Lectura crítica de textos jurídicos
Critical reading of legal texts
DOI: https://doi.org/10.61154/metanoia.v11i1.3770
Jesús Alfredo Morales Carrero 1
1 E- mail: lectoescrituraula@gmail.com Afiliación: Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8379-2482
Recibido: 20/10/2024 Revisado: 12/11/2024
Aprobado: 03/12/2024 Publicado:01/01/2025
RESUMEN
El objetivo de este ensayo es reflexionar sobre la lectura crítica y las dificultades que enfrentan los estudiantes cuando deben leer un texto jurídico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En opinión de la mayor parte de los especialistas, la lectura de textos jurídicos no es lo suficientemente aprovechada por la Universidad de estos tiempos. Esta condición ha imposibilitado, en cierto modo, la formación de ciudadanos con sólidas convicciones sobre la justicia y la democracia cuya disposición crítica-reflexiva le permitan para valorar con sentido profundo, revisar acuciosamente y profundizar sobre el conocimiento de modo significativo. Este proceder activo refiere a que este escenario representa el lugar por antonomasia en el que se promueve el libre pensamiento y el uso de la criticidad como habilidades intelectuales necesarias para enfrentar las manipulaciones, objetar posicionamientos y luchar contra las imposiciones ideológicas. En atención a ello la universidad ha trazado entre sus cometidos, el desarrollo de prácticas lectoras situadas y significativas, en un intento por acercar al estudiante a las maneras como se produce y organiza el conocimiento científico, para lo que se ha valido de la promoción del pensamiento crítico y de actividades reflexivas-analíticas que le permita al estudiante apropiarse de aspectos medulares, ideas esenciales y posiciones ideológicas como aspectos desde los cuales asumir su punto de vista y producir conocimiento relevante, que por su rigurosidad se apegue a las convenciones propias de la comunidad científica en la que se inscribe.
DESCRIPTORES: lectura, formación, enseñanza.
ABSTRACT
The aim of this essay is to reflect on the difficulties students face when they must read a legal text written in the teaching learning process. In the opinion of most specialists, the reading of legal texts is not sufficiently used by the University these days. This condition has made it impossible, in a certain way, to form citizens with solid convictions about justice and democracy whose critical-reflective disposition allows them to evaluate with deep meaning, carefully review and deepen knowledge in a significant way. This active procedure means that this scenario represents the place par excellence in which free thought and the use of criticality are promoted as intellectual skills necessary to confront manipulations, object to positions and fight against ideological impositions. In response to this, the university has outlined among its tasks the development of situated and meaningful reading practices, in an attempt to bring students closer to the ways in which scientific knowledge is produced and organized, for which it has used the promotion of critical thinking and reflective-analytical activities that allow the student to appropriate core aspects, essential ideas and ideological positions as aspects from which to assume their point of view and produce relevant knowledge, which, due to its rigor, adheres to its own conventions. of the scientific community in which it belongs.
DESCRIPTORS: reading, training, teaching.
INTRODUCCIÓN
La formación universitaria significativa y competente en la actualidad exige de sus participantes un elevado nivel de responsabilidad y disposición para participar protagónicamente en su propio proceso de aprendizaje. Esto refiere entre otras cosas, al compromiso de pensar por de manera autónoma, proceso que supone asumir de manera crítica, analítica y reflexivamente el conocimiento en general y el específico de su disciplina de afiliación académica, como requerimiento asociado con la construcción de ideas propias en las que integre planteamientos fundamentales e ideas resultado de la resignificación (Morales, 2024; Zemelman, 2005).
Este proceder intelectual involucra la actitud acuciosa de someter a revisión profunda la información con la que se interactúa, con la finalidad de determinar su validez para producir nuevas miradas teóricas en torno al objeto de estudio propio de su disciplina (Curto, 2017; Flores, 2016; Morales, 2020a; Reale, 2016; Tamayo y Salmorán, 2017). Según Carbonell (2000), adicionalmente a las operaciones mencionadas, el potencial de la lectura en la universidad se encuentra determinado promover en el estudiante el acercamiento significativo a los entramados teórico, con la intencionalidad de motivar la apropiación del lenguaje y el dominio de las condiciones comunicativas que la caracterizan.
Para Morales (2020ª), específicamente a la lectura de textos jurídicos indica que, aunado a ser una tarea pendiente sobre la cual no se terminan de desarrollar aportes significativos, también lo es el hecho de contar con referentes estratégicos que fundamenten su enseñanza situada y especializada. Estas condiciones de suma importancia para los abogados en formación como para los administradores de justicia en general se deja ver como la determinándote de la capacidad compresiva e interpretativa de los géneros discursivos propios. motivado a que la lectura crítica permite que el sujeto identifique los modos como “se ordenan conductas, se resuelven conflictos, se adoptan resoluciones vinculantes, se conceden o se deniegan peticiones, se informa sobre cuestiones con relevancia jurídica, se declaran hechos y derechos, se formalizan acuerdos, se imponen o se cancelan deberes y obligaciones” (Miras, 2003, p. 2).
En este sentido, la lectura de textos jurídicos en la universidad exige de los estudiantes que “comprendan materiales complejos y que elaboren interpretaciones propias, en las que de modo razonable recurran al uso de competencias básicas que les permita aprender nuevos conocimientos que, de modo implícito y explícito se encuentran en los planteamientos de los autores” (p. 51). Se trata entonces, de acercar al estudiante a las prácticas de lectura académica a través de las cuales sea capaz de establecer asociaciones, apropiarse de ideas e incrementar sus aprendizajes con el propósito de avanzar en la identificación de contenidos y significados más difíciles.
Para Coloma y Agüero (2012) la lectura jurídica requiere de actividades específicas como el manejo de los puntos de vista de “un autor acerca trata un tema, el uso de la paráfrasis, el resumen y la reconstrucción de ideas, así como el conocimiento de las partes que componen cada texto y las razones que en estas se subyacen” (p. 61). Entonces, el lector debe prestar especial atención a la forma cómo se presentan y organizan los contenidos en cada género de su disciplina, es decir, cómo se exponen los hechos, se presentan las narraciones, los alegatos y las objeciones como elementos frecuentemente utilizados para sustanciar una decisión judicial.
Para Weston (2006) la lectura crítica como un proceso asociado con el aprendizaje en la universidad, exige que el estudiante cuestione “sus propias creencias, someta a prueba y defienda sus propios puntos de vista; pero también se asume que sus bondades están vinculadas con la tarea de pensar por sí mismo y construir sus ideas de manera responsable” (p.14). Este proceso cognitivo se entiende entonces, como una necesidad propia de la educación superior, pues este nivel exige el desarrollo de competencias críticas que le permitan indagar, explicar y elaborar conclusiones sólidas sobre las que se sustenta la defensa de sus apreciaciones personales.
En atención al reto que entraña leer en el campo de las ciencias jurídicas, el presente ensayo aborda a la lectura crítica de modo general y específicamente en lo que refiere al acercamiento al conocimiento jurídico, a sus textos y materiales de uso frente, para lo que se proponen algunas sugerencias que pudieran servirle al estudiante en el proceso de apropiación de las maneras cómo se construyen y organizan lo géneros y la información de consulta frecuente.
Lectura crítica de textos jurídicos
El estudio pertinente del Derecho y la formación del abogado competente se han convertido en dos condiciones a las que los educadores y juristas han dedicado especial atención durante las últimas décadas. Esto en parte, se ha debido a la inminente responsabilidad que recae sobre el administrador de justicia, a quien se le atribuyen funciones asociadas con la justa aplicación de la norma y de los principios asociados con el bien común y la equidad como determinantes en la tarea de tomar decisiones y resolver conflictos sociales, procesos en los que su convicción y sentido crítico se ponen a prueba para consolidar respuestas razonadas, susceptibles de confirmación y de aplicación en otros contextos.
Según Carbonell (2000), el estudiante de Derecho tiene responsabilidades inherentes tanto a su proceso formativo autónomo como en lo referente a la competencia para responder a las exigencias propias de su profesión. Estas responsabilidades tienden a complejizarse en la fase formativa, pues se ve expuesto a la lectura de materiales complejos como “textos constitucionales, leyes, reglamentos, jurisprudencia, doctrina, derecho comparado, de los que depende la apropiación de conceptos fundamentales e información jurídica relevante sobre la praxis cotidiana de su disciplina” (p.69). De allí, que la lectura crítica de textos jurídicos se entienda como un proceso que, además de favorecer el ingreso al conocimiento, también coopera con la sistematización de ideas y la elaboración de generalizaciones a partir de las cuales sustanciar el criterio personal frente a una temática.
Para Agudelo, León y Prieto (2015) la lectura jurídica y la comprensión del Derecho en general exige del estudiante “el análisis, tanto de normas jurídicas positivas, como las no positivas, su estructuración en el sistema jurídico y su implicación social, es decir, su traducción en realidades sociales” (p. 17). Lo anterior indica que el proceder del abogado como agente social tiene como propósito demostrar con razones fundamentadas, la posición asumida frente a la situación juzgada, ello por dos motivos: para ilustrar al ciudadano común y principiantes sobre las prácticas jurídicas y, para demostrar su experticia como árbitro-negociador en un proceso judicial.
En consecuencia, la lectura de materiales jurídicos en la universidad, además de entenderse como un proceso al servicio del aprendizaje y el desarrollo de los modos de pensar, también se ha convertido en un proceso complejo de enseñar debido fundamentalmente a la ejecución de planes de lectura irrelevantes, escasamente pertinentes y poco significativos para quienes ingresan a la cultura académica. De esta manera los autores manifiestan que “el lector crítico es aquel con las competencias para comprender “las explicaciones, redundancias o reformulaciones, así como las funciones pragmáticas elegidas por el autor y las funciones socioculturales que el texto cumple para abordar los problemas propios o asociados a su disciplina” (Coloma y Agüero (2012), p. 54).
Este operar implica para el estudiante adentrarse en contenidos complejos y permeados por tecnicismo y posiciones diversas en torno a un tema. De allí que Miras (2003), exponga que el rol del lector crítico de las ciencias jurídicas, además de sortear los obstáculos mencionados, también debe ser capaz de “localizar, entre otras cosas, posibles ambigüedades, frases equívocas o difusas, circunloquios o expresiones aproximadas” (p.5). Esto supone el manejo estratégico de ciertos elementos como “releer el texto críticamente adoptando el punto de vista del destinatario, para comprobar que el mensaje que se transmite se presta a interpretaciones diversas y puede ser llevado a la práctica eficazmente sin ulteriores aclaraciones” (p.5).
Por su parte Coloma y Agüero (2012), plantean algunas bondades de la lectura crítica en Derecho, entre las que se mencionan: la búsqueda del verdadero sentido y alcance de los textos jurídicos; parafrasear, resumir y explicar su estructura y contenido a una audiencia especializada; relacionar el tema con textos y discursos de otras disciplinas fijando las principales diferencias y similitudes, para luego transferir ciertas ideas desarrolladas hacia otros contextos. Entonces, participar en la cultura jurídica exige el manejo operativo de la información, es decir, desde el punto de vista técnico del cual se espera procesos de aprendizaje en los que prevalezca la apropiación de conceptos y la transformación autónoma de ideas, en lugar de prácticas enfocadas en la memorización y la repetición.
Esta realidad tan generalizada es igualmente reproducida en espacios en los que se enseña el conocimiento jurídico, pues aunado a las razones arriba expuestas “los textos que se dan a leer en las facultades de Derecho son de complejidad variable, se traslapan en términos de presentar posiciones opuestas o redundantes y, son pensados por y para especialistas, condición que los hace densos y difíciles de enfrentar” (p. 47). Frente a estas particularidades que embargan a quienes enseñan Derecho, acercar al estudiante se ha concebido como una tarea asociada con la alfabetización académica, la cual involucra tanto el aprendizaje de las prácticas propias de la disciplina en la que se pretende afiliar, sino familiarizar al nuevo ingresante con el manejo de situaciones y conceptos básicos que le permitan contextualizar lo que exponen las normas, leyes, jurisprudencias y sentencias, como aquellos documentos de uso permanente (Guerra, 2006; Morales, 2018a/2020).
Por ende, acceder comprensivamente al discurso jurídico exige por su elevada complejidad y por multiplicidad de términos sobre los que se soporta la vida jurídica, exige la comprensión de las prácticas y usos que hacen parte de esta, condiciones que solo son posibles si se apela “al principio de inteligibilidad general, el cual consiste en definir los aspectos medulares que hacen parte de un fenómeno jurídico y, que por su riqueza en lo que a contenido se refiere, permiten elaborar apreciaciones propias y renovadas” (Coaguila, 2005, p. 168). Este cúmulo de operaciones mentales se encuentran vinculadas con el uso del razonamiento y la valoración crítica, requisitos importantes de los que depende que el lector determine la consistencia, la validez y la coherencia que permea la información (De Cucco, 2016; Morales, 2019; Tamayo y Salmorán, 2017; Weston, 2006).
Para Berdeal y Quesada (2013), la cultura jurídica debe enseñarse mediante el uso de herramientas significativas que permitan ingresar al conocimiento que producen las comunidades académicas. De allí, que se estime a la lectura crítica como el medio para “desarrollar una conducta encaminada a la conservación de los valores cívicos, del colectivo y de la sociedad, con el fin de incrementar los conocimientos acerca de los cometidos de las normas que rigen la sociedad” (p.78). Implícitamente, esto indica que la lectura crítica posibilita la formación de ciudadanos responsables, participativos y conscientes de asumir el conocimiento como instrumento para transformar su espacio de acción, condición que le viene dada por la interacción reflexiva y analítica con el mundo.
Las razones expuestas son igualmente compartidas por Agudelo, León y Prieto (2015), quienes reiteran que la lectura crítica en el campo jurídico propicia entre otras cosas “la aprehensión de conocimientos teóricos aplicados a una práctica determinada; es la herramienta perfecta para dinamizar el estudio del Derecho, al permitir al estudiante la construcción de conocimientos jurídicos a partir de realidades posibles” (p. 22). Se trata entonces, de disponer el pensamiento para elaborar alternativas suficientemente argumentadas, que favorezcan la resolución de un conflicto específico; lograr que el estudiante desarrolle esta competencia, requiere de procesos analíticos y reflexivos desde los cuales abordar la información en profundidad y con el oportuno sentido riguroso.
Por consiguiente, la lectura crítica de documentos jurídicos requiere “la puesta en marcha de competencias para establecer los hechos materia de controversia, para luego identificar la correcta aplicación de la base normativa, deduciendo si estas normas califican y son pertinentes, con el propósito de aprobar o desestimar la decisión” (León, 2008, p. 15). Para el autor, leer textos como jurisprudencias, sentencias y resoluciones exige al menos la consideración de tres pasos fundamentales: delimitar el problema, analizar los hechos y sus consecuencias, determinar el grado de responsabilidad de las partes y las decisiones legales que sustancian el pronunciamiento definitivo del juez o administrados de justicia.
En razón de lo expuesto, leer un texto jurídico entraña el uso de estrategias cognitivas que le indiquen al lector moverse entre los contenidos con suficiente fluidez, ingresando a las estructuras discursivas y argumentativas que componen los materiales de consulta, lo cual a su vez implica el dominio de los modos cómo se organiza el conocimiento, de lo cual depende “que el lector sea capaz de comprender las maneras como se jerarquizan las ideas y se exponen los hechos, transmitiendo significados de causalidad, concatenación, adición, oposición y proximidad” (Coloma y Agüero, 2012, p. 57).
Para Berdeal y Quesada (2013), en referencia a la cultura jurídica proponen que esta se concibe necesaria para todo ciudadano, es decir, que su manejo constituye una incuestionable manera de educar en cualquier contexto, con el propósito de “mejorar el comportamiento del individuo en sociedad y ejercer control de sí mismo con mayor facilidad” (p. 79). En este sentido, la lectura como proceso al servicio del desarrollo pensamiento, la resignificación y la apropiación de las convenciones que rigen a la sociedad, constituye una manera de enriquecer y perfeccionar la elaboración de criterios y actitudes necesarias para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Por tal motivo, la lectura crítica constituye para el que se forma en las ciencias jurídicas, en un instrumento para consolidar “procesos de diálogo e intercambio de razonamientos y opiniones, como valores que ayuden a vivir en la constante búsqueda de aceptación, comprensión y entendimiento con los demás” (p. 80). En correspondencia Novick (2014), la lectura de textos jurídicos exige profundizar sobre elementos importantes de los que depende la construcción de análisis completos en los que se integre “la comprensión del contexto, incorporando el clima de ideas de la época, los fundamentos esgrimidos, la situación económica y social, así como las luchas sociales que acompañaron el surgimiento de la iniciativa” (p. 60).
La referencia de Dávila (2012) sobre la lectura crítica indica que como práctica en el caso específico de textos jurídicos, requiere que el lector comprenda que estos no cuentan con “un único significado, sino varias e infinitas interpretaciones; ante esta característica, se hace necesario buscar los elementos a partir de los cuales reconstruir con absoluta certitud el pensamiento auténtico del autor, mediante la identificación de lo que quiere decir” (p.28). Lo anterior indica que leer en el campo de las ciencias jurídicas exige, entre otras cosas, el reconocimiento de los propósitos e intenciones del autor, los cuales, en ocasiones pueden estar implícitos o explícitos en el texto.
En este sentido, Coloma y Agüero (2012) exponen que gran parte de los contenidos que subyacen en los textos académicos jurídicos tienen como particularidad que sus autores dan por entendidos elementos básicos de los que depende la interpretación de ideas fundamentales; frente a esta condición, familiarizar al lector con los textos especializados exige la promoción de competencias de comprensión que coadyuven a “lograr una aproximación general al sentido del texto, es decir, acercarse de manera autónoma a los significados implícitos y explícitos que requieren aprender para ingresar a otros contenidos con mayores niveles de sofisticación” (p. 51).
En palabras de Miras (2003), este proceso la apropiación de la información que aportan los géneros jurídicos le hace una tarea inevitablemente compleja por razones diversas, entre las que se mencionan “por la materia tratada, por la heterogeneidad de los elementos que deben conjugarse, por la propia complicación de los asuntos y por la necesidad de razonar explícita y articuladamente lo que se expone” (p.3).
De este modo, el acercamiento al conocimiento jurídico involucra actividades mentales de diversa índole, entre las que se mencionan: el uso de la interpretación, de la atribución de significados y la elaboración de ideas propias a partir de la interacción con la información; lo que según Dávila (2012) sería parte de los cometidos de la lectura crítica, que dan lugar a “la construcción de puntos de vista propios y la expresión de lo que el lector ha comprendido” (p. 31). En apoyo a lo dicho, Coloma y Agüero (2012) agregan que la lectura crítica no solo favorece el sorteo de las dificultades contenidas en los textos académicos, sino además, profundizar “sobre sus significados implícitos y explícitos, operación de la que se desprende la posibilidad de comunicar los elementos relevantes acerca del mensaje que intenta transmitir el autor, aunado a poder reformular lo dicho con sus propias palabras sin errar” (p. 54).
A lo anterior, se agregan una serie de actividades que involucra todo proceso de lectura y, que en Derecho deben igualmente desarrollarse con el estudiante que se inicia en la cultura jurídica, con el propósito de enfrentarlo a las prácticas propias de este campo del saber; estas parten de “ir más allá que leer un fragmento o apartado, se debe leer el texto completo, estudiar la vida del autor, identificar el contexto histórico y académico en el que escribió y, de ser posible su biografía para comprender otros elementos” (Dávila, 2012, p. 31).
Desde la perspectiva de Novick (2014), la lectura de textos jurídicos implica la disposición del lector para articular una serie de elementos de los cuales depende la comprensión significativa y la apropiación de las ideas subyacentes en el discurso propio de la disciplina jurídica; estos elementos son “contexto económico, político, institucional y demográfico en que la ley se origina; considerando el marco histórico como el adecuado para la comprensión de la dimensión jurídica de lo social (p.13). A esto la autora agrega, el manejo de otros aspectos importantes entre los que se destacan: las razones que convertidas en demandas, propiciaron la promulgación de la norma, las luchas sociales (antecedentes) y los nexos ideológicos que permearon su discusión.
Asumir estos elementos refiere a la comprensión del contexto en el que emerge la norma (Coaguila, 2005; Gordillo, 2000; Morales, 2020b), pero además y atendiendo a los cometidos de la lectura crítica, se procura determinar los argumentos sobre los que se soporta una posición del autor, que pudiera ser susceptible de equivocación, así como incapaz de responder a las exigencias de una realidad sumida en el cambio vertiginoso y la transformación recurrente, condiciones estas que le deben indicar al lector que, su rol debe enfocarse en determinar la pertinencia del conocimiento con el que interactúa y, como resultado, ser capaz de refutar la posición de terceros desde una actitud responsable (Álvarez, 2008; Borja; 2007; Morales, 2017).
La posición de Berdeal y Quesada (2013), indica que la lectura crítica se encuentra estrechamente vinculada con “la apropiación y consolidación de los elementos básicos relacionados con los conocimientos jurídicos, de los derechos, deberes y obligaciones frente al Estado y la sociedad” (p.79). Entonces, se entiende que la lectura crítica se asume como una alternativa para aprender no solo las prácticas propias del mundo jurídico, sino como la forma de desarrollar actitudes y comportamientos apropiados, que se apeguen a las normas sociales y jurídicas establecidas para garantizar una convivencia efectiva.
Novick (2014) haciendo referencia a los textos jurídicos, expone que sus particularidades giran en torno a “la construcción de la realidad que intentan regular, por ello, intentan ser lo más claros posibles con el propósito de proveer a las personas jurídicas y naturales las alternativas o conductas permitidas que pudieran guiar su actuar social” (p.24). Para la autora, leer textos del campo jurídico exige que se profundice en los siguientes aspectos:
1. Contexto histórico y social en el que emerge la norma, es decir, en el que es sancionada y promulgada.
2. Debates previos sobre los que sustentaron su elaboración.
3. Comentarios y posiciones que hicieron parte del discurso jurídico que sustancia la norma. Ello permitirá desarrollar procesos analíticos de la norma en general como de su articulado según las motivaciones interés del lector.
4. Elaborar análisis en los que se contrasten normas que regulen la misma situación (vigentes, no vigentes, antecedentes y proyectos de ley que en torno a la temática hayan sido discutidos.
A lo anterior, es oportuno agregar que Novick (2014) reitera que todo proceso de lectura crítica, en el caso específico de leyes, requiere que el lector se enfoque fundamentalmente en tres aspectos de los que depende el análisis de la dimensión jurídica de una norma, estos son “a) su génesis; b) el contexto histórico, socio-político y económico en las que éstas se originaron y, c) los debates ideológicos que la suscitaron; enfatizando los intereses en juego, las contradicciones y los conflictos que la norma intenta resolver” (p. 41). Del mismo modo, afirma la autora que el análisis de los textos jurídicos implica llevar al lector novato a la identificación de ideas que le aporten respuesta a cada una de las interrogantes que se proponen a continuación: ¿Cuál es el conflicto que intenta regular? ¿Cómo intenta ser resolverlo? ¿Cuáles son los intereses en juego? ¿Qué grupos o clases sociales intervienen en el conflicto? ¿Cuáles son las diferentes posturas ideológicas frente al conflicto? ¿Cuáles son los valores que emergen? ¿Qué valores son considerados esenciales por los diferentes actores? ¿Qué espacios públicos institucionales están involucrados? ¿Qué espacios públicos institucionales intervinieron en la formulación del texto jurídico? ¿Qué sectores de la sociedad civil impulsaron o aportaron ideas, perspectivas, etc. para la formulación del texto jurídico? ¿Quién resultará beneficiario de las directivas plasmadas en el texto? ¿Quién resultará perjudicado?
Adicionalmente Miras (2003), manifiesta que el lector crítico debe comprobar que el texto con el que interactúa, contiene elementos como “los datos y elementos exigidos por las normas jurídicas aplicables; los que son esenciales al concreto contenido de ese documento; otros que sean necesarios en atención a las circunstancias del caso” (p.6). A partir de la integración de estos elementos, se espera que el estudiante profundice de tal manera que su posición le permita “crear las condiciones para refutar los planteamientos que pudieran ser discutibles” (p.54). En correspondencia Weston (2006), reitera que la lectura crítica procura valorar profundamente “los argumentos en favor o en contra de una posición, en un intento por aproximarse a su veracidad y, como resultado de ello construir conclusiones diversas, sustentadas en razones a las que se intentan defender y explicar a través de argumentos” (p. 12).
A lo expuesto Atienza (2005), agrega que el proceso de lectura en el campo de las ciencias jurídicas debe desarrollarse en atención a las siguientes actividades: el lector en su recorrido por el texto distinguirá ideas denominadas “unidades de prueba o información”, a las que someterá a juicio valorativo para dilucidar su veracidad; paso siguiente, le atribuirá importancia a las ideas fuerza (planteamientos fundamentales), a las que luego integrará para construir una idea global o conclusión en la que recoja su posición sobre el tema o situación abordada. Al respecto Carbonell (2000) expone que parte de las operaciones implicadas en el estudio del Derecho son: la consulta cuidadosa de las ideas del autor y la revisión minuciosa de materiales complementarios a partir de los cuales completar ideas, confirmar posiciones, construir razonamientos y ofrecer perspectivas innovadoras.
Por ende, la lectura debe convertirse en una experiencia capaz de motivar el desarrollo de competencias críticas vinculadas con actividades en las que progresivamente alcance profundizar en el discurso jurídico; esto requiere de prácticas constantes mediadas en sus inicios por “elaboración paráfrasis de lo dicho, para que luego se aplique el conocimiento a un caso inventado, que se relacione con los puntos de vista sostenidos por otros autores, que se sintetice o que se realice un juicio crítico” (Coloma y Agüero, 2012, p. 60).
Coaguila (2005), propone que la lectura crítica en Derecho debe apuntar a la búsqueda de elementos específicos, entre los que destaca “los diversos puntos de vista existentes en torno a una situación, las explicaciones dadas y la intencionalidad subyacente a los hechos” (p. 166). Esto sugiere propiciar el rol activo del lector como agente crítico y acucioso, quien en su modo de operar debe ser capaz de reconstruir actos que por su relevancia jurídica le sirven como referentes para aplicar determinados principios y asumir aspectos que pudieran sustanciar una decisión futura; ello significa apelar a su sentido crítico para profundizar en la identificación de los aspectos, actuaciones y roles que hacen parte del hecho jurídico en controversia.
Al respecto Coloma y Agüero (2012), agregan que existen ciertas reglas básicas que organizan o gobiernan los textos académico-jurídicos, y de las que depende el ingreso a la comunidad jurídica; estos son: en el caso de materiales producidos en otros contextos es fundamental el conocimiento del entorno cultural y las ideas que para el momento eran representativas; y, conocer el significado político, ideológico y ético que está implicado o que subyace en un texto jurídico. Manejar estos elementos le permite al lector del Derecho “completar los vacíos inevitables que lo afectan, así como elegir de manera adecuada entre las distintas formas de interpretarlos” (p. 59).
En correspondencia Morales (2018b), coincide en indicar que la lectura crítica compromete al sujeto con la práctica de ciertas actividades fundamentales de las que depende el aprendizaje de nueva información, entre ellas se mencionan: evaluar de manera cuidadosa los contenidos discriminando entre lo realmente importante y lo que es secundario; identificar datos relevantes así como deducir ideas que permitan construir una posición sólida a la que se entiende como evidencia de su disposición y competitividad para manejar textos especializados.
De este proceder activo y autónomo se espera que sea capaz de deducir la incompatibilidad y contradicción entre normas, para lo cual se hace necesario atender a ciertos criterios, como “criterio jerárquico, normas inferiores se encuentran supeditadas a las inferiores; criterio cronológico, la norma más reciente se asume aplicable con respecto a la anterior; criterio de especialidad o materia específica, la ley general deroga a la especial” (Anchondo (s/f, p. 43). En acuerdo Donayre (2014), afirmar que la lectura crítica procura “desentrañar significados y contenidos que por estar implícitos requieren de operaciones vinculadas con el análisis lógico-jurídico, desde el cuál definir el propósito del legislador, su enfoque y las situaciones de las que se ocupa” (p.186).
Alexy (1997) haciendo referencia a Larenz afirmar que este proceder crítico frente a la información involucra varios niveles de lectura, entre los que destaca: el sentido literal; el sentido crítico que asume el significado de la ley a partir de la integración de otros elementos como el contexto, las metas, sus intenciones o propósitos; y, el inferencial, que busca identificar aquellos elementos o premisas normativas que implícitamente le sirven para sustanciar las pretensiones del legislador. Es así, que la lectura crítica tiene como objetivo deducir contradicciones y problematizar los modos cómo se fundamentan las decisiones jurídicas, pero además y como parte de la metodología jurídica “le ayuda al decisor a elegir entre varias soluciones a las que deberá apelar para resolver un conflicto” (Alexy, 1997, p. 27).
Coloma y Agüero (2012), proponen que la lectura jurídica en la universidad debe acercar al lector al desarrollo competencias críticas que le permitan ingresar fluidamente al conocimiento de la disciplina, posibilitándole “comprender, evaluar y sintetizar textos académicos de su disciplina, para luego identificar la información importante, contrastar los resultados de diversas investigaciones o las opiniones de diversos autores, para finalmente deducir lo que realmente deben aprender” (p. 47). Este cúmulo de operaciones cognitivas indican que, leer se convierte en un proceso complejo en el momento en que el estudiante se enfrenta al reto de utilizar su aparato conceptual y la información que le aporta el texto para construir razones que justifiquen las decisiones que a futuro tendrá que tomar como administrador de justicia.
Para Miras (2003), la lectura crítica en Derecho favorece la consolidación de propósitos específicos que el participante de la disciplina jurídica debe conocer, entre los que se precisan comprender los contenidos expuestos en los documentos jurídicos producidos por una autoridad, y a los que solo a través de una revisión profunda se hace posible “conocer con certeza las situaciones de los diversos sujetos y las incidencias que les afectan” (p. 2).
Al respecto Weston (2006), coincide al concebir a la lectura crítica en Derecho como una actividad enfocada en “la valoración de argumentos y la revisión de la validez de las ideas propuestas en un texto, para luego rebatir o al menos rebatir, con propósitos diversos: deducir falacias, construir buenos argumentos, explicar lo que está realmente mal, presentar sugerencias propias” (p. 9). Esta posición asocia a la lectura crítica con la elaboración de razonamientos y pruebas a partir de las cuales determinar qué planteamientos teóricos son válidos o mejores que otros; se trata entonces de, identificar ideas en función de las cuales apoyar o refutar la posición asumida por el autor, a la que busca confirmar u objetar.
En correspondencia Coloma y Agüero (2012), atribuyen especial interés al proceso de enseñanza de la lectura guiada en derecho, como el proceso cognitivo que coadyuva con “el entendimiento del contexto en el que se elaboró el documento, para identificar los problemas expuestos y que por su relevancia necesitan ser aclarados con especial atención, con el propósito de descubrir cosas nuevas propias de la disciplina” (p. 52). Para los autores, una adecuada comprensión de un texto jurídico implica ir más allá de lo dado, es decir, encontrar ciertas derivaciones y consecuencias generadas a partir de las afirmaciones hechas por los autores; para lograr tales cometidos, es fundamental que el estudiante se familiarice con los pasajes más importantes de los textos y, a partir de allí establezca vínculos o relacione estas ideas con las expuestas por otros autores (Agudelo, León y Prieto, 2015; Morales, 2018b)
De esta manera, es posible afirmar que la lectura crítica de los textos jurídicos procura no solo orientar al estudiante en el proceso de identificar planteamientos relevantes y sintetizar las afirmaciones de los autores, sino propiciar que se apropie y utilice estas para sustanciar su posición en la valoración de otros contextos o situaciones que requieren ser resueltas de modo creativo. Aunado a lo anterior, del lector crítico se espera sea capaz de “parafrasear algunas partes del textos y resumir las ideas centrales que se plantean; además, debería identificar algunos problemas en la construcción del texto, si ha recibido pistas de sus profesores o de un par más aventajado” (Coloma y Agüero, 2012, p. 54).
Para Curto (2017) el lector de las ciencias jurídicas debe ser capaz de comprender los entramados teóricos que enriquecen su proceder práctico y del que depende la interacción efectiva con sus pares; en tal sentido, la lectura crítica en este campo del saber hace posible:
1. El ingreso a fuentes de información valiosa, de la cual depende la construcción de significados de manera autónoma.
2. Reconocer el sentido que se le atribuye a ciertas situaciones y al uso de ciertos términos, hace posible la apropiación de aquellas convenciones que hacen parte de la praxis jurídica.
3. Integrar conocimientos y abordar textos jurídicos, le permiten al lector elaborar apreciaciones propias en las que relacione planteamientos derivados no solo de la misma disciplina sino de áreas conexas.
4. Analizar el contexto cultural, social e histórico favorece el completar ideas y elaborar deducciones e inferencias como parte del proceso de comprensión.
La propuesta de Niño (2003) sobre la lectura crítica en Derecho, se enfoca en definirla según la utilidad que tiene en el proceso de aprendizaje de esta ciencia, de allí que la asuma como “la tendencia a interpretar objetivamente la intención del autor y la identificación de los referentes dudosos o falaces que subyacen en los textos jurídicos y, que suponen una falta de credibilidad que debe ser reconocida para evitar posiciones erradas” (p. 260). Para el autor, la lectura también se encuentra asociada con el proceso mental de determinar la veracidad de los enunciados y con la detección de elementos ambiguos que pudieran revestir de inconsistencia a los planteamientos de los autores.
Para Contreras (2016), leer en Derecho consiste en someter a valoración las premisas de las que se valen los autores para aportarle consistencia a sus posiciones científicas. En el caso de una ciencia tan controversial por la multiplicidad de conflictos de los que se ocupa, es necesario que el lector identifique premisas y argumentos que “en la praxis jurídica se convierten en hechos pretendidamente objetivos, alegatos y datos tomados de la realidad que se intenta ilustrar y reconstruir en procura de esgrimir la defensa o comprobar una situación en la que existen conflicto de intereses” (p.33).
Desde el punto de vista del aprendizaje estratégico Moretó (2014), hace mención a algunas actividades que el lector crítico debe realizar para aproximarse de manera profunda al conocimiento jurídico expuesto en diversas fuentes, estas son “definir el propósito de su lectura, cuestionar las ideas, buscar información relevante, hacer inferencias, sintetizar y monitorear la construcción de significado; para lo cual se hace necesario desplegar habilidades analíticas que permitan identificar concretamente ideas pertinentes y relevantes” (p.100).
Para Atienza (2005), la lectura jurídica tiene varios aspectos que la relacionan con la interpretación, herramienta que procura el descubrimiento de los elementos que subyacen a toda teoría o planteamiento que hace parte del conocimiento científico jurídico. Con relación a los elementos que vinculan tales procesos, el autor menciona que “ambas procuran descubrir ideas nuevas a partir de la identificación de las premisas que validan o justifican una postura científica, esto es, confrontándola con los hechos o con otras posiciones que le puedan otorgar credibilidad” (p.4). Como parte de sus aportes al campo de la lectura, propone que, para validar una idea es necesario conocer no solo sus premisas, sino “los móviles psicológicos, el contexto social y las circunstancias ideológicas que movieron al juez o abogado a dictar su decisión” (p.4).
Lo referido indica que el conocimiento jurídico en ocasiones además de estar organizado de modo silogístico y permeado de perspectivas diversas en lo que a ideología refiere, también tiende a mostrarse como un entramado teórico de elementos humanistas, políticos, formalistas y sociológicos que exigen que el lector asuma una actitud crítica para deducir “cómo todas esas voces soportan una decisión y cuáles argumentos se esgrimen en favor y en contra, pues de estas operaciones dependerá el que se comparta como la posición más aceptable o razonable” (Anchondo, s/f, p. 37).
Por su parte Vigo (2006), deja ver implícitamente algunas ideas vinculadas con la lectura crítica, a la que considera una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues de esta depende que el lector “deduzca las implicaciones y consecuencias jurídicas de un falla judicial, operaciones que buscan consolidar una reconstrucción crítica del pensamiento del administrador de justicia que permita comprender de manera precisa las motivaciones y alegatos en apoyo de determinada postura” (p. 274). Este cúmulo de actividades tiene propósitos asociados con la praxis cotidiana del jurista, de quien se espera el manejo de habilidades para decidir, establecer diálogos pertinentes, asumir posiciones coherentes, pensar reflexivamente, conducir a terceros (parte de cualquier proceso judicial) así como enfrentar las dificultades mediante el uso del conocimiento jurídico.
Al respecto Guadarrama (2015), coincide en afirmar que en sentido operativo la lectura crítica en Derecho debe conducir a la deducción de razones cuyo sustento es débil con respecto a otras, a las que por estar soportadas en buenos argumentos permiten resolver problemas de la realidad de manera cierta y efectividad” (p. 3). Lograr estos cometidos involucra la búsqueda de antecedentes, premisas y argumentos que hagan posible la oportuna solución de situaciones problema; del mismo modo, es posible que valiéndose de la analogía, se contrasten situaciones que por su similitud más nunca por su igualdad puedan resolver casos complejos y difíciles dentro del campo jurídico.
Se entiende entonces que, la lectura crítica además de posibilitar el ejercicio acucioso del profesional de este campo, también coadyuva al ejercicio razonable y justificado de operaciones que apuntan a la toma de decisiones en las que se exige valorar alternativas apropiadas que satisfagan funciones como: responder en su proceder a los principios de justicia, bien común y equidad y, enfrentar con racionalidad e imparcialidad el loable compromiso de preservar el orden y bienestar social.
En síntesis, la lectura crítica de textos jurídicos responde a un modo particularmente profundo de acercarse al conocimiento científico, a la densidad y complejidad de los entramados teóricos a los que para ingresar exigen el manejo de competencias analíticas y reflexivas que le permitan al pensamiento dialogar con planteamientos implícitos y explícitos, refutar las posiciones de los autores y deducir hallazgos relevantes que propicien la construcción de generalizaciones a partir de las cuales orientar la transformación de su espacio social; en el caso del abogado se espera que, haciendo uso de las bondades de la lectura sea capaz de consolidar procesos decisorios rigurosos, en los integre posiciones científicas e ideas soportadas en la verificación y credibilidad.
Sugerencias generales para la lectura crítica de textos jurídicos
Las críticas en torno a los materiales que los estudiantes consultan en la universidad se han enfocado en afirmar que parte de las dificultades a las que se enfrentan se ubican en: el manejo de textos altamente especializados, cuyos destinatarios incluyen a personas versadas en la disciplina; los razonamientos expuestos exigen el manejo de un entramado teórico básico que le permita posicionarse adecuadamente dentro de la ciencia jurídica y, de manera específica dentro de una determinada perspectiva o enfoque; y, finalmente, el uso del sentido crítico del lector se entiende como una condición elemental para que se logre una aproximación significativa y general al verdadero sentido del texto.
La enseñanza de la lectura crítica como medio de ingreso a la cultura jurídica, exige, además de la disposición del pensamiento, el manejo de ciertas reglas fundamentales de las que depende el ingreso, la identificación y apropiación de elementos nodales o coyunturales (Gordillo, 2000) a los que todo estudioso del Derecho deberá entender con el propósito de poner en evidencia la aplicación de principios y enunciados jurídicos que, además de regular, prohibir y obligar, constituyen operaciones que los juristas manejan demostrando las bondades de las normas y sus consecuencias (sanciones, orden y bienestar) en lo que ha equilibrio social se refiere.
Por tal motivo Moretó (2014), reitera que la lectura de materiales jurídicos resultan un proceso complejo de desarrollar por muchas razones, entre las que destacan que “los textos de Derecho resultan muchas veces completamente incomprensibles para los principiantes: complejos argumentos desplegados en oscuras sintaxis, vocabulario técnico específico, innumerables referencias legales y citas doctrinales son algunas de las características que los hacen tan difíciles” (p. 99). Este planteamiento es igualmente compartido desde perspectivas de la lectura crítica, en las que se precisa que el estudio del Derecho implica operaciones del pensamiento de orden superior, como: el uso de la analogía, la inferencia, el juicio y la valoración, a través de las cuales dejar en evidencia las contradicciones y los supuestos lógicos susceptibles de ser falsos o verdaderos (Morales, 2020b).
Esto indica que la lectura en la universidad debe orientar al estudiante en la tarea de aprender e integrarse a las prácticas propias de la comunidad académica a la que se afiliará. Esto significa incorporarse en la apropiación de las reglas y el dominio de los géneros de lectura frecuente, lo que exige el desarrollo de “capacidades para analizar diversas situaciones discursivas, evaluarlas y tomar decisiones que orienten estratégicamente la tarea de lectura; ello implica no solo conocer los textos de su disciplina, sino participar del discurso académico, de sus rasgos estilísticos, enunciativos y estructurales” (Reale, 2016, p.8).
Es así, que el proceso de enseñanza de textos académicos jurídicos, además de representar una tarea ardua por la multiplicidad de elementos que se deben trabajar, también constituye un compromiso para el que se forma, pues en este es en quien recae la responsabilidad de apropiarse de prácticas, usos y convenciones propias de la disciplina en la que incursiona. Por ende, es inminente que el estudiante desde los primeros años de estudio, tenga contacto con géneros jurídicos tales como “las demandas, los recursos y las sentencias, pues estos constituyen buenos ejemplos para comprender el discurso jurídico y las grandes estructuras textuales que predominan en la praxis jurídica: la narración de hechos y la argumentación” (Coloma y Agüero, 2012, p. 63).
En tal sentido y siguiendo los planteamientos de los autores mencionados, antes de elaborar propuestas didácticas y de intervención, es recomendable pensar en las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las necesidades de comunicación que tendrán los estudiantes cuando ejerzan como abogados? ¿Qué textos tienen que comprender? ¿Qué textos deben saber producir? ¿Qué conocimientos lingüísticos y extralingüísticos (sociales, culturales, éticos) tienen que dominar para comprender y/o producir estos textos con la máxima corrección y adecuación posibles? ¿Qué actitudes es bueno trabajar para que las actividades expresadas por las interrogantes anteriores se desarrollen con fluidez y provecho?
Borja (2007) propone que el uso de temas controversiales, polémicos y de estructura breve, se deben entender como instrumentos para que el estudiante se acerque al análisis de situaciones reales, propias de la cotidianidad, a las que deberá “revisar con detenimiento y sentido crítico, con el propósito de elaborar posibles alternativas que le puedan servir para resolver el problema central o, en su defecto, construir propuestas que contribuyan con la resolución de problemas periféricos” (p. 12). A manera de complemento Coloma y Agüero (2012), afirman que la lectura crítica deberá permitirle al estudiante de Derecho “identificar las condiciones que confluyeron en una decisión judicial, precisar la norma aplicable al suceso, seguidamente determinar los puntos de prueba del caso concreto y resolver el problema o deducir posibles vías mediante las cuales sea oportuno impugnar la solución” (p. 64).
Al respecto Agudelo, León y Prieto (2015), reiteran que la formación jurídica exige altas dosis de lectura crítica, a través de la cual el sujeto se apropie de los referentes teóricos y del instrumental metodológico que le permita analizar el mundo y su realidad con la pretensión de transformarla, pero también “de criticar por qué se da como se da, cómo podría cambiar, qué tan posible y práctico sea ese cambio y qué implica, cuáles son las posibilidades que ha de cambiar o transformar, y, por último, socialmente, cómo podría implementarse” (p.19).
Con referencia a las sentencias, se deduce de Moretó (2014), que corresponden a uno de los géneros de mayor uso en campo jurídico así como los de mayor complejidad por la manera como son elaboradas por los administradores de justicia; de allí que afirma la autora que “su estructura particular la constituye en un género propio que presenta nuevos desafíos para quien ha estado tratando por años con textos narrativos y expositivos” (p. 99). Ésta además propone que la lectura de una sentencia se hace más fácil si se aborda desde la identificación de sus apartados o componentes, es decir: la sinopsis, que muestra brevemente los elementos que se trataran a lo largo de la sentencia; un relación o descripción de los hechos que hacen parte de la controversia; la exposición de los antecedentes (a los que apela el juez para sustanciar en parte su posición); los considerandos, las disposiciones o acuerdos y, finalmente los planteamientos doctrinales que complementan la decisión del administrador de justicia” (p.100).
Por su parte Alexy (1997), plantea que la lectura de una sentencia judicial debe orientar a la identificación o deducción de los siguientes elementos “el contenido que en el que se afirma o determina lo que se está ordenando, prohibiendo o permitiendo a determinadas personas jurídicas; la decisión tomada en cualquier nivel de la fundamentación y la decisión que ordena lo hecho o permitido” (p.27). Otros aspectos importantes que no deben omitirse, tienen que ver con las acciones o conductas permitidas por las partes y la forma cómo se resolvió el problema o parte resolutoria (Morales, 2020a).
En tal sentido, la lectura de una norma exige la práctica de ciertas operaciones mentales que propicien su comprensión o la deducción del verdadero sentido y significado que le atribuyó el legislador. Por tal motivo, es necesario entender que las normas jurídicas contienen términos que requieren ser esclarecidos con la ayuda de diccionarios especializados, permitiendo de este modo construir interpretaciones completas en las que se integre el contexto de aplicación y las condiciones o circunstancias en que la norma interviene para regular. Donayre (2014) asume que parte de las estrategias que todo lector debe manejar para acercarse de manera profunda a la comprensión de las normas, deben relacionarse con la búsqueda de la “intención del legislador, lo que implicará retroceder en el tiempo para encontrar todo aquello que nos permita reconstruir su pensamiento: las fundamentaciones o considerandos de sus proyectos normativos, las exposiciones de motivos que se suelen acompañar a dichos proyectos” (p.191).
Lograr lo anterior, exige que el lector apele al uso de tres criterios importantes: el primero, responde al denominado criterio sistemático, en el que se analiza la norma relacionándola con otras del sistema jurídico que pudieran aportar mayor claridad a sus pretensiones, usos y aplicabilidad; el segundo, el criterio histórico permite dilucidar la voluntad del legislador, deducir su significado y las circunstancias en las que su uso es aplicable sin contravenir otra norma (este se vale de la revisión de: proyectos de ley, exposición de motivos, debates e informes de las comisiones); el tercer criterio denominado teleológico, exige la valoración y en análisis de la norma en función del contexto socio-histórico y político, al que se integran otros criterios como la justicia, le equidad y otros principios que pudieran aportarle solución a los conflictos y materia que esta regular.
Del mismo modo la lectura de una ley según Gordillo (2000), requiere la consideración de ciertos elementos, que al igual que en las normas son pertinentes para deducir el enfoque socio-jurídico de la misma. Estos elementos son: la revisión del contexto económico, político, cultural y social del país; las motivaciones o razones que llevaron al dictado de la ley, así como los puntos de índole resolutiva y a las definiciones en las que el legislador deja ver su percepción de la materia regulada.
En el caso de una resolución judicial, el lector debe identificar elementos clave tales como: el problema central del cual se desprende la querella; usualmente este cuenta con otros elementos que facilitan su análisis, tales como “la responsabilidad extracontractual subjetiva, si se produjo un daño por falta de diligencia del actor y si existe nexo causal entre la conducta del actor y el daño sufrido por la víctima” (León, 2008, p.26). Del mismo modo, es fundamental identificar el nivel de participación adjudicado a las partes y la imputación correspondiente, así como las alegaciones que los actores esgrimen en favor y en contra; con estos elementos, el lector es capaz de elaborar de manera general una idea global en la que sintetice el contenido de la resolución objeto de estudio. Para el autor en mención, es fundamental que el lector en la revisión de una resolución judicial, identifique contenidos mínimos para lo cual debe responder interrogantes como:
1. En cuanto a materia: ¿Quién plantea qué imputación sobre quién?, ¿Cuál es el problema o la materia sobre la que se decidirá?
2. Con respecto a los antecedentes procesales: ¿Cuáles son los antecedentes del caso? ¿Qué elementos o fuentes de prueba se han presentado hasta ahora?
3. En atención a la motivación de los hechos: ¿Qué razones existen para, valorando los elementos de prueba, establecer los hechos del caso?
4. Con relación a la motivación de derecho: ¿Cuáles son las mejores razones para determinar qué norma gobierna el caso y cuál es su mejor interpretación?
5. En cuanto a los elementos de la decisión: ¿Se ha determinado cuál es el problema del caso? ¿Existen vicios procesales? ¿Se han descrito los hechos relevantes que sustentan la pretensión o pretensiones? ¿Se han actuado las pruebas relevantes? ¿Se ha valorado la prueba relevante para el caso? ¿Se ha descrito correctamente la fundamentación jurídica de la pretensión? ¿Se elaboró un considerando final que resuma la argumentación de base para la decisión? La parte resolutoria, ¿Señala de manera precisa la decisión correspondiente? ¿La resolución respeta el principio de congruencia?
Por otra parte y en el caso puntual de los contratos, su lectura debe fundarse En la comprensión de que, su estructura es más que un conjunto de cláusulas a las que deben analizar en función de los efectos que se generan, su finalidad económica, su naturaleza y su estipulación, aspectos que se precisan en una conexión lógica (Anchondo, s/f, p. 42). En algunas ocasiones interpretar un contrato exige acudir a sus enunciados fundamentales para determinar su alcance y deducir los supuestos que, por estar implícitos tienden a ser confusos o incompletos. Gordillo (2000) afirma que leer un contrato requiere no solo de la inferencia de las obligaciones de las partes, los sujetos, los elementos normativos, sino de las cláusulas en las que se acuerdan obligaciones, derechos y posibles motivos por los que el acuerdo puede ser disuelto. Además, es imprescindible que se deduzcan aspectos complementarios como: las conductas de las partes, los propósitos de su celebración y la revisión de los elementos jurídicos, a los que en ocasiones solo se mencionan, dejando a criterio del lector novato su búsqueda y comprensión (Morales, 2020a).
Con respecto a la lectura de jurisprudencias aunado a contener en sí misma una de las fuentes a las que el sujeto debe apelar para sustanciar sus decisiones, también constituye un medio para clarificar sobre qué argumentos serán los más válidos así como “los contraargumentos malos o jurídicamente irrelevantes en el tratamiento de ciertos problemas jurídicos” (Alexy, 1997, p. 29). En tal sentido, leer una jurisprudencia consiste en hacer valoraciones sobre: las limitantes que se le imponen a ciertas conductas sociales, a las que se norman con el propósito de regular los intereses de una persona, trayendo con ello convicción a los administradores de justicia sobre las posibles alternativas que se pudieran asumir para fundamentar una decisión jurídica (Delmaestro y Balada, 2012; Morales, 2020b; Weston, 2006).
En el caso de textos especializados o doctrina jurídica Knorr (2010), propone que el lector debe crear un panorama más o menos general de las ideas propuestas por los autores. Para ello, es fundamental que responda una serie de interrogantes a partir de las cuales identificar el tema, el problema o situación objeto de estudio y las conclusiones a las que llegó el autor. Lograr este acercamiento exige entonces, responder a las siguientes preguntas: ¿De qué trata el texto? Tema global ¿Qué aspectos del tema se desarrollan? Los subtemas. ¿Qué postura sostiene el autor frente al problema planteado? ¿Qué afirmaciones realiza para fundamentar dicha postura y en qué elementos, datos o hechos se basa?
Para la autora la formulación de interrogantes generales favorece el desarrollo de procesos significativos de lectura crítica en el campo jurídico, en los que el lector logre deducir propósitos, problemáticas y argumentos, así como las conclusiones a las que arriba el autor. Todo esto se convierte en una estrategia efectiva para la lectura de artículos científicos, si se asume la resolución de las siguientes interrogantes: ¿De qué trata el artículo ¿Qué se propone el autor? ¿Qué trata de explicar o demostrar? ¿Cuál es la información más importante? ¿Qué posición adopta el autor frente al tema/problema planteado? ¿Cuál es la pregunta clave que el autor intenta contestar? ¿Qué otras posiciones se plantean en el artículo? ¿De qué modo o con qué argumentos/datos se sostienen esas posiciones? ¿A qué conclusiones llega el autor?
En resumen, la lectura efectiva de textos y materiales de índole jurídico, lleva al sujeto a enfrentar algunas condiciones de las cuales depende su ingreso y comprensión, entre ellas: determinar el tipo de contenidos, si corresponden a una sentencia, jurisprudencia o contratos, cuyas normas de elaboración se dan de conformidad a las convenciones científicas particulares de la cultura jurídica; esto implica entonces, apelar al manejo de los principios y secuencias discursivas que los juristas, abogados y administradores de justicia emplean para orientar la producción de los textos de su área, entre las que predominan: la argumentación, la narración y la exposición; y, hacer uso de la deducción constituye una habilidad de la que depende que el lector determine las consecuencias, efectos e implicaciones de un hecho jurídico, al cual en la mayoría de los textos acompaña un apartado que resuelve desde el punto de vista técnico (normativo) el conflicto, problema o situación jurídica.
CONCLUSIONES
En la universidad la lectura se asume como un proceso significativo y habitual del que se espera que el estudiante de manera autónoma construya su propio aprendizaje a partir de la interacción con los entramados teóricos de la disciplina a la que se está afiliando. Una de las maneras para lograr el desempeño competente en este nivel, se circunscribe al uso de la lectura crítica como la manera de enfrentar la multiplicidad de contenidos y posiciones teórico-epistémicas a los que se espera que el sujeto aborde desde la disposición para problematizar, formular interrogantes y deducir los elementos teóricos que pudieran ubicar a un autor dentro de determinado campo científico.
La lectura crítica, en el campo jurídico inserta al estudiante en el proceso de determinar que los textos no le aportan todo y que el conocimiento dado puede ser susceptible de valoración. Esto sugiere el operar en torno a la indagación autónoma, cuestionadora, creativa y responsable que supere la repetición de lo aportado por otros y, en su lugar, se asuma el compromiso intelectual de analizar cuidadosamente las afirmaciones así como elaborar conclusiones precisas y estructuradas sobre los problemas socio-jurídicos.
Por ende, motivar el interés de los estudiantes por la lectura de documentos jurídicos supone no solo hacer de su enseñanza un proceso pertinente, sino una posibilidad para instarle en la tarea de descubrir por su relevancia y pertinencia, como condiciones en razón de las cuales garantizar su ingreso a los modos como se organizan y presentan las ideas ante una audiencia; requerimientos que ameritan la revisión crítica, rigurosa y disciplinada que aporte a la construcción de razonamientos y aportaciones innovadoras que evidencien la apropiación de los elementos que caracterizan al pensamiento jurídico.
Entonces, hacer transformaciones significativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura en el ámbito jurídico debe comenzar por su la orientación del estudiante a asumir el compromiso de pensar por sí mismo, de elaborar opiniones propias sobre las situaciones cotidianas de las que se ocupa su disciplina, así como instar a la defensa de sus posiciones a partir de la integración de información y la organización lógica de argumentos que le ayuden a sustentar sus afirmaciones frente a las cuestiones o problemáticas frecuentes en su praxis profesional.
Es posible afirmar que la lectura jurídica además de propiciar el ingreso a la cultura jurídica, también es una herramienta que permite comprender las consecuencias de las acciones humanas y las implicaciones derivadas de la aplicación del Derecho como el conjunto de prescripciones o reglas que regulan la vida social. En consecuencia, la lectura crítica debe entenderse como una posibilidad real de formar sujetos más conscientes, participativos y responsables como condiciones estrechamente relacionados con el ejercicio de la ciudadanía que se deriva a su vez del conocimiento jurídico (derechos, deberes y obligaciones). Esta afirmación deja ver a la lectura como el medio para promover el desarrollo de criterios, actitudes y competencias críticas para el diálogo y la transformación de los modos de vida mediante la creación de condiciones en las que prime la justicia, la equidad y el bien común, valores de los depende el óptimo funcionamiento de la sociedad.
En síntesis, el acercamiento a los textos jurídicos exige la disposición crítica y el uso de las bondades del análisis para deducir significados, aspectos subyacentes, puntos de vista, perspectivas socio-jurídicas y sistemas jurídicos que confluyen en la construcción de las normas, jurisprudencias, sentencias y contratos. Esto implica ir más allá de lo dado en el texto para conocer el contexto, los debates y argumentos a los que el autor implícita o explícitamente apeló para sustanciar sus decisiones, justificar su posición y regular determinada conducta que por ser perniciosa requiere ser sancionada o prevenida.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acuña, E y López, A. (2017). Pensamiento crítico y lectura comprensiva. Revista Confluencias, 5 (1), 10-16.
Agudelo, O., León, J y Prieto, M. (2015). Teoría jurídica y enseñanza del derecho. Universidad Católica de Colombia.
Alexy, R. (1997). Teoría de la argumentación. Centro de Estudios Constitucionales.
Alvarado, M. (2012). Lectura crítica de medios: una propuesta metodológica. Revista Comunicar, 39 (20), 101-108.
Álvarez, G. (2008). La enseñanza del discurso jurídico oral y escrito en la Carrera de Abogacía. Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho, 6 (11), 137-148.
Anchondo, V. (s/f). Métodos de interpretación jurídica. Universidad Autónoma de Chihuahua.
Atienza, M. (2005). Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México.
Begoña, O y Sanmartí, N. (2009). La lectura como medio para desarrollar el pensamiento crítico. Universitat Autònoma de Barcelona, junio-2009, pp. 233-245.
Berdeal, I y Quesada, R. (2013). La lectura de los textos jurídicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Revista Conrado, 9 (39), 74-84.
Borja, A. (2007). “Los géneros jurídicos” en Enrique Alcaraz (ed.). Las lenguas profesionales y académicas. Editorial Ariel.
Carbonell, M. (2021). Cartas a un estudiante de Derecho. Universidad Autónoma de México.
Cassany, D. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. Tarbiya. Revista de investigación e innovación educativa, 32, 113-132.
Coaguila, J. (2005). El análisis discursivo del derecho. ISONOMÍA, 23, 165-177.
Coloma, R y Agüero, C. (2012). Los abogados y las palabras. Una propuesta para fortalecer competencias iniciales en los estudiantes de Derecho. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, 19 (1), 39-69.
Contreras, M. (2016). Los textos académicos. Universidad Nacional de la Plata.
Curto, J. (2017). Estrategias para la enseñanza de lectocomprensión de textos jurídicos en inglés en la carrera de Abogacía. Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho, 15 (30), 225-249.
Dávila, C. (2012). El sentido del texto jurídico y la interpretación ética en el Derecho. Revista Jurídica Piélagus. No. 11, 27-33.
De Cucco, M. (2016). ¿Cómo escribimos los abogados? La enseñanza del lenguaje jurídico. Academia. Revista de Enseñanza del Derecho, 14 (28), 127-144.
Delmaestro, A y Balada, E. (2012). Modelo y Estrategias para la Promoción del Pensamiento Crítico en el Aula de Lenguas Extranjeras. Synergies Venezuela, 7, 25-37.
Díaz, J., Bar, A y Ortíz, M (2015). La lectura crítica y su relación con la formación disciplinar de estudiantes universitarios. Revista de la Educación Superior, 4 (4), 139-158.
Donayre, G. (2014). La interpretación jurídica: propuestas para su aplicación en el derecho tributario. Revista Derecho & Sociedad, 43, 183-206.
Flores, D. (2016). La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación Superior. Revista Zona Próxima, 24, 128-135.
Galindo, M. (2015). Lectura crítica hipertextual en la web 2.0. Revista Actualidades Educativas, 15 (1), 1-29.
Gordillo, A. (2000). Introducción al Derecho. Fundación de Derecho Administrativo.
Guadarrama, R. (2015). Argumentación, interpretación y raciocinio jurídico. Disponible en http://www.tfja.gob.mx/investigaciones/
Guerra, J. (2006). La lectura crítica de textos jurídicos. Revista Universitas, 4, 69-81.
Hawez, G. (2003). Pensamiento crítico en la formación universitaria. Universidad de Talca. Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Disponible en http://www.pregrado.utalca.cl/docs/pdf/documentos_interes/Pensamiento%20Critico%20en%20la%20Formacion%20Universitaria.pdf
Konrr, P. (2010). Estrategias para el abordaje de textos. Material didáctico de apoyo a la enseñanza de las ciencias sociales. Universidad Nacional del General Sarmiento.
León, R. (2008). Manual de redacción de resoluciones judiciales. Academia de la Magistratura.
Miras, J. (2003). Notas para un breve curso de redacción de documentos jurídicos. Universidad de Navarra, 1-23.
Morales, J (2017). Pensamiento crítico y lectura en ciencias sociales. Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior, 8(2), 265-282. Disponible http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad
Morales, J. (2018a). El enfoque sociocultural de la lectura y sus implicaciones pedagógicas en la actualidad. Revista La Pasión del Saber, 8 (14), 25-39. Disponible en http://201.249.74.131/pasion/index.php/95-edicion-14/226-el-enfoque-sociocultural-de-la-lectura-y-sus-implicaciones-pedagogicas-en-la-actualidad.
Morales, J. (2018b). La lectura como herramienta al servicio del aprendizaje de las ciencias sociales en la universidad. Revista Ciencias de la Educación, 28 (51), 516-537.
Morales, J. (2019). Argumentación: algunas aproximaciones sobre su importancia para el que se inicia en estudios jurídicos. Sinergias educativas, 4 (2), 1-16.
Morales, J. (2020a). La lectura en Derecho: sugerencias para guiar al estudiante en su proceso formativo y en la apropiación del conocimiento. Telos, 23 (2), 227-246
Morales, J. (2020b). Leer en la universidad: algunas reflexiones para mejorar su práctica. Revista la Pasión del Saber, 10 (17), 37-59.
Morales, J. (2024). Los procesos de enseñanza y aprendizaje en tiempos de complejidad. Sugerencias desde la perspectiva de Matthew Lipman. Investigación y Postgrado, 39 (1), 9-27. Disponible en https://doi.org/10.56219/investigacinypostgrado.v39i1.2697
Moretó, M. (2014). Estrategias de lectura de textos jurídicos: análisis de protocolos verbales en expertos y novatos. Revista Científica, 18 (1), 97-120.
Niño, C. (2003). Introducción al análisis del derecho. Editorial Astrea.
Novick, S. (2014). Cómo trabajar con textos jurídicos en ciencias sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Reale, A. (2016). Leer y escribir textos de Ciencias Sociales: Procesos y estrategias. Universidad Nacional de Quilmes. Publicaciones Ciencias Sociales.
Sanmarti, N. (2011). Leer para aprender ciencias. Disponible en http://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_eso_leerciencias_neussanmarti.pdf/b3507413-ca58-4a00-bf37-c30c619b627f
Santelices, L. (s/f). Desarrollo del pensamiento crítico: su relación con la comprensión de la lectura y otras áreas del currículo de educación básica. Proyecto DIUC 160/82. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Serna, J y Díaz, J. (2015). Propuesta didáctica para la comprensión crítica en la Universidad La Gran Colombia. Cuadernos de Linguistica Hispanica, 25, pp.165-180.
Serrano, S. (2008). El desarrollo de la comprensión crítica en los estudiantes universitarios: hacia una propuesta didáctica. Educere, 12 (42), 505-514.
Tamayo, A y Salmorán, R. (2017). Lectura jurídica y motor de inferencias en derecho. Universidad Autónoma de México.
Ulloa, J., Crispín, M y Bejar, O. (2014). La lectura y la escritura ¿se deben aprender en la universidad?. Didac, 53 (63), 53-59. Disponible http://crea.um.edu.mx/wp-content/uploads/2017/03/Ulloa-Herrero-et-al-La_lectura_la-escritura.pdf
Vigo, R. (2006). Ética judicial e interpretación jurídica. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29 (1), 273-294.
Weston, A. (2018). Las claves de la argumentación. Editorial Ariel, S. A.
Zemelman, H. (2005). Voluntad de conocer. Anthropos.
©2025 por el autor. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)