
Arlés Orihuela Gómez, Rosa María Reyes Bravo
Revista Mikarimin. Publicación cuatrimestral. Vol. VII, Año 2021, No. 3 (septiembre-diciembre)
las mujeres no tienen las mismas oportunidades de acceso que los hombres a los recursos
económico-productivos (tierra, crédito, capital remunerado).
Existen barreras que las marginan del poder económico y la riqueza, y sociales que les limitan su
educación y formación profesional, cuyo impacto se expresa en baja escolaridad y/o capital
social, inadecuada preparación para el trabajo, acceso deficitario a salud y vivienda, aislamiento y
falta de pertenencia a redes de apoyo. También, barreras políticas que menguan su participación
en la toma de decisiones, lo que implica exclusión de sus intereses específicos en agendas
políticas, gremiales y económicas y su participación en el diseño, gestión y fiscalización de esas
agendas (Jacobsen, 2007). Tales barreras, en su interdependencia sistémica, disminuyen los
activos culturales, económico-materiales, sociales y políticos de las mujeres. La desigualdad en
las tasas salariales a favor de los hombres, por ejemplo, se atribuye a que las mujeres tienen
menos educación y experiencia laboral, cuando en realidad estos déficits tienen su génesis en la
propia desigualdad de género que las limita. También son más discriminadas en el mercado de
trabajo, ya que ellas tienen que ocuparse de los hijos. Estudios británicos, latinoamericanos y
caribeños, reseñan incrementos de esa desigualdad (Warren, Pascall& Fox, 2010: 193-219).
El PNUD tiene como uno de sus presupuestos de partida, que la pobreza tiene una decidida
tendencia de género. Una gran proporción de hogares pobres está encabezada por mujeres,
especialmente en África rural y en los barrios urbanos de América Latina. Por ello es que se
acuñó el término “feminización de la pobreza”, el cual tiene su origen en los años 70 del pasado
siglo, aunque se extendió a partir de los años 90, a través de investigaciones realizadas desde
organismos internacionales y del impulso que a esta realidad le confirió la IV Conferencia
Internacional de las Mujeres, celebrada en Pekín, en 1995. Es definido tradicionalmente como el
predominio creciente de las mujeres entre la población empobrecida o como el incremento en la
diferencia en los niveles de pobreza entre mujeres y hombres (Ibarrola, 2015).
El enfoque de género ha permitido esclarecer la relación existente entre monoparentalidad
familiar de sustento femenino y feminización de la pobreza, demostrando cómo los instituyentes
impactan en los espacios sociales reales que tienen las mujeres para alcanzar indicadores de
desarrollo, tanto personales como familiares (Prud’homme, 2003; Burín y Meler, 2007; Cooper,
Osborne, Beck & McLanahan, 2011).
Existe una fuerte tendencia en la literatura científica a vincular los fenómenos de la
monoparentalidad y la pobreza femenina, e incluso algunos autores utilizan el término
“feminización de la pobreza” para referirse al empobrecimiento de las mujeres solas que crían
niños pequeños (Baeza, 2015; Prud’homme, 2003; Zabala, 1999c:115).
Los instituyentes sociales, culturales, económicos, políticos que propician la feminización de la
pobreza, se expresan en la discriminación multidimensional de la mujer:
● Nivel social, en general. Esta dimensión muestra una visión de las mujeres como seres
subordinados, a partir de relaciones sociales básicamente patriarcales (Ayala, 2015). En tal
sentido, Lagarde (2003) afirma que la ideología patriarcal ha funcionado como un mecanismo
represivo contra la mujer, adjudicándole roles específicos a los que denominó cautiverios,
pues atenazan las posibilidades de creatividad y desarrollo social femenino, de modo tal que,
tratar de salirse de esos cautiverios puede conducir a la aparición de sentimientos de culpa y
miedo a la soledad. Las encuestas de uso del tiempo en América Latina y el Caribe muestran
que las mujeres dedican entre 22 y 42 horas a la semana al trabajo doméstico y del cuidado no