Artículo de Investigación DOI: https://doi.org/10.61154/holopraxis.v9i1.3876
Crédito súper mujer rural: Efectos en la autonomía económica y empoderamiento femenino
Rural super woman credit: Effects on economic autonomy and female empowerment
Liliana Gisela Farinango-García a, Zulma Jeanneth Albuja-Echeverría b
a Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Imbabura, Ecuador, Email: lgfarinangog@utn.edu.ec, Orcid: https://orcid.org/0009-0004-6128-3881
b Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Imbabura, Ecuador, Email: zjalbuja@utn.edu.ec, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3404-6683
Recibido: 8 de octubre de 2024
Aprobado: 10 de enero de 2025
RESUMEN
En este artículo se analizó la incidencia del crédito súper mujer rural en la autonomía económica de las mujeres en el cantón Ibarra-Ecuador, con el propósito de conocer si el acceso al crédito influyó de manera positiva o negativa en sus condiciones de vida, autonomía económica, emprendimientos o negocios, paralelamente, con su nivel de empoderamiento. Para esto, se aplicó una encuesta estructurada a las beneficiarias del crédito y se utilizó el método de correlación de Rho de Spearman. Dando como resultado, que más del 55% de las beneficiarias obtuvo una incidencia positiva reflejada en el aumento de ingresos propios, productividad, independencia en la toma de decisiones, desarrollo de la habilidad de la negociación y la participación en el mercado de trabajo, sumado a ello, se determinó que su empoderamiento fue de nivel medio. De ahí que, los procesos ligados al alcance de niveles sostenibles de autonomía económica y empoderamiento femenino se encuentran en proceso de transición, sugiriendo que las mujeres continúan en roles económicamente pasivos debido a la sobrecarga laboral, la falta de educación financiera e innovación en los emprendimientos, la deficiencia en la adopción de hábitos de ahorro y los persistentes paradigmas que subestiman su rol social y capacidad de acceder, generar y controlar ingresos propios, limitando su desarrollo integral.
Descriptores: crédito; pandemia; mujer. (Tesauro UNESCO)
ABSTRACT
This article analyzes the impact of the super rural woman credit on the economic autonomy of women in the canton of Ibarra-Ecuador, with the purpose of realizing if access to credit influenced positively or negatively their living conditions, economic autonomy, entrepreneurship or business, in parallel with their level of empowerment. Therefore, a structured survey was applied to the beneficiaries of the credit and the Spearman Rho correlation method was used. As a result, more than 55% of the beneficiaries obtained a positive impact reflected in the increase of their own income, productivity, independence in decision-making, development of negotiation skills and participation in the labor market. Besides, it was determined that their empowerment was of a medium level. Hence, the processes linked to achieving sustainable levels of economic autonomy and female empowerment are in transition, suggesting that women continue in economically passive roles due to work overload, lack of financial education and innovation in entrepreneurship, deficiency in the adoption of savings habits and persistent paradigms that underestimate their social role and ability to access, generate and control their own income, limiting their comprehensive development.
Descriptors: credit; pandemic; woman. (UNESCO Thesaurus)
INTRODUCCIÓN
La desigualdad de género es un fenómeno global con raíces históricas profundas que sitúa a las mujeres en una posición desfavorable frente a los hombres, desvalorizando su trabajo y limitando su autonomía. Para citar un caso concreto, ONU Mujeres (2020) señala que la brecha salarial de género es persistente en numerosos países, donde las mujeres obtienen ganancias en un (16%) menos que sus pares masculinos. Por otra parte, Trumbic (2024) señala que, en la actualidad la participación femenina en la fuerza laboral global apenas alcanza el (50%), mientras que la proporción de hombres en el mercado laboral se aproxima a tres cuartas partes.
La realidad socioeconómica del Ecuador revela un comportamiento similar, este tipo de desigualdad se ve manifestada en varios ámbitos, como es el caso del acceso a créditos, desempleo y el trabajo no remunerado. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [SEPS] (2021) en diciembre de 2021, el porcentaje predominante de operaciones de crédito fue realizado por hombres, representando el (56,5%), en contraste con el (43,4%) correspondiente a mujeres, en el mismo período, el nivel de desempleo femenino alcanzó el (7,1%), en comparación con el (3,8%) registrado para el género masculino. Además, en términos de trabajo no remunerado, se observa una participación significativamente mayor de mujeres, con un (67,5%), frente al (57,1%) de los hombres. (p.5)
Ante el presente historial marcado por la persistente desigualdad entre hombres y mujeres, el sistema financiero ecuatoriano ha llevado a cabo diversas iniciativas para integrar los principios de inclusión financiera con perspectiva de género en la asignación de créditos. A causa de que, es considerado un mecanismo clave que contribuye al empoderamiento de las mujeres, su activa participación en el desarrollo y su aporte a la reducción de la desigualdad en áreas como la salud, educación, y, por supuesto, los ingresos (Escobar et al., 2022). Paralelamente, el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social [CERES] (2023) sugiere que, el acceso a créditos proporciona a las mujeres la oportunidad de producir sus propios ingresos y controlar sus finanzas, lo que fomenta su autonomía económica.
De igual manera, el acceso al crédito es un componente esencial para el crecimiento económico en virtud de que, crea un vínculo entre los productos financieros y la disminución de la pobreza, a la vez, que opera como un mecanismo efectivo en el proceso de reactivación económica (Banco Central del Ecuador [BCE], 2018). En el caso femenino, el acceso al crédito proporciona a las mujeres la flexibilidad necesaria para generar y administrar sus recursos de manera eficaz, mejorando así su bienestar y el de su familia (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer [INSTRAW], 1995).
Sin embargo, conforme señala ONU Mujeres (2022a) acceder a créditos es un trámite complejo para las mujeres debido a varios factores como: la carencia de educación financiera, creencias que atribuyen la gestión financiera a los hombres, tasas de interés elevadas, necesidad de garantías o firmas de cónyuges, entre otros. En muchos de los casos esto desalienta a las mujeres emprendedoras a recurrir a dicho recurso. Ahora bien, existen diversos tipos de barreras, según la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias [CONAFIPS] (2023) se clasifican en tres: oferta, demanda y jurídicas.
Oferta: La ausencia de instrucción específica en el diseño y venta de productos, haciendo referencia a que las mujeres no cuentan con el conocimiento suficiente sobre estrategias para promocionar sus productos, redes de distribución de información inapropiadas, considerando que, en las comunidades rurales, muchas mujeres carecen de alfabetización lo que reduce su interés en acceder a servicios financieros.
Demanda: Brecha digital, no siempre se cuenta con acceso a internet; falta de educación financiera, es necesaria la capacitación a las beneficiarias, así como a las propias instituciones que brindan sus servicios; negociación limitada en los hogares, haciendo referencia a que las mujeres no tienen autoridad para decidir ya que no disponen de ingresos propios.
Jurídicas: Firma del cónyuge, sin esta condición no pueden acceder a créditos, falta la de regulaciones para prevenir la discriminación de género, no existe confianza en el género femenino para otorgar créditos.
Por lo tanto, superar estas barreras es crucial para promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Para fines de este estudio, la autonomía económica es aquella que implica la gestión de ingresos propios, recursos productivos, tiempo, tomando en consideración el trabajo remunerado y no remunerado en términos equitativos con los hombres (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [OIG], s.f.). Por su parte el empoderamiento, es considerado como un proceso que dinamiza y transforma la vida de las mujeres, incrementando su participación en la toma de decisiones que evidencian control sobre sus propias vidas (Aguirre, 2023).
Por otra parte, es importante mencionar que, durante la década de 1970, emergen planteamientos que integran el género con el análisis económico, abogando por una economía que valore el trabajo y las aportaciones de las mujeres a la sociedad, lo cual ha dado origen a lo que hoy se conoce como economía feminista. De acuerdo con Enríquez (2015) “la economía feminista se define como una corriente de pensamiento heterodoxo” por lo que se concentra en resaltar los enfoques de género en el escenario económico y su incidencia en el bienestar y calidad de vida de las mujeres.
El sistema económico predominante (capitalismo) prioriza el mercado, el sector financiero y los servicios públicos, volviendo invisible a la economía del cuidado, la cual es un sostén o eje vertebrador de la sociedad, una porción de los beneficios que obtiene el sistema se origina en el trabajo no remunerado o doméstico, por lo que es imprescindible revisar la organización del tiempo, la producción, el consumo, el trabajo y la renta para asegurar una distribución justa (Carrasco, 2013).
En este plano, la economía feminista ha abordado el sistema actual con reflexiones y críticas, destacando el respeto a los derechos de las personas, su bienestar y el desarrollo de sus capacidades como su núcleo de análisis. Conforme indica Enríquez (2015) esta economía, contribuye de manera significativa en el estudio de los conceptos y métodos, resaltando la importancia del trabajo de cuidado, del cual dependen sustancialmente las operaciones del sistema económico. Esto está en línea con lo establecido por Carrasco & Tello (2013) para asegurar la continuidad y expansión de la productividad comercial se requiere de la economía del cuidado, no puede llevarse a cabo de manera autónoma.
En el ámbito de este análisis, se introduce el concepto de “sostenibilidad de la vida”, a raíz de su conexión profunda con la economía y el cuidado, dado que se enfoca en el modo de vivir de las personas y en los diversos esfuerzos que realizan para lograr un desarrollo socioeconómico conjunto.
En la opinión de Pérez (2020) hablar de cuidados, es referirse a una gran cantidad y diversidad de labores que van más allá del cuidado de personas dependientes y niños, abarcando todas aquellas actividades esenciales para el funcionamiento diario de la vida, dicho de otro modo, es el proceso constante de reconstrucción del bienestar emocional y físico de los individuos. Por ende, es crucial priorizar el cuidado de la vida, a través de una reestructuración en la manera de gestionar el consumo, la producción, la distribución del tiempo, el trabajo e ingresos.
Además, el cuidado está ligado a una lucha histórica por la defensa de los derechos de las mujeres, tal como afirma Pérez (2020) los cuidados son la cara B del sistema, injustamente repartidos e invisibles. Por lo tanto, este tipo de economía plantea un cambio de paradigma, en sí el cuidado asigna un gran valor al trabajo no remunerado ya que es fundamental para el bienestar colectivo e individual de los seres humanos, es decir, los esfuerzos realizados en los hogares son los que sostienen la economía, por lo que es necesario una organización social eficiente, sólida y práctica que promueva la distribución equitativa entre cuatro agentes clave: el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares, de tal modo que se fomente la autonomía económica de las mujeres a la vez que se fortalece la colaboración entre los distintos actores de la sociedad para construir un futuro mejor (Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado [MIEC], 2020).
A raíz de la pandemia causada por el COVID-19 no solo aumentó la vulnerabilidad, también las oportunidades de progreso económico disminuyeron, particularmente en el sector rural, afectando gravemente la autonomía económica de las mujeres cuyos ingresos fueron golpeados considerablemente en medio de la crisis. Incluso, se puso de manifiesto la carencia de infraestructura para los servicios del cuidado, enfatizando la gran necesidad de políticas públicas que faciliten, respalden y aseguren un cuidado de calidad, en un entorno propicio con condiciones laborales dignas donde las personas desarrollen sus destrezas con seguridad y liderazgo, cuyo objetivo común sea: la sostenibilidad de la vida, misma que se sustenta en el principio de igualdad (Carrasco, 2015).
De acuerdo con lo indicado por la Secretaría de Derechos Humanos (2020) la incapacidad para adaptar de manera ágil las actividades productivas al nuevo entorno, junto con el uso limitado de tecnologías y las nuevas restricciones para el acceso a insumos productivos resultaron en un descenso de las ventas de las productoras, generando una pérdida considerable de ingresos y poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus negocios, asimismo, la continuidad en el mercado de trabajo se volvió un desafío debido a las medidas de aislamiento y confinamiento social. (p.44)
A lo anterior, se suma las brechas de desigualdad de género, respecto a esto, la Secretaría Técnica del Plan Ecuador [STPE] (2020) sostiene que, aun cuando se han registrado progresos en la temática de igualdad de género, los desafíos permanecen en el sector de trabajo en Ecuador, donde la incorporación laboral de las mujeres es baja con el (53,5%) frente al (77,7%) de los hombres. Asimismo, la existencia de barreras para la inclusión en el uso y acceso del sistema financiero para las mujeres repercuten en su desenvolvimiento socioeconómico. Prosiguiendo con el caso ecuatoriano, según las cifras del Global Findex 2021, el acceso a cuentas de ahorro del género femenino es del (58%), cifra que es 13 puntos porcentuales inferior al acceso observado en el género masculino, con el (71%), por lo que, la falta de historial crediticio, la educación financiera limitada, entre otros aspectos, dificulta a las mujeres obtener préstamos, incluso la presencia de roles de género tradicionales y los múltiples estereotipos pueden desincentivar a las mujeres a solicitar un crédito o incursionar en nuevas actividades económicas (Red de Instituciones Financieras de Desarrollo [RFD], 2023).
En consecuencia, las mujeres tienen una mayor propensión a experimentar condiciones de pobreza, la crisis económica preexistente, combinada con las repercusiones de la pandemia ha limitado sus opciones de obtener un empleo. A juicio de (RFD) (2023) existen numerosos estudios empíricos que demuestran la importancia de facilitar el acceso a servicios financieros para las mujeres, dado que, desempeñan un papel fundamental en la creación de un círculo virtuoso de empoderamiento, mismo que se vincula con su autonomía económica.
Según la Secretaría de Derechos Humanos (2020) en Ecuador, con la llegada de la crisis sanitaria la pérdida tanto de medios de subsistencia como de fuentes de ingresos fueron significativos, influyendo negativamente en la calidad de vida de las personas. Igualmente, ONU Mujeres (2022b) menciona que la pandemia reveló el limitado acceso a servicios financieros que tenían las poblaciones de escasos recursos, sobre todo las mujeres.
En este escenario, el 21 de octubre de 2020 el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) presenta la Economía Violeta (EV) en Ecuador, como una política pública, orientada a prevenir el aumento de la desigualdad de género en al ámbito laboral, la violencia de género y la pobreza acentuada por la presencia de la pandemia COVID-19, ofreciendo productos financieros alternativos destinados al impulso de los negocios femeninos, entre ellos se encuentra el crédito súper mujer rural, efectuado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en colaboración con BanEcuador, dentro del marco de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales (ENARM), esta iniciativa busca fomentar el crecimiento comunitario y productivo de las mujeres rurales mediante este producto crediticio que, conectado a la inclusión financiera, pretende mejorar sus condiciones económicas y su calidad de vida. Conforme ha establecido BanEcuador (2020) este crédito está destinado a mujeres que laboran en el sector agrícola y ganadero, específicamente aquellas que se encargan de granjas o huertos familiares, con montos que van desde los USD$500 hasta los USD$10 000, a una tasa de interés del (16%). Cabe considerar que, el color violeta simboliza la lucha por la restitución de los derechos de la mujer (Roa S. , 2022).
Si bien es cierto, las mujeres rurales se encuentran bajo una intensa presión socioeconómica, ya que forman parte de entornos dinámicos que son altamente competitivos, de hecho, se las reconoce como protagonistas del sector productivo ya que tienen una elevada participación en el abastecimiento de suministros alimenticios, tal como señala Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG] (2020) más de 2,000,000 de mujeres se desempeñan en los sectores agrícola y ganadero, contribuyendo a la producción de alimentos de buena calidad para la población ecuatoriana.
En síntesis, es fundamental disponer de recursos que respondan a las necesidades particulares de las mujeres rurales en sus emprendimientos o infraestructura productiva, así como emplear diversas medidas encaminadas a confrontar las barreras que restringen su desarrollo socioeconómico, no solo en el lapso de la pandemia, sino también como un mecanismo que les permita progresar hacia un futuro más favorable. Por lo que es inminente, enfocarse en el desarrollo y aplicación de políticas que velen por el reconocimiento y la valoración del esfuerzo de las mujeres en el trabajo y su contribución en la economía y para demostrar efectividad en las mismas, deben estar orientadas a la igualdad de género (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019).
Es este contexto, el presente estudio tiene como objetivo central analizar la incidencia del crédito “súper mujer rural” en la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres del cantón Ibarra. Es decir, se busca comprender cómo este producto financiero contribuye al fortalecimiento de las capacidades productivas, al ejercicio pleno de los derechos económicos y sociales de las mujeres rurales, y la mejora de sus condiciones de vida.
En definitiva, todo lo planteado subraya la importancia de sensibilizar y guiar a los diversos actores del sistema económico y social hacia la creación de un entorno más equitativo. Este apartado, no solo pone de manifiesto las múltiples barreras que enfrentan las mujeres rurales, sino que también resalta el potencial transformador de iniciativas como el crédito súper mujer rural. En este sentido, se refuerza la necesidad de continuar desarrollando políticas públicas integrales y productos financieros inclusivos que no solo promuevan la igualdad de género, sino que también impulsen el crecimiento sostenible y el bienestar colectivo. De esta forma, se avanza hacia una sociedad donde la economía, el cuidado y la sostenibilidad de la vida converjan como pilares fundamentales del desarrollo humano.
MÉTODOS
En
este estudio se empleó un diseño de investigación mixto, con dos enfoques:
exploratorio, ya que permitió abordar un tema poco estudiado como el de la
autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres, y descriptivo, porque
se describió como un tipo de crédito incidió en las condiciones de vida de las
beneficiarias. Lo cual se complementó con el enfoque cualitativo ya que se interpretaron
los rasgos que presentó la situación socioeconómica de las beneficiarias
del crédito, y cuantitativo dado que, se efectuaron diversos cálculos
estadísticos y se empleó indicadores.
Por otro lado, se utilizaron encuestas y grupos focales como principales técnicas de recolección de datos, además del instrumento para la medición del empoderamiento en mujeres (IMEM) desarrollado por el Instituto Nacional de Mujeres en México. Los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS empleando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para facilitar el análisis de contenido en la relación entre el crédito y la autonomía económica, considerando que dicho coeficiente proporcionó información sobre la intensidad de asociación entre las diferentes variables y, finalmente, se construyó un índice de sumatoria simple para determinar el nivel de autonomía económica de las beneficiarias, el cual incorporó una escala de tipo Likert aplicada a seis preguntas de la encuesta, directamente vinculadas con la autonomía económica.
La población objetivo estuvo conformada por mujeres emprendedoras dedicadas a actividades agropecuarias, como huertos familiares o granjas, con un rango promedio de edad entre 43 y 54 años. En términos étnicos, el (21,3%) correspondía a mujeres indígenas, el (67,6%) a mestizas y el (11,1%) a afroecuatorianas.
Las encuestas se aplicaron a 108 beneficiarias, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple en siete parroquias del cantón Ibarra: La Esperanza, El Sagrario, Angochagua, Salinas, La Carolina, San Antonio y Ambuquí.
RESULTADOS
Autonomía
Mediante la correlación de Rho de Spearman, se realizaron varias pruebas de hipótesis para determinar si más del 55% de las beneficiarias obtuvo una incidencia positiva en 5 indicadores, que se presentan a continuación:
Tabla 1
Resultados de correlaciones
Indicador |
Variables |
Tipo de Asociación |
Coeficiente de correlación |
Ingresos y recursos propios |
Ingresos ahorro |
Débil positiva |
0,37 - 0,47
|
Carga global de trabajo |
Tiempo |
No existe relación |
0,08 |
Libertad de decisión |
Independencia |
Débil positiva |
0,20 |
Contribución a nuevas propuestas |
Productividad Innovación |
Moderada y débil positiva |
0,40 - 0,34 |
Mercado de trabajo |
Trayectoria laboral |
Débil positiva |
0,34 |
Fuente: Elaboración propia a partir de programa SPSS
Respecto a los resultados obtenidos en la tabla 1, el primer indicador en la variable ingresos arrojó una intensidad de asociación débil positiva. Según las encuestas, el (65,7%) de las beneficiarias mejoró su capacidad para cubrir sus gastos y necesidades básicas, en comparación, a la época previa a la adquisición del crédito, de hecho, el coeficiente de correlación pasó de 0,37 a 0,47 señalando un nivel de asociación más fuerte. Esto significa que, el crédito reveló efectos beneficiosos en sus economías. Por otro lado, con la variable ahorro, se determinó que el porcentaje de ahorro es relativamente bajo en un intervalo del (10 al 20%), dado que el (74,1%) de las beneficiarias aseguró estar dentro de este rango.
El siguiente indicador, cuyas variables fueron el tiempo y los ingresos, concluyó que no existe relación debido a que el coeficiente de correlación es de 0,08, es decir, cuando es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis alternativa. De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta el (48,1%) de las beneficiarias no consideró que la sobrecarga de trabajo doméstico afecte su autonomía económica.
El tercer indicador, presenta la variable independencia cuya intensidad de asociación es débil positiva, se demostró que un conjunto de 58 mujeres, lo que es equivalente al (53,7%) de las beneficiarias experimentaron un aumento de poder de decisión en sus hogares gracias al crédito.
Continuando con el cuarto indicador, la variable productividad, indicó que como producto de las encuestas 41 beneficiarias del crédito afirmaron haber adquirido mejoras en sus emprendimientos alcanzando un (30%) de productividad, en el caso de la innovación, el (48,1%) las beneficiarias señalaron que no incorporan este elemento en sus negocios.
El último indicador, mostró que la habilidad más desarrollada por las beneficiarias fue la negociación con el (28,7%).
En pocas palabras, los resultados muestran que 4 de los 5 indicadores tienen una incidencia positiva en las beneficiarias, por lo que se concluyó que el acceso al crédito súper mujer rural ha permitido a las mujeres rurales obtener autonomía económica.
Por último, mediante el índice de sumatoria simple, se determinó que el (67,6%), equivalente a 73 mujeres presentaron un nivel bajo de autonomía económica.
Empoderamiento (grupos focales)
El instrumento metodológico de empoderamiento elaborado por el Instituto Nacional de Mujeres en México (IMEM), indica que la medición del empoderamiento debe sustentarse en siete factores, los cuales se detallan a continuación (tabla 2), acompañados de los puntajes alcanzados en tres parroquias (grupos focales) en las que se aplicó el cuestionario.
Tabla 2
Puntajes de empoderamiento por parroquia
Factores |
Parroquias |
||
San Antonio |
La Esperanza |
El Sagrario |
|
Empoderamiento participativo |
27 |
25 |
20 |
Temeridad |
12 |
10 |
11 |
Influencias externas |
13 |
13 |
14 |
Independencia |
7 |
8 |
8 |
Igualdad |
8 |
9 |
7 |
Satisfacción social |
11 |
12 |
12 |
Seguridad |
15 |
15 |
13 |
Total |
93 |
92 |
85 |
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas
Como se puede observar en la tabla 2, en el primer grupo focal correspondiente a la parroquia de San Antonio el puntaje final fue de 93, mientras que en el segundo grupo focal correspondiente a la parroquia de La Esperanza fue de 92, ambos puntajes pertenecen al rango que indica un nivel medio de empoderamiento, en comparación con el tercer grupo focal correspondiente a la parroquia El Sagrario cuyo puntaje fue de 85 el cual indicó un nivel bajo de empoderamiento. Estos resultados reflejan diferencias relevantes en los niveles de empoderamiento entre las parroquias analizadas, subrayando la necesidad de estrategias focalizadas que promuevan una mayor equidad y fortalezcan las capacidades de las comunidades con menores puntajes.
DISCUSIÓN
Autonomía económica
En relación con lo expuesto, los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a las beneficiarias del crédito Súper Mujer Rural evidenciaron que su capacidad para generar ingresos propios se distribuyó en tres categorías: alta, media y baja. La mayoría de las mujeres, representando el 75,9% de la población estudiada, equivalente a 82 participantes, se ubicó en la categoría media, lo cual corrobora que el crédito influyó de manera positiva en sus economías. Además, de mejorar su capacidad para cubrir sus gastos y necesidades básicas. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [OIG] (s.f.) obtener ingresos propios atribuye la capacidad de tomar decisiones relacionadas a la gestión de recursos financieros, abordando las necesidades personales.
Con respecto al ahorro, el porcentaje fue bajo, en este plano Daher (2012) argumenta que, dentro del ámbito rural, las mujeres visualizan al ahorro como un recurso que les permite cubrir imprevistos financieros, más no, como un medio para alcanzar sus objetivos, sueños y asegurar un futuro mejor, esta percepción restringe su independencia y empoderamiento.
Por su parte, el hallazgo relacionado con la percepción de las beneficiarias sobre su tiempo, en el que el 48,1% afirma que la carga excesiva de trabajo no incide en su autonomía económica, difiere de la opinión de varios autores, quienes argumentan que una adecuada gestión del tiempo resulta esencial para lograr la autonomía económica. A continuación, se exponen algunas de estas perspectivas:
Desde el enfoque de Bidegain et al. (2020) el análisis del uso del tiempo evidencia una distribución desigual de las tareas entre hombres y mujeres. Este desequilibrio se refleja en una mayor carga laboral para las mujeres, lo que reduce su disponibilidad para participar en actividades orientadas a la generación de ingresos debido a sus responsabilidades de cuidado en el hogar.
De acuerdo con CEPAL (2022), las encuestas sobre el uso del tiempo revelan que las mujeres llevan una carga significativa de trabajo no remunerado, lo que afecta de manera desfavorable su autonomía económica. Esto limita su involucramiento en la fuerza laboral y, como consecuencia, disminuye sus posibilidades de generar ingresos de manera independiente.
En adición a lo expuesto, la OIG (2012) señala que la entrada del género femenino al mercado laboral ha propiciado la reducción del número de mujeres que no disponen de ingresos o recursos económicos propios, sin embargo, esto no implica una disminución en el tiempo dedicado a las actividades del hogar no remuneradas, manteniéndose la brecha de género entre las familias, indiscutiblemente, las actividades de cuidado aún representan un factor que influye en el tiempo disponible de las mujeres y en sus alternativas para desarrollar fuentes de ingresos autónomos. De esta forma, se conecta el concepto de cuidado con la economía, cuestionando si el valor de las actividades o del trabajo no remunerado se reconoce adecuadamente como impulsor del desarrollo socioeconómico, y se analiza la carga extra del trabajo no remunerado que es asumido por las mujeres.
El resultado del aumento de poder de decisión de las beneficiarias gracias a la adquisición del crédito se encuentra en sintonía con la con la investigación realizada por Ghosh et al. (2010) en la cual se identificó a los programas de microcréditos como un medio impulsor de la autoconfianza femenina, permitiendo su activa intervención en las decisiones familiares o del hogar.
En el marco de la productividad en los emprendimientos el 37% de las beneficiarias afirmaron haber obtenido mejoras gracias al crédito, esto respalda lo argumentado por Biswalo & Baartjes (2001) el acceso al crédito es crucial para que las mujeres incrementen su productividad e ingresos, es más, presenta dos ventajas principales: primero, posibilita la expansión de sus inversiones, y segundo, mejora la calidad de vida tanto personal como familiar, a la vez que incrementa el consumo. Sobre el tema de la innovación, es un aspecto que demanda un esfuerzo adicional para ser considerado un motor de transformación económico y de estabilidad financiera en los negocios.
Referente, al indicador de mercado de trabajo, las beneficiarias afirmaron que a lo largo de su trayectoria laboral han desarrollado en mayor porcentaje la habilidad de la negociación, a la luz de estos resultados, Deere (2011) explica que, según la teoría de la negociación, la capacidad de una persona para negociar e influir en las decisiones del hogar aumenta en la medida en que puede desarrollarse fuera del mismo, lo que incrementa su autonomía económica. Adicionalmente, se presentaron habilidades como: resolución de problemas con el (26,9%), comunicación con el (20,4%), el liderazgo con el (17,6%), y habilidades digitales con el (4,6%).
Por último, haciendo referencia al nivel bajo de autonomía económica de las beneficiarias, Little & Panelli (2010) sostienen que las condiciones rurales dificultan el acceso a empleos remunerados, mientras que la cultura y antiguas creencias sobre el papel femenino en el ámbito doméstico oprimen su autonomía y objetivos personales.
Niveles de Empoderamiento
Prosiguiendo con los resultados obtenidos en el empoderamiento, los niveles medios encontrados en las parroquias de San Antonio y La Esperanza indicaron que el grado de satisfacción social es moderado, lo que denota una confianza intermedia en su entorno social, cabe recalcar que el reconocimiento de su trabajo es esencial para aumentar su participación en todas las áreas. El nivel participativo fue alto, respecto a actividades comunitarias, ejecución de programas, respecto a esto Ruiz et al. (2011) declara que el liderazgo femenino en zonas rurales impulsa la equidad de género desde las propias comunidades, gracias a su creciente participación en organizaciones campesinas, donde demuestran sus habilidades, lo que fortalece su empoderamiento.
Sin embargo, se evidenció cierto nivel de dependencia hacia terceros, donde se percibe que la cultura y la formación recibida en el entorno familiar desempeñan un papel crucial en la capacidad de asumir roles de liderazgo, incluidos los políticos. Por otro lado, el factor de seguridad fue elevado en ambas parroquias, lo que reflejó que las mujeres están satisfechas consigo mismas y buscan constantemente mejorar su calidad de vida.
En lo concerniente a la parroquia El Sagrario, se observó un nivel participativo mínimo por parte de las beneficiarias. Una participación pasiva en las mujeres principalmente en los espacios de toma de decisiones resulta en procesos insuficientes o incompletos que limitan su desarrollo pleno y efectivo (Quiroz, 2023). La ausencia de liderazgo es evidente, presentan dependencia de terceros como sus familiares o cónyuges y la perspectiva de igualdad es débil, en este enfoque, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres [CONAVIM] (2016) establece que el empoderamiento requiere la plena participación de las mujeres en los diferentes ámbitos y niveles económicos. Por el contrario, citando a Roa (2021) la baja participación femenina en la toma de decisiones económicas en el hogar reduce sus habilidades financieras, así como su confianza y autoestima, lo que se traduce en una menor inclusión en el sistema financiero.
En complemento, a criterio de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2015) un gran número de mujeres continúa dependiendo de sus esposos, y aproximadamente una de cada tres mujeres casadas en países de desarrollo carece de control sobre los gastos importantes del hogar. Lo que complica alcanzar el empoderamiento.
Ciertamente, es necesario intensificar los esfuerzos hacia una mayor inclusión social y equidad de derechos para las mujeres. Las mujeres que participan activamente en los programas de acceso a créditos han demostrado un papel más prominente en la toma de decisiones, como último punto, es conveniente acotar que, el empoderamiento de la mujer y su integración en la sociedad debe abordarse en función del bienestar colectivo, y no únicamente como un asunto de género (Carballo, 2020).
En función de lo expuesto, se propone la creación de entornos inclusivos mediante la colaboración activa de toda la sociedad, a través de programas y charlas con enfoque de género, que sensibilicen a las comunidades de aprendizaje, abarcando desde los técnicos asignados por instituciones financieras y agrícolas hasta las propias beneficiarias. Este esfuerzo tiene como objetivo alcanzar una valoración justa y objetiva del empoderamiento femenino y reconocer su capacidad como agentes económicas. Además, se sugiere incorporar redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, creando espacios de colaboración y mentoría, donde se compartan experiencias, recursos y estrategias para potenciar el empoderamiento colectivo, estas redes, junto con los programas de mentoría dirigidos a mujeres líderes de las comunidades, pueden ser una guía para el desarrollo de habilidades clave como la innovación, la planificación económica, entre otros. De este modo, se contribuye al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Esto requiere el reconocimiento y respeto por sus derechos, en condiciones de igualdad. Por ello, los procesos de intervención deben orientarse hacia la comprensión y redistribución de roles, no solo en el ámbito doméstico, sino también en los diversos espacios donde las mujeres desarrollan su potencial para mejorar su calidad de vida.
CONCLUSIONES
A partir del análisis de los resultados obtenidos, se concluye que el acceso al crédito súper mujer rural incide de forma positiva en la autonomía económica de las mujeres, en vista de que, el (65,7%) de las beneficiarias mejoró su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas y gastos comparado con el periodo anterior al crédito, sumado a esto, el (53,7%) amplió su autoridad en la toma de decisiones, entre las aptitudes o habilidades más destacadas en el lapso de su vida laboral se encuentran la negociación con el (28,7%) y la Resolución de problemas con el (26,9%), por el lado de los negocios su productividad aumentó en un 30% con ayuda del crédito y se determinó que su empoderamiento es de categoría media o nivel medio.
No obstante, los hábitos de ahorro son escasos, el nivel de autonomía económica de las beneficiarias es bajo, resulta claro que es un punto que se encuentra en proceso de transición que busca alcanzar una estabilidad económica adecuada, la educación financiera insuficiente, disminuye las probabilidades de obtener un conocimiento sólido en la gestión de recursos que pueden elevar las ganancias o mejorar los emprendimientos de las beneficiarias, por ejemplo, a través de la innovación. Así como, estar preparadas ante las prácticas económicas deshonestas que también suelen ser un riesgo.
Por otra parte, el (48,1%) no percibe cómo la sobrecarga de trabajo puede afectar su autonomía económica, lo cual es un aspecto inquietante. Es relevante mencionar que, las mujeres dedican 31 horas a la semana únicamente a las labores domésticas, en contraste con los hombres que dedican 11,3 horas a la semana (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural [RIMISP], 2020). Esto subraya la importancia que tiene la división sexual del trabajo, demandando un reajuste en la asignación de roles en el ámbito doméstico, con el fin de abordar lo expuesto por la economía feminista, en términos concretos, que se considere la vida como el núcleo de análisis, respetando los derechos de las personas y forjando la igualdad.
Para finalizar, es pertinente acotar, el aporte de la literatura feminista al fortalecimiento del empoderamiento, al colocar en primer plano la capacidad de elección e independencia de las mujeres, la cuestión no es recurrir a la autovaloración o simplemente a un enfoque subjetivo, la intención es que puedan manejar sus vidas y sus recursos con total seguridad construyendo una identidad colectiva que trascienda sus roles tradicionales de esposas y madres, garantizando el cambio.
Conflicto de interés
Los autores no tienen conflictos de interés
Financiación
Este proyecto no contó con ninguna fuente de financiación
Responsabilidades Éticas
El proyecto fue aprobado por el comité de ética de la institución.
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