
Mikarimin. Revista Científica Multidisciplinaria ISSN 2528-7842
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE ECUADOR
© Centro de Investigación y Desarrollo. Universidad Regional Autónoma de Los Andes - Extensión Santo Domingo. Ecuador.
Universidad Politécnica Salesiana. En Pontificia Universidad Católica de Ecuador, como parte de
la enseñanza de la cultura kichwa, hay desplazamientos a comunidades indígenas, donde los
estudiantes pueden participar del contexto sociocultural del idioma kichwa.
Pudiera decirse de que a pesar de la oficialidad de estas lenguas declarada en la constitución,
existe un sistema asimétrico, a favor del idioma hegemónico que limita el uso de las lenguas
autóctonas a contextos informales e íntimos, esta situación las erosiona, las debilita, pues de
hecho disminuye sus funciones, lo que conlleva a procesos de autonegación de sus propios
hablantes.
Por otro lado, es justo reconocer que los pueblos indígenas en Ecuador se han beneficiado de
varios derechos colectivos, pero su aplicación sigue siendo difícil. El gobierno también creó
varias instituciones públicas para ayudar a las poblaciones indígenas y permitirles participar
directamente en la aplicación de las políticas públicas. De hecho, las organizaciones indígenas
desempeñaron un papel importante en las negociaciones con el gobierno sobre sus
participaciones sociales, culturales y políticas, que las convirtieron en una verdadera fuerza
política nacional.
A pesar del desarrollo económico que últimamente ha beneficiado el país, los diferentes
indicadores de desarrollo económico, social y humano de las comunidades indígenas siguen
siendo inferiores a la media nacional. Debido a los bajos salarios y la alta tasa de desempleo
dentro de las comunidades, la inmigración indígena hacia las zonas urbanas sigue creciendo. Por
ejemplo en Guayaquil viven más de 300 000 kichwa hablantes, se precisa entonces atender a esta
población, satisfacer sus necesidades con el ánimo de lograr su inserción social. Además, el
acceso de los indígenas a la atención social básica, como la educación o la asistencia sanitaria,
sigue siendo limitado. Los programas bilingües indígenas interculturales y de salud (que tratan de
reconocer el valor de la medicina antigua) propuestos por el gobierno no han proporcionado los
resultados esperados especialmente debido a la falta de recursos financieros y técnicos y el
desconocimiento de su significación por la sociedad en general, pues el mundo indígena se ha
estigmatizado con la pobreza, por tanto genera rechazo.
Las organizaciones indígenas lucharon durante más de 15 años para establecer una educación
intercultural bilingüe para hacer que los niños sean sensibles a la necesidad de preservar sus
orígenes indígenas. Pero hoy, el proyecto está llegando a sus propios límites, debido a la falta de
maestros y a la falta de recursos financieros, la educación bilingüe sufre una crisis. Además, las
escuelas "de habla española" (que dan una enseñanza en español solamente y no hacen cumplir la
educación bilingüe) tienen, en general, mejores suministros financieros, razón por la cual varias
familias no quieren que sus hijos vayan a las escuelas bilingües, que tienen una reputación de
"escuelas para indígenas pobres".
Ante esta difícil situación, en el 2016, la asambleísta de Alianza País, M. A. Ocles, presentó el
proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, en el que se plantea
la necesidad de reconocer, regular y garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos
de los pueblos y nacionalidades con tradición lingüística propia. El proyecto tiene como objetivo
asegurar la protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de los idiomas ancestrales.
El proyecto establece que todos los hablantes de idiomas indígenas tendrán derecho a
comunicarse entre sí en sus idiomas, sin restricciones en el ámbito público o privado. Según el
proyecto, las instituciones del sector público garantizarán que los servicios que presten, se llevan
a cabo en el idioma ancestral del peticionario para el pleno ejercicio de sus derechos lingüísticos.