Linares Otiniano; García Ponce; Pairazamán Silva
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internet, y esa responsabilidad de control recae en los apoderados (Peñuela, 2023; Quesada
et al., 2022). Fenómenos como el grooming, el acoso digital, la difusión de contenido ilícito
constituyen conductas delictivas de alta repercusión, cuyas consecuencias pueden derivar en
hechos aún más graves como el secuestro o el suicidio. En este sentido, tales situaciones
evidencian la complejidad de estas conductas y el hecho de establecer respuestas jurídicas
eficaces (Jeglic et al., 2023).
El problema de los delitos informáticos contra menores no afecta únicamente a un país de
manera aislada; constituye, más bien, un fenómeno de alcance global. En este contexto, el
presente artículo examina los casos de Perú y Ecuador, tomando como referencia el modelo
jurídico desarrollado por el Reino Unido en materia de regulación del ciberespacio, el cual
busca suplir las lagunas y vacíos normativos existentes en ese ámbito.
Asimismo, resulta evidente que los riesgos presentes en el ciberespacio ecuatoriano no solo
comprometen la información y la reputación de las personas afectadas, mediante la
sustracción de fotografías personales o el acceso ilícito a cuentas digitales; además ponen en
peligro la seguridad de las infraestructuras de las entidades públicas (Cedeño, 2022).
La problemática de la suplantación de identidad en plataformas digitales en el contexto
peruano constituye una creciente preocupación, al tratarse de un fenómeno que ha
encontrado en el avance de las tecnologías un medio propicio para su expansión. Este
ciberdelito, caracterizado por la usurpación de la identidad de una persona en el entorno digital
compromete gravemente al prestigio, el honor y en numerosos casos, el patrimonio
económico de las víctimas (Azcona et al., 2025).
Por ello el tomar de referencia legislaciones más consolidadas permite realizar un análisis
crítico elemental. En este contexto diversos estudios señalan que el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea es uno de los modelos más robustos en materia de
resguardo de datos personales (Fanni, 2024). No obstante, aunque este modelo constituye
un referente general en protección de datos, no regula de forma específica la prevención de
ciberdelitos contra menores. Por ello, el estudio también considera el marco normativo del
Reino Unido, que incorpora regulaciones más especializadas en seguridad digital infantil y
responsabilidad de los proveedores de servicios en línea, constituyendo el principal modelo
de referencia para el análisis comparativo.
En el contexto peruano, si bien se han implementado diversas normas orientadas a regular lo
delitos informáticos y proteger a los menores de edad, normas como la ley No 30096- Ley de
los Delitos Informáticos (Ministerio Público Fiscalía de la Nación, 2024). el Decreto Legislativo
1410 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, 2018) y en Ecuador el Código
Orgánico Integral Penal reformado en el año 2021 (Asamblea Nacional de la República del