestras ciudades ya no es la voz humana ni la campana de la iglesia,
sino el motor de combustión interna (Sánchez & Alonso, 2026).
Lo que estas voces describen no es un fenómeno menor. La Organización Mundial de la
Salud, advirtió en 2011 que el ruido del tránsito es la segunda causa ambiental de enfermedad
en Europa occidental, solo superada por la contaminación atmosférica, y que su impacto
incluye enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y deterioro cognitivo
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022).
En tal sentido la OMS estima que alrededor del 40% de la población está expuesta al ruido
del tránsito con un nivel equivalente de presión sonora que excede 55 dB en el día y 20%
están expuestos a más de 65 dB lo que ha llevado a que en varios países se adopten diversas
regulaciones para mitigar su efecto. Para tener una idea del significado de estos números
basta con recordar que la OMS cataloga como contaminación sonora a cualquier sonido que
supere los 65 decibelios (dB), considerándose dañino a partir de 75 dB y doloroso a partir de
120 dB (Ricominni, 2024).
La OMS (2022) estima que más de 1000 millones de personas en edades comprendidas entre
los 12 y los 35 años corren el riesgo de perder la audición debido a la exposición prolongada
y excesiva a música fuerte y otros sonidos recreativos, con consecuencias devastadoras para
su salud física y mental, educación y perspectivas de empleo.
Cuba no está ajena a esta realidad. Diversos estudios realizados a lo largo de los años y la
experiencia cotidiana darán cuenta de altos índices de ruido asociados al tránsito, con mayor
énfasis en los espacios citadinos. Más aún, en los últimos cinco años el parque automotor, de
forma particular el de motocicletas, ha experimentado un crecimiento exponencial. La
flexibilización de las importaciones, la venta de piezas y la proliferación de negocios privados
dedicados a la compraventa y reparación de estos vehículos han puesto a miles de cubanos
sobre dos ruedas (González & Rodríguez, 2023).
Tal incremento ha traído consigo un fenómeno social y ambiental de creciente preocupación:
la manipulación de los sistemas de escape para aumentar artificialmente el ruido del motor,
sustituyendo el silenciador reglamentario por los conocidos popularmente como
"resonadores". Técnicamente, lo que estos conductores instalan, en su mayoría, no es un
dispositivo que resuene, sino la eliminación deliberada del silenciador. El escape original de
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fábrica está diseñado con cámaras de expansión, materiales fonoabsorbentes y deflectores
que reducen el ruido del motor a niveles aceptables. Al sustituirlo por un tubo recto —a veces
decorativo, a veces improvisado—, el ruido del motor se amplifica sin control (Malavé et al.,
2025).
Esta práctica, que busca emular sonidos de alta cilindrada o llamar la atención, genera un
impacto sonoro desproporcionado que viola las normativas de ruido, perturba la tranquilidad
de las comunidades, afecta la salud de los habitantes (trastornos del sueño, estrés, pérdida
de capacidad auditiva) y contraviene el ordenamiento jurídico cubano.
La provincia de Matanzas, como parte activa del desarrollo social y económico del país, no
está exenta de esta problemática.
La presente investigación busca adentrarse entonces en una problemática que lacera
justamente la salud ambiental, exponiendo desde lo legal las principales legislaciones que
regulan y sancionan esta conducta, a la vez que detecta brechas en el marco legal sobre las
que aún se pueden trabajar, en lo que radicarían sus aportes.
Para la presente investigación, que se desarrolló en la ciudad de Matanzas, primeramente se
revisaron las principales legislaciones vigentes relacionadas con la problemática: la
Constitución de la República (2019); la Ley 150 de 2022 que establece un marco legal para
la protección y uso sostenible de los recursos naturales en Cuba; el decreto ley No. 200 sobre
contravenciones en materia de Medio Ambiente; el Código de Seguridad Vial; y la Norma
Cubana 26 de 2012, donde, desde un enfoque de salud, se exponen los parámetros técnicos
verificables relacionados con ruidos.
Como parte de la investigación se realiza un análisis exhaustivo y profundo desde el marco
legal, contrastando fuentes y abarcando diversas áreas como el medio ambiente, la vialidad
y la salud.
Surgiendo, así como problema científico de investigación:
¿Cuál es el marco jurídico cubano aplicable a la afectación sonora generada por la
modificación ilegal de tubos de escape en motocicletas en la provincia de Matanzas?
De ahí que se defina como objetivo general:
Definir el marco jurídico cubano aplicable a la afectación sonora generada por la modificación
ilegal de tubos de escape en motocicletas.
Rodríguez Pérez; Rosario Zapata; Tanquero Barnet; Fagundo Morín
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MÉTODOS
En la presente investigación se utilizó la metodología empírico-cualitativa, porque más allá de
conceptos o legislaciones puras, busca enfocarse en la compresión de la afectación sonora
causada por la modificación ilegal de tubos de escape en motocicletas, con énfasis en los
aspectos de salud, legal y penal.
Durante la realización de esta investigación se usaron los siguientes métodos teóricos:
Análisis-síntesis: Se revisó exhaustivamente documentación existente sobre el fenómeno en
cuestión (contaminación sonora, ruido urbano y salud ambiental), así como las normas legales
relativas (Constitución de la República, Ley de medio Ambiente, Código de Seguridad Vial de
Cuba, Norma Cubana NC 26: 2012 Ruidos en zonas habitables-Requisitos higiénicos
sanitarios, la Ley No. 200 sobre contravenciones en materia de Medio Ambiente y el Código
Penal vigente) para realizar una síntesis de los principales conceptos empleados en esta
investigación.
Hermenéutico-jurídico: Fue fundamental para interpretar los artículos relacionados con las
afectaciones sonoras provocadas por modificación ilegal de tubos de escape en motocicletas.
Derecho comparado: Nos permitió realizar una comparación del fenómeno desde el punto de
vista jurídico, como parte de una red de condicionantes sociales y culturales en las que está
inmerso.
Como métodos empíricos se emplearon:
Análisis de documental: Se empleó para recopilar, organizar y analizar documentos y fuentes
de información con el fin de identificar los principales postulados que existen en la legislación
cubana sobre el tema.
Análisis de contenido: Permite examinar y comprender diversos tipos de contenido e integrar
la información extraída de ellos, para generar ideas principales, conceptos e identificar modos
de actuar.
Observación no estructurada: Observación realizada por los autores del trabajo sobre el
fenómeno en cuestión, sin formar parte de él ni informar de la observación a otros
participantes. De esta forma se registran fenómenos, comportamientos o eventos sin seguir
un marco o categorías predefinidas, permitiendo flexibilidad y un análisis cualitativo detallado.
Entrevista semiestructurada: Mediante este método se realizaron entrevistas a especialistas
vinculados con la temática de salud ambiental con un cuestionario ya establecido, pero con la
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facilidad de irlo adecuando según las respuestas brindadas en el intercambio, para alcanzar
mayor flexibilidad y profundidad.
El objetivo de la aplicación de estas técnicas permitió identificar las normas relativas en Cuba
a la contaminación sonora, el ruido generado por el tránsito, las afectaciones que provocan a
la salud, y las consecuencias jurídicas derivadas de la modificación ilegal de los componentes
implicados en la generación de ruido en motocicletas.
A estos elementos se sumó la observación del fenómeno en las principales arterias de la
ciudad de Matanzas que denuncian y aportan particularidades desde otras zonas del país,
evidenciando que no se trata de hechos aislados sino generalizados en la geografía cubana.
Los resultados de estas técnicas, junto a las declaraciones brindadas por especialistas del
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas (que abordaron lo
referente a Salud Ambiental, normas cubanas vigentes, principales daños para el organismo),
permitió hacer una triangulación para identificar el marco jurídico cubano aplicable a la
afectación sonora generada por la modificación ilegal de tubos de escape en motocicletas en
la provincia, sus mecanismos de aplicación y lagunas que aún quedan en su ejecución.
RESULTADOS
En la ley de leyes, la Constitución de la República de Cuba (2019), se establece en su Artículo
75 que "todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y
equilibrado". Este precepto constitucional es el pilar que obliga al Estado y a los ciudadanos
a proteger el entorno de factores degradantes como la contaminación sonora. Asimismo, el
Artículo 90, inciso j, consagra el deber de los ciudadanos de "velar por la conservación de un
medio ambiente sano".
La Ley 150 (2022) constituye el marco normativo fundamental en materia ambiental. Establece
los principios y las normas básicas que regulan las acciones del Estado, de los ciudadanos y
de la sociedad en general para asegurar la implementación y el funcionamiento del Sistema
de los recursos naturales y el medio ambiente.
Entre sus principios rectores se encuentran la prevención, priorizando acciones que eviten el
daño ambiental, y la condicionalidad, quedando claro que las actividades económicas y
sociales no pueden ejercerse en perjuicio del medio ambiente. Si bien es una ley general, es
el paraguas legal que legitima la existencia de normas más específicas sobre calidad
ambiental y ruido.
En su Artículo 16, inciso e, refiere que corresponde a los órganos locales del Poder Popular,
en sus respectivas instancias y en el ámbito de su competencia, dirigir, coordinar y controlar,
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conforme a la legislación vigente, las acciones en materia de medio ambiente y, en particular,
las vinculadas a la solución para la reducción de la contaminación por desechos sólidos
urbanos y ruidos, en particular cuando es ocasionada por las indisciplinas sociales en la
comunidad (Ley 150, 2022).
Más adelante, en el Artículo 83, contempla además que en el ámbito de sus competencias,
son responsables del enfrentamiento a los impactos negativos de los ruidos, vibraciones y
otros factores físicos: el Ministerio de Salud Pública, en lo que respecta a las afectaciones a
la salud humana; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lo concerniente al ambiente
laboral; el Ministerio del Interior, respecto a las indisciplinas sociales; entre otros implicados
en dependencia de si se trata de otros entornos más específicos. El artículo 84 aclara que
dichas autoridades dentro del ámbito de su competencia dictan o proponen, según proceda,
varias medidas que en dicha ley se encuentran plasmadas.
Desde otra arista del análisis del fenómeno, la Ley 60 de Cuba (1987) se limita el empleo de
las señales sonoras en zonas pobladas expresamente reflejado en los artículos 177 y 178,
donde se limita, incluso, hasta el uso del claxon u otro aparato similar dentro de las
poblaciones exceptuándose solo en casos de enfermo grave, pedir auxilio o un accidente; y
se establece el uso de sirena solo en los vehículos con régimen especial o prioridad en la
circulación.
A la par de los motores sin silenciador está la cada vez más creciente ola de motorinas con
música pasada de decibeles que lo mismo circulan por las arterias de las ciudades de día que
de noche.
En este sentido, desde hace más de 20 años, se encuentran en vigor regulaciones de la
música en los vehículos, y así lo contempla el Decreto-ley No.23 (2003) aprobado por el
Consejo de Estado y que entró en vigor a partir de enero del 2003. En uno de sus incisos
prohíbe elevar el volumen de los equipos de radio o música en los vehículos, hasta un nivel
que moleste o impida la concentración necesaria para conducir, enfocado en un intento de
disminuir accidentes.
La conducta de modificar el tubo de escape encuentra su tipificación más directa en la
legislación de tránsito. La Ley No.109 (2010) el Código de Seguridad Vial establece
claramente las condiciones técnicas que deben reunir los vehículos para circular, y en su
Artículo 182 prohíbe la circulación de vehículos de tracción mecánica "sin silenciador o con el
tubo de escape en mal estado". Además, más adelante en el artículo 192 regula el uso de
dispositivos sonoros, prohibiendo aquellos que produzcan "ruidos estridentes o innecesarios".
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En cuanto a parámetros técnicos, en Cuba estos están dados por la Norma Cubana NC 26:
2012 "Ruido en zonas residenciales. Requisitos higiénico-sanitarios", emitida por la Oficina
Nacional de Normalización, y su cumplimiento es vigilado por el Ministerio de Salud Pública a
través de las Direcciones Municipales de Salud y las Unidades de Higiene y Epidemiología
(Oficina Nacional de Normalización de la República de Cuba, 2012).
Dicha norma establece los límites máximos permisibles de decibeles que en la zona
residencial es de 55 dB durante el día y 45 dB durante la noche. En hospitales y centros
educativos está permitido 45 dB de día y 35 dB de noche. Una moto sin silenciador puede
triplicar o cuadruplicar estos límites, y si se le añade un resonador pueden registrarse ruidos
más elevados con un impacto potencialmente dañino para la salud. La aplicación de esta
norma permite a las autoridades de salud certificar la existencia de la infracción ambiental
(Oficina Nacional de Normalización de la República de Cuba, 2012).
El Decreto-Ley No.200 (1999) aborda las contravenciones en materia de medio ambiente y es
el instrumento que establece las multas y sanciones por las violaciones ambientales. Clasifica
como una contravención la emisión de ruidos que dañen el medio ambiente o la calidad de
vida.
En dicha legislación, en su Capítulo II Artículo 11 se encuentra plasmado que de infringir las
normas relativas a los niveles permisibles de sonidos y ruidos se impondrán multas de $200
a $2500. Iguales cuantías se aplicarían de infringir las normas relativas a las vibraciones
mecánicas. Este artículo no deja aclarado explícitamente a qué normas hace referencia ni
bajo qué condiciones corresponde una multa de $200 o de $2500 (Decreto Ley No. 200, 1999).
La observación permitió corroborar de que, a pesar de existir un marco legal que lo prohíbe,
se ha maximizado el fenómeno, ganando adeptos entre los más jóvenes. Su ocurrencia suele
aumentar en el horario nocturno, al concurrir dos o más conductores en improvisadas
carreras, o a modo de ostentar un mayor calibre de motor, bajo el falso supuesto de que, a
más ruido más potencia.
Este fenómeno se ha constatado en zonas como: Calzada General Betancourt, Avenida Coní,
así como las calles Contreras, Milanés y Medio, por solo mencionar algunas. La mayor
incidencia es en zonas urbanas y aprovechando la oscuridad provocada por cortes eléctricos,
lo que representa un peligro para peatones y tránsito vehicular en sentido general.
El ruido se controla no por gusto, sino porque afecta notablemente la salud humana, desde el
bienestar psicosocial hasta provocar daños físicos. Puede tener repercusiones en casi todo el
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sistema endocrino y el digestivo, provocar hipertensión y un sinnúmero de repercusiones en
la salud humana (Ruiz & Guevara, 2025).
Cuando la magnitud del sonido sobrepasa determinados límites, no solo es percibido por el
oído humano, sino que puede llegar a destruirlo. “Puede ensordecerte, sobre todo si los
valores pasan por encima de 120 decibeles. El oído puede sangrar, piénsese que un sonido
fuerte es capaz de romper un cristal. Lo que significa que estar sometido a un sonido, a
determinados niveles por encima de lo establecido como normal, puede llevar a una
hipoacusia. ¿Qué es hipoacusia? Poca sensibilidad de los oídos a los sonidos bajos, o que
significa que prácticamente ya no son detectables.
La mayoría de las quejas que recepcionamos en el Centro Provincial de Higiene están
relacionadas con el ruido. Siempre que se trate de instituciones estatales las quejas se
canalizan por la Salud o el CITMA, pero si son de carácter privado, entra a jugar un papel
protagónico la Policía Nacional.
Por medio de la entrevista al especialista se conoció además que el único organismo
encargado de medir y evaluar la emisión sonora son los centros provinciales de Higiene y
Epidemiología, quien tiene establecida una metodología para hacerlo.
Sobre el fenómeno analizado, confirmó que aún no se ha realizado ningún estudio específico
para medir las dimensiones del ruido ocasionado por la modificación a los tubos de escape
de las motos, ni tampoco referente a las afectaciones que dichas modificaciones pudieran
ocasionar a la salud, aunque reconoce que sí constituye una problemática con suficiente
importancia como para ser analizar en profundidad.
DISCUSIÓN
A pesar de la existencia de un entramado normativo —constitucional, ambiental, de tránsito y
técnico—, la investigación revela importantes debilidades. La falta de articulación precisa
entre las distintas leyes, la ausencia de una tipificación específica para la modificación de
escapes en motocicletas como infracción autónoma, y la indefinición sobre las competencias
inspectivas concretas generan vacíos en la aplicación efectiva. Estas brechas permiten que
el fenómeno se extienda sin una respuesta estatal suficientemente disuasiva y coincide con
investigaciones realizadas en otros contextos (Fernández & Morales, 2026; Montoro et al.,
2025).
El principal aporte de esta investigación radica en haber identificado, desde un análisis
exhaustivo del marco jurídico cubano, tanto las disposiciones aplicables a la afectación sonora
por modificación ilegal de escapes como las lagunas que limitan su eficacia. Coincidiendo con
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Guillén (2024) y Quispe et al. (2025) se confirma que existe un marco legal, pero carece de
mecanismos específicos, articulados y suficientemente disuasivos para abordar este
fenómeno.
La investigación abre la puerta a propuestas de perfeccionamiento normativo que permitan
proteger de manera más efectiva el derecho a un medio ambiente sano, la salud de los
ciudadanos y la tranquilidad de las comunidades. También llama la atención que lo único
aplicable en caso de estas violaciones son multas, que por un lado no se aclara cuándo se
aplican las diferentes cuantías, y por el otro alude a una normativa que no se dice
explícitamente cuál es. Además, es importante recordar que estas multas solo quedan
registradas en el sistema por un período de seis meses, lo que evita detectar conductas de
reincidencia.
Igualmente sobresale como limitante la inexistencia, por parte de las autoridades de salud que
trabajan la esfera ambiental, de datos científicos avalando el impacto del ruido emitido por
dichas motocicletas modificadas, y hasta dónde llegan las afectaciones al cuerpo humano.
Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación se recomienda:
Crear una nueva herramienta jurídica o adecuar las existentes, de modo que quede
explícito el actuar ante este tipo de violaciones.
Las autoridades de salud ambiental deben contar con datos científicos que
cuantifiquen la afectación sonora que provoca este fenómeno. Es tarea de los
especialistas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología realizar
campañas de medición de ruido en puntos críticos para visibilizar el problema y utilizar
estos datos como evidencia para respaldar la acción policial. Dichos resultados
podrían ayudar a concientizar a la población.
Las autoridades de salud ambiental deben, además, evaluar los daños biológicos y
sociales que ocasiona la persistencia en el tiempo de este fenómeno (tanto para
comunidad como para los propios conductores). Sería importante cuantificar el
impacto real de esta contaminación en la salud de los matanceros, correlacionando
los niveles de ruido con la incidencia de estrés, hipertensión y trastornos del sueño en
las zonas de mayor tráfico de motos.
Se recomienda actualizar la NC: 26 de 2012, porque mucho han variado las
tecnologías y evolucionado el parque automotor cubano, de modo que sea más acorde
a la realidad actual cubana.
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Se recomienda a la Jefatura Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en
Matanzas incrementar los operativos de control de tránsito enfocados específicamente
en la revisión del estado técnico de los sistemas de escape de las motocicletas y
aplicar con rigor las multas y medidas previstas en la Ley 109. En ese sentido deben
aumentar la preparación de sus efectivos.
En tanto, las autoridades gubernamentales tienen la obligación de exigir a tránsito un
informe periódico sobre las acciones realizadas contra esta práctica, donde se tome
en cuenta las denuncias realizadas desde la comunidad.
Urge involucrar a los medios de difusión masiva, tanto en el sentido de denunciar el
fenómeno, sensibilizar a la población, como de educar a los conductores sobre las
leyes y la repercusión que puede acarrear violarlas.
CONCLUSIONES
Se puede concluir que, a pesar de existir un marco legal para regular y sancionar la
contaminación sonora generada por alteraciones ilegales en motocicletas, la misma carece
de una articulación precisa entre sus vertientes ambiental, de salud, en material vial y lo penal.
La normativa vigente, si bien prohíbe la circulación de vehículos sin silenciador o con tubo de
escape en mal estado, no distingue entre el deterioro accidental y la alteración intencional
destinada a amplificar artificialmente el ruido. Tampoco especifica criterios objetivos que
permitan graduar la sanción en función de la magnitud de la infracción, el grado de afectación
a la tranquilidad comunitaria o la reincidencia, siendo esta última particularmente difícil de
acreditar por el poco tiempo que permanecen las sanciones en los registros correspondientes.
La separación entre la verificación técnica del ruido que realizan los Centros Provinciales de
Higiene y Epidemiología, dependientes del Ministerio de Salud Pública, y la detección y
sanción realizada por la Policía Nacional Revolucionaria en ejercicio de sus funciones de
tránsito es otro aspecto al que se le debe brindar atención, para garantizar un accionar más
inmediato y coordinado, además de favorecer el entendimiento ciudadano de los daños que
esta práctica realmente causa. En este mismo sentido, se vuelven impostergables la
realización de estudios actualizados que cuantifiquen los niveles de contaminación sonora
generados por estas motos con escapes modificados en el contexto específico de la ciudad
de Matanzas, y sus posibles impactos en la salud de la comunidad y de los propios
conductores.
De esta forma el principal aporte del estudio consiste en haber identificado con precisión las
áreas de intervención normativa requeridas, siendo estas: la necesidad de tipificar como
infracción autónoma la manipulación intencional de los sistemas de escape; la conveniencia
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de establecer criterios graduales para la imposición de sanciones que contemplen la
reincidencia y la afectación real a la comunidad; la imperiosa actualización de los parámetros
técnicos a la realidad tecnológica actual; y la articulación de protocolos intersectoriales que
permitan la actuación conjunta y coordinada de las autoridades de tránsito, salud pública y
medio. Desde la propia Constitución cubana, ley de leyes, queda explícita la intención de la
protección del medio ambiente, desde todos los ámbitos, y así lo complementan las demás
leyes que van desde la naturaleza misma, la vialidad, la protección de la salud hasta la
tipificación de delitos y sus sanciones. Ante un contexto de incremento de este fenómeno, que
no es exclusivo de la provincia, solo con un enfrentamiento desde diversas aristas (jurídica,
penal, comunicativa y de investigación) se lograrán pasos de avance en su eliminación, para
lo cual se vuelve imprescindible un accionar multifactorial de todos los actores involucrados,
con el respaldo de la legislación.
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